Declaración de intenciones

El 12 de septiembre de 2012, un día después de la manifestación multitudinaria de la Diada donde cientos de miles de personas reivindicaron la independencia de Cataluña, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, leyó en ella la expresión de “una nación con una lengua y cultura propias”. Su formación, Convergència i Unió, ganó las elecciones del 25 de noviembre con un programa que comenzaba: “Cataluña es una nación. Por su historia, por su identidad, por su personalidad política, pero fundamentalmente porque se lo siente y quiere continuar siéndolo”. El de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), segundo partido más votado, expresaba su convicción de que la independencia de Cataluña es “imprescindible para continuar existiendo como nación”.

 

Ambas formaciones acordaron organizar una consulta a los catalanes sobre la independencia, que se celebró bajo la forma de proceso de participación ciudadana el 9 de noviembre de 2014, con un 33% de participación y un 80% de los votantes apoyando la independencia. Al firmar el decreto de convocatoria de la consulta y luego al celebrar su supuesto éxito de participación, Artur Mas defendió que “toda nación tiene derecho a decidir su futuro político”. Finalmente, Convergència Democrática de Catalunya y ERC pactaron convertir en plebiscitarias las elecciones catalanas del 27 de septiembre de 2015 y presentarse aliadas en la coalición independentista Junts pel Sí. El 3 de agosto, cuando firmó el decreto de convocatoria de las elecciones, Mas insistió en que Cataluña es “una nación milenaria que tiene derecho a decidir su futuro”.

 

La suma de escaños de Junts pel Sí y la también independentista Candidatura d’Unitat Popular (CUP) alcanzó la mayoría absoluta, aunque en votos sólo sumaban el 48% del escrutinio, y el 9 de noviembre aprobaron en el Parlamento catalán una propuesta de resolución que señalaba el inicio del proceso de separación de España, a partir del cual se comprometían a desobedecer las leyes y a los tribunales estatales. Sin embargo, la CUP se negó a investir a Mas por su política económica, y, tras arduas negociaciones, fue elegido presidente otro diputado electo de Junts pel Sí, el entonces alcalde de Girona Carles Puigdemont. En su debate de investidura, Mas subrayó que el nuevo presidente tenía claro que Cataluña es “un sujeto político, una nación”.

 

En la Diada de 2016, y acuciado por la moción de confianza a la que se  iba a someter el 28 de septiembre y para la que necesitaba el apoyo de la CUP, Puigdemont anunció que celebraría un referéndum de independencia antes del fin de septiembre de 2017, y se reafirmó en ello aun cuando el Tribunal Constitucional suspendió cautelarmente el 14 de diciembre el acuerdo del Parlamento catalán para celebrarlo y lo suspendió de forma definitiva dos meses después. En su mensaje de fin de año, reivindicó que “Cataluña se ha ganado el reconocimiento como nación”; en enero de 2017 reivindicó a partir de esa supuesta categoría de nación una negociación bilateral con el Estado sobre financiación, y en febrero advirtió ante los juicios a Mas y sus consejeros por el 9-N que sus enemigos se enfrentaban a “una nación que defenderá su dignidad”. También ese mes, observó en un acto en Villafranca del Penedès que Cataluña “no se resigna desde que tiene conciencia de nación”.

 

El 21 de octubre de 2012, el Partido Nacionalista Vasco ganó también las elecciones autonómicas. El nuevo lehendakari, Iñigo Urkullu, avanzó en septiembre de 2013, en el Debate de Política General, que trabajaría por el “reconocimiento de Euskadi como nación” y por “el ejercicio del derecho a decidir de manera pactada”. Repitió victoria en 2016, tras la que llegó a un acuerdo de gobierno con el PSE, que también se mostró abierto a definir al País Vasco como nación siempre y cuando esto no tuviera consecuencias a nivel jurídico de soberanía propia. En abril de 2017, el PNV manifestó su aspiración a una cosoberanía como la que España sugería para Gibraltar una vez abandonara el Reino Unido la UE.

 

Desde Madrid, semanas después de las Diadas de 2012 y 2013, el expresidente del Gobierno José María Aznar reivindicó “una nación española que tiene identidad” pero promueve, no “la imposición identitaria, sino la libertad y la igualdad de los ciudadanos”; una “nación de ciudadanos” que “nada tiene que ver con el proyecto nacionalista de involución”. El 19 de junio de 2014, en el discurso de su proclamación como nuevo rey en el Congreso de los Diputados, Felipe VI insistió en que España es “una gran nación”, a la que calificó de “unida y diversa”. Estos dos mismos adjetivos los empleó el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el 2 de octubre, cuando el Gobierno catalán manifestó su intención de seguir adelante con la consulta del 9-N pese a haber sido suspendida por el Tribunal Constitucional.

 

El propio Rajoy, el 5 de noviembre de 2015, en una comparecencia en la que anunció su intención de recurrir al TC la declaración independentista que se iba a aprobar en el Parlamento catalán, defendió que España es “la nación más antigua de Europa”. Lo volvería a repetir el 30 de agosto de 2016 en el debate de investidura que no sacó adelante y el 27 de febrero de 2017 en un desayuno informativo en Madrid. El 26 de octubre, en su discurso en el debate que sí le invistió, no aludió a naciones, pero sí remarcó que “el único pueblo soberano en España es el que conforma la totalidad de los españoles” y que su primera obligación era defender esa “soberanía nacional”. Lo mismo hizo en su comparecencia de fin de año, donde garantizó en referencia a Cataluña que “el Gobierno no va a autorizar ningún referéndum que suponga liquidar la soberanía nacional”.

 

Entre los grandes partidos estatales, el único que ha asumido los postulados de los nacionalismos periféricos es Podemos. Su secretario general, Pablo Iglesias, define a España como una “nación de naciones” y, en consecuencia, se muestra abiertamente a favor del “derecho a decidir” de los catalanes y los vascos. Después de las elecciones generales del 20 de diciembre, fijó el reconocimiento de la “realidad plurinacional” de España y el derecho de autodeterminación de Cataluña, a plasmar en un referéndum en 2016, como condición sine qua non para apoyar en marzo de ese año la investidura del candidato del PSOE, Pedro Sánchez, a lo que el Partido Socialista se negó. Sánchez pasó a aceptar la definición de Cataluña como nación, pero sin implicación de soberanía, como candidato a las primarias del PSOE de mayo de 2017, en línea con lo que aprobó el PSC en su congreso de noviembre de 2016; uno de sus rivales, el exlehendakari Patxi López, planteó el derecho a la identidad nacional de los individuos.

