Historia

LA BELLA DURMIENTE

Hay que reconocer que los nacionalismos se ponen el listón muy alto. Como las religiones (otra vez) con la idea de Dios, su concepto de la nación es tan bello y tan absoluto que se exponen a que la cruda realidad contradiga mil veces sus suposiciones. Luego, tanto unos como otras compensan su autoexigencia permitiéndose la licencia de no contrastar empíricamente sus afirmaciones, pero a la vez facilitan mucho la tarea a cualquiera que, sin especiales dotes ni conocimientos y sólo armado de una pizca de sentido crítico y lógica en el razonamiento, se proponga cuestionar sus pretensiones.

Si ya era bastante ambiciosa su creencia de que todos los individuos que habitan un determinado territorio y sólo ellos comparten una identidad, una cultura y una lengua, los nacionalismos también sostienen que esos individuos están indisolublemente ligados con los que les precedieron en el lugar a través de la Historia. Es una relación a través del tiempo que no equivale a la que pueda unir, pongamos por caso, a los sucesivos huéspedes que se han alojado en una misma habitación de hotel, sino que convierte a todos los nacionales en herederos del espíritu del pueblo que ya latió en sus antepasados, incluso aunque ellos no lo supieran ni se sintieran nación. Para los nacionalistas, sus naciones son como bellas durmientes. Han existido siempre, antes incluso de que se escribiera el cuento, y sólo aguardaban el beso redentor de un príncipe azul que las despertara de su letargo y las hiciera tomar conciencia de sí mismas.

Contra todo pronóstico, ninguno de los millones de sinvergüenzas que han pasado por el bosque en todo este tiempo ha violado a la hermosa mientras dormía. Su espíritu ha pervivido durante siglos incólume a la contaminación de las influencias extranjeras, generalmente en las clases populares o en las zonas rurales que, al estar menos expuestas a las corrientes intelectuales y culturales, los nacionalistas consideran que mantienen la pureza de la vida y la cultura de los ancestros. Como expone Anne-Marie Thiesse, “el pueblo, debido a su primitivismo, es un fósil vivo que guarda en su seno el espíritu de los grandes ancestros”1.

Ciertamente, es mucho suponer que existan reductos recónditos que hayan podido permanecer ajenos a cualquier tipo de aculturación, ya sea por invasión extranjera, por inmigración o por la simple comunicación humana. Y más aún creer que, aunque en efecto hubieran podido abstraerse del exterior, estas comunidades no hayan evolucionado a lo largo de los siglos hasta terminar no pareciéndose en nada a sus antepasados. Pero a alguien tenían que aferrarse los nacionalistas para sostener que su nación existe de forma continua desde tiempos inmemoriales.

Bruce King llama la atención sobre la paradoja: “El nacionalismo es un movimiento urbano que se identifica con las zonas rurales como la fuente de la autenticidad”2. Podríamos señalar otra: los nacionalistas se identifican con las zonas rurales como la fuente de la autenticidad precisamente porque ellos sí han sufrido la influencia exterior que les ha inculcado la doctrina romántica y han pervertido la pureza y particularidad de los campesinos convirtiéndoles en una nación con idénticos caracteres a los que presentan las extranjeras. Es lo que Anne-Marie Thiesse llama, con mucha sorna, el ”sistema IKEA” de construcción de naciones: una vez inventado el modelo, todas tienen las mismas piezas (identidad, lengua, cultura, historia, Derecho, instituciones, literatura, patrimonio comunes) y lo único que hay que hacer es buscarlas un contenido y encajarlas.

Thiesse pasa revista a los tenaces esfuerzos recolectores-falsificadores en que se afanaron los intelectuales nacionalistas de todos los países europeos desde finales del siglo XVIII para cumplir con los requisitos del sistema, que exige contar, entre otras cosas, con un inventario de ancestros y patrimonio literario supuestamente nacido del pueblo: el escocés James Macpherson falsifica el poema de Ossian, los hermanos Grimm dicen haber rescatado cuentos populares alemanes pero en realidad los escriben, el conde ruso Moussine-Pouchkine declara haber descubierto el cantar de Igor pero en realidad es del siglo XVIII, Niccolo Tomasseo publica canciones populares italianas, el abad inglés Thomas Percy dice haber salvado in extremis de un incendio dos centenares de baladas inglesas, en Suecia se fundó una Sociedad Gótica para recuperar las costumbres de sus antepasados cuyos miembros se iban al bosque a beber cuernos de hidromiel…

Es la invención de la tradición que acuñó Eric Hobsbawm. Se puso tan de moda buscar orígenes culturales célticos, alternativos al linaje clásico-ilustrado que hasta los franceses, que eran los últimos titulares de la herencia, se pusieron a recordar a los galos, presentados por La Tour d’Auvergne como el más antiguo de los pueblos europeos. Se llegó a idealizar tanto a los bardos, que los románticos griegos asumieron el lenguaje y no tardaron en proclamar que ellos tenían al mejor de todos: ¡Homero!

La dependencia de las naciones respecto a sus antepasados es inaudita. En principio, no les haría falta, porque una supuesta comunidad de identidad y cultura en el presente bastaría para definirse como tal, pero los nacionalismos insisten en ese vínculo ancestral. Es, en el fondo, una variante de aquello que decía Malinowski de que el mito actúa como una carta fundacional del orden social del presente. Pese a que, como sugería Edwin Cannan, el que los habitantes de una nación en un momento dado vayan a morir haría imposible hablar de la nación como una entidad continua3, los nacionalismos rizan el rizo y, en algunos lugares a los antepasados se les considera más auténticos incluso que a los indígenas4. Benedict Anderson se pregunta con ironía: “¿Por qué las naciones celebran su senectud y no su resplandeciente juventud?”.

Los nacionalistas establecen una fabulosa continuidad temporal (así lo hizo expresamente Artur Mas el 20 de febrero de 2015, al inaugurar el Año de las Bibliotecas en Cataluña) que engarza el presente de una determinada nación a una supuesta Historia común donde se hunden nuestras raíces y a la que debemos, dicen, que seamos como somos. Cabría preguntarse: ¿podemos sostener en serio que le debemos nuestra forma de ser a los antepasados? ¿Qué individuo presente se lo debe a qué individuo pretérito? ¿Todos a todos? ¿Sólo estamos en deuda con los que vivían casualmente aquí? ¿Con cuántos de ellos? En realidad, cualquiera puede observar que debemos mucho más nuestra identidad a nuestro tiempo que a nuestro espacio, más a los extranjeros con quienes compartimos época y cuyas ideas, inventos técnicos y productos comerciales determinan nuestra forma de vida que a los antepasados que pisaron nuestro suelo pero cuyas huellas se han erosionado con el paso de los siglos. Herder, que no inventó el término Volksgeist pero sí el de Zeitgeist (‘espíritu de la época’), debería haberse dado cuenta de esto antes de imaginar entidades metafísicas. La existencia es mucho más determinante que la esencia.

No está de más apuntar que es una incongruencia basar la nación en una supuesta esencia identitaria, que por definición es estática o atemporal, y a la vez en un desarrollo histórico en continuo movimiento; en una verdad colectiva independiente de los individuos que la componen y a la vez en los individuos que presuntamente la han ido formando a través de los siglos. Si la identidad cambia por mor de la acción de los individuos, entonces no es una verdad atemporal que mantiene un vínculo con los antepasados y resiste patrióticamente a la aculturación y la contaminación del extranjero.

Hume, que como veíamos aceptaba la existencia de caracteres nacionales, cree poder constatar empíricamente que éstos “cambian de forma muy considerable de una época a otra”. Otto Bauer, que también consideraba evidente que cada nación tenía una personalidad colectiva, puntualiza que ésta “cambia a cada hora que pasa, con cada nuevo acontecimiento que experimenta la nación”5. Parece obvio que tratar de conciliar identidad e Historia resulta una aspiración imposible. Pero los nacionalismos persisten en buscar una justificación en los ancestros. Para Timothy Brennan, ocultan la distinción entre nación como término general y como históricamente determinado チ”para situar su país en un pasado inmemorial donde su arbitrariedad no puede ser cuestionada”6.

La Historia no justifica una reivindicación presente. ¿Por qué iba a hacerlo para las naciones y no para los descendientes de los señores feudales que reclamen su derecho de pernada? Se supone que el mundo contemporáneo es hijo de los derechos individuales instaurados por la Revolución Francesa y, como indica Simon During, ésta, “al sustituir la tradición por los derechos, niega la historia”7. Pero, si hubiera que buscar alguna respuesta en la Historia, las lecturas que se pueden sacar de ella son infinitas; todo depende de lo que uno quiera encontrar y de dónde decida fijarse.

Y es que el azar histórico tiene un lado malo y otro bueno. El malo es que los hechos, siempre toscos e insensibles, no tienen por costumbre suceder para encajar armónicamente en nuestras hermosas construcciones poéticas. Y el bueno, que, paralelamente, ofrece un montón de sucesos en principio casuales e independientes, pero susceptibles de que, en el futuro, el nacionalista que quiera justificar una nación sólo tenga que escoger unos cuantos y engarzarlos con una línea de puntos, como hacen los niños en la guardería. Es tal la riqueza del pasado que el mencionado ejercicio vale para cualquier nación o proyecto de nación, incluso rivales entre sí como la española y la catalana o la vasca, y por ello todas recurren a la misma práctica para aprobar el examen de legitimidad, que es el más fácil de todos. Porque la Historia es como una puta: siempre tiene un ratito para todo el mundo.

Todo esto ya lo sabía Ernest Renan cuando decía aquello de que “el olvido, aun diría el error histórico, es un factor crucial en la creación de una nación”, puesto que en el origen de cualquier formación política siempre hubo hechos violentos8. En el pasado igual que en el presente, hubo enfrentamientos de facciones, cada cual con sus diferentes intereses, y sólo una de ellas salió victoriosa y legó su herencia a la generación siguiente, donde se repitieron las rivalidades, las derrotas, las muertes y las cribas.

A veces los vencedores fueron los autóctonos y a veces los extranjeros; en muchas ocasiones la guerra fue civil y hubo lugareños en ambos bandos, de tal forma que el supuesto espíritu nacional que ya latía en los antepasados debió de encarnarse en una alternativa y en la contraria. La construcción retrospectiva de la nación asume como propio el legado de los vencedores cuando en el presente se les considera nacionales, aunque no lo fueran en su momento, y las pretensiones de los derrotados cuando a los vencedores se les tiene por extranjeros en el presente, jurando dar cumplida venganza a los primeros en cuanto se tenga ocasión de hacerlo.

Así, se llega a la hilarante paradoja de que muchos municipios españoles homenajean a los pueblos prerromanos que resistieron en vano a las legiones, como si fueran “los suyos”, cuando, si hubiera alguna razón para celebrar a los propios y no a los ajenos, tendrían que ponerse del lado de las tropas que trajeron a España el derecho y el latín, a quienes deben mucho más de su actual identidad que a los numantinos o a los vacceos. Vamos, que, en realidad, “los suyos” eran los otros. Igualmente, los nacionalistas catalanes y vascos (también los de los países sudamericanos) sienten como propias las costumbres e instituciones de sus antepasados medievales y como extranjeras e impuestas las que han adoptado como consecuencia de su incorporación a España o a Castilla, que obviamente han configurado su identidad en mucha mayor medida que sus ancestros. Alegan que tales costumbres e instituciones “impuestas” lo fueron por la fuerza o la amenaza de las armas, pero olvidan, como decía Renan, que las desarrolladas por sus “autóctonos” también lo fueron por la victoria de una facción sobre otra igualmente autóctona.

LA NARRACIÓN

En definitiva, para narrar una tradición lineal que ha llegado hasta nuestros días, no un simple relato de sucesos que ocurrieron aleatoriamente en el mismo suelo, es imprescindible someter a una buena poda a los hechos. “La idea de la nación es inseparable de su narración”, remarca Geoffrey Bennington. “Esa narración intenta incesantemente constituir la identidad contra la diferencia”9. Y el teórico postcolonial indio Homi K. Bhabha define la nación como チ”una narrativa continua de progreso nacional”; lejos de ser una entidad con existencia objetiva y autónoma, consiste simplemente en un determinado relato del pasado y presente de una sociedad, una elaboración cultural, un discurso en el sentido foucaultiano. En sentido más literal que nunca, la historia de la nación es un cuento que se cuentan los nacionales generación tras generación.

Aquí la circularidad que denunciábamos en relación con la identidad, la cultura y la lengua alcanza su perfección más descarada: no es que un grupo humano posea una historia compartida y por eso constituya una nación, sino que primero se define la nación y luego se cuenta su historia. Nada más fácil de hacer. De cualquier individuo o colectivo se puede trazar un relato. En función de cómo se delimite el grupo, si como España entera, o como sólo Cataluña o sólo Euskadi, se contará una historia o se contará otra; se empezará el relato antes o se arrancará después, se abarcarán los sucesos ocurridos hasta una determinada frontera o hasta otra situada un poco más allá, se venerará a los héroes que contribuyeron a la unidad o a los que subrayaron las diferencias.

Si mañana se unieran España y Francia, o las provincias de Lleida, Huesca, Navarra y Guipúzcoa se desgajaran de sus regiones actuales para formar una entidad independiente, también se podría escribir su Historia. Se destacarían los múltiples sucesos y aspectos de su pasado que avalaran sus semejanzas y coincidencias, la influencia del entorno montañoso, sus tradiciones folclóricas similares y sus siglos de pertenencia a una jurisdicción común, y se minimizarían o se daría un nuevo sentido a los momentos en los que han estado desunidas o han pertenecido a entidades superiores distintas. No sería tan complicado. A fin de cuentas, España, Cataluña y el País Vasco han pasado la mayor parte de su Historia divididas en provincias romanas y luego en reinos, condados y territorios históricos diferentes, y los catalanes y vascos perteneciendo a coronas de las que sólo constituían una fracción. Y, sin embargo, los nacionalistas respectivos se siguen creyendo la cantinela de que “tenemos una Historia común”.

Una vez liberados de los acontecimientos inoportunos, los que insinúan que no siempre existió una entidad uniforme, que se pudo haber desembocado en otras muchas cosas distintas y que la unidad y el destino los fueron cincelando los azares más insignificantes y la extirpación de las posibilidades derrotadas, podemos enhebrar artificialmente los que quedan en una magnífica hilazón con nombre propio. A esta actividad es a lo que se le suele llamar Historia de la nación, o, los más líricos, memoria colectiva. Como si todos nos acordáramos de lo mismo y no sucediera que la mayoría no nos acordamos de casi nada. Hobsbawn acude en este punto a aclararnos: “La historia que se convirtió en parte del conocimiento y la ideología de una nación, estado o movimiento no es lo que realmente se ha conservado en la memoria popular, sino lo que se ha seleccionado, escrito, dibujado, popularizado e institucionalizado por aquéllos cuya función era hacer precisamente esto”10.

Los historiadores, los políticos, los literatos, los cineastas, los documentalistas. Ellos han sido los encargados de rellenar el “tiempo vacío y homogéneo” acuñado por Walter Benjamin y que Benedict Anderson considera que es la base sobre la que se puede imaginar el desarrollo evolutivo de un pueblo y su continuidad a través de la Historia. Pero todos ellos seleccionan hechos; ni aunque quisieran podrían referirlos todos y reflejar así el caos de idas y venidas, de corroboraciones, refutaciones y nuevas corroboraciones de lo que al final ha llegado a ser pero podía haber sido de cualquier otra manera. Y, finalmente, exponen su versión como un relato, como una narración, como un cuento, porque es así como se explica la Historia. Hayden White ya nos enseñó que esas narraciones “tienen un contenido estructural profundo que es en general de naturaleza poética”, es decir, no científica, pero que “sirve como paradigma precríticamente aceptado de lo que debe ser una interpretación de especie ‘histórica’”, para otorgar un “efecto explicatorio” a sus obras11.

Una narración implica necesariamente dotar al caos de un sentido, hilvanar párrafo tras párrafo de tal forma que el conjunto revele una coherencia que no tiene. Ya sea por patriotismo del autor, por la inercia del oficio o porque de otra manera el texto resultaría ilegible y no pasaría las pruebas de corrección, el caso es que una Historia de España, de Cataluña o del País Vasco, contada capítulo a capítulo desde la Antigüedad hasta nuestros días, da toda la impresión de ser el curso de la nación o el pueblo en marcha, una expresión que en los últimos meses ha repetido con delectación Artur Mas. La historiografía y todos sus derivados en cine, literatura y televisión ha sido siempre el mejor aliado de los nacionalismos. Éstos lo han comprendido desde el principio, en el gobierno o en la oposición. No es de extrañar que el XIX fuera a la vez el siglo de oro de las naciones y también el de la Historia. Y el de la novela, género literario que, según Timothy Brennan, imita la estructura de la nación12, y en el que, invierte las tornas Anne-Marie Thiesse, se basan las primeras Historias nacionales13.