El debate no era nuevo. En 2005, el Parlamento catalán aprobó un anteproyecto de nuevo Estatuto de Autonomía que declaraba que “Cataluña es una nación”. En la negociación en Madrid, el Gobierno dispuso que la palabra “nación” aparecería sólo en el preámbulo, que no tiene validez jurídica, y con una formulación descriptiva, no ontológica, que decía que “el Parlamento catalán, recogiendo el sentimiento y la voluntad de los ciudadanos de Cataluña, ha definido de manera ampliamente mayoritaria a Cataluña como nación”, y precisando que la Constitución ya reconocía tal condición como nacionalidad. Aun así, éste fue uno de los artículos por los que el Partido Popular recurrió el Estatuto ante el Tribunal Constitucional el 1 de agosto de 2006. En junio de 2010 llegó la sentencia, que admitió el enunciado relativo a la nación pero aclarando que de él no podía colegirse ninguna implicación jurídica. La solución dejó insatisfechas a casi todas las partes implicadas.

La polémica que quedó entonces irresuelta retornó a la actualidad española tras la citada manifestación de Barcelona del 11 de septiembre de 2012 y desde entonces no ha cejado en su  omnipresencia mediática tanto en Cataluña como en el resto de España. La vocación abiertamente independentista del gobierno surgido de las elecciones catalanes de 2015 invita a pensar que el debate nacional largo tiempo larvado tendrá que resolverse en los próximos meses o años de alguna manera, todavía difícil de predecir. Lo que sí parece, a la vista de por dónde han venido discurriendo los argumentos de unos y otros desde septiembre de 2012, es que la controversia amenaza con eludir, una vez más y acaso ya para siempre, la cuestión fundamental. En sentido literal, porque se trata del fundamento de todo, y también en el figurado, porque es, a mi modo de ver, el aspecto decisivo del debate y la razón de que esté condenado a resolverse por medio de lo que se ha dado en llamar un “choque de trenes”: la idea de nación.

 

 

Al escuchar una discusión como la que mantiene entretenidos desde hace años a los políticos, juristas e intelectuales españoles, cualquier niño de Primaria, de ésos que Terry Eagleton dice que son “los mejores teóricos” por no haber sido aún educados para aceptar como “naturales” y dar por “sentadas” las categorías que manejan sus mayores[1], se habría preguntado: “Bueno, y ¿qué es una nación?”. Le habría resultado evidente que ésa es la primera e insoslayable cuestión que hay que elucidar para dictaminar si lo es España, si lo son Cataluña y el País Vasco o si lo son las tres.

Tal cometido es, curiosamente, el que pasan por alto por sistema todos los interlocutores del sempiterno debate español. Cada cual presenta como axioma indiscutible que su supuesta nación lo es, bien porque sí o bien porque reúne los elementos que convencionalmente se consideran constitutivos de una entidad de esa índole (una identidad, una cultura, una lengua y una Historia comunes entre las personas que habitan un determinado territorio; otros elementos que se citan, como el Derecho o las instituciones propias, pueden incluirse perfectamente dentro de la Historia), y no se toma la menor molestia en argumentar tal afirmación ni en considerar la posibilidad de que la nación “contraria”, cuya autenticidad sería capaz de englobar y subsumir la existencia de la propia o de refutar su unidad, contenga a su vez dichos atributos.

No hace falta ser un lince para darse cuenta de que este proceder de todas las partes sólo ha servido durante años para perpetuar el debate dejándolo permanentemente irresuelto. Y, aun sin entrar en el juicio de intenciones que supondría sugerir que los nacionalismos enemigos se realimentan recíproca y voluntariamente entre sí para garantizar su propia supervivencia, la honestidad y la inquietud intelectuales incitan a cualquiera a aclarar y cerrar los debates, no a mantenerlos eternamente abiertos. Dicho de otro modo, es imprescindible esclarecer el concepto de nación para ahorrarnos una discusión estéril y reiterativa que siga monopolizando la agenda política de nuestro país o bien para evitar un desenlace irracional donde prevalezca el más fuerte social, política o militarmente.

Ya en alguno de los recurrentes coletazos que experimentó la polémica del Estatuto de Cataluña con motivo de la larga deliberación del Tribunal Constitucional sobre el recurso del PP, recuerdo haber comentado a algún diputado que la clave de todo el problema, el paso que no se podía obviar antes de llegar a ninguna conclusión jurídica o política, era precisamente esclarecer el término nación. Mis interlocutores me dijeron algo así como que no era cuestión de andarse en disquisiciones filosóficas.

Pero lo es, vaya si lo es. Como trataré de argumentar a lo largo de este ensayo, todos los presupuestos teóricos que sostienen las doctrinas nacionalistas y, lo que quizá sea más importante, todas las quejas, reivindicaciones, medidas y soluciones políticas, económicas, educativas y lingüísticas de carácter práctico que postulan las partes en conflicto, incluidos los que dicen no ser nacionalistas pero defienden desde premisas democráticas el “derecho a decidir”, derivan de la presunción previa del concepto de nación. Todos ellos dejan de tener sentido si nos tomamos la molestia de deconstruirlo, si demostramos que todo lo que se dice al respecto son palabras sobre palabras sin ninguna base real, una entelequia, un argumento circular que retrotrae siempre a la propia idea de nación y se desmorona si no damos por supuesta ésta última. No hace falta explicar que un razonamiento que parte de A para deducir B (es decir, la existencia de una nación) pero donde A es a la vez la conclusión de B no tiene validez ninguna ni puede aceptarse como fundamento de afirmaciones verdaderas o coartada para emprender iniciativas políticas.

El grueso del texto que el lector tiene en sus manos terminó de escribirse en octubre de 2012. Los añadidos desde entonces han sido exclusivamente actualizaciones de los sucesos y declaraciones cruzadas en el proceso soberanista catalán, y, en menor medida, el vasco, para que el trabajo no quedara sensiblemente obsoleto. Pero, si ya entonces, cuando los analistas se limitaban a juzgar la iniciativa como una apuesta electoral de CiU, a mí me parecía que la única forma de plantear el debate era ésta que propongo, creo sinceramente que los acontecimientos posteriores han confirmado la pertinencia de mi enfoque.

Los independentistas catalanes organizaron la consulta del 9 de noviembre de 2014 y pretenden convocar el referéndum definitivo en 2017 desde el axioma base, ya recogido en la Declaración de Soberanía del Pueblo Catalán de enero de 2013, de que Cataluña es una nación y por tanto un sujeto político y jurídico soberano. Los nacionalistas vascos, aunque con un planteamiento más teórico y sin hoja de ruta para llevarlo a la práctica a corto plazo, comparten ese enfoque, y lo mismo sucede con Podemos.

Por su parte, los constitucionalistas y los federalistas que no  admiten el derecho a la autodeterminación de las partes de la federación han respondido siempre que el único sujeto soberano es la nación española en su conjunto, por lo que el referéndum, en su caso, debería convocarse en todo el Estado. Se comprenderá que es imposible llevar a cabo un debate serio si antes no esclarecemos el presupuesto básico sobre el que se construyen todos sus argumentos, reivindicaciones y  propuestas: la idea de nación. Luego se podrá calibrar qué prefiere la mayoría democrática de los ciudadanos, pero primero se ha de aclarar cuál es el sujeto colectivo del que se han de contar los votos.

 

 

CRITERIOS  NO PERTINENTES

Como paso previo, sería conveniente desbrozar el camino de las premisas y criterios que en ningún caso deben orientar el análisis del concepto “nación”. En primer lugar, éste ha de realizarse independientemente del estatus político-jurídico que presente la supuesta nación. Es decir, carece de importancia que se haya constituido o no en Estado. La existencia de éste no corrobora la legitimidad de la nación que dice representar ni tampoco es un indicio de artificialidad que reste validez a la misma, como pretenden respectivamente en España los nacionalistas centralistas y los periféricos.

En segundo lugar, no procede establecer una distinción entre “nacionalismo” y “patriotismo” (a veces adjetivado “constitucional”) ni entre nación identitaria y nación basada en los derechos y libertades individuales, como la que hizo Aznar y motivó en julio de 2014 la creación de la asociación Libres e Iguales, contraria al independentismo; tampoco es cierto que el derecho a decidir sea la expresión colectiva de la libertad individual, como aseguró el líder de la independentista ERC, Oriol Junqueras, en el Debate de Política General de 2014 en el Parlamento catalán. Cualquier entidad política está obligada hoy día a respetar los elementos básicos de la democracia, pero ni la construcción o independencia de una nueva nación ni la unidad de una ya existente son derechos ni libertades de nadie. Ambas pretenden justificarse en la voluntad de los individuos, pero las dos pueden conculcarla.

En este trabajo, consideraré nacionalistas a todos aquéllos que creen en la existencia real de los pueblos o naciones, es decir, en que las personas que habitan en el territorio nacional componen una comunidad y comparten una identidad, una cultura, una lengua y una historia, y que esa supuesta existencia legitima convierte en un fin en sí mismo la construcción de un Estado o el mantenimiento de su integridad territorial.

En tercer lugar, estimo que para esclarecer el debate nacional no procede apelar como fuente de autoridad a la redacción que un buen día se hiciera de una Constitución o un Estatuto de Autonomía, porque ello equivaldría a encumbrar a la categoría de verdad absoluta unos textos que siempre son una convención legal y el resultado de una negociación y contingencia políticas. Y a eludir, en suma, la discusión del tema de fondo.

Por último, el debate nacional, como en realidad casi todos los que afronta una sociedad, tampoco se debe dejar al albur de las opiniones subjetivas, bajo la coartada de que todas valen lo mismo y, por tanto, lo único que hay que hacer es contabilizar sus apoyos respectivos para ver cuál respalda la mayoría. Esta mentalidad que presume de tolerante, de la que suelen jactarse quienes sospechan la escasa consistencia de sus argumentos, es un subproducto de la democracia, en la que todos los ciudadanos tienen derecho al voto y todos los votos idéntico valor.

También es un nefasto ejercicio de irresponsabilidad y pereza intelectual. No todas las opiniones son respetables e igualmente legítimas. No vale decir cualquier cosa: hay que partir de premisas demostradas y razonar los argumentos. Por prudencia, para evitar el unilateralismo y para favorecer la convivencia, se ha de comprender y respetar a las personas sean cuales fueren sus opiniones, pero con éstas últimas lo único que procede hacer es analizarlas y discutirlas a fondo, hasta esclarecer a cuál de ellas asiste en mayor medida la razón.

En el asunto que nos ocupa, está claro que, como punto de partida, España, Cataluña y el País Vasco, o son naciones o no lo son. Por tanto, es imposible que todas las opiniones sean veraces; sólo podría serlo una, que no tiene por qué coincidir necesariamente con la que reciba una mejor acogida en la población española, catalana o vasca, o la que movilice mayores multitudes y entusiasmos. Quien, como principio, no comparta la convicción de que la verdad objetiva es un criterio más fiable y respetable que la opinión, y de que sólo la obvia imposibilidad de alcanzarla en muchos temas justifica el recurso a la decisión de la mayoría, puede dejar de leer ya mismo sin temer que el resto del libro vaya a aportar algo de interés a su pensamiento.

 

 

EXISTENCIA OBJETIVA Y VOLUNTAD SUBJETIVA

Pero, ¿cómo llegar a conclusiones tajantes de verdad o mentira en relación a las naciones? El tema es ciertamente resbaladizo, sobre todo por el doble criterio que se maneja para definirlas. Así, por un lado se postula su existencia objetiva, en el presente y en el pasado, en razón de las citadas características comunes de identidad, cultura, lengua e Historia, pero otras veces su legitimidad se fundamenta en el hecho de que un número amplio de personas sienten esa nación como propia y le profesan su lealtad.

Son dos criterios, no sólo heterogéneos, sino opuestos y excluyentes entre sí, porque, aunque ambos puedan darse a la vez, apoyando o refutando simultáneamente la justificación de una nación, la presencia de uno cualquiera de ellos convierte en superfluo al otro. Es decir, si una nación tiene naturaleza objetiva de tal, resulta indiferente que haya más o menos ciudadanos que proclamen su pertenencia real o sentimental a ella, porque será una nación de todas maneras; y, por el contrario, si una nación lo es desde el momento en que un cierto número de personas la sienten así, carece de importancia que reúna los elementos que se consideran los propios y definitorios de una entidad nacional.