Desde este punto de vista, no merece especial consideración la inevitable apelación que hacen los nacionalismos a la antigüedad de sus respectivas naciones, remontándose muchos siglos antes de que alguien en el planeta pudiera concebir la idea de nación. Si Hugh Seton-Watson distingue entre “naciones antiguas y continuas” encarnadas en los estados monárquicos centralizados (Inglaterra, Escocia, Francia, Holanda, Castilla, Portugal, Dinamarca, Suecia, Hungría, Polonia y Rusia) y las modernas, ello sólo otorgará a las primeras la posibilidad de haber tenido más lagunas que rellenar, más conflictos que limar y más paradojas por las que pasar de puntillas para establecer una continuidad nacional.

Por poner algunos ejemplos significativos, los ingleses deberían reconocer que buena parte de su identidad es francesa, debido a la invasión normanda del siglo XI. Y, si nos retrotraemos un poco más, escandinava, porque, aunque la invasión vikinga fuera rechazada, Normandía viene de Northmen, pues en 912 se había entregado el territorio al escandinavo Rollo14. Por su parte, los franceses tendrían que reconocer, que la suya, aparte de un poco escandinava, es en buena medida alemana, pues los francos eran germanos, o céltica, puesto que lo eran los galos. En el siglo XIX los intelectuales franceses se embrollaron en disquisiciones sobre una posible doble población francesa: por un lado estarían los descendientes de los celtas, que se relacionaron endogámicamente, y por otro los de los francos, que hicieron lo propio. Así, la esencia céltica habría permanecido en el pueblo llano, indemne a la contaminación de la etnia germánica, que había formado las clases nobles dirigentes.

Los rusos tendrían que considerar ancestros últimos a los suecos, su potencia rival en el siglo XVIII, porque de esa procedencia eran los pobladores del reino de Kiev Rus, origen último de la entidad política Rusia. Los escoceses e irlandeses proceden étnicamente de noruegos. Y los israelíes, a su vez, tendrían que arreglar la contradicción de que el sionismo originario fuera estrictamente laico y hasta hostil al judaísmo, y su fundador Theodor Herzl, en la búsqueda y negociaciones con el Reino Unido para establecer una patria para los judíos (la mayoría de los cuales no lo quería), no tuvo empachos en aceptar que la primera tierra prometida fuera… ¡Uganda!

Ya hemos señalado que la Historia fue, con notable prioridad sobre la lengua, el criterio al que más se acogieron los nacionalismos del siglo XIX para reivindicar sus postulados. En concreto, la supuesta pertenencia pretérita a una entidad política duradera o nación histórica. Todo un contrasentido, puesto que el concepto nación se refiere, por definición, al conjunto de habitantes o ciudadanos de un país, y la filiación respecto a tiempos pasados sólo puede serlo, a lo sumo, con una organización política consistente en una dinastía y unas clases nobiliarias que se concebían a sí mismos como únicos sujetos protagonistas de la política, que ni se planteaban la idea de nación y no dedicaban ni un pensamiento a sus compatriotas del pueblo, muchos de los cuales eran extranjeros sin que ello les distinguiera para nada de los autóctonos, pues todos eran la misma plebe15.

Elie Kedourie atribuye la creencia de que había estados-naciones desde el siglo XVI a “una confusión que resulta del uso de categorías nacionalistas en la historiografía”, que hace que “los hombres que pensaban que estaban actuando para realizar la voluntad de Dios, para hacer prevalecer la verdad o fomentar los intereses de una dinastía o quizás simplemente para defenderse contra la agresión, de pronto se nos muestran como sujetos que en realidad se esforzaban para que el genio de una determinada nacionalidad se manifestase y fortaleciese (…) La sociedad moderna compuesta por naciones en la que creen los románticos parece el equivalente y continuación de la sociedad europea formada por estados, “pero en realidad las dos cosas son muy diferentes” .

Como puntualiza John Breuilly, los reyes jamás podrían ser precursores de la nación, porque “habrían considerado ofensiva” la idea de que su autoridad emanaba de la sociedad que gobernaban y no de la legitimidad divina y dinástica.16 Seton-Watson, pese a su distinción entre viejas y nuevas naciones, también concede que “hay un anacronismo inherente e inevitable en aplicar al pasado de las ‘viejas’ naciones las categorías que se derivan de la historia de las ‘nuevas’”17. Haría falta creerse la fabulación de Hegel de que el espíritu se encarna sucesivamente en una serie de figuras excepcionales, casualmente siempre de las élites políticas, para considerar a éstas precursores de la nación. Y hacer la vista gorda con el hecho de que muchas de las dinastías reinantes, como los Windsor, los Austrias o los Borbones, personificaron el espíritu nacional a pesar de que eran extranjeras.

Por si fuera poco, en la Corte y entre las clases dirigentes de esas entidades políticas añoradas no se hablaba la lengua que luego quedó instituida como vehículo y encarnación del espíritu de la nación. En los siglos XII y XIII, las cortes de Inglaterra y Escocia hablaban ambas francés, mientras las clases bajas inglesas hablaban anglosajón y las escocesas este idioma y, en algunas regiones, lenguas célticas. En el siglo XVIII la lengua estatal en lo que hoy es Finlandia era el sueco. Tras la unión del territorio con el Imperio zarista en 1809, pasó a ser el ruso18. En Rusia, simétricamente, la lengua de la Corte en el siglo XVIII era el francés, y en el Imperio austríaco el latín. En definitiva, ¿con qué derecho puede hacerse remontar una nación a una época en la que la nación no existía, en la que el poder no era encarnación de la misma sino de un designio divino y por tanto la ignoraba, y que no cumplía el criterio lingüístico que los nacionalistas consideran la clave para detectar la existencia de un pueblo?

En estas circunstancias, la labor del historiador debería consistir, no en corroborar por acción u omisión la ilusión de continuidad, coherencia y sentido a la que aboca necesariamente la narración histórica, sino justamente en lo contrario. En olvidarse del resultado final de un proceso, que no implica ni mucho menos que fuera el desenlace necesario, y “pasarle a la Historia el cepillo a contrapelo”, como decía Walter Benjamin en sus Tesis sobre Filosofía de la Historia, para poner de manifiesto todos aquellos episodios que revelan exactamente lo contrario.

En nuestro caso particular, no sería, como en el de Benjamin, para rescatar del olvido a las víctimas del viento imparable del progreso, pues las naciones derrotadas ni sienten ni padecen, ni ven herida su dignidad ni son susceptibles de ser objeto de opresión o humillación, pero sí para desmentir la gloria y trascendencia que todos los nacionalismos quieren imprimir a los jalones decisivos de su Historia. Para demostrar que en ellos no se estaba revelando una nación en marcha sino enfrentamientos internos de facciones luchando por sus propios intereses, rara vez de índole nacionalista; que el heroísmo con que han pasado a la posteridad algunos acontecimientos esconde tras de sí hechos y comportamientos más bien cutres, caprichosos o aleatorios.

En el debate nacionalista de nuestro país, los vascos presumen de haber sido siempre independientes hasta que al final de la primera guerra carlista se abolieron los fueros; Artur Mas describe a Cataluña como una “nación milenaria” y se pregunta cómo, en caso de independizarse, podría quedar fuera de la UE una “vieja nación” que lleva más de mil años en Europa y se presenta como el 139 presidente de la Generalitat para arrogarse una autoridad anterior a la Constitución, y Mariano Rajoy habla de España como la nación más antigua del mundo, remontándola seguramente al matrimonio de los Reyes Católicos. Los nacionalistas periféricos tachan de ilegítimas las uniformizaciones que se derivaron de hechos bélicos y niegan autoridad a la Carta Magna, pero dan validez a los conflictos que dibujaron sus propias fronteras y leyes históricas. Los centralistas critican las apelaciones de sus rivales a la Historia particular, pero esgrimen como argumento la compartida y subrayan que, a diferencia de Cataluña y el País Vasco, Escocia sí habría podido separarse legítimamente de Londres porque durante siglos constituyó un reino independiente.

Naturalmente, no podemos ni sabríamos trazar aquí una Historia completa de España, de Cataluña y del País Vasco, así que nos limitaremos a repasar los episodios que se consideran cruciales en el devenir de estas supuestas naciones y algunas contradicciones de las interpretaciones nacionalistas que más interiorizadas tiene la población. Por supuesto, los especialistas en cada uno de estos períodos, a quienes recurro explícita o tácitamente, las han reflejado con una precisión y un detalle inaccesibles para mí. Y, de hecho, las correspondientes monografías, si han sido elaboradas con un mínimo de rigor, deberían bastar para desbaratar las lecturas que los nacionalistas han querido trasladar de estos hechos.

Sin embargo, a menudo nadie se plantea siquiera tal desautorización, aunque las lea. Tiene más fuerza la sensación de continuidad que han difundido las respectivas historias nacionales, y los lectores tienden a ensartar estos episodios con total naturalidad en el desarrollo lineal de las naciones, como si encajaran en él y no lo refutaran. Se da por hecho que existen las naciones y que tienen una historia. Sin duda, habrá hechos susceptibles de interpretar en favor de esta creencia, porque, como decía, la Historia tiene un ratito para todo el mundo. Pero, de acuerdo con Popper, valdría con encontrar uno solo que lo contradijera para refutar la hipótesis de que España, Cataluña y el País Vasco tienen, todas juntas o cada una de ellas por separado, una Historia compartida que las avala como naciones. Son los nacionalistas los que pretenden dar un sentido a su relato, una continuidad a sus instituciones, un significado a los hitos decisivos. Es mucho más fácil demostrar que no lo tienen.

LOS PRECURSORES

La españolidad se puede remontar todo lo que uno quiera. Últimamente hemos oído hasta que primer europeo era español o burgalés, sin duda porque el Homo Antecessor hablaba un castellano muy correcto. Pero antes del hallazgo de este antepasado primordial, el fundador de España había sido nada menos que Túbal, nieto de Noé. Así lo sugirió Flavio Josefo, confundiendo Iberia con la llamada Iberia oriental, Georgia, y al nieto de Noé con un Túbal-Caín de quien dice el Génesis que era acicalador de toda obra de metal y hierro, materiales que abundaban en España19.

Al mito de Túbal también apeló curiosamente la tradición vasca, hasta que Joseph-Augustine Chaho quiso buscar un patriarca no hebreo y se inventó al ario Aitor. Sabino Arana se apuntó fervorosamente al cambio de tótem en su afán de buscar hechos diferenciales respecto a España. Arana, y luego Krutwig, también dieron pábulo a las tesis que explicaban la supuesta singularidad de los vascos atribuyendo su origen a la Atlántida.20

Sin embargo, la esencia católica española y vasca no podía tolerar unos orígenes paganos. Para amortiguarlos sirvieron unos textos de Estragón que podían sugerir un monoteísmo primitivo al narrar danzas nocturnas en honor de una divinidad local y esperanzados cánticos al ser crucificados. Algunos cronistas cuentan incluso que Noé en persona visitó a su nieto y le enseñó la religión del Génesis21.

El cristianismo antes de Cristo, que por lo visto existe igual que la nación antes del nacionalismo, se reflejó también en los iberos; ahí está ese maravilloso texto escolar del franquismo recogido por Andrés Sopeña en El florido pensil22 y que describe a la Dama de Elche, “con la cabeza y el cuello pudorosamente cubierto de paños”, para aventurar que “parece que las primitivas mujeres españolas estaban nada más que esperando que se levantara la primera Iglesia de Cristo, preparadas ya con sus tocas para asistir a la primera misa”. Pero los pueblos prerromanos eran lo suficientemente dúctiles para personificar otra esencia hispánica: la irreductibilidad y la pasión por la independencia que leía en los españoles la historiografía liberal del XIX. Ahí estaban Numancia, Sagunto, Viriato y los ilergetes Indíbil y Mandonio en Cataluña, que serán premiados con obras literarias, lienzos y estatuas por su resistencia frente al invasor ”extranjero” que terminó configurando la identidad de toda Europa, incluida España. 23.

A los vascos no les hizo falta casi ni luchar, según el padre Larramendi, que proclamó que en su tierra jamás habían penetrado las falsas religiones ni la sangre de los infieles. Debían de referirse a contribuciones altruistas las lápidas del siglo I que mencionan que várdulos, caristios y vascones aportaron cohortes para luchar en Italia e Inglaterra, y debieron de ser espíritus romanos y no cuerpos los que conquistaron Irún y explotaron las minas de Arditurri. También sería el fantasma de Leovigildo el que fundó Vitoria y fortificó Amaya24. Sabino Arana adoptaría de la literatura fuerista los tópicos de pureza racial, rebeldía e independencia primitiva, que condicionarán la dirección que tomarían la historiografía y las ciencias humanas del nacionalismo vasco25.

LOS REINOS CRISTIANOS

La historiografía española tampoco está indemne de mitos, y sigue dando pábulo a gran parte de la autodescripción del reino astur como heredero de los visigodos. Curiosamente, tal versión no la pergeñaron los propios astures sino los cronistas mozárabes que emigran desde Toledo, donde habían vivido la cultura visigótica y empiezan a ser perseguidos, tras unos primeros años de tranquilidad bajo una civilización que respetaba a los pueblos monoteístas. De hecho, los astures estuvieron dispuestos a romper la unidad de la Iglesia española porque les perjudicaba que los visigodos hubiera establecido el primado en Toledo. Tuvieron la suerte de que los mozárabes, para predicar a los musulmanes, elaboraron la doctrina adopcionista, que sería declarada herética por la Iglesia por negar la consustancialidad de Padre e Hijo. Gracias a este patinazo, los norteños pudieron romper con Toledo.

La reescritura de aquellas disensiones se produjo ya a finales del siglo IX, cuando los mozárabes emigrados otorgan a la batalla de Covadonga una trascendencia que ni el propio Pelayo había imaginado. La Crónica de Albelda convierte lo que los musulmanes habían descrito como una escaramuza con 300 “asnos salvajes”, a cuyos 30 últimos supervivientes no merecía la pena ni exterminar, en una gran victoria con intercesión divina frente a 187.000 musulmanes, llamados significativamente “ismaelitas” y “caldeos” para trazar continuidades que entonces eran mucho más importantes que las nacionales. El relato pone en boca de Pelayo la premonición de que “por este pequeño montículo que ves, sea España salvada y reparado el ejército de los godos”, pero el siglo anterior los autores de la Crónica Mozárabe de 754, que ya lamentaba la derrota de Guadalete, ni siquiera mencionaban a Pelayo, y eso que su reinado duró 18 años según el relato musulmán. El supuesto descubrimiento de la tumba de Santiago, que según el Nuevo Testamento murió en Jerusalén, terminó de recubrir a la Reconquista de una pátina de cruzada que reiteraría sin pestañear la historiografía católica del XIX y el XX.

La historia tradicional de España hace a los asturleoneses herederos de los visigodos y a los castellanos de los leoneses a pesar de que les combatieron; a partir de ahí, va siguiendo los pasos de Castilla y su supuesta tendencia a la unificación española. Da a entender que todos los reinos cristianos estaban enfrascados en una empresa común y de algún modo era lógico que terminaran juntos. Pero durante siete siglos, que eran tan largos como ahora aunque se recuerden menos acontecimientos, los reinos hispanos se unieron, aliaron, separaron y combatieron alternativamente, por cuestiones meramente estratégicas, dinásticas, de reparto de herencias, de proximidad geográfica y de conflictividad interna con los nobles. Para dirimir su hegemonía, ninguno de ellos dudó en aliarse con reyezuelos musulmanes; todo lo contrario a la idea de una Península dividida en dos. Los linajes se unen, se interrumpen, se bifurcan y se vuelven a reunir por azares de la Historia una y otra vez.