Me atrevería a decir que esta doble y contradictoria justificación de las naciones tiene buena parte de la culpa de que el debate parezca muchas veces irresoluble. Pero no porque lo convierta en una cuestión compleja, como dicen los cursis, sino, sencillamente, porque embarulla su disquisición. No todas las cosas que sentimos que escapan a nuestra capacidad de comprensión, análisis o resolución son necesariamente complejas. La física cuántica o el funcionamiento del cerebro son complejos, el debate nacional sólo está mal planteado. Un matiz, por cierto, muy de agradecer, porque, si para desentrañar los primeros hacen falta una vasta formación específica y una inteligencia descomunal, para aclarar el segundo basta con un poco de honestidad intelectual, voluntad de no saltarse pasos en el razonamiento y sentido crítico; facultades que están al alcance de cualquiera, incluso del autor de estas líneas.

Lo primero que habría que hacer para esclarecer el concepto nación sería, pues, eludir el irresoluble debate nominal a que nos abocamos si lo definimos como una entidad objetiva con unas propiedades determinadas y a la vez como un conjunto de sentimientos y voluntades subjetivas. Por fortuna, no hará falta decantarse unilateralmente por una definición u otra del término, lo que obligaría a un análisis parcial y una elección axiomática, no razonada, desde el principio, porque la única acepción susceptible de someter al escrutinio de la razón es la primera. La segunda, el que un conjunto de individuos entienda que su voluntad debe materializarse en una determinada organización política del territorio en el que viven, no se presta a un enjuiciamiento que pueda respaldar o desmentir tal aspiración.

Ahora bien, hay que clarificar que el planteamiento que realizan todos los nacionalismos en liza se basa tácitamente en que España, Cataluña y el País Vasco son naciones objetivas y, por tanto, sujetos soberanos. Los nacionalistas catalanes y vascos tienden a darlas por supuestas y prefieren reivindicar que sus postulados se basan en la voluntad democrática de sus habitantes. Y ahí está la gran trampa. Porque, si la nación no es una entidad objetiva sino sólo un conjunto de sentimientos o voluntades subjetivas, habrá que tratarla como tal, no como si existiera realmente, y resolver el debate partiendo de ahí. Por ejemplo, esa nación la compondrán únicamente aquellos individuos que alberguen dichos sentimientos y voluntades, no el resto de sus vecinos.  Lo único que mete en el mismo grupo a los individuos que tienen esos sentimientos y voluntades y a los que no es la presunción de que unos y otros forman una misma entidad objetiva, lo quieran ellos o no. A menos que los primeros pretendan imponer su sentimiento y su voluntad a los demás…

La razón no tiene nada que hacer en un debate en el que una de las partes (o las dos) apele como criterio preponderante a su voluntad y tenga fuerza política, social o militar suficiente para imponerla. Así lo hicieron por ejemplo los fascistas dentro y fuera de Alemania e Italia, y la única objeción o desmentido que pudo formulárseles fue por medio de las armas. Del mismo modo, no habría manera de contradecir racionalmente a un colectivo que tuviera la capacidad de imponer la  existencia política o cultural de una nación, por mucho que fuera posible demostrar objetivamente que carece de los elementos que la justificarían.

Lo curioso, y sin duda encomiable y digno de celebrar, es que, aunque quizás la norma natural para dirimir los conflictos sociales en la especie humana sea, como en todas las demás, la ley del más fuerte, en el Occidente moderno el autor de cualquier propuesta política se siente obligado a razonarla ante su oponente y, sobre todo, ante la opinión pública, incluso aunque pudiera llevarla a la práctica por la fuerza. Así, los nacionalistas se sienten obligados, ya que no a argumentarlos, sí a citar o presuponer los mencionados elementos de identidad, lengua, cultura e Historia comunes para justificar la nación que postulan. Esto es señal de que, al menos en teoría, todos partimos de la premisa común de la razón y la lógica en nuestros planteamientos, lo mismo quienes están en disposición de imponerlos que quienes no lo están.

Por supuesto, el océano de las razones, las justificaciones y los argumentos es poco menos que infinito, y su contenido es fluido, voluble y pasajero. En último término, la potencia internacional que quiere y puede emprender una acción dictada exclusivamente por sus intereses geoestratégicos y la realpolitik siempre puede remover tan fecundas aguas para pescar y esgrimir un motivo más o menos verosímil de apariencia racional que la justifique. Pero, en cualquier caso, tendrá que presentarlo y exponerlo al escrutinio público; es decir, que su versión podrá ser discutida, matizada o refutada por otros interlocutores.

 

 

LA LÓGICA DE LA CIENCIA

Esta singular circunstancia pone las bases imprescindibles para acercar en la medida de lo posible la lógica del debate político a la de la ciencia y llegar a conclusiones de verdad o mentira; un objetivo que, al menos en teoría, difícilmente se atrevería a rechazar nadie. Muchos, en parte con razón, podrán calificarlo de quimérico, pero ninguno tendría la osadía de afirmar públicamente que se opone a que las discusiones políticas se resuelvan por un criterio nítido y objetivo de racionalidad. No lo haría porque, como acabamos de decir, todos compartimos un sustrato común que nos hace intuir que nuestros planteamientos, para ser legítimos, tienen que ser validados por la autenticidad o, cuando menos, por la verosimilitud.

Hay una diferencia fundamental entre las ciencias experimentales y las pretenciosamente llamadas “ciencias” sociales: aquéllas tienen la oportunidad de reproducir los fenómenos físicos para verificar si sus hipótesis y sus modelos explicativos “funcionan”, mientras que éstas últimas no. Pese a los viejos sueños decimonónicos de Émile Durkheim y Auguste Comte, no hay manera de demostrar fehacientemente que un hecho social es causa o consecuencia de otro. Por tanto, lo más a lo que puede aspirar un historiador, un filósofo o un político es a articular un discurso convincente y bien estructurado, que mantenga una lógica y una coherencia internas y que no contradiga los  hechos y datos que su auditorio reconoce como probados. Aun así, cualquier afirmación que haga pecará de cierta circularidad, pues las consecuencias que extraiga en su razonamiento serán en buena parte deudoras de las premisas o peticiones de principio de que parta; dicho en términos postmodernos, de las condiciones de verdad establecidas por su propio discurso. Si a ello añadimos la pantalla refractora que instala el lenguaje entre cualquier enunciado y su referente, habrá que resignarse a que la relación entre una afirmación y la verdad objetiva quede envuelta en un precario y frustrante aire de relatividad.

Ahora bien, esto sucede con las afirmaciones, no con las refutaciones. Karl Popper estableció el criterio de falsabilidad para distinguir los enunciados científicamente válidos de los que no lo son y señaló la refutación de hipótesis como el método apropiado para avanzar en el conocimiento: algo así como aproximarse a la verdad recortando mentiras. Este procedimiento consiste en buscar hechos o circunstancias que puedan contradecir dichas hipótesis, precisamente para evitar el peligro de la circularidad. En cierto modo, esta última debilidad iguala a las ciencias y las humanidades, a la física y a la filosofía, y vuelve menos quimérico el intento de acometer los debates políticos con una exigencia de rigor racional que emule a la que Popper propuso para las disciplinas experimentales y, de hecho, veía extensible a las sociales[2].

La asimetría lógica entre las verificaciones y las refutaciones, que ya avanzó David Hume y que puso de manifiesto el filósofo austríaco, consiste en que ni siquiera un gran número de las primeras demuestra definitivamente la autenticidad de una proposición de carácter general o absoluto, mientras que una sola refutación sí la desmiente del todo. Por poner un ejemplo sencillo, la observación de cien mil ovejas blancas no garantiza que todas las ovejas sean blancas, porque la siguiente puede ser de otro color, pero la localización de una sola negra sí se basta para desmentirlo. “De casi todas las teorías puede decirse que están de acuerdo con muchos hechos”, observa Popper. “Ésta es una de las razones por las que una teoría sólo puede considerarse corroborada si uno es incapaz de encontrar hechos que la refuten, en vez de si uno es capaz de encontrar hechos que las apoyen”[3].Y esta lógica se puede aplicar perfectamente a los enunciados de carácter político o social.

Una refutación, a diferencia de una afirmación, no incurre en ninguna circularidad, porque no parte de una premisa propia y exclusiva que pueda conferir a las conclusiones categoría de profecía autocumplida, sino de las condiciones de verdad que damos todos por buenas, incluido el autor de la hipótesis falsada: las que establece la razón. Por tanto, un razonamiento meticuloso, que no parta de axiomas falsos o arbitrarios y no se salte pasos en la hilazón lógica del argumento, tiene perfecta legitimidad para desembocar en la refutación de una hipótesis.

Si así lo hiciera, este razonamiento, a su vez, sólo podría ser contradicho y desbaratado de dos maneras. Una de ellas sería desacatar la propia autoridad de la razón, como han hecho diversas corrientes filosóficas o ideológicas a lo largo de la Historia, desde el romanticismo hasta el postmodernismo pasando por el fascismo. Sus propuestas alternativas no han terminado de asentarse como bases del conocimiento en la cultura occidental, pero, por supuesto, la posibilidad de reabrir el debate epistemológico siempre estará disponible para cualquiera que la acometa con enmiendas suficientemente… razonadas.

La otra manera de desacreditar el razonamiento sería señalar el punto concreto donde falla, la petición de principio que implica, la conexión lógica que da por supuesta o el error deductivo que comete. Y constituiría, por cierto, una sana contribución al debate intelectual, la refutación racional y rigurosa de la hipótesis anterior, una falsación en toda regla y un paso más en el avance hacia la verdad recortando mentiras, que el autor del razonamiento desmentido debería ser el primero en agradecer y celebrar. Como hizo Frege con Bertrand Russell, como David Hilbert con Kurt Gödel.

En resumen, ésta tendría que ser la lógica discursiva y la forma de resolver todos los debates políticos en los que una de las partes, o las dos, sustenten su argumentación sobre una afirmación susceptible de ser refutada. Hay otros muchos en los que se discute una determinada medida cuyos partidarios defienden en razón a los potenciales beneficios prácticos que acarreará, y, obviamente,  ello sólo podrá comprobarse a posteriori. Pero las tesis que pretenden formular una verdad objetiva, como que España, Cataluña o el País Vasco son una nación, tienen que pasar necesariamente la reválida de la verificación, sin que las partes en litigio se enroquen en apreciaciones colaterales. Los ciudadanos han de educar su oído para que algo se les soliviante en el interior cuando los ponentes de un debate eludan el fondo del mismo, más o menos como cuando escuchan una palabra malsonante o un insulto. Y deben exigir que ser patriota, leal, moderno, demócrata o plural en ningún caso se consideren valores más importantes que tener razón.

Las proposiciones esenciales, del tipo de “España/Cataluña/Euskadi es una nación”, no son refutables, como sabía el propio Popper, porque en realidad no significan nada. Equivalen a decir “Dios es amor”. Si no se otorga un contenido concreto y verificable a la idea de nación, no hay forma de demostrar si son verdad o mentira. Pero a la nación en tanto que presunta realidad objetiva sí se le adjudican una serie de atributos: la existencia de una identidad, cultura, lengua e Historia comunes a todos los nacionales. Por tanto, si convertimos la proposición arriba indicada en “los españoles /los catalanes/ los vascos comparten una identidad, una cultura, una lengua y una Historia”, no tenemos más que contrastarla con la realidad empírica para saber si es verdad o es mentira. Es lo que haremos a lo largo de los capítulos de este ensayo, donde trataré de argumentar, en sentido general y también aplicado a España, Cataluña y el País Vasco, que, pese a ser la identidad, la cultura, la lengua y la Historia los elementos que supuestamente avalan la idea de nación, los que deberían ser la causa que nos permitiera concluir su existencia, son en realidad todo lo contrario: la consecuencia que se deduce, con innumerables trampas, excepciones y sobreentendidos, a partir de la premisa previa de que la nación existe.

 

 

LA NACIÓN EN DUDA

¿Pero existe? El 17 de noviembre de 2004, en su primera comparecencia como presidente del Gobierno ante el Pleno del Senado, y con el Estatuto de Cataluña y su autodefinición nacional ya negociándose en el Parlamento catalán, José Luis Rodríguez Zapatero, a pregunta del portavoz del PP, Pío García-Escudero sobre su concepto de la nación española, proclamó que los términos “nación” y “nacionalidad” son términos “discutidos” y “discutibles”; una afirmación que suscitó de inmediato una sonora polémica y que sus críticos no han dejado de recordarle desde  entonces, con, según los casos, saña, mofa o desdén. Teniendo en cuenta que nunca pasó a la necesaria fase de argumentar o desarrollar aquella tesis, es probable que ni el propio expresidente del Gobierno fuera consciente de hasta qué punto tenía razón.

Aunque ya lleve más de dos siglos siendo de uso habitual en Occidente, el concepto de nación ha suscitado reinterpretaciones y tomas de posición constantes en las corrientes de pensamiento más importantes de la época contemporánea. Y, a partir de los años 60, ha sido objeto de críticas sutiles por parte de destacados intelectuales que han ejercido con audacia el papel que Jonathan Culler asigna a los teóricos, el que Eagleton encarnaba en los niños: poner de manifiesto que los conceptos y formulaciones que atribuimos al “sentido común” son en realidad una construcción histórica, un producto cultural, aunque los tengamos tan asumidos que nos parecen “lo natural”[4]. Las naciones distan mucho de ser “una realidad incontestable”, como aseguró Urkullu de la vasca en el Debate de Política General de 2014, y por lo tanto también la “evidente plurinacionalidad” de España que el portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Íñigo Errejón, dijo detectar en la apertura solemne de la XII legislatura.