Los reinos hispanos lucharon juntos en Cuenca, Almería y Murcia, pero ligados por lazos vasalláticos y familiares, no nacionales. Y en las Navas de Tolosa (1212) participaron todos pero también franceses, alemanes e italianos, en respuesta a la cruzada contra los almohades convocada por el Papa Inocencio III. A finales de siglo, la cruzada se convocó contra Aragón por la ocupación de Sicilia y Sancho IV de Castilla no le ayudó. Ambos reinos colisionaron repetidamente por la delimitación de las zonas de expansión y, en el siglo XIV, por este motivo y por la alianza de Castilla con Génova, llegaron a la “Guerra de los dos Pedros”. Enrique de Trastámara, rival del Pedro castellano, apoyó al aragonés, pero no precisamente por pálpitos nacionales. Aunque desde Castilla a veces se ha presentado el Compromiso de Caspe como un paso hacia la unidad española, el nombramiento del regente Fernando de Antequera como rey de Aragón fue el resultado casual de la división de la nobleza aragonesa y catalana y del apoyo del Papa Benedicto XIII, en busca de apoyos por el Cisma.

Sin embargo, la azarosa realidad de aquellos siglos no sólo deslegitima la mitología retrospectiva españolista. También la catalanista, que fabula con una entidad catalana desde que Carlomagno establece la Marca Hispánica, cuando Ramón d’ Abadal ya puntualizó que no fue una provincia administrativa sino una referencia geográfica26. Los diversos condes catalanes ganaban autonomía y derecho a dejar su territorio en herencia en función de si apoyaban al candidato carolingio que resultaba victorioso en las guerras internas. Finalmente, el de Barcelona, Borrell II, considerado pionero de la independencia catalana, no se emancipó de los francos, sino que los vínculos quedaron rotos de facto al no concederle Luis I Capeto ayuda contra Almanzor. Se haría llamar nada menos que duque de Iberia y duque de la España citerior27.

La historiografía nacionalista se ha inventado una supuesta confederación catalano-aragonesa cuando ese concepto no existía, para subrayar también en el nombre que en la Corona de Aragón había tres reinos independientes y que los catalanes acabaron siendo su motor económico y dominando la Corte. Pero para éstos, que no tenían conciencia de tales, no suponía ningún desdoro medrar en la que admitían que era la Corona de Aragón. De ella forman parte con naturalidad desde que Aragón y Barcelona-Gerona-Vic unieron sus destinos con la boda del conde Ramón Berenguer IV y la reina Petronila, a quien los nobles aragoneses no quisieron dejar casar con Sancho de Castilla para evitar su anexión por este reino próspero. Sin embargo, sólo 40 años antes sí contrajeron Urraca de Castilla y Alfonso el Batallador, que si hubieran tenido descendencia habrían unido dinásticamente a todos los reinos y, muy posiblemente, apeado de su futuro estrellato a los Reyes Católicos. Entre medias, Ramón Berenguer III se había aliado con los reyezuelos musulmanes de Lérida y Tortosa para protegerse del pujante Aragón de Alfonso y ayudado a la república de Pisa a ocupar Mallorca, hoy reclamada como parte de los Països Catalans tras haber sido conquistada tan militarmente por los catalanes como Cataluña por Felipe V siglos después.

En el Compromiso de Caspe, la nobleza catalana se dividió, aunque la historiografía posterior haya querido ver en él una claudicación aristocrática por no haber apoyado a uno de los pretendientes autóctonos. Pero Cataluña, como es normal, no tenía una sola voz ni el ser catalán suponía ningún plus para los electores; de hecho, nadie apoyó la posterior rebelión de Jaime de Urgell. En las negociaciones, los aragoneses amenazaron con imponer su voto de calidad como “cabeza de la Corona”, lo que demuestra que no hubo confederación entre iguales; en la Edad Media, el título era políticamente un valor más reputado que el poder comercial. Años después, en el conflicto de la nobleza catalana contra Juan II, hijo de Fernando de Antequera, que se ha querido entender como una lucha del pueblo contra un rey castellano, el Consell de Barcelona pidió ayuda militar a Castilla y no juzgó ningún desdoro ofrecer la corona a otro castellano, Enrique IV, que también se encontraba en lucha con una facción de los nobles. De esa doble guerra civil surgió el matrimonio de los Reyes Católicos.

Por último, la mitología exclusivista vasca se vería desautorizada ya desde el momento en que son vascos occidentales los pobladores originarios de Castilla en los siglos IX y X. De acuerdo con las teorías étnicas de Sabino Arana, los vascos y los futuros maketos fomarían una continuidad biológica. Respecto al mito de que su unión a Castilla fue voluntaria, sólo hay documentos que lo prueben para Álava. Guipuzcoa fue conquistada por Alfonso VIII en 1200 y las propias Juntas Provinciales de 1664 dieron por falsa la versión de un pacto que había elaborado el canónigo Lupián Zapata.

En 1076, el conde Iñigo de Vizcaya y los tenentes de Álava y Guipúzcoa, a la muerte de Sancho de Navarra, juran fidelidad a Alfonso VI de Castilla porque les ofrecía mayores beneficios que el rey de Aragón-Navarra. Tras ocupar Guipúzcoa Sancho VI de Navarra, con su sucesor las provincias vascas se integraron definitivamente en Castilla, en un momento en que la situación de Navarra era precaria y Sancho VII había sido excomulgado. En 1379, Castilla incorporó el señorío de Vizcaya, un pacto típicamente vasallático entre nobles, no territorios, pero que la historiografía vasquista ha querido interpretar como la prueba de que la relación del País Vasco con Castilla ha sido sólo con su rey y a cambio de que éste jurara sus fueros.

Uno de los grandes mitos que los historiadores liberales, nacionalistas, regionalistas y de izquierdas han vertido sobre la Edad Media española es la existencia de unas Cortes representativas de la voluntad popular. En ellas se ha querido ver un símbolo de libertad y resistencia al autoritarismo y un precedente de las modernas Cortes liberales o incluso democráticas. Y, por lo que respecta a los nacionalistas catalanes, una prueba de que la nación existía y tenía vitalidad política antes de ser anulada y luego anexionada por Castilla.

En general, se podría aceptar que las Cortes medievales son un antecedente de las actuales, aunque no fueran elegidas democráticamente, su cometido no fuera aprobar leyes ni elegir al rey y las dominaran los nobles y eclesiásticos; cuando se aparta a estos estamentos de las de Castilla, que se quedan sólo con los representantes de las ciudades (procedentes siempre de las élites urbanas, en cualquier caso), no fue por un avance hacia la democracia sino porque a los primeros no se les podía exigir impuestos. Por un lado, “según el concepto medieval todos están representados en estas asambleas: quienes dependen de un señor están representados por éste, sea noble o eclesiástico, y quienes tienen como señor al rey están representados por los hombres de las ciudades”. Y, por otro, la negociación entre los reyes y los notables cuando los primeros se encontraban en situación de debilidad y debían refrendar las usos y los privilegios heredados por los segundos se acerca más a una práctica que ya existía en los concilios visigóticos que a las funciones de las Cortes modernas28. Pero, efectivamente, se trata de una institución análoga, aunque las convenciones políticas de la Edad Media fueran unas y las de la democracia otras muy distintas.

Lo que no se puede interpretar en ningún caso es que las Cortes medievales y modernas fueran un antecedente de la soberanía nacional o el autogobierno, como hace el Estatuto de Cataluña al evocar la fundación de la Generalitat, diputación permanente de las Cortes, y las constituciones propias en la Edad Media. Porque la nación es precisamente el conjunto de sus ciudadanos libres e iguales que se autogobiernan, tal y como la estableció la Revolución Francesa; el conjunto al que luego el Romanticismo dotó de un contenido identitario. Unas Cortes pueden ser estamentales o democráticas, pero una nación no puede ser otra cosa. Ya hemos explicado hace unas páginas por qué no puede considerarse a las clases nobiliarias representantes de una nación en la que no creían. Que los liberales decimonónicos o los nacionalistas catalanes apelen a las Cortes medievales como antedecente nacional es lo mismo que si los franceses modernos, en vez de señalar como precursores a los diputados del Tercer Estado que hicieron el juramento del Juego de Pelota, declararan que su nación deriva de los Estados Generales contra los que se rebelaron.

En el caso concreto de Cataluña, las Cortes se hacen fuertes y ponen condiciones a los préstamos que conceden a los reyes desde que Pedro III se los pide en 1283 para la campaña de Sicilia. En el siglo siguiente se mostrarán igual de resistentes para la guerra contra Génova en defensa de los comerciantes catalanes que compiten con los genoveses en el Mediterráneo, y para la Guerra de los Dos Pedros, lo que, por cierto, le vino de perlas al castellano e impidió al aragonés tratar de recuperar Murcia de Enrique de Trastámara. Una pérdida que ya sería irreparable para los Països Catalans.

En el XV, Alfonso el Magnánimo también se verá en problemas para que las Cortes o la Generalitat financien nuevas campañas en el mar. Los estamentos que controlaban estas instituciones no se dedicaban a las actividades comerciales que obstaculizaban los genoveses, así que los intereses en juego eran más de clase que nacionales o de defensa de las libertades. Sobre las Cortes de 1283 escribe José Luis Martín: “Los privilegios y libertades son los de los dirigentes de la sociedad, los de los grupos representados en Cortes: en 1283 se restituye la jurisdicción señorial, se establece la remensa, se prohibe a los oficiales del rey intervenir, juzgar e incluso entrar en los lugares de señorío”29.

El caso es que se extendió entre los diputados catalanes la mentalidad de que la monarquía era de carácter contractual; es decir, que el rey, antes de pedir subsidios, tenía que jurar las constituciones y solventar todo un memorial de agravios que le presentaban los diputados, y cuyo trámite parlamentario se hacía queja a queja y siempre sometido a cualquier enmienda (dissentiment) que pudiera presentarse30.

Esto estallaría cuando se vieran ante monarcas acostumbrados a la mayor docilidad de las Cortes castellanas, pero no puede entenderse como una defensa de derechos ciudadanos o nacionales. “Llamar lucha por la libertad a la de un grupo privilegiado que se encuentra instalado en una abusiva preponderancia social resulta por completo inadecuado”, advertía José Antonio Maravall31, quien previene contra la ”falta de adecuación del historiador moderno a las formas de pensamiento de la época: aparte otras equivocaciones, ha llegado a pensar que lo que luego ha llegado a ser un país con características propias y constitutivo de una cierta entidad, lo ha tenido que ser siempre”32. Es el típico espejismo presentista que dibuja en las mentes la narrativa teleológica de la Historia nacional.

LA UNIÓN DINÁSTICA

La España de los Reyes Católicos, así llamados no por esencia nacional sino por concesión papal con la que rivalizar con la Muy Cristiana Majestad de los franceses, se ha visto desde la mentalidad castellana como la culminación de la tendencia de los siglos anteriores hacia la unidad de España. Para ilustrados como Jovellanos y Cadalso, su reinado fue el momento culminante de la Historia patria. Ya hemos visto que tal tendencia previa no existió y como es bien sabido, la unión de las coronas de Aragón y Castilla distó mucho de ser una unidad nacional. Las capitulaciones matrimoniales firmadas en 1469 limitaron la acción del otro cónyuge en el reino contrario, y los dos territorios mantuvieron sus leyes, sus instituciones (también diferentes entre los tres reinos de la Corona de Aragón), sus impuestos y sus monedas. Incluso, las de oro de nuevo cuño que se crearon durante el reinado también fueron diferentes en Castilla, en Cataluña y en Valencia.

Es un sistema donde el soberano tiene diferentes títulos y poderes en cada uno de sus territorios, y “los reinos se han de regir y gobernar como si el rey que los tiene juntos lo fuera solamente de cada uno de ellos”. Ello implicó la ausencia de una conciencia común. Pero es que por entonces España seguía siendo un término geográfico. De otro modo, el rey Alfonso V de Portugal no se habría visto con derecho a quejarse de que se llamara a Isabel y Fernando “reyes de España” sin incluirle a él.

La falta de una mentalidad nacional en el momento de la muerte de Isabel queda atestiguada por el hecho de que Fernando el Católico, a quien su esposa encomendó en su testamento el gobierno de Castilla hasta que Juana la todavía no loca volviera de Flandes con Felipe el Hermoso, fue expulsado del reino porque la mayoría de los nobles castellanos le consideraban un extranjero y preferían a Juana con Felipe, que obviamente no les parecía más forastero. A la muerte de éste último el mismo año fatídico de 1506, cuando la incapacidad de Juana se hace perentoria, el cardenal Cisneros y sus partidarios optaron por Fernando, pero otro sector de la aristocracia apostaba nada menos que por Maximiliano de Austria hasta que su nieto, Carlos, llegara a la mayoría de edad. Si este detalle fuera más conocido, seguro que alguno lo habría interpretado como un antecedente de la Endesa “antes alemana que catalana”.

La tan celebrada uniformización que supuso la creación de organismos protoestatales como la Santa Hermandad y la Santa Inquisición se debió más a una vocación de fortalecer la posición de la monarquía frente a las aristocracias que a una perspectiva nacional. Así lo demuestra el que Fernando, cuando se casó con Germana de Foix por un trato con su tío Luis XII de Francia y no por intención anexionista como sostiene la izquierda abertzale, tenía pensado dejar Aragón al hijo de su segundo matrimonio, sólo que éste falleció al poco de nacer. Su visión era más dinástica que hispánica, y, para mayor difusión de sus glorias y al contrario que Alfonso X, los Reyes Católicos ordenaron a sus cronistas que escribieran en latín y no en castellano o catalán, y que tradujeran al latín las historias escritas en castellano33.

Desde el comienzo del reinado, Isabel dio instrucciones para que los aragoneses “sean mirados, tratados y ayudados como vasallos nuestros, como ya lo son, y como si fueran naturales de estos nuestros reinos de Castilla y León”34. Pero una cosa eran los súbditos y otra las Cortes y los fueros, culpables de que los Reyes Católicos, por ejemplo, no pudieran extender a Aragón el sistema de los corregidores, pues los puestos del gobierno local tenían que ser electivos, y de que se encontraran fuertes resistencias a la implantación de la Inquisición. En una ocasión, la reina llegó a comentar: ”Mejor sería reducir a los aragoneses por las armas que no sufrir la arrogancia de sus Cortes”35. Antonio Cánovas del Castillo atribuiría precisamente parte de la decadencia española a que los Reyes Católicos nunca unificaron España con un derecho común y unas Cortes nacionales y a que concedieron demasiado poca libertad a Castilla y demasiada a Aragón y Cataluña36.

Desde Cataluña, por el contrario, se ha interpretado que la uniformización sobre los parámetros castellanos fue excesiva y que los territorios de la Corona de Aragón salieron perdiendo. El historiador romántico Víctor Balaguer abrió la polémica con sus Bellezas de la historia de Cataluña 1853, declarando que la unión no reportó el menor beneficio para el reino mediterráneo, al que veía más rico y mayor que Castilla, y que lo que hizo fue traspasar a Castilla su poder y quedar relegado a la marginación. ompeu Gener radicalizó la dicotomía afirmando que Castilla, pobre pero combativa frente a la próspera y pacífica Cataluña, había tratado de apoderarse de ella, y que más que unificación hubo colonización. Estelrich, en cambio, cuestionó ese maniqueísmo señalando que Cataluña no tenía de expansión al estar cercada por Francia, Castilla y los turcos en el Mediterráneo, de tal modo que la unión con el otro reino de la península había sido casi inexorable. En esto coincidió con Sánchez Albornoz, para quien la unificación de las coronas fue una consecuencia lógica y Castilla no habría querido anular la personalidad de nadie.

El historiador francés Pierre Vilar piensa que los amagos centralizadores de Castilla y su expansión demográfica y mundial fueron creando una suspicacia instintiva y gradual en los aragoneses, pero rechaza cualquier favoritismo por parte de Isabel y Fernando. “Los favores de los Reyes Católicos (es una ley general) se orientaron hacia unas fuerzas ya creadas y no hicieron más que confirmar sus posibilidades futuras”37. Otro historiador independiente, el anglosajón Joseph Pérez, se pregunta, en la misma línea: “¿Cómo asombrarse de que el centro de gravedad se sitúe en Castilla y no en Aragón? ¿De que los reyes prefieran gobernar a partir de un país en plena expansión?38

La historiografía catalana de los siglos XIX y XX también ha reprochado a los Reyes Católicos la supuesta prioridad que concedieron a la política exterior castellana, orientada hacia el Atlántico, sobre la aragonesa, que estaba volcada sobre el Mediterráneo, Así lo alegaron Pere Corominas y Antonio Rovira i Virgili, pero en su contra pesan las campañas del Gran Capitán en Italia y el hecho de que en este momento es cuando Aragón establece relaciones diplomáticas permanentes con Francia, las repúblicas italianas y el Vaticano. Las Cortes castellanas aportaron, además, 1.500 lanzas para socorrer Perpignan de los franceses ante las reticencias de las catalanas a conceder el servicio, y prepararon naves para defender Sicilia de los turcos39.