Podíamos haber supuesto que, dada la relevancia que se concede a la controversia nacional en España, nuestro país habría tenido que superar o, cuando menos, hacer una excepción puntual a su escasa afición por los debates teóricos rigurosos, pero no ha sido así. En la peliaguda pugna que debían lidiar la obsesión y la superficialidad nacionales, ha resultado vencedora la segunda. Aunque parezca mentira, los portavoces políticos e intelectuales de los distintos nacionalismos que compiten en España llevan años acribillando los periódicos con su fuego cruzado sin mentar jamás a Herder ni a Fichte, a Lord Acton ni a Renan, a Marx ni a Otto Bauer, a Eric Hobsbawm ni a Benedict Anderson, a John Breuilly ni a Anthony Smith.

Sin embargo, todos ellos han ido modelando y matizando la idea de nación, alumbrando sugerentes perspectivas sobre el fenómeno nacionalista, hasta el punto de que hoy ningún especialista en la materia se atrevería a concebirla en unos términos tan absolutos y esencialistas como los que utilizaron sus primeros postuladores… y siguen esgrimiendo como si tal cosa los nacionalistas españoles, catalanes y vascos. Habrá pocos litigios donde las partes contendientes exhiban una ignorancia o un desdén tan descarados respecto a las reflexiones de los estudiosos independientes como la polémica nacional en España. Y, cuando una premisa se nos muestra tan resbaladiza y poco fiable como el concepto de nación, se hace imprescindible escuchar a quienes la han analizado en profundidad. A eso dedicaremos el capítulo segundo de este libro, antes de esbozar ulteriores reflexiones sobre los presupuestos teóricos de la nación y las aplicaciones políticas prácticas que se defienden en su nombre en nuestro país.

No nos vale, en este sentido, la cómoda despreocupación del politólogo y periodista liberal inglés Walter Bagehot, quien a finales del siglo XIX comentaba acerca de la nación que “sabemos lo que es cuando no nos lo preguntáis, pero no podemos explicarlo ni definirlo muy rápidamente”[5]. Como le respondería Otto Bauer, la razón no puede quedar satisfecha con una respuesta de esta índole[6]. Nadie exige respuestas precipitadas, pero sí es necesario precisar el significado de un concepto que sirve de coartada para algo tan importante como la organización política de las sociedades, y por tanto su definición no puede quedar al albur de una especie de conocimiento por ciencia infusa, que no rinde cuentas al rigor analítico y que siempre estará sometido a ese engañoso “sentido común” que incita a dar por “natural” el estado de cosas tal como se presenta después de una determinada y totalmente contingente evolución histórica y cultural.

Tampoco nos vale la análoga imprecisión de uno de los historiadores clásicos, no teóricos, que han abordado el devenir de los nacionalismos, Hugh Seton-Watson, cuando reconoce que “ninguno de los muchos intentos de definir la nación ha tenido éxito del todo” o que “no puede formularse una definición científica de una nación”, pero añade que “sin embargo, el fenómeno ha existido y existe”[7].  Bueno. Ya hemos dicho que no caben conceptos científicos cuando se habla de fenómenos políticos y sociales, pero eso no quiere decir que tengamos que conformarnos con la idea difusa, intuitiva y necesariamente convencional y heredada que tenemos de un término. “La filosofía”, que diría Wittgenstein, “debe clarificar y delimitar nítidamente los pensamientos, que de otro modo son, por así decirlo, turbios y borrosos”[8]. Probablemente sea su escasa aplicación a la idea de nación lo que explica la segunda cláusula de la frase de Seton-Watson: “El fenómeno ha existido y existe”.

Sólo la falta de clarificación de los conceptos puede llevar a alguien a afirmar que el fenómeno de las naciones ha existido y existe. Lo único que podemos constatar empíricamente es la realidad jurídica de los estados y las entidades administrativas regionales que pretenden convertirse en estados, y la realidad sociopolítica de los nacionalismos. Pero nada permite inferir automáticamente que detrás de una u otra se encuentren las naciones. De hecho, si a Seton-Watson no le cuadra ninguna definición para la nación, es porque la realidad no le encaja con ninguna de las posibilidades, y hay unas cuantas. Pero, en vez de aceptar que no hay naciones, sino grupos humanos organizados de una manera determinada y con unas pretensiones identitarias que no coinciden con la evidencia empírica, concluye que hay naciones pero no se las puede definir.

Una nación no puede describirse como “un grupo considerable de personas que creen que son una nación”[9], o señalar que “nace cuando un grupo de personas decide que debería hacerlo”[10], aseveraciones que no pasan de ser una definición circular y una profecía autocumplida. Tampoco vale renunciar a acotar las naciones como “colectividades sustanciales y duraderas” y conformarse con aceptar “la nación como una categoría de la práctica”, como “una forma política y cultural institucionalizada”[11]. Sin duda, esto es suficiente para un estudio meramente descriptivo del fenómeno, pero no para un análisis teórico y, desde luego, mucho menos para considerar las naciones como punto de partida desde el que se pueden justificar categorizaciones, consecuencias o reivindicaciones políticas. Sin duda, la nación es “el valor más universalmente legitimador en la vida política de nuestro tiempo”[12], pero lo que no está tan claro es que lo merezca. Y en España estamos dirimiendo un debate trascendental dando por hecho que lo merece.

Podría darse la circunstancia de que las naciones fueran una mera entelequia, una construcción mental; de que no existiera ningún motivo para pensar que los hombres están agrupados en una serie de conjuntos así denominados y caracterizados; de que su tenaz pervivencia en el tiempo se deba solamente a una convención que prosperó a la sombra de los estados modernos y cuyos emotivos relatos se fueron luego heredando de generación en generación sin ser nunca suficientemente sometidos a juicio crítico. Podría ser que la nación se limite, como apunta Gregory Jusdanis, a que “los miembros de la comunidad se relatan unos a otros los cuentos que han aprendido sobre sí mismos, su nación y su historia”[13].  Podría ser que las naciones fueran tan sólo un cuento, que se cree sinceramente verídico o se utiliza como coartada para conseguir objetivos concretos. Es imprescindible explorar esa posibilidad, confirmarla o desmentirla, antes de permitir que los ideólogos nacionalistas hagan sonoras proclamas, esgriman ambiciosas pretensiones y enfrenten a los ciudadanos que conviven en un mismo Estado y en una misma región sobre la base de una realidad que a lo mejor ni siquiera existe.

Se trata de un objetivo que en modo alguno es baladí o meramente especulativo. En 1884, Renan, en su célebre conferencia sobre el concepto de nación, que abordaremos en seguida, ya observó que “los hombres diligentes están deseando aportar algo de razón a estas cuestiones, y desenmarañar las confusiones en las que las inteligencias superficiales se hallan enredadas”, aunque “difícilmente pueda decirse que los asuntos de este mundo vayan a ser dirigidos por razonamientos de este tipo” . Yo le restaría un poco de elitismo a la primera afirmación, porque, como decía antes, no es un tema de una complejidad intelectual que pueda discriminar entre inteligencias profundas y superficiales, sino que su resolución está perfectamente al alcance de todo el mundo.

Y, por el contrario, le añadiría un poco de ambición a la segunda frase. Porque, si se pudiera demostrar que el concepto de nación carece de base y contenido reales, quiero confiar en que los nacionalistas inteligentes y honestos que no hayan reparado en ello hasta ahora, porque miran el mundo dando por hecho que es un paisaje compuesto de naciones, y por supuesto sus conciudadanos indiferentes a las patrias, pero que se ven avasallados por las mareas sentimentales y viscerales que mueve la polémica actual, comprenderían que hay que hacer una completa tabla rasa del debate tal y como está planteado. Y que, tanto a nivel intelectual como político, tanto desde el plano teórico como en el práctico y resolutorio, hay que enfocarlo necesariamente de otra manera.

El lenguaje de los nacionalismos es el mismo en todos porque enfrenta nación con nación, identidad con identidad, Historia con Historia, legalidad constitucional con legalidad estatutaria, voluntad popular con voluntad popular, y ello conduce irremisiblemente al famoso choque de trenes. Por eso hay que salir de la lógica del España vs Cataluña o el España vs Euskadi, que ha logrado calar en los ciudadanos hasta parecerles la natural, como si fuera indiscutible que las naciones existen. Hay que separar el debate de la organización territorial de una premisa que es arbitraria y además lo convierte en irresoluble.

No se puede contradecir un nacionalismo desde otro nacionalismo opuesto, por mucho que los rivales lo intenten en su obstinado choque de cornamentas. No se puede porque todos manejan las mismas premisas y los mismos argumentos, y están abocados a un eterno empate que condena a los ciudadanos a una prórroga agotadora donde prevalezca el más fuerte o a la siempre injusta lotería de los penaltis. Sin embargo, creo que sí se puede desautorizarlos a todos a la vez. Se puede pensar el mundo sin verlo compuesto de naciones, sino sólo de individuos. Y, una vez desechadas las categorías improcedentes, acometer, si lo consideramos oportuno, el debate perfectamente legítimo sobre el modelo territorial que queremos. Pero haciéndolo de la manera a la que nos conduzca una lógica basada en los individuos reales; sin permitir que, como sucede en el debate actual tal y como lo plantean los nacionalistas de todos los bandos, los falsos mitos infiltren de tapadillo sus axiomas en forma de sujetos soberanos al procedimiento supuestamente democrático que ha de dirimirlo, ni que las lealtades sentimentales conviertan la resolución de una cuestión cívica en un acontecimiento épico o trágico.

 

 

LA CREENCIA Y EL SENTIMIENTO

Nada impide que, como decíamos antes, un conjunto de habitantes sienta o crea en la existencia de una nación, del mismo modo que millones de personas en el mundo sienten y creen en la de Dios aunque no se haya demostrado nunca. Incluso, nada impide que, si llegan a tener la fuerza  suficiente para impulsar consecuencias prácticas a su creencia, den al territorio donde viven un estatus diferente al actual o mantengan éste último sin argumentar sus pretensiones; muchos estados se han constituido o mantenido como teocracias gracias al sentimiento religioso de sus habitantes o sus élites. Pero, si las naciones no existen, los nacionalistas de cualquiera de los bandos en litigio tendrían que abstenerse para siempre de fundar sus reivindicaciones en la existencia objetiva de una nación, y la opinión pública que desautorizárselo rotundamente si se empeñaran en hacerlo. El que existan millones de patriotas no puede tomarse como prueba de la existencia de una nación, del mismo modo que el mucho más cuantioso número de creyentes que hay en el mundo no es ni tan siquiera un síntoma de la existencia de Dios. La creencia y el sentimiento no demuestran ni justifican nada.

Es curioso que, en los encendidos debates sociales que se han suscitado en los últimos años en España con motivo de los matrimonios homosexuales o el aborto, sus adversarios (al margen de la Conferencia Episcopal, como es lógico) nunca se han atrevido a apelar al plan familiar de Dios o al soplo divino insuflado al cigoto en la fecundación para sostener sus diatribas, aunque, en el fondo, a menudo las inspirara la fe personal. En el sano nivel de laicidad al que hemos llegado, todo el mundo da por supuesto que las convicciones religiosas son sentimientos privados y no deben desempeñar ningún papel en el debate político.

Artur Mas, en el arranque de la campaña de las elecciones catalanas de 2012, sugirió que el Tribunal Constitucional, que acababa de hacer una interpretación del matrimonio no literal sino acorde a los nuevos tiempos al avalar los enlaces homosexuales, podía hacer lo propio con la indisolubilidad de la nación española. En realidad, el contraste debería trazarse de otra forma: por qué se presume que la creencia y el sentimiento de nación han de tener más trascendencia y validez políticas que la creencia en Dios y el sentimiento religioso. El Vaticano y la Conferencia Episcopal suelen reprochar al mundo de hoy que actúe “como si Dios no existiera”; lo inaudito es que un debate decisivo para la organización de una sociedad y la convivencia de sus ciudadanos se plantee desde todas las posiciones, en sus argumentos teóricos y en sus reivindicaciones y soluciones prácticas, como si las naciones existieran.

Si no existieran, los nacionalistas de un bando y otro tendrían que asumir que sus respectivas creencias y lealtades son también sentimientos privados que no demuestran nada, y por tanto irrelevantes en la discusión pública. Naturalmente, cada uno llena su vida y su corazón de lo que quiere o de lo que puede. Pero que haya cientos de miles de personas que se sientan españolas, catalanas o vascas no debería tener más significado ni trascendencia política que el que otras tantas se sientan devotos de la Macarena, del Real Madrid, de Lady Gaga o de la saga de La Guerra de las Galaxias.