Pierre Vilar afirma que en esta época los artesanos y comerciantes catalanes “ya no confiaban en el futuro de sus ciudades mediterráneas” y lo avala documentando solicitudes para pedir a Isabel los privilegios propios de sus súbditos en la feria de Medina del Campo, así como la presencia de catalanes en Granada y las primeras expediciones a las Canarias, Mogador y Río de Oro. Además, indica que la reina no tuvo empacho en aceptar que la financiación de las conquistas corriera a cargo de hombres de negocios aragoneses cercanos al rey cita artículos de la Recopilación de Leyes de Indias que decretan explícitamente la igualdad de derechos de castellanos y aragoneses respecto a la emigración al Nuevo Continente. “No hubo, pues, monopolio estricto del paso a las Indias”, estima el historiador francés40, que atribuye el monopolio comercial, no a una exclusión consciente por parte de los castellanos hacia los aragoneses, sino una concepción típicamente medieval para garantizar el control del tráfico.

El propio Víctor Balaguer, cuando pasó a ser académico en la España de la Restauración, se desdiría de sus antiguas críticas a la ilegitimidad de la unión dinástica. “¡Benditas sean en la Historia esas ilegitimidades!”, exclama ahora41, y ensalza la empresa común de ambos reinos en América, a pesar de que de vez en cuando especula sobre lo mucho más beneficioso que hubiera sido para España que Cataluña, obviamente más próspera que Castilla en el siglo XIX, hubiera llevado la voz cantante.

EL IMPERIO DE LOS AUSTRIAS

La hegemonía mundial de Castilla en el siglo XVI y la primera mitad del XVII ha sido siempre la etapa de la Historia de la que más orgulloso se ha sentido el nacionalismo conservador español. En el caso de la actual comunidad autónoma de Castilla y León, con un fervor un tanto esquizofrénico, ya que siempre ha tenido muy a gala su papel protagonista en la etapa gloriosa de España pero a la vez sitúa su fiesta oficial en el aniversario de la batalla de Villalar, en homenaje a los comuneros que trataron de impedir que Carlos V se empeñara en empresas internacionales gravosas para la región. Éste sería un caso único de identificación, no con los extranjeros reconvertidos a nacionales victoriosos o con los autóctonos derrotados, sino con ambos.

La historiografía tradicional ha presentado las aventuras imperiales como un logro común de todo el país, denominando Imperio español a lo que en realidad lo fue de la dinastía que reinaba en Madrid y Viena y presuponiendo que su esplendor irradió por igual sobre todas las regiones hispanas. La dominación en Europa y la colonización de América encarnó por antonomasia esas “grandes empresas incitantes” con las que Ortega aseguraba que Castilla supo congregar a todos los pueblos peninsulares. E incluso, en una metonimia aún más fabulosa, a todas las clases sociales. En Meditaciones del Quijote, que el pueblo español le dijo a Carlos I y Felipe II: “No queremos ser sabios, ni justos, ni prudentes, ni íntimamente religiosos. Sólo queremos ser grandes”. Fue entonces cuando “Castilla hizo a España”, y sólo al replegarse en su particularismo cuando la “deshizo”. Probablemente se refiriera a él Jaime Vicens Vives cuando lamenta que la visión castellanocéntrica de la Historia española se ha creado muchas veces a base de experiencias personales que dibujaban una Castilla irreal42.

Otros liberales castellanos no están ni mucho menos de acuerdo con Ortega. Para ellos, la megalomanía, el autoritarismo y la intolerancia religiosa que introdujeron los Austrias en España son la causa de la decadencia y el empobrecimiento de Castilla, anulando sus Cortes y embarcándola en empresas que no eran las suyas. Ahí está el “España deshizo a Castilla” de Sánchez Albornoz contradiciendo a Ortega. Pero, ya en el siglo XIX, historiadores como Manuel Pedregal, Fernando de Castro y Rafael de Altamira avanzaron la misma interpretación43. Ortega creía que Castilla tenía un interés y una vocación únicas como pueblo; ellos fueron más conscientes de que el propósito nacional no existe y de que a la mayoría de los castellanos les habría convenido otra cosa muy distinta.

En cuanto a la supuesta unión de todos los territorios españoles en el empeño, a Ramón Menéndez Pidal le parece que ésa es la esencia de los tiempos gloriosos de España, frente a los impulsos centrífugos que han dominado los tiempos de decadencia, y que Castilla ha sido siempre el núcleo integrador y soporte de la unidad nacional44, algo normal porque “la porción más evolutiva de un pueblo es la que por fuerza ha de dirigir los destinos de la comunidad”45. Por el contrario, desde la perspectiva contraria, Pere Corominas entiende que “el uniformismo político es un obstáculo para la unidad de las naciones ibéricas”46, aunque no culpa del mismo a Castilla sino a la dinastía reinante, y Pere Bosch Gimpera, interpretando incluso yacimientos prehistóricos, estima que la esencia natural de España es plural y que todo intento de unificación es baldío. Claro, que Pierre Vilar puntualiza que, “si puede hablarse de las Españas, puede hablarse también de las Cataluñas”47. Sánchez Albornoz opina que, simplemente, tal unificación no se produjo, porque Carlos V y Felipe II deberían haber promovido una estructuración “no centralista, orgánica” y un “entrelace integral de los españoles”.

Sin embargo, este historiador, al mismo tiempo, reprocha a los catalanes su parte de culpa en la decadencia española, por sacrificar a sus deseos de independencia “la superior independencia de todos los españoles”48. A su juicio, Cataluña se había concentrado en sus propios privilegios y había faltado a su debida colaboración. No habían sido excluidos de la participación en el Imperio, se habían excluido ellos mismos. En esto coincidió con Ortega, quien criticó la “feroz suspicacia rural” que siempre había aquejado a Aragón y Cataluña.

Uniformización contra defensa de las particularidades, empresa común frente a intereses contrapuestos; tales son las antinomias que penden sobre las interpretaciones que se han hecho del reinado de los Austrias desde parámetros nacionales siempre enfrentados: español/castellano y catalán. Y lo cierto es que el período comenzó con buenos augurios. De 1504 a 1516, Cataluña no tiene aún motivos para verse postergada. Incluso parece que Carlos V se sentía más a gusto en Barcelona que en Valladolid, reunía las Cortes para consultar cualquier decisión y hasta hablaba alguna vez de la “preeminencia de Aragón”. En 1510, los diputados aragoneses apoyaron entusiásticamente un subsidio al rey de 500.000 libras para una campaña en el norte de África, y se hablaba con euforia de “subyugar al turco” y de anexionar a Aragón Jerusalén y Constantinopla, en una evidente nostalgia del Imperio medieval. El beneficio no era puramente místico, sino que se garantizaba a los comerciantes aragoneses el derecho a mercadear en Berbería.

Las Cortes aragonesas y catalanas se mostrarían mucho más remisas a la hora de conceder ayudas para otras necesidades del Imperio que no le reportaban ningún estímulo compensatorio. Los catalanes, como pueblo extranjero, no fueron invitados a participar directamente del botín de las Indias, aunque Pierre Vilar puntualiza que otros comerciantes europeos sí supieron abrir grietas en el frágil monopolio castellano49. Las atarazanas de Barcelona hacían negocio preparando las armadas50, pero los puestos quedaban reservados a los aristócratas castellanos, no por predilección sino por las obligaciones que el rey contraía con ellos por pura cercanía física. La distancia impedía a los nobles aragoneses y catalanes obtener las mercedes y prebendas que estaban acostumbrados a arrancar a sus reyes a cambio de subsidios. Incluso, en 1555, el Consejo de Italia que se crea para las posesiones aragonesas se desliga del Consejo de Aragón, que sí estaba compuesto por autóctonos. La empresa común no fue tan común como algunos pensadores castellanos han querido suponer. A cambio, hay que apuntar que las Cortes catalanas de 1599 y 1626 reclamaron que los beneficios institucionales y eclesiásticos de la provincia se reservaran para los naturales de la misma.

John Elliott, de quien tomaremos casi todas las referencias históricas para lo que queda de epígrafe51, no ve en Carlos V ni Felipe II “ninguna intención” expresa de castellanizar los territorios de la Corona de Aragón. El primero recomendó a su hijo especial prudencia y sensibilidad en el gobierno de aquellas provincias y Felipe mantuvo los fueros después de las alteraciones de 1591. Pero los castellanos, crecidos por sus éxitos y su sentimiento de pueblo escogido por Dios, adquirieron la costumbre de “nombrar Castilla refiriéndose a toda España”. Y, con menos necesidad de tacto político que los monarcas, algunos manifestaban de vez en cuando su desacuerdo con los fueros aragoneses. Francisco Tomás y Valiente explica que el deseo de extender el Derecho castellano a Aragón no era “tanto por castellanismo emocional, sino porque tal sistema jurídico era el más cómodo para un monarca absoluto”52.

Pese a lo que asegura la tradición catalana, el problema fue más de intereses que de defensa de las libertades y las leyes propias. En 1615, con el bandolerismo en auge, las autoridades locales pidieron al duque de Lerma que interviniera y el nuevo virrey, duque de Alburquerque, se presentó en Cataluña con la intención de “poner en galeras todo el Principado” y de atropellar los fueros que pudiesen “estorbar la buena administración de la justicia”. Con métodos expeditivos, pacificó el Principado en seis meses.

Nadie le echó en cara la violación de propiedades y constituciones, las villas no pusieron reparos en alojar a un contingente de caballería que llegó de Castilla para consolidar tranquilidad Alburquerque, vilipendiado por la historiografía catalana posterior, dejó el cargo en 1619 en medio de parabienes mutuos entre él y los consellers Barcelona. En cambio, su sucesor, duque de Alcalá, no consiguió nunca ganarse la confianza de la provincia y en 1622 escribía: “Sólo el trabajo del infierno puede ser igual al del gobierno suyo”. Además, Cataluña, precisamente por ser marginal en los flujos comerciales del Imperio, se libró de la inflación y la carestía y comenzaba a parecer próspera a los ojos de una Castilla hambrienta.

Entonces llegó el conde-duque de Olivares, a quien la historiografía catalana ha presentado como el prototipo de castellano centralizador y uniformista. No es del todo cierto. En el memorial que presentó a Felipe IV al comenzar su gestión, se preguntaba sobre los súbditos del este penisular: “¿Qué razón hay para que sean excluidos de ningún honor o privilegio de estos reinos, sino que gocen igualmente de los honores, oficios y confianzas que los nacidos en medio de Castilla y Andalucía, estos vasallos, no siendo de conquista (…)? ¿Y qué maravilla es que siendo estos mismos vasallos de Castilla (…) causen celos, descontentos y desconfianzas?”. Tardaría 16 años en conseguir que se aprobara su idea, justo antes de enterarse del asesinato del virrey Santa Coloma, cuando el conflicto ya no tiene remedio. Cualquiera puede suponer que los nobles castellanos la boicotearon más por interés egoísta que por centralismo.

Olivares era, eso sí, un absolutista que no concebía más autoridad que la del rey y no entendía que fueros y privilegios medievales pudieran oponerse a ella, aunque nunca tuvo intención de derogarlos. Tampoco comprendía que Castilla se empobreciera por que el resto de regiones no contribuyeran a lo que él concebía, también en su propósito de descastellanizar los beneficios, como una empresa común. Por eso constituyó la Unión de Armas, a la que Cataluña se negó a contribuir en 1626 y 1632. Y, aunque las Cortes sí pagan las fortificaciones de Barcelona y conceden servicios por valor de la mitad de las rentas anuales de la capital en 1635 y 1637 y otro del 12,5% de las mismas en 1638, son la única provincia que no envía tropas a la victoria de Fuenterrabía.

Los ánimos se van enconando. Olivares no lo entiende: “Si la ceguedad con que proceden aquellos vasallos no se enmienda se habrá de llegar a terribles lances que Vuestra Majestad por su clemencia ha deseado siempre excusar”, escribe a Felipe IV. “Si hubiera persona que se atreviera a reducir aquella provincia (…) era digna de los mayores favores y mercedes” . El virrey Santa Coloma lo tiene bastante claro: “Toda su queja les viene de que, después de haber hecho tantos servicios, no hayan recibido ni una sola merced”.

En 1640, los campesinos del Principado se revuelven contra los desmanes de las tropas mercenarias alojadas allí para la guerra con Francia: unos 10.000 españoles, valones, italianos y alemanes. Tanto esta práctica como los desmanes de soldados hambrientos y mal pagados y el malestar de la población eran habituales en la Europa de entonces53. Este episodio, que en Cataluña se suele describir como un hito nacional y al cual va dedicado hasta el himno oficial, en realidad fue un caos que se fue de las manos cuando los segadores entran en Barcelona a protestar contra el ejército y Santa Coloma, en plena huida, muere apuñalado de manera nada gloriosa mientras yacía desmayado de dolor en la playa por causa de una torcedura. Sin embargo, los segadores se movilizaron en un ejército que no se autodenominó catalán sino l´exercit christià, lanzó viscas a la terra y al Rey y mueras no sólo a los funcionarios castellanos sino también a la Generalitat, los Consells locales, Barcelona por su escasa resistencia al opresor y, en general, a los ricos. Su lema era “Visca la Santa Fe Católica i el Rey d´ Espanya i muira el mal govern!”. Hemos de suponer que el secretario de Organización de Convergència Democrática de Catalunya, Josep Rull, no conocía que su cabeza también habría peligrado en una revuelta como la de 1640 cuando, el 25 de diciembre de 2013, y en respuesta al mensaje navideño del rey Juan Carlos, la evocó al aventurar que su partido sería “la hoz que segará las cadenas cuando convenga”.

El caso es que Olivares, absolutamente atónito por la muerte de Santa Coloma, preparó la acción de castigo, contra la que tampoco se movilizaron los barceloneses, dejando claro que no se proponía suprimir todos los fueros sino sólo los necesarios para facilitar la guerra con Francia . Cuando Cataluña se entrega a Luis XIII de Francia, el valido comentará: “Los embarazos de Cataluña han sido la ruina absoluta de todas nuestras cosas”.

Como de costumbre, las Cortes catalanas, sus recelos y sus intereses, no eran toda Cataluña ni los adalides supremos de la libertad. Cuando en 1520 los procuradores castellanos escribieron al Consell de Cent barcelonés solicitando apoyo para los comuneros, aquél entregó la carta a Carlos V; cuando estalló el conflicto motivado por Antonio Pérez, no intercedió por la ciudad de Zaragoza; tras negarle a Felipe IV el subsidio de 1626, y aun sin haber resuelto éste los dissentiments, una delegación de la Generalitat fue a buscarle nada más irse porque “estaba el pueblo tan indignado de que no se hubiese tomado resolución con que S. M. fuese contento (…) veíamos turbados y confusos que se nos apartaba de la vista la luz de nuestro príncipe”. Tras el paso de Cataluña a soberanía francesa, un clérigo catalán, el doctor Alegre, afirmaría que “todo el mundo sabía que sólo Clarís, Vergós, Tamarit, Fontanella y otros dos mal recibidos habían entregado la provincia a Francia”. Es comprensible: en un grupo humano siempre hay intereses heterogéneos difíciles de sintetizar en una única voluntad o aspiración colectiva.

Escarmentado en su padre, Carlos II buscó la conciliación con los catalanes y se ganó el aprecio generalizado de la incipiente burguesía industrial. Narciso Feliú de la Penya, uno de los empresarios más representativos de la misma, dijo de él que era “el mejor rey que ha tenido España”. Y eso que en sus 35 años de reinado no convocó nunca las Cortes catalanas y que se arrogó el derecho de suprimir candidatos a los cargos públicos locales instaurado por los franceses tras la secesión54. En 1674, al ofrecerse un cónsul flamenco a representarles en Cádiz, los catalanes respondieron: “Tener cónsul en una parte y tierra es por las naciones que son propiamente naciones, pero no por aquéllos que son inmediatos vasallos de una Corona, como lo son los catalanes (…), los cuales como a propios vasallos son y se nombran españoles, siendo como es indubitado que Cataluña es España”55. A veces, y esto podría ser una buena lección para intepretar el reciente deterioro de las relaciones hispano-catalanas, las cosas no dependen tanto de los fueros como de los desafueros.