Es decir, que si el concepto de nación fuera desmentido, los enunciados “España/ Cataluña/ Euskadi es una nación” y “los españoles/catalanes/vascos somos una nación”, y todas sus consecuencias, incluidas sus catalogaciones como sujetos políticos soberanos, deberían desaparecer de los debates. En el caso de que algún ponente exaltado cometiera la imprudencia de pronunciarlos, los oyentes y telespectadores tendrían que concederle la misma credibilidad, validez e importancia que a aseveraciones metafísicas del cariz de “Dios es amor”. En realidad,  Michael Aflaq, cofundador del partido sirio Baaz, ya sentenció que “el nacionalismo es amor”[14].

En ese sentido, tampoco merecería ninguna atención, por ejemplo, que Artur Mas haga el razonamiento que hizo en Madrid dos días después de la Diada 2012: “¿Cómo se sabe si un pueblo es nación? Votemos”. O que Puigdemont reivindicara en su discurso de fin de año en 2016 que “Cataluña se ha ganado su reconocimiento como nación” o haya repetido en diversas ocasiones que es un país que “se siente nación”. No. Nación se es o no se es en función de si se cumplen los criterios que se consideran definitorios de la misma, y por eso mismo se le presupone el derecho a votar si quiere ser un Estado. Una sociedad puede querer o votar ser políticamente independiente de otra, no ser nación. Pero incluso en este caso, como veremos más en detalle al final de este ensayo, el debate sobre si la autodeterminación es lícita o no tendría que plantearse de una manera sustancialmente distinta a como se hace en la actualidad, donde los supuestos sujetos soberanos son, precisamente, las naciones. Y sus propios postulantes tendrían que aceptarlo. Precisamente porque, como dijo Mas en otro momento de su intervención aquel ya lejano día de septiembre de 2012, “si negamos la pura evidencia, hay muchas cosas que no se pueden resolver”.

Fuera cual fuera la resolución final del proceso, la confrontación entre nacionalismos en España y dentro de Cataluña y el País Vasco, la más dañina de las consecuencias del debate por haber exigido a los ciudadanos su lealtad a cambio de mitos, por haber sacrificado en el altar de las naciones a cientos de personas que sí tienen o tenían existencia real, por haber generado un odio visceral entre seres humanos que ni siquiera se conocen entre sí pero ostentan la etiqueta de “español”, “vasco” o “catalán” (incluso dentro de la propia Cataluña o el propio Euskadi), se convertiría en una discusión de fundamento tan poco sólido como la de si el verdadero dios es el cristiano, el musulmán, el judío o alguno de los paganos, que los creyentes tolerantes de vocación ecuménica suelen decir, con bastante cordura, que en realidad son todos el mismo. Despojadas de creencias metafísicas y de los sentimentalismos que su exagerada trascendencia parece requerir, las rencillas y dificultades de convivencia entre España y Cataluña o entre España y Euskadi quedarían reducidas a un problema casi irrisorio, que parece mentira que nos hayamos tomado tan en serio durante tanto tiempo y que haya destrozado miles de vidas, cercenadas o canalizadas por el terrorismo nacionalista de ETA.

Aclaro de antemano que, si me tomo la molestia de tratar de refutar un concepto que, en realidad, tendrían que demostrar sus defensores (se dice, sin hacer mucho caso a Popper, que la carga de la prueba recae en quien afirma y no en quien niega), no es por ningún tipo de interés político ni afectivo por mi parte. Como se deducirá de estas páginas, ni la construcción de Cataluña o Euskadi ni la unidad de España me parecen causas por las que merezca la pena empeñarse, fines dignos de perseguir en sí  mismos. Sólo me empuja una profunda aversión racionalista a los debates en que los contendientes parlotean sin exigirse demostrar sus premisas ni razonar sus argumentos, y a las ideas metafísicas que, sin haber acreditado jamás su existencia, siguen, más de dos siglos después de Kant, determinando y perjudicando hasta límites insólitos la existencia y la armonía de los individuos reales.

Porque hay realidades perniciosas, como la codicia, el hambre o el sadismo, con las que inevitablemente tenemos que lidiar, y también hay mentiras beneficiosas, como las ilusiones y las fantasías, de las que desde luego no nos conviene prescindir. Pero, si las naciones son un espejismo, una falacia, un cuento, lo más inteligente que podríamos hacer es unas tabla rasa de ellas lo antes posible, porque lo único que hacen es distorsionar y empozoñar con sus mentiras la agenda política de un país y la convivencia de 45 millones de personas.

 

 

 

[1]    William Carr: Una teoría para la educación;  Madrid, Morata, 1996; págs 41-.

[2]    Karl Popper: La miseria del historicismo; Madrid, Alianza Editorial, 2008, pág. 153.

[3]    Karl Popper: La miseria del historicismo; Madrid, Alianza Editorial, 2008; pág. 127.

[4]    Jonathan Culler: Breve introducción a la teoría literaria; Barcelona, Crítica, 2000; págs. 15-25.

[5]    Walter Bagehot: Physics and politics; Londres, 1887; págs. 20-21.

[6]       Otto Bauer: “The nation”, en  Gopal Balakrishnan (ed.): Mapping the Nation, Londres, Verso, 1996; pág. 39.

[7]    Hugh Seton-Watson: Nations and States; Boulder, Westview Press, 1977; págs. 5, 417.

[8]    Ludwig Wittgenstein: Tractatus logico-philosophicus; Madrid, Alianza Editorial, 2009 (4º edición); pág. 73.

[9]    Vivian H. Galbraith: “Language and Nationality”, en C. Leon Tipton (ed.): Nationalism in the Middle Ages; Holt, Rinehart and Winston, varias ciudades, 1972; pág. 45.

[10] Paul Ignotus: Hungary; Nueva York y Washington, Praeger, 1972.

[11] Rogers Brubaker: Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe; Cambridge, Cambridge University Press, 1996; pág. 21.

[12]    Benedict Anderson: Imagined Communities; Londres, Verso, 1983; pág. 13.

[13] José Álvarez Junco: Mater dolorosa. La idea de España en el siglo XIX; Madrid, Taurus, 2001; pág. 227.

[14] Anthony D. Smith: Nacionalismo; Madrid, Alianza Editorial, 2004; pág. 48.

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