EL SIGLO XVIII

Las fechas trágicas y las derrotas son jalones fundamentales en la continuidad histórica que se otorgan a sí mismas las naciones. Incluso aunque la quebranten. La abolición de los fueros, el derecho público, las instituciones tradicionales y la oficialidad del catalán sancionados por los Decretos de Nueva Planta, contra la voluntad póstuma de Carlos II, es el hito histórico que el nacionalismo catalán señala como la pérdida de su personalidad jurídica, al pasar de reino a provincia.

Frecuentemente, esta disposición se ha querido relacionar con una supuesta pretensión de la España castellana de uniformizar todos los territorios peninsulares a su imagen y semejanza. Por eso, la víspera de la Diada de 2012 se eliminó de la sede del Parlamento catalán el escudo de Felipe V que permanecía esculpido en la fachada y, ante la cadena humana convocada para las 17:14 horas de la de 2013, Artur Mas reiteró que se inspiraba en los barceloneses que sufrieron el sitio borbónico que “derrotados, vencidos y con sus libertades aniquiladas no renunciaron a lo que eran” y cuyo “sueño y anhelo de libertad está más vivo que nunca”.

Para urdir los tejes y los manejes transhistóricos con un hilo más fuerte, el presidente de la Generalitat abundó: “Nuestras armas no son las mismas que en 1714, 1713 o 1712, no son ni los cuchillos ni las bayonetas ni los fusiles, sino la democracia, el civismo, el espíritu pacífico y la movilización”. En diciembre, el Gobierno catalán patrocinaría el ya citado simposio España contra Cataluña. Una mirada histórica (1714-2014), que arrancaba con esa fecha totémica cuyo bicentenario ya se hizo coincidir con el establecimiento de la Mancomunidad y para cuyo tricentenario se quiso convocar la consulta a toda costa, aun perdiendo la posibilidad de ulteriores negociaciones con el Gobierno central, como denunció el PSC en el Debate de Política General de 2014.

Unos días más tarde, en un acto para recordar la toma de Cardona, Mas presentó a los catalanes de hoy como “herederos de la resistencia y determinación” de aquéllos que no quisieron que, tras la Guerra de Sucesión, Cataluña quedara “petrificada”. Y, en abril de 2015, en una visita a Nueva York, llegó a decir que Cataluña también había tenido su 11-S, pero que ocurrió “hace 300 años” cuando “sufrimos la aniquilación de nuestras libertades, de nuestro derecho, de nuestras instituciones e incluso de nuestra lengua”. Un año después, fue el nuevo presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, tampoco perdió la ocasión de tuitear que “con los Decretos de Nueva Planta “nos quisieron borrar como nación. No se salieron con la suya. 300 años después queremos escribir un nuevo país. Saldremos adelante”. Naturalmente, si los Decretos de Nueva Planta se entendieran como iniciativa de un rey pretérito para vengarse de los partidarios de su enemigo, que también se defendieron con armas, en lugar de como conspiración de un Estado vigente para aplacar los deseos de libertad de un pueblo, la rebeldía contra ellos no tendría tanto encanto.

Frente a la interpretación de que Felipe V encarnó el anexionismo de Castilla, ya se ha argumentado en incontables ocasiones que la guerra enfrentó a Francia y al Imperio austríaco, con sus aliados, en la pugna de dos dinastías por inclinar a su favor el equilibrio europeo, y que la centralización y la uniformización no era un propósito castellano, sino el ideal de eficiencia y funcionalidad de la época, impuesto por la Francia borbónica de la que Felipe de Anjou era hijo biológico e intelectual. De hecho, su abuelo Luis XIV, que no era castellano pero sí Borbón, ya había prohibido utilizar el catalán como lengua oficial en el Rosellón, y, en un ámbito sin importancia administrativa como la literatura, los escritores de Cataluña siguieron escribiendo en su idioma natal.

Felipe V era bien consciente de la sensibilidad con que la población recibiría la prohición del catalán, así que recurrió a una Instrucción Secreta para ordenar a los corregidores, institución extendida por primera vez a la antigua Corona de Aragón, que tengan “el mayor cuidado en introducir la lengua castellana, a cuyo fin dará las providencias más templadas y disimuladas para que se note el efecto sin que se note el cuidado”. Además, descartó las medidas más radicales que le propusieron sus consejeros, como la del fiscal general del Consejo de Castilla, Melchor de Macanaz, quien sugería nombrar a castellanos como regidores de los principales municipios, o la del obispo de Segorbe, Diego Muñoz, que abogaba hasta por cambiar los nombres de las capitales56.

Desde el punto de vista de los Borbones, alimentados durante todo el siglo por las doctrinas ilustradas, si el Derecho Natural era igual para castellanos, vascos y catalanes, no había ninguna razón para que las normas sociales fueran distintas para unos y otros, por lo que entienden los fueros y particularismos como una rémora que dificulta la uniformización. Ésta se hará de acuerdo con las leyes castellanas, pero no por ser castellanas, sino por ser “tan loables y plausibles para todo el universo”, según rezaban los Decretos de Nueva Planta para Valencia (1707). O, dicho en román paladino, las que menos obstáculos planteaban al despotismo ilustrado.

Esta uniformización conllevó también la supresión del virreinato y del Consejo de Aragón, cuyas atribuciones confluyeron en sus homólogos castellanos, a los que sin duda habría sido oportuno cambiar el nombre para denominarlos españoles y no parecer instituciones impuestas por el conquistador. Tampoco debió de ayudar a la reconciliación el abuso consciente de los castellanos cuando, por ejemplo, se ocupan de que en la Real Audiencia de Valencia su número sea siempre superior al de autóctonos, a la vez que monopolizan los puestos de fiscales.

Por lo que respecta al castigo a Cataluña, que Patiño propuso suave y progresivo porque los catalanes habían sido derrotados militarmente pero no convencidos, cabría enmarcarlo dentro del tipo de los que recaen sobre los colectivos que apuestan por el candidato que finalmente pierde una guerra. Así, en Navarra, Guipúzcoa y Vizcaya, que no se habían puesto del lado del Archiduque Carlos, se mantuvieron respectivamente las Cortes y los fueros e instituciones provinciales sin que los castellanos mostraran afán por anularlos.

En cualquier caso, lo más probable es que, aunque no hubiera habido guerra y asedio de por medio, los Borbones hubieran terminado uniformizando igualmente las leyes e instituciones de toda España. El que Barcelona se resistiera tan heroicamente a su toma por las tropas borbónicas, y alardes innecesarios de matonismo como los cañones de la ciudadela apuntando a la ciudad o el que el 96% de los corregidores hasta 1808 fueran militares para “reducir aquellos vasallos a la obediencia y sujeción que importa”57, es lo que ha conferido a los Decretos de Nueva Planta un funesto tufillo de derecho de conquista que ha alimentado el ingrediente épico-trágico que necesita cualquier nacionalismo irredento.

El apoyo catalán al candidato austríaco, que no fue ni mucho menos unánime ni decidido (paradigmático es el caso del municipio de Cervera, hostil a los oligarcas de Barcelona que copaban las instituciones forales), y que puede parecer sorprendente después de la mala experiencia que habían padecido con los anteriores titulares de la dinastía hasta Carlos II, se explica, según John Elliott, por el recuerdo del periplo entre 1640 y 1652, en que Cataluña había pasado al Estado francés. Pero, mientras los partidarios de Felipe esgrimían la conveniencia de estar a buenas con la primera potencia europea de la época, un panfleto anónimo catalán alertaba contra el peligro de que reinaran príncipes franceses, que “son enemigos de España”58.

Los catalanes llegaron incluso a ignorar las promesas que Felipe V, a quien Carlos II deja el reino en su último testamento, hizo a las Cortes de 1701-1702, después de reunirlas por primera vez en 70 años, y a las que concede todas sus peticiones: confirmación de los privilegios, puerto franco, compañía náutica, reforma fiscal, barcos para el comercio con las Indias y la obligación de que todos los obispos catalanes, salvo el arzobispo de Tarragona, fueran naturales de la provincia. Feliú de la Peña diría que las constituciones otorgadas habían sido “las más favorables que había conseguido la provincia”59.

Ocurre que, además de que la alianza europea en torno al Archiduque tenía serias posibilidades de victoria a tenor de lo que aparentaban sus barcos navegando por la costa mediterránea, los industriales catalanes pensaban que Carlos de Austria se enfrentaría a la competencia francesa a sus productos y heredaría los tradicionales intereses de su dinastía por el Mediterráneo. Es decir, aspiraban a más de lo concedido por Felipe V a las Cortes. Barcelona revivió reminiscencias imperiales, volviendo a trabar relaciones en 1706 con sus antiguas posesiones en Italia, hasta que España tuvo que renunciar a ellas en el Tratado de Utrecht.

En junio de ese año, el Archiduque es coronado en Madrid, apoyado por los aliados ingleses y por toda la Corona de Aragón. La capital, más partidaria de Felipe por las buenas labores persuasivas que habían hecho los emisarios de Luis XIV en los últimos años, se sintió, de acuerdo con Pierre Vilar, ofendida por el hecho de que Cataluña impusiera a su candidato en su propio suelo, y reaccionó “vivamente contra esta amenaza a su primacía”. Pero en 1711, perdidas militarmente Aragón, Valencia y casi toda Cataluña, el Archiduque es nombrado emperador y se marcha a Viena, lo que hace que sus aliados europeos se replanteen quién pone ahora en peligro el equilibrio europeo. Así terminaba un periodo en el que Barcelona, donde se había instalado la Corte, fue, según Vilar, “la capital de las Españas a los ojos de la mayor parte de Europa”. Voltaire, cayendo en los arquetipos nacionales pero sin distinguir que en España debía haber por lo menos dos, comparó su resistencia final con la de Sagunto y Numancia.

En enero de 1713, Felipe V, había dado órdenes al duque de Populi para conceder una amnistía a los catalanes si se rendían, y de pasarlos a cuchillo en caso de que no, “aunque no considero que la ciega obstinación de los catalanes llegue hasta el extremo de atreverse a resistir”. Y el ministro José de Grimaldo prefiguraba un futuro en el que “a los catalanes sólo se les dejan las leyes municipales, pero nada de sus fueros”, pero a cambio se nombrarían seis ministros del Principado junto a otros tantos castellanos”60 Todo en la línea de la uniformización de inspiración francesa, sin atisbo de discriminación. Ya iniciado el asedio a Barcelona, Felipe V y el duque de Populi, cuya esposa había sufrido ofensas cuando las tropas del Archiduque ocuparon la ciudad en 1705, apostaban por la represión total, pero Luis XIV y el duque de Berwick trataban de disuadirle de ello.

En el bando imperial, el capitán general de Cataluña, conde Guido von Starhemberg, firmó en junio el convenio de L’Hospitalet estipulando la evacuación de las tropas austríacas y la entrega de Barcelona a los Borbones, que también recomendaba a los hombres influyentes de la ciudad. En julio se marchó de incógnito, entre críticas por haber ordenado la evacuación sin negociarla con la Junta de Brazos; el bando aliado tampoco pareció guardar mucho respeto con las instituciones locales.

Los grupos sociales que defendieron al Archiduque fueron la baja nobleza de linaje antiguo, favorecida por los privilegios jurídicos tradicionales que podían verse amenazados por los Borbones, y la burguesía urbana de comerciantes y artesanos. El estamento popular de Barcelona también quiso continuar la resistencia cuando el tema se planteó en la Junta de Brazos de julio de 1713, a punto de iniciarse el asalto. Las clases bajas rurales no intervinieron como en 1640, la alta nobleza estaba ya castellanizada y apostó por Felipe de Anjou y el clero en general se inclinó por el Archiduque por miedo al reformismo de los Borbones, pero los obispos de Lérida, Tortosa y Gerona se decantaron por Felipe y el brazo eclesiástico de Barcelona se abstuvo a la hora de decidir si se capitulaba o no; la mayoría de los canónigos del cabildo, por ejemplo, se fueron a Mataró con los nobles felipistas.

Finalmente, el brazo militar, que en principio había apostado por rendirse, siguió el ejemplo del estamenteo popular y se decidió proseguir la lucha “por la santa y justa causa de la conservación y defensa de las constituciones, privilegios y prerrogativas que tantas centurias han sabido conservar los naturales de este Principado”, que “no eran gratuitos, por mera liberalidad y voluntad del príncipe, sino por vía de contrato”; la concepción arraigada en Cataluña desde el Medievo. Pero aquello era el Antiguo Régimen, y esos estandartes no cobijaban a todos los naturales por igual.

No sólo no fue Cataluña como un ente nacional quien se levantó. Es que, en los últimos años de la resistencia, dos de sus líderes la plantearon como una lucha española. “Bien dignos de piedad son los pueblos engañados de Castilla y toda España”, se compadecía Manuel Ferrer y Ciges, de la Junta de Brazos de Barcelona, en su discurso de 1713 a la nobleza catalana. “Combatimos por nosotros y por toda la nación española”, proclama una arenga del conde de Villarroel, jefe militar de los resistentes, que empezó combatiendo por el Borbón y en 1710 se pasó al Habsburgo, y de quien Artur Mas se proclamó sucesor el último día de la campaña electoral de 2012.

El pasquín Despertador de Catalunya publicado en nobiembre de 1713, llamaba a luchar por “la libertad de España” y contra el “poder despótico que lo gobernaba”, igual que el titulado Lealtad catalana, de 1714, que lanzaba vivas a Cataluña, la Corona de Aragón “y toda España con crédito bajo el legítimo dominio del emperador”61. Según aventura Pierre Vilar, “en el seno de la efímera monarquía del archiduque Carlos de Austria Cataluña se sintió más española, quizás, que nunca”.

Desde que empezó a negociarse la paz, en 1712, los británicos defendieron que a los catalanes se les preservaran los fueros. Pero Felipe V no estaba dispuesto de ninguna manera. “La paz os es tan necesaria como a nosotros y no la querréis romper por una bagatela”, les contestó. Al Tratado de Utrecht envió a sus embajadores con la instrucción de no transigir sobre los “pretendidos fueros”, porque “no es de conveniencia ni decoro que la Paz General salga garante de tan vergonzante condición ni que por ella quedase la habitual propensión de los catalanes a la rebelión”. Gran Bretaña, con cierta mala conciencia por abandonar a sus aliados, acabó desentendiéndose de la cuestión, alguno de sus enviados admitió que los antiguos privilegios eran “extravagantes y contra toda razón y justicia, y al final barcos británicos colaboraron en el bloqueo de Barcelona por mar durante el asedio para reducir a los catalanes a la autoridad a la que se debían. El cambio de actitud que supuso la coronación de Jorge I llegó cuando la suerte de la ciudad ya estaba echada62.

Lo curioso es que los catalanes que sufrieron directamente la ofensa de la Nueva Planta se recuperaron de la misma mucho antes que sus portavoces nacionalistas del futuro. Los decretos también suprimieron las aduanas interiores (una medida que sí se ha atribuido correctamente al mercantilismo del rey y no al anexionismo castellano) y los industriales catalanes vieron abierto el mercado español y el de las Indias a través de Cádiz. Así, y pese a lo oneroso del gravamen del castastro, encontraron en la economía un punto de comunión de intereses con los Borbones, y Pierre Vilar estima que, como tarde, en 1726 ya se había alcanzado una nueva estabilidad63. Un año antes, el Archiduque Carlos ha renunciado formalmente a sus pretensiones y Felipe V devuelve algunos privilegios de clase y muchos bienes particulares y concede una amnistía. El nuevo capitán general de la provincia, Castel-Rodrigo, recibe elogios por su “desinterés, rectitud y afabilidad”.

El proteccionismo, la liberalización del comercio atlántico y su apertura para todos los puertos de España, la defensa de las costas, la fundación de la Real Junta Particular de Comercio y la creación de los mossos d´esquadrafueron otras de las medidas aprobadas por los Borbones que se recibieron con satisfacción en Cataluña. Durante el reinado de Carlos III, entre 1778 y 1792, se sitúa el primer boom ómico catalán. Desde el final de la guerra hasta 1798, Barcelona habrá pasado de 32.000 habitantes a 130.000.

En todo este tiempo, sólo hubo dos polémicas institucionales: el memorial de agravios que presentaron los diputados de Aragón en las Cortes de 1760, reclamando el restablecimiento de las viejas costumbres y prerrogativas que no iban contra el Rey y que los naturales de estos territorios tuvieran las mismas oportunidades de ocupar cargos que los castellanos, y una breve revuelta en 1773 tras la que la Corte rehusa a su propósito de cancelar la exención de las quintas en Cataluña e imponer, como en las demás provincias, el servicio militar obligatorio64.

Ni siquiera hubo grandes protestas cuando, en 1768, Carlos III promulgó una Real Cédula que decretaba la obligatoriedad del castellano en enseñanza primaria y secundaria; la posibilidad del comercio peninsular ya era un acicate suficientemente sugestivo para aprenderlo. Es más; Vicens Vives opina que “si Cataluña se ha encontrado bien en alguna ocasión en el Estado español (…), es durante el reinado de Carlos III”65. Un aplauso que no suscriben, curiosamente, Manuel Merry y Colóm y Saturnino Calleja, autores de los libros de texto de Historia de referencia en España durante la Restauración, para quienes, pese a la uniformización institucional con la que simpatizaban, la decadencia española comienza con los Borbones.

A diferencia de en el siglo anterior y posterior, el protagonismo que adquiere Cataluña en España no se ve con malos ojos desde Castilla. En parte porque se ha tomado de Montesquieu y otros autores francesesla idea de la diversité, la variedad geográfica, social, económica y cultural, como fuente de energía de la que sedeben nutrir los estados; no todas las personificaciones de los colectivos son imputables a los románticos alemanes.Y también porque en esta época no hay conflictos conceptuales entre patria y nación, o entre nación y estado66.

Prototipo de esta conciliación son el catalán Antonio Capmany su sentencia: “No puede amar a su nación quien no puede amar a su provincia”. que Cataluña sea el faro que guíe a España por el camino de la modernidad67 y, entusiasta de la que han traído los Borbones, identifica a su región con esta dinastía y a los castellanos con la aristocrática, decadente y funesta dinastía de los Austrias; una irónica inversión de ecuaciones respecto al partido que ambas regiones habían tomado en la Guerra de Sucesión. Como vimos en el capítulo 3, los catalanes han derivado de esta contraposición su identidad más acusadamente sentida hasta nuestros días, el mito del genio económico y la dedicación al trabajo. Pero sus nacionalistas no se la iban a agradecer a la dinastía que uniformizó España.

LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA

Tradicionalmente se ha presentado la rebelión española contra la invasión de los ejércitos napoleónicos como una muestra clara del patriotismo que se había venido desarrollando en los siglos precedentes, y a la vez como el salto del país al liberalismo constitucional, por medio de la Constitución de Cádiz de 1812. En efecto, la unificación estatal promovida por los reinados borbónicos del siglo XVIII, con la uniformización de leyes e instituciones en toda España, debió de insuflar, al menos a las élites intelectuales y funcionariales, un primer atisbo de conciencia nacional.

¿Pero puede entenderse la Guerra de la Independencia, que no independizó a España de nadie y cuyas batallas decisivas las ganaron los ingleses, como un levantamiento emparentado con esa toma de conciencia?

En realidad, quien estaba importando el concepto de nación, acuñado en la Revolución Francesa y visto con recelo por los estamentos que hasta ahora habían sido los únicos sujetos activos de la política, eran precisamente las tropas francesas. Según relata José Álvarez Junco, el Dos de Mayo (fecha que Unamuno definió, en carta a Renan, como “la fecha simbólica de nuestra regeneracion”, equivalente a la derrota de Francia ante Bismarck68) los gritos más escuchados eran “¡Viva Fernando VII!” y “¡Mueran los franceses!”, y apenas se oyó algún “¡Viva España!”. El levantamiento inicial sería una reacción popular xenófoba desencadenada para defender al monarca secuestrado y pronto exiliado en Fontaineblau.

El odio a lo francés tenía que ver, precisamente, con algunas medidas adoptadas por los gobiernos de los Borbones que habían alarmado a los sectores tradicionales y provocado revueltas como el motín de Esquilache. A ello se añadía la guerra contra las tropas de la Revolución Francesa entre 1793 y 1795, a la que los sacerdotes arengaron como una guerra santa. En ambos sucesos los pasquines trataron de despertar a “los españoles”, pero está claro que en la revuelta contra el ministro de Carlos III bastantes enemigos también lo eran, por lo que, cuando se apelaba a aquéllos no se hacía en tanto que nacionales, sino en tanto que receptores de unas esencias de índole muy concreta y estimulados por un sector social muy particular: la Iglesia. Napoleón y los generales franceses atribuyeron al clero el papel de motor fundamental de la movilización.

En 1809, retomando las ideas de aquella contienda, se publicó un popular Despertador Cristiano-Político, obra de fray Simón López, que decía que las ideas revolucionarias eran obra de la “coaligación de los impíos, incrédulos, deístas, ateístas, herejes, apóstatas de la Francia y de la Europa toda”, cuyo objetivo era “arruinar el Trono y el Altar”. A Napoleón se le presentaba como un moderno anticristo y a los intelectuales españoles que veían con esperanza la entrada de dichas ideas en el país se les bautizó como afrancesados. Más que una rebelión nacional, la sublevación contra los franceses tuvo, por segunda vez, carácter de cruzada69.

Por eso, a la Guerra de la Independencia inicialmente se la denominó con adjetivos religiosos: “la santa insurrección española”, “nuestra sagrada lucha”… Sólo a partir de los años 40 se generalizó el nombre con el que ha pasado a la Historia, cuando los liberales influyen en la Corte y utilizan el conflicto para construir la identidad española: esa valentía y lucha por lo suyo que caracterizó también a Numancia y Sagunto (y, según Voltaire, acabamos de ver, a la Barcelona que resistió a Felipe V). Pero en realidad las juntas de defensa que se formaron inicialmente fueron de carácter local y se mostraron reticentes a dejarse coordinar por la Junta Central; se trató de un patriotismo pegado a la tierra que abarcó por igual a Castilla, Andalucía, Aragón, Cataluña y el País Vasco. Historiadores catalanes y vascos han subrayado esta circunstancia para sostener que sus paisanos no se movilizaron por España, pero la Junta de Barcelona, particularmente, fue de las que más rápido se adhirieron a la central70.

Los franceses, de hecho, trataron de explotar la posible desafección catalana y vasca. En los últimos años de dominación napoleónica, Cataluña, las provincias vascas, Navarra y Aragón fueron separadas administrativamente de España y puestas bajo gobierno militar francés, pero suprimiendo las instituciones tradicionales. El catalán fue declarado única lengua oficial en Cataluña. Sin embargo, este tipo de medidas podían congratular al pueblo llano, pero no a la aristocracia y la burguesía, castellanizadas por las ventajas de promoción administrativa o el comercio con las Indias. En las Cortes de Cádiz, los diputados catalanes pidieron la devolución de los fueros suprimidos por Felipe V71, pero, en cambio, la Junta General de Cataluña apostó por la uniformización legal. A su vuelta, Fernando VII fue recibido en loor de multitudes, como en el resto de ciudades españolas, en Barcelona, el 22 de marzo de 1814. Es el único -14 que los nacionalistas no consideran oportuno conmemorar.

A diferencia de los amotinados del Dos de Mayo, los diputados liberales de las Cortes de Cádiz sí que tratan de plantear su tarea como un acto de soberanía de la nación en la línea de lo promulgado en Francia y se declaran en pleno de derecho de ejercerla aunque el rey legítimo esté ausente. Hicieron extensible la nacionalidad española a los habitantes de las colonias, aunque exceptuando a indios y negros y negándose a una representación proporcional en la que los peninsulares siempre saldrían perdiendo; un aspecto que se ha obviado oportunamente en los actos de celebración del bicentenario de la Constitución, en cuya redacción tanto se ha recalcado que participaron delegados de ambos hemisferios.

Las Cortes de Cádiz discutieron, por cierto, sobre un texto inicial redactado íntegramente por Antonio Ranz Romanillos, que cuatro años antes fue secretario de la Junta de Notables de Bayona, traductor al español de la Constitución otorgada por Napoleón y luego consejero de Estado de José Bonaparte. Una continuidad que hace inevitable preguntarse si un acontecimiento tan alabado como la Guerra de la Independencia representó para España otra mejora que la de que esta vez fueran españoles no elegidos por nadie los autores de la Constitución, en lugar de franceses; una xenofobia equivalente a la de los nacionalistas catalanes y vascos cuando aborrecen de las leyes que fueron modernizando sus territorios sólo por que su paternidad fuera castellana. Todo ello a costa de seis años de muerte y destrucción. A uno le asalta la duda de si no habría sido más rentable hacernos liberales por obra y gracia del Napoleón a quien expulsó del suelo patrio un pueblo llano que no era precisamente liberal.

Cuando estalló la rebelión, las élites intelectuales ensalzaron la valentía y autenticidad del pueblo, que había salvado a España con su insurrección contra los franceses, y llegaron a identificarlo con la nación, aunque ningún villano fuera invitado a debatir la Constitución. Pero no tardarían en darse cuenta de que mantenían dos guerras diferentes: las clases bajas volvieron a movilizarse para recibir a su deseado Fernando VII en 1814, y en cambio, no lo hicieron para enfrentarse a la nueva invasión francesa, la de los Cien Mil Hijos de San Luis que le repusieron en el trono en 1823 aniquilando el Trienio Liberal. Para Álvarez Junco, “la razón es obvia: las redes que movilizaron al pueblo en 1808 no quisieron volver a hacerlo en 1823”. El citado Despertador Cristiano-Políticoya les había adelantado alguna pista al afirmar que los filósofos, al tratar de introducir en España las ideas triunfantes en Francia, encontraron “insuperables obstáculos en el clero, monarcas y nobleza”72.

Sin embargo, la vida siguió y la alianza del tradicionalismo con Fernando VII se enturbió en los últimos años del monarca por ciertas medidas que los conservadores consideraron una cesión a los liberales, entre ellas la abolición de la ley sálica. A su muerte, los mismos círculos que movilizaron el levantamiento nacionalcontra los franceses incorporaron a sus seguidores al ejército de los partidarios de Carlos María Isidro frente a la regente María Cristina y sus aliados liberales. Su lema era “Dios, patria, rey”, curiosamente el mismo que se había entonado en la guerra contra las tropas de la Revolución Francesa. Los liberales debieron de comprender por fin que las palabras “patria” y “nación” son polisémicas.

Una vez en el poder, éstos últimos se pusieron a la tarea de fijar la acepción que ellos manejaban y “hacer a la nación española una nación, que no lo es ni lo ha sido hasta ahora”, como reconoció Alcalá Galiano en 1839 al comprobar lo efímero de la obra de Cádiz. De hecho, tal y como detalla Inman Fox73, los liberales fueron los verdaderos constructores de la identidad española, aunque al siglo siguiente se la apropiara la derecha otorgándole una interpretación muy distinta.

El nicho pendiente de la Historia nacional lo cubrió la de Modesto Lafuente, publicada entre 1850 y 1867. La historiografía liberal adoptó como propios a todos los antepasados que hubieran protagonizado resistencias a la autoridad y defensa de la libertad: desde Numancia, Sagunto y Viriato hasta los comuneros y Pau Clarís, pasando por las Cortes medievales, a las que se perdonó su defensa de privilegios heredados, y la propia Reconquista. Siempre con Castilla como eje vertebral de la nación española, pero criticando el autoritarismo tanto de los Austrias como de Fernando VII. La Guerra de la Independencia sería el último episodio de esta intrínseca tendencia española a la libertad. En este momento, cabe recordar, en toda Europa el liberalismo y el nacionalismo marchan de la mano contra el enemigo común, que son las monarquías absolutas.

A confirmar las esencias nacionales contribuyen las primeras historias de la literatura española, donde se trata de fijar una constante que encuentra en los autores hispanos la misma individualidad, virilidad, belicosidad, pasión e independencia; los románticos españoles, como los alemanes, consideran que la literatura vital y perdurable es la que mejor refleja el alma nacional. Asimismo se promueven, como en el resto de Europa, la pintura histórica y la música nacional.

Pero la vida seguía, y, a la vez que el romanticismo perdía sus connotaciones revolucionarias y se iba haciendo más conservador, la derecha moderada, ahora en el poder, descubrió que ella también podía hacer suyo el concepto de nación, sólo que localizando la esencia española en el catolicismo y la tradición social y cultural y justificando su defensa como una defensa de la propia España; el franquismo asumiría íntegramente esta lectura nacionalcatólica, ofreciendo desde entonces un blanco doble y una útil caricatura a los nacionalismos periféricos de izquierda. Simétricamente, el liberalismo español de fin de siglo se fue volviendo anticlerical por el apoyo de la Iglesia a los carlistas y, en sus posteriores relatos nacionales, le echó la culpa de todas las desgracias y errores que en la Historia de España habían sido 74.

En conclusión, la Guerra de la Independencia, como levantamiento tradicionalista que fue, acabó siendo patrimonializada por la derecha, pero los liberales siguieron destacando su carácter de rebeldía y lucha por la libertad obviando su motor ideológico. Llegó a convertirse en el mito de todos. Por un punto pasan infinitas rectas y un acontecimiento también puede ocupar un eslabón en dos interpretaciones históricas antitéticas. Si existe una nación española dotada de un volksgeist coherente a través de los siglos, al menos una de las dos versiones no puede ser correcta, porque son casi contrarias. Sólo coinciden en una cosa: en ninguna de las dos encontraron acomodo los afrancesados, los primeros representantes en España de la sensibilidad que inventó la nación política e impulsó las Cortes de Cádiz. Al parecer los apodos sí que tienen el poder de tirarte por la borda de la nación en marcha.

LOS FUEROS VASCOS

Si la gran reivindicación histórica del nacionalismo catalán es la recuperación de las constituciones, los códigos jurídicos y la autonomía política que le sustrajeron los Decretos de Nueva Planta, la del nacionalismo vasco es muy similar: la devolución de sus fueros, derogados en parte por la ley abolitoria de 1837 tras la guerra carlista. La diferencia entre ambas pérdidas es que, por mor de los insondables vericuetos del azar, los fueros vascos permanecen parcialmente vigentes, actualizados en forma de concierto económico, y los supuestos derechos históricos que los justifican están reconocidos formalmente en la Constitución.

El sintagma derechos históricos es en sí un oxímoron, porque, como ya comenté al principio de este capítulo, la Historia no da derecho a nada. ¿Puede alguien calcular cuántas instituciones, costumbres, privilegios y prebendas habría que exhumar, en contra de los usos, valores y derechos reconocidos en el mundo actual, si hubiera que respetar las prerrogativas que una vez tuvieron los antepasados de cualquier individuo o colectivo? Y es también un anacronismo, porque hasta cuatro siglos después del establecimiento de los fueros, los derechos políticos no se conciben en ninguna parte del mundo. En el XIV, lo único que se contemplaba era el derecho de conquista.

A la interpretación que el nacionalismo vasco hace de los fueros como la soberanía perdida de la nación habría que objetarle, para empezar, lo mismo que al nacionalismo catalán cuando remonta la suya a las Cortes medievales: por definición, no puede relacionarse la idea del conjunto de ciudadanos libres e iguales ante la ley con unas instituciones cuyos integrantes no eran elegidos de ningún modo por sus convecinos y tenían privilegios a los que no podían acceder éstos. Hasta qué punto desorientará la inercia de ver las naciones como entes reales, que para los nacionalistas demócratas de hoy tiene más importancia el hecho de que los privilegiados fueran de su tierra que el que fueran privilegiados.

Pero, además, en el caso vasco podemos añadir otra contradicción: si los fueros revelaran una pretérita independencia, ésta no sería la de Euskadi, sino la de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava por separado, además de Navarra. El desvarío de las justificaciones retrospectivas de los nacionalistas de esta región no consiste en que el País Vasco no haya existido nunca como comunidad política, según alegan los nacionalistas españoles apelando a la misma Historia a la que invocan sus colegas centrífugos, sino en que el propio argumento de éstos últimos conduciría a tres (o cuatro) naciones distintas.

Los fueros no eran leyes que rigieran en todo el actual País Vasco, sino en cada uno de los territorios. Las instituciones forales de cada uno de ellos tenían poderes, competencias y funciones muy heterogéneas entre sí. Pero, además, las normas forales regulaban campos jurídicos muy concretos de autogestión financiera y exenciones militares; en todos los demás, los vascos vivían de acuerdo con las leyes castellanas y luego españolas75. Es decir, nunca justificarían una soberanía total, sino en todo caso una serie de competencias exclusivas.

En ningún caso discutían la soberanía del rey, ni siquiera cuando éste los violaba puntualmente con hechos consumados, y las oligarquías que ocupaban las instituciones pedían su intervención cuando las clases bajas se rebelaban en las llamadas machinadas. Los tumultos solían deberse a que los nobles trasladaban a tasas al consumo el donativo que debían pagar a la Corona en virtud del fuero76, que hacía las veces de impuesto aunque fuera menor que en otros reinos. Este privilegio lleva a Antonio Elorza a ironizar que, cuando los fueristas glosaban el “paraíso” en que sus leyes habían convertido una tierra tan agreste como el País Vasco, a lo que se referían era a un “paraíso fiscal”77.

Posiblemente, los fueros vascos y navarros sean uno de los corpus legislativos del mundo más favorecidos por el azar de la Historia. Primero, se libraron de los Decretos de Nueva Planta por haber apoyado estas provincias a Felipe V. Curiosamente, si hubieran sido entronizados el Archiduque Carlos o José Fernando, el elector de Baviera que sonó como aspirante pero falleció en 1699, estaba pactado que Guipúzcoa pasaría a Francia como compensación; de esas menudencias dependen las lealtades e identidades nacionales, a las que tanta trascendencia se da.

Luego, el cese de Godoy les salvó providencialmente de ser suprimidos, porque el valido estaba decidido a ello, harto de que en plena guerra contra la Convención francesa los vascos y navarros no pudieran ser reclutados más que para operaciones defensivas. El informe que le proporcionaron sus juristas declaraba que “semejantes fueros, o no han existido, o no son de la calidad que quieren sus naturales”. Cuando la Constitución de 1812 los abolió, la diputación de Navarra y las juntas de Álava y Guipúzcoa juraron el texto, pero la de Vizcaya no llegó a hacerlo; envió a dos emisarios a Cádiz a ver “si, recibida la Constitución española, era preciso renunciar absolutamente a la vizcaína, o si eran conciliables en todo o en parte las ventajas de las dos”. La Junta Central impuso la Constitución en toda España en noviembre, pero Fernando VII la derogó sin que la Junta vizcaína la hubiera aceptado formalmente78.

Tras varios rechazos de las Cortes navarras a trasladar la aduana a la frontera, el rey emitió una Cédula en 1829 ordenando que las reales órdenes se cumplieran “por encima de cualquier fuero y leyes” hasta que la Junta creada por Godoy en 1796 examinara el origen de los particularismos legales. Consecuentemente, en la guerra carlista, los fueristas, temiendo la uniformización legislativa, apoyaron a Carlos María Isidro. La victoria liberal debía suponer el fin de los fueros; sin embargo, la ley de 1839 los confirmó “sin perjuicio de la unidad constitucional del Estado”, un eufemismo para derogarlos pero que obligó a Espartero a sofocar la octubrada cuando disolvió las juntas.

Como las naciones, insistimos, no tienen una sola personalidad y unos intereses y anhelos unívocos, los comerciantes vascos celebraron el traslado de las aduanas a la frontera con Francia, porque dejaban de pagar aranceles, pero las diputaciones y las oligarquías, que los cobraban, lo presentan como un castigo a toda la región. Para no calentar la situación, el decreto de 1841 no mencionaba los privilegios fiscales ni los militares y los gobiernos sucesivos se abstuvieron de pedir impuestos y quintas. Como se había derogado el sistema foral, los donativos que éste preveía tampoco se entregaban. A Navarra, por la llamada Ley Paccionada de ese mismo año, se le asignó una cuota fija al erario menor que la contribución del resto de España y pudo decidir dónde se empleaba parte de la misma.

Los moderados no tocaron los impuestos ni los reclutamientos en las provincias vascas, pese a lo poco convincente del argumento de los fueristas de que los fueros eran igual que constituciones decimonónicas y debían extenderse a toda España. En opinión de Antonio Elorza, “se dio una coordinación aparentemente contradictoria entre fuerismo y régimen moderado, a pesar de lo que en éste último representaba la centralización. Para los moderados, la persistencia del régimen foral significaba el mantenimiento de un régimen político restrictivo, bajo la dirección de la oligarquía agraria y por consiguiente conciliable en términos de interés de clase con el bloque de poder asentado en el resto de la monarquía”79. En realidad, señala Jon Juaristi, “no hay contradicción, no puede haberla, entre fuerismo y régimen moderado, por la sencilla razón de que el fuerismo es la expresión vascongada y navarra del moderantismo español”, que exaltaba el pasado, la tradición y el terruño. El País Vasco, con un orden social legitimado y sin oposición de progresistas o internacionalistas, “es la utopía de la España conservadora”80.

Finalmente, tras la nueva derrota de los carlistas apoyados por los fueristas intransigentes, Cánovas del Castillo llamó a las diputaciones vascas a discutir en Madrid la ley de 1876, que deroga los fueros aunque mantiene las instituciones forales, y acuerda con ellas el concierto económico, que inicialmente se paga en especie. Un arreglo que el liberal guipuzcoano Fermín Lasala reconocerá que era “verdaderamente generoso y sorprendentemente beneficioso”81. Los industriales ricos eran los máximos beneficiarios de la abolición de un régimen aristocrático del que ellos no sacaban ninguna ventaja, y ahora ganaban con el mercado único español y encima pagarían menos impuestos. Una prueba más de que siempre hay nacionales que salen beneficiados con las medidas que los nacionalistas quieren ver como una agresión a la nación.

Es lo que le parecía la abolición de los fueros a Sabino Arana, y con él a todo el PNV hasta nuestros días. Los nacionalistas presentan una serie de normas específicas y limitadas como una soberanía política conculcada por un ejército extranjero, aunque, como puntualiza Juaristi, la mayoría de los carlistas que perdieron en 1839, y el general Zumalacárregui el primero, eran integristas católicos sin ningún apego a las reivindicaciones territoriales82. De hecho, los fueristas de la segunda mitad del XIX tampoco entendían las normas abolidas como una soberanía, sino como un pacto con el rey de Castilla, y no reclamaban independencia alguna.

Menos importancia les daban todavía Unamuno y Pío Baroja. El primero pedía en sus años mozos “no que nos dejen gobernarnos”, sino “gobernar a los demás, por ser los más capaces de hacerlo”83. Y Baroja, siempre tan ácrata, exclamaba: “Queremos fueros, dicen los nacionalistas vascos, leyes diferentes al resto de España. ¿Para qué? ¿Qué tenéis que defender? ¿Qué dirección espiritual teméis que se vaya a malograr? Yo no veo más sino que queréis que haya más intolerancia religiosa, más frailes, más procesiones, más entronizaciones y más faramalla clerical de aire judaico”84.

Después del paréntesis franquista, que derogó las instituciones de Vizcaya y Guipúzcoa, provincias traidoras, pero mantuvo las de Navarra y Álava, así como el concierto económico, se llegó al debate sobre la Constitución, y los diputados del PNV, que afirmaban que la suya eran los fueros, pidieron su devolución total, la derogación de la ley de 1839 y el reconocimiento de los “derechos históricos”. Al no conseguirlo, se retiraron de las Cortes. Al final la Constitución incluyó la disposición adicional que reconocía “los derechos históricos de los territorios forales”, aunque aclarando que su actualización “se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía”.

El anteproyecto de Estatuto precisó la forma de gestionar el concierto: “La aportación del País Vasco al Estado consistirá en un cupo global, integrado por los correspondientes a cada uno de sus territorios, como compensación a la incidencia en el País Vasco de los servicios que se reserve el Estado y como, en su caso, aportación al fondo de compensación interterritorial”. En junio de 1979, a punto de constituirse la ponencia con el Gobierno central, UCD publicó un documento en el que apoyaba la voluntad del pueblo vasco de recuperar sus instituciones de autogobierno” y aseguraba que el sistema foral es “peculiarmente hispánico”; un enfoque reveladoramente similar al que según Elorza y Juaristi sustentó la aquiescencia de los moderados del siglo XIX.

El PSOE y el PCE también dieron su aprobado al cupo, que para Santiago Carrillo era un mecanismo técnico “y, como tal, no necesariamente injusto ni creador de privilegios”, en tanto que Felipe González, aun aclarando que no le gustan los conciertos, decía que, si no hay privilegios, estaba dispuesto a negociarlos. González matizaba: “Igualdad de tratamiento no significa igualitarismo (…) el derecho a la igualdad significa ausencia de privilegios de unas comunidades respecto de otras, pero lógicamente la razón del proceso autonómico es reconocer la especificidad de cada una de ellas». Euzkadiko Ezkerra proponía avisar que el Estatuto no implicaba una renuncia a los “derechos históricos” de los vascos y deseaba incluir el derecho de autodeterminación, que los partidos de izquierda mayoritarios habían eliminado de sus estatutos antes de las elecciones de 1977.

Finalmente, se aprobó el concierto económico y el cupo y que el País Vasco contaría con una Hacienda autónoma. Y también la disposición adicional sobre la no renuncia a los derechos que al pueblo vasco “le hubieran podido corresponder en virtud de su historia”, pero puntualizando que “sólo podrán ser actualizados de acuerdo con lo que establezca el ordenamiento jurídico vigente”. La Ley de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (1982) hizo lo propio con los privilegios de esta comunidad y le sigue sirviendo de Estatuto.

En suma, si el contenido especial de los fueros eran los privilegios fiscales y las exenciones militares, los primeros se mantienen a través del concierto y las segundas dejan de tener sentido con el ejército profesional. Aun así, los partidos nacionalistas vascos se encargan de poner el grito en el cielo por las más inofensivas maniobras que ejecuten las Fuerzas Armadas en su territorio, como las de Elgeta en 2012. La irracionalidad y anacronismo de la excepcionalidad fiscal vasca siguen vigentes a la espera de que la UE haga algo más que amagar con denunciarla. En octubre de este año, el inminente nuevo lehendakari Iñigo Urkullu volvió a insistir en que la legitimidad de las instituciones vascas viene dada por sus “derechos históricos”, es decir, por los supuestamente alojados en los fueros. Y el PSE apeló a ellos una vez más en su congreso de febrero de 2013.

Un poco por sorpresa, el secretario general del PSC, Pere Navarro, sugirió en junio eliminar los conciertos económicos vasco y navarro como primer paso para implantar una financiación justa entre todas las comunidades autónomas, pero la dirección del PSOE le contradijo apelando a que están consagrados en la Constitución y el propio PSE le recriminó que los problemas de Cataluña “no son consecuencia del Concierto Económico”. Entre los partidos vascos, únicamente Unión, Progreso y Democracia (UPyD) se atrevió en septiembre de 2013 a proponer la supresión de esta injusta “sobrefinanciación” de dos comunidades respecto a todas las demás. A nivel nacional, hizo otro tanto Ciudadanos en mayo de 2015, de cara a las elecciones municipales y autonómicas, y en septiembre su presidente, Albert Rivera, aunque finalmente la propuesta para las generales de diciembre se quedó en actualización del cupo. Los demás, nacionalistas o no, no tenían empacho en acudir a pseudolegitimaciones de carácter histórico, haciendo escala o no en la Carta Magna, para mantener su secular privilegio. Como si el presente tuviera algún deber moral para con el pasado y el pasado debiera ser, así, el dueño del futuro.

1 Anne-Marie Thiesse: La création des identités nationales. Europe XVIIIe-XXe siécle; París, Editions du Seuil, 2001; pág. 21.

2Bruce King: The New English Literatures; Londres, MacMillan, 1980; pág. 42.

3Edwin Cannan: History of the theories of production and distribution in English political economy from 1776 to 1848; Londres, 1894; pág. 10 y ss.

4Benedict Anderson: Imagined Communities; Londres, Verso, 1983; pág. 181.

5 Otto Bauer: “The Nation”, en Gopal Balakshrinan (ed.): Mapping the Nation; Londres, Verso, 1996; pág

6 Timothy Brennan: “The national longing for form”, en Homi K. Bhabha: Nation and Narration; Londres-Nueva York, Routledge, 1990; pág. 45.

7 Simon During: “Literature – Nationalism’s Other?”, en Homi K. Bhabha (ed.) .): Nation and Narration; Routledge, Londres y Nueva York, 1990., pág. 145.

8 Ernest Renan, “What is a Nation?”, en Homi K. Bhabha: Nation and Narration; Londres-Nueva York, Routledge, 1990; págs. 8-20.

9 Geoffrey Bennington: “Postal politics ant the institution of the nation”, en Homi K. Bhabha, íbid., pág. 132.

10Eric Hobsbawm y Terence Ranger (eds): La invención de la tradición; Barcelona, Crítica, 2002; pág. 20.

11 Hayden White: Metahistoria. La imaginación histórica en la Europa del siglo XIX; México, Fondo de Cultura Económica, 2001; pág. 9.

12 Timothy Brennan: “The national longing form”, en Homi K. Bhabha (ed.) : Nation and Narration; Londres y Nueva York, Routledge, 1990; págs. 48-49.

13 Anne-Marie Thiesse: La création des identités nationales. Europe XVIIIe-XXe siécle; París, Editions du Seuil, 2001; pág. 133.

14 Hugh Seton-Watson: Nations and States; Londres, Methuen, 1977, págs. 7, 43.

15 Eric Hobsbawm:Naciones y nacionalismos desde 1780; Barcelona, Crítica, 2000; págs. 81-82.

16 John Breuilly: Nacionalismo y Estado; Barcelona, Ediciones Pomares-Corredor, 1990, pág. 52.

17 Hugh Seton-Watson: Nations and States; Londres, Methuen, 1977, pág. 11.

18 Benedict Anderson: Imagined Communities; Londres, Verso, 1983; pág. 74.

19 María Rosa Lida de Malkiel: “Túbal, primer poblador de España”, Ábaco, núm. 3, 1970; págs. 11-48.

20 Jon Juaristi: El linaje de Aitor. La invención de la tradición vasca (2º ed.); Madrid, Taurus, 1998; pág. 200.

21 Andrés E. Mañaricúa: Historiografía de Vizcaya (de Lope García de Salazar a Labayru); Bilbao-Zalla, La Gran Enciclopedia Vasca, 1973

22 Andrés Sopeña: El florido pensil. Memoria de la escuela nacionalcatólica; Barcelona, Roca Editorial, 2005.

23 José Álvarez Junco: Mater dolorosa. La idea de España en el siglo XIX; Madrid, Taurus, 2001; págs. 206-216.

24 Luis González Antón: España y las Españas. Nacionalismos y falsificación de la Historia; Madrid, Alianza, 2007; págs. 45, 51.

25 Jon Juaristi: El linaje de Aitor. La invención de la tradición vasca (2º ed.); Madrid, Taurus, 1998; pág. 205.

26 Ramón d’Abadal: “Nota sobre la alocución ‘Marca Hispánica’”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 1957-58.

27 Luis González Antón: España y las Españas. Nacionalismos y falsificación de la Historia; Madrid, Alianza, 2007; pág. 84.

28 José Luis Martín: Las Cortes medievales; Madrid, Alba Libros, 2006; págs. 16, 23.

29 José Luis Martín: Las Cortes medievales; Madrid, Alba Libros, 2006; pág. 42.

30 John H. Elliott: La rebelión de los catalanes (1598-1640); Madrid, 1977, pág. 197.

31 José Antonio Maravall: Estado moderno y mentalidad social, vol. I; Madrid, Revista de Occidente, 1972; págs. 344, 391.

32 José Antonio Maravall: El concepto de España en la Edad Media; Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1964; pág. 148.

33 José Álvarez Junco: Mater dolorosa. La idea de España en el siglo XIX; Madrid, Taurus, 2001; pág. 51.

34 José Antonio Maravall: Estado moderno y mentalidad social, vol. I; Madrid, Revista de Occidente, 1972; pág. 152.

35 Jaime Vicens Vives, Política del Rey Católico en Cataluña, Barcelona, 1940, págs 26-27.

36Inman Fox: La invención de España. Nacionalismo liberal e identidad nacional; Madrid, Cátedra, 1997; págs. 41-42.

37 Pierre Vilar, Cataluña en la España moderna; Barcelona, Crítica, 1979 pág. 266

38 Joseph Perez: Isabel y Fernando. Los Reyes Católicos; Madrid, Nerea 1988; pág. 164.

39 Luis González Antón: España y las Españas. Nacionalismos y falsificación de la Historia; Madrid, Alianza, 2007; pág.185.

40 Pierre Vilar, Cataluña en la España moderna; Barcelona, Crítica, 1979, págs. 266, 304-309, 325, 332.

41 Victor Balaguer, Castilla y Aragón en el descubrimiento de América. Conferencia leída el 14 de marzo de 1892; Madrid, 1892.

42 Jaime Vicens Vives: Aproximación a la historia de España, 2ª edición; Madrid, 1960.

43 Inman Fox: La invención de España. Nacionalismo liberal e identidad nacional; Madrid, Cátedra, 1997; págs. 43-49.

44 Ramón Menéndez Pidal: Los españoles en la historia, Buenos Aires, 1959, pág. 114.

45 Ramón Menéndez Pidal: “Carácter originario de Castilla” en Castilla, la tradición, el idioma, Madrid, 1966, pág. 34.

46 Pere Coromines, Cartes d´un visionari, Barcelona, 1921, pág. 178.

47 Pierre Vilar: Cataluña en la España moderna; Barcelona, Crítica, 1979; pág. 185.

48 Claudio Sánchez Albornoz, España, un enigma histórico, vol. 2, Buenos Aires, 1957, págs. 477-480.

49 Pierre Vilar: Cataluña en la España moderna; Barcelona, Crítica, 1979; págs. 324-327.

50 Joan Reglà: Felipe II y Cataluña, Barcelona, 1956; pág. 169

51 John H. Elliott: La rebelión de los catalanes (1598-1640); Madrid, 1977.

52 Francisco Tomás y Valiente: Manual de historia del Derecho español, 3ª ed., Madrid, 1981, pág. 23.

53 Pierre Vilar: Cataluña en la España moderna; Barcelona, Crítica, 1979; págs. 419-420.

54 Albert Balcells, El nacionalismo catalán, Madrid, Historia 16, 1991; pág. 10.

55 Pierre Vilar: Cataluña en la España moderna; Barcelona, Crítica, 1979; pág. 451.

56 Joaquim Albareda Salvadó: La Guerra de Sucesión (1700-1714); Barcelona, Crítica, 2010; págs. 431-432.

57Joaquim Albareda Salvadó: La Guerra de Sucesión (1700-1714); Barcelona, Crítica, 2010; págs. 435-436.

58 Roberto Fernández Díaz y Ricardo García Cárcel: Los Borbón; Historia de España, vol. 8; Madrid, Espasa Calpe, 2004; págs 22, 498, 573.

59 Luis González Antón: España y las Españas. Nacionalismos y falsificación de la Historia; Madrid, Alianza, 2007; pág. 281.

60 Joaquim Albareda Salvadó: La Guerra de Sucesión (1700-1714); Barcelona, Crítica, 2010; pág. 363.

61 Joaquim Albareda Salvadó: La Guerra de Sucesión (1700-1714); Barcelona, Crítica, 2010; págs. 368-369.

62 Joaquim Albareda Salvadó: La Guerra de Sucesión (1700-1714); Barcelona, Crítica, 2010; págs. 388, 391, 398-399, 407-408.

63 Pierre Vilar: Cataluña en la España moderna;Barcelona,Crítica, 1979., pág. 453.

64 Albert Balcells, El nacionalismo catalán, Madrid, Historia 16, 1991, pág. 12.

65 Jaime Vicens Vives, Cataluña en el siglo XIX, Madrid, 1961, pág. 335.

66 Pierre Vilar: Cataluña en la España moderna; Barcelona, Crítica, 1979; pág. 93.

67 Horst Hina: Castilla y Cataluña en el debate cultural 1714-1939; Barcelona, Península, 1986; pág. 43.

68 Inman Fox: La invención de España. Nacionalismo liberal e identidad nacional; Madrid, Cátedra, 1997; pág. 117.

69 José Álvarez Junco: Mater dolorosa. La idea de España en el siglo XIX; Madrid, Taurus, 2001; págs. 121-123, 306.

70 Luis González Antón: España y las Españas. Nacionalismos y falsificación de la Historia; Madrid, Alianza, 2007; pág.337.

71 Joan Mercader, La ideología dels catalans de 1808, Barcelona, 1952, pág. 10.

72José Álvarez Junco: Mater dolorosa. La idea de España en el siglo XIX; Madrid, Taurus, 2001; pág. 141-42.

73 Inman Fox: La invención de España. Nacionalismo liberal e identidad nacional; Madrid, Cátedra, 1997

74 José Álvarez Junco:Mater dolorosa. La idea de España en el siglo XIX; Madrid, Taurus, 2001, págs. 401 y ss.

75 Juan Pablo Fusi: El País Vasco. Pluralismo y nacionalidad; Madrid, Alianza, 1984; págs. 188-190.

76 Jon Juaristi: El linaje de Aitor. La invención de la tradición vasca; Madrid, Taurus, 1998; pág. 28.

77 Antonio Elorza: Ideologías del nacionalismo vasco; San Sebastián, Haranburu-Altuna, 1978; pág. 54.

78 Luis González Antón: España y las Españas. Nacionalismos y falsificación de la Historia; Madrid, Alianza, 2007. pág.345.

79 Antonio Elorza: Ideologías del nacionalismo vasco; San Sebastián, Haranburu-Altuna, 1978; págs. 14-15

80 Jon Juaristi: El linaje de Aitor. La invención de la tradición vasca; Madrid, Taurus, 1998; pág. 26.

81 Luis González Antón: España y las Españas. Nacionalismos y falsificación de la Historia; Madrid, Alianza, 2007; págs.389-390.

82 Jon Juaristi: El bucle melancólico. Historias de nacionalistas vascos; Madrid, Espasa, 2000; pág. 53

83 Jon Juaristi: El linaje de Aitor. La invención de la tradición vasca; Madrid, Taurus, 1998, pág. 211.

84 Pío Baroja: Momentum Catastrophicum; Madrid, Rafael Caro Raggio, 1919, pág. 60.

 

 

 

[1]   Anne-Marie Thiesse: La création des identités nationales. Europe XVIIIe-XXe siécle; París, Editions du Seuil, 2001; pág. 21.

[2]    Bruce King: The New English Literatures; Londres, MacMillan, 1980; pág. 42.

[3]    Edwin Cannan: History of the theories of production and distribution in English political economy from 1776 to 1848; Londres, 1894; pág. 10 y ss.

[4]    Benedict Anderson: Imagined Communities; Londres, Verso, 1983; pág. 181.

[5]     Otto Bauer: “The Nation”, en Gopal Balakshrinan (ed.): Mapping the Nation; Londres, Verso, 1996; pág

[6]       Timothy Brennan: “The national longing for form”, en  Homi K. Bhabha: Nation and Narration; Londres-Nueva York, Routledge, 1990; pág. 45.

[7]   Simon During: “Literature – Nationalism’s Other?”, en Homi K. Bhabha (ed.) .): Nation and Narration; Routledge, Londres y Nueva York, 1990., pág. 145.

[8]   Ernest Renan, “What is a Nation?”, en Homi K. Bhabha: Nation and Narration; Londres-Nueva York, Routledge, 1990; págs. 8-20.

[9]    Geoffrey Bennington: “Postal politics ant the institution of the nation”, en Homi K. Bhabha, íbid., pág. 132.

[10] Eric Hobsbawm y Terence Ranger (eds): La invención de la tradición; Barcelona, Crítica, 2002; pág. 20.

[11] Hayden White: Metahistoria. La imaginación histórica en la Europa del siglo XIX; México, Fondo de Cultura Económica, 2001; pág. 9.

[12] Timothy Brennan: “The national longing form”, en Homi K. Bhabha (ed.) : Nation and Narration; Londres y Nueva York, Routledge, 1990; págs. 48-49.

[13]    Anne-Marie Thiesse: La création des identités nationales. Europe XVIIIe-XXe siécle; París, Editions du Seuil, 2001; pág. 133.

[14] Hugh Seton-Watson: Nations and States; Londres, Methuen, 1977, págs. 7, 43.

[15] Eric Hobsbawm:Naciones y nacionalismos desde 1780; Barcelona, Crítica, 2000; págs. 81-82.

[16] John Breuilly: Nacionalismo y Estado; Barcelona, Ediciones Pomares-Corredor, 1990, pág. 52.

[17]   Hugh Seton-Watson: Nations and States; Londres, Methuen, 1977, pág. 11.

[18] Benedict Anderson: Imagined Communities; Londres, Verso, 1983; pág. 74.

[19] María Rosa Lida de Malkiel: “Túbal, primer poblador de España”, Ábaco, núm. 3, 1970; págs. 11-48.

[20] Jon Juaristi: El linaje de Aitor. La invención de la tradición vasca (2º ed.); Madrid, Taurus, 1998; pág. 200.

[21] Andrés E. Mañaricúa: Historiografía de Vizcaya (de Lope García de Salazar a Labayru); Bilbao-Zalla, La Gran Enciclopedia Vasca, 1973

[22]        Andrés Sopeña: El florido pensil. Memoria de la escuela nacionalcatólica; Barcelona, Roca Editorial, 2005.

[23]   José Álvarez Junco: Mater dolorosa. La idea de España en el siglo XIX; Madrid, Taurus, 2001; págs. 206-216.

[24] Luis González Antón: España y las Españas. Nacionalismos y falsificación de la Historia; Madrid, Alianza, 2007; págs. 45, 51.

[25] Jon Juaristi: El linaje de Aitor. La invención de la tradición vasca (2º ed.); Madrid, Taurus, 1998; pág. 205.

[26] Ramón d’Abadal: “Nota sobre la alocución ‘Marca Hispánica’”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 1957-58.

[27]     Luis González Antón: España y las Españas. Nacionalismos y falsificación de la Historia; Madrid, Alianza, 2007; pág. 84.

[28] José Luis Martín: Las Cortes medievales; Madrid, Alba Libros, 2006; págs. 16, 23.

[29] José Luis Martín: Las Cortes medievales; Madrid, Alba Libros, 2006; pág. 42.

[30]   John H. Elliott: La rebelión de los catalanes (1598-1640); Madrid, 1977, pág. 197.

[31]   José Antonio Maravall: Estado moderno y mentalidad social, vol. I; Madrid, Revista de Occidente, 1972; págs. 344, 391.

[32]             José Antonio Maravall: El concepto de España en la Edad Media; Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1964; pág. 148.

[33] José Álvarez Junco: Mater dolorosa. La idea de España en el siglo XIX; Madrid, Taurus, 2001; pág. 51.

[34] José Antonio Maravall: Estado moderno y mentalidad social, vol. I; Madrid, Revista de Occidente, 1972; pág. 152.

[35]    Jaime Vicens Vives, Política del Rey Católico en Cataluña, Barcelona, 1940, págs 26-27.

[36] Inman Fox: La invención de España. Nacionalismo liberal e identidad nacional; Madrid, Cátedra, 1997; págs. 41-42.

[37] Pierre Vilar, Cataluña en la España moderna; Barcelona, Crítica, 1979 pág. 266

[38]             Joseph Perez: Isabel y Fernando. Los Reyes Católicos; Madrid, Nerea 1988; pág. 164.

[39] Luis González Antón: España y las Españas. Nacionalismos y falsificación de la Historia; Madrid, Alianza, 2007; pág.185.

[40]   Pierre Vilar, Cataluña en la España moderna; Barcelona, Crítica, 1979, págs. 266, 304-309, 325, 332.

[41] Victor Balaguer, Castilla y Aragón en el descubrimiento de América. Conferencia leída el 14 de marzo de 1892;  Madrid, 1892.

[42] Jaime Vicens Vives: Aproximación a la historia de España, 2ª edición; Madrid, 1960.

[43] Inman Fox: La invención de España. Nacionalismo liberal e identidad nacional; Madrid, Cátedra, 1997; págs. 43-49.

[44] Ramón Menéndez Pidal: Los españoles en la historia, Buenos Aires, 1959, pág. 114.

[45]   Ramón Menéndez Pidal: “Carácter originario de Castilla” en Castilla, la tradición, el idioma, Madrid, 1966, pág. 34.

[46]    Pere Coromines, Cartes d´un visionari, Barcelona, 1921, pág. 178.

[47]    Pierre Vilar: Cataluña en la España moderna; Barcelona, Crítica, 1979; pág. 185.

[48] Claudio Sánchez Albornoz, España, un enigma histórico, vol. 2, Buenos Aires, 1957, págs. 477-480.

[49] Pierre Vilar: Cataluña en la España moderna; Barcelona, Crítica, 1979; págs. 324-327.

[50]    Joan Reglà: Felipe II y Cataluña, Barcelona, 1956; pág. 169

[51]   John H. Elliott: La rebelión de los catalanes (1598-1640); Madrid, 1977.

[52]                                           Francisco Tomás y Valiente: Manual de historia del Derecho español, 3ª ed., Madrid, 1981, pág. 23.

[53]   Pierre Vilar: Cataluña en la España moderna; Barcelona, Crítica, 1979; págs. 419-420.

[54] Albert Balcells, El nacionalismo catalán, Madrid, Historia 16, 1991; pág. 10.

[55]     Pierre Vilar: Cataluña en la España moderna; Barcelona, Crítica, 1979; pág. 451.

[56]        Joaquim Albareda Salvadó: La Guerra de Sucesión (1700-1714); Barcelona, Crítica, 2010; págs. 431-432.

[57]          Joaquim Albareda Salvadó: La Guerra de Sucesión (1700-1714); Barcelona, Crítica, 2010; págs. 435-436.

[58] Roberto Fernández Díaz y Ricardo García Cárcel: Los Borbón; Historia de España, vol. 8; Madrid, Espasa Calpe, 2004; págs 22, 498, 573.

[59] Luis González Antón: España y las Españas. Nacionalismos y falsificación de la Historia; Madrid, Alianza, 2007; pág. 281.

[60]        Joaquim Albareda Salvadó: La Guerra de Sucesión (1700-1714); Barcelona, Crítica, 2010; pág. 363.

[61]        Joaquim Albareda Salvadó: La Guerra de Sucesión (1700-1714); Barcelona, Crítica, 2010; págs. 368-369.

[62]        Joaquim Albareda Salvadó: La Guerra de Sucesión (1700-1714); Barcelona, Crítica, 2010; págs. 388, 391, 398-399, 407-408.

[63] Pierre Vilar: Cataluña en la España moderna;Barcelona,Crítica, 1979., pág. 453.

[64]        Albert Balcells, El nacionalismo catalán, Madrid, Historia 16, 1991, pág. 12.

[65] Jaime Vicens Vives, Cataluña en el siglo XIX, Madrid, 1961, pág. 335.

[66] Pierre Vilar: Cataluña en la España moderna; Barcelona, Crítica, 1979; pág. 93.

[67] Horst Hina: Castilla y Cataluña en el debate cultural 1714-1939; Barcelona, Península, 1986; pág. 43.

[68] Inman Fox: La invención de España. Nacionalismo liberal e identidad nacional; Madrid, Cátedra, 1997; pág. 117.

[69]   José Álvarez Junco: Mater dolorosa. La idea de España en el siglo XIX; Madrid, Taurus, 2001; págs. 121-123, 306.

[70] Luis González Antón: España y las Españas. Nacionalismos y falsificación de la Historia; Madrid, Alianza, 2007; pág.337.

[71] Joan Mercader, La ideología dels catalans de 1808, Barcelona, 1952, pág. 10.

[72] José Álvarez Junco: Mater dolorosa. La idea de España en el siglo XIX; Madrid, Taurus, 2001; pág. 141-42.

[73] Inman Fox: La invención de España. Nacionalismo liberal e identidad nacional; Madrid, Cátedra, 1997

[74] José Álvarez Junco:Mater dolorosa. La idea de España en el siglo XIX; Madrid, Taurus, 2001, págs. 401 y ss.

[75] Juan Pablo Fusi: El País Vasco. Pluralismo y nacionalidad; Madrid, Alianza, 1984; págs. 188-190.

[76] Jon Juaristi: El linaje de Aitor. La invención de la tradición vasca; Madrid, Taurus, 1998; pág. 28.

[77] Antonio Elorza: Ideologías del nacionalismo vasco; San Sebastián, Haranburu-Altuna, 1978; pág. 54.

[78] Luis González Antón: España y las Españas. Nacionalismos y falsificación de la Historia; Madrid, Alianza, 2007. pág.345.

[79] Antonio Elorza: Ideologías del nacionalismo vasco; San Sebastián, Haranburu-Altuna, 1978; págs. 14-15

[80]   Jon Juaristi: El linaje de Aitor. La invención de la tradición vasca; Madrid, Taurus, 1998; pág. 26.

[81] Luis González Antón: España y las Españas. Nacionalismos y falsificación de la Historia; Madrid, Alianza, 2007; págs.389-390.

[82] Jon Juaristi: El bucle melancólico. Historias de nacionalistas vascos; Madrid, Espasa, 2000; pág. 53

[83]   Jon Juaristi: El linaje de Aitor. La invención de la tradición vasca; Madrid, Taurus, 1998, pág. 211.

[84]    Pío Baroja: Momentum Catastrophicum; Madrid, Rafael Caro Raggio, 1919, pág. 60.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s