La decisión

Creo haber argumentado suficientemente que las naciones no existen. Que los elementos que apuntalan la idea de nación, la supuesta identidad, cultura, lengua e Historia comunes que vincularían a todos los habitantes de un determinado territorio no tienen la menor consistencia y que no son, como debiera suponerse, las causas de la existencia de una nación sino precisamente las consecuencias de la presunción de que tal nación existe. Primero se ha de dar por sentada la realidad de la nación y luego los nacionalistas le echan la imaginación suficiente para figurar, haciendo las correspondientes cribas y sobreentendidos, que los individuos que habitan su territorio forman una comunidad y comparten esa identidad, esa cultura, esa lengua y esa Historia. Pero si no se partiera de la premisa de que tal nación existe, si no se contemplara el mundo como un paisaje compuesto naturalmente por naciones reales, a nadie se le ocurriría agrupar a los individuos de esa manera. Se trata, por tanto, de un argumento circular sin ninguna validez , no ya científica, sino racional.

 

Como señala John Breuilly, “en cuanto las personas dejaran de pensar en sí mismas como miembros de la nación, ésta dejaría de existir”[1]. Por tanto, para elucidar de una forma racional el gran debate que tiene España ante sí, lo primero que habría que hacer es una tabla rasa del concepto de nación: que todos los españoles, catalanes y vascos fueran conscientes de que esa idea que les han hecho interiorizar desde su más tierna infancia es una pura ilusión, una triste falacia, y por tanto nada se puede emprender ni argumentar en su nombre. Que se armaran de sentido crítico e ideas propias, que miraran el mundo y vieran solamente individuos que viven en sociedad y se organizan jurídica y administrativamente en entidades contingentes. Que no volvieran a pensarse a sí mismos como integrantes de un grupo al que pertenecen y que les pertenece. Ese día, estaremos en condiciones de ignorar a todo aquel que nos venga con el cuento de las naciones.

 

Admitiendo de antemano las escasas posibilidades que tiene un libro de cambiar una mentalidad tan arraigada, ésa sería la principal aspiración de este ensayo y lo único que realmente colmaría de satisfacción a su autor. Que la gente dejara de entender los adjetivos “español”, “catalán” y “vasco” como si fueran sustantivos, como si constituyeran una sustancia que define a las personas, porque no es cierto. Porque ser español, catalán o vasco no es nada; sólo una característica del individuo a efectos puramente administrativos, como lo que significaba el término nación en la Edad Media y Moderna, cuando describía la procedencia geográfica de los estudiantes de las universidades o los mercenarios del ejército español. Uno es español y/o catalán o vasco porque figura como tal en los censos de una entidad jurídica llamada España, Cataluña o Euskadi. Nada más.

 

El verano de 2011, disfrutaba con mi mujer de un paseo nocturno en uno de los vaporettos de los canales de Venecia cuando, al oírnos hablar en español, repararon en nosotros dos matrimonios catalanes que viajaban al lado. Nos preguntaron de dónde éramos y contestamos que de Madrid. Ellos sonrieron con una pizca de embarazo y, como tentando el terreno, contestaron: “Uf, nosotros somos catalanes. No sé qué pensaréis de nosotros, sabemos que no caemos muy bien en Madrid”. Les contesté que ni mucho menos, que jamás se me ocurriría catalogar a una persona por el mero hecho de ser catalana, porque ser catalán, como ser español, no significa nada. También les dije que me daba la impresión de que a los catalanes les cuentan que caen peor en Madrid de lo que realmente caen, aunque reconocí que algunos comentarios realizados desde la España castellana daban pie a que lo pensaran. Hay idiotas en Madrid como los hay en Barcelona o en Bilbao, pero lo que les hace proferir determinados exabruptos no es que sean españoles, sino que son idiotas.

 

“Ya, son cosas de los políticos”, lamentaron, y, una vez diluidos los reparos que nunca debieran haberse suscitado, nos pasamos charlando amigablemente el resto del viaje de Venecia, de política y de fútbol. Se definieron como votantes de CiU y seguidores del Barça, y de vez en cuando a una de las mujeres le salían por inercia unas palabras en catalán. Nosotros la escuchábamos y entendíamos lo que podíamos, hasta que su marido le recordaba nuestra presencia y la señora retornaba sin problemas al castellano. Lo natural: una charla cordial entre dos grupos de personas normales que coinciden en un lugar y descubren que están al lado y tienen temas en común de los que hablar y un idioma en que pueden entenderse.

 

He recordado muchas veces aquella conversación. Y no ha dejado de inquietarme la constatación de que su reparo inicial, ese “¿De dónde sois? Uf, nosotros somos catalanes”, sonara más verosímil o pertinente, menos absurdo y disparatado, que si el intercambio hubiera sido: “¿De qué signo del zodiaco sois?”. “Capricornio”. “Uf, pues nosotros somos Géminis”. Cuando nuestra nacionalidad es exactamente igual de inherente a nosotros e igual de irrelevante para la configuración de nuestra personalidad que nuestro signo del zodiaco.

 

“Son cosas de los políticos”, explicaron ellos. Y sí, en parte tenían razón. De los políticos que, como Jordi Pujol en aquella conferencia de 2002, son conscientes de que si no son catalanes (o españoles, o vascos) no son nada. Pero no sólo es culpa suya: al fin y al cabo, ellos se ganan la vida haciendo ofertas que creen que van a ser bien recibidas en el mercado de los votantes. Lo grave es que se cumpla la ley de Say y la oferta cree su propia demanda. Eso ya es responsabilidad de los ciudadanos, que asumen sin pestañear las categorías que les inculcan y no se toman la molestia de cuestionar si tienen base real o no.

 

Son los ciudadanos los que se creen y se sienten españoles y/o catalanes o vascos, luego son ellos quienes tienen que hacer introspección y darse cuenta de que su nacionalidad representa una parte ínfima de su forma de ser, y esa parte sólo les configura porque les han enseñado a creer que les determina en una proporción mucho mayor. Son los catalanes y los vascos los que tienen que dejar de pensarse catalanes y vascos, y en consecuencia abjurar, por infantiles e improcedentes, de cualquier ilusión que les haga anhelar una Cataluña o un Euskadi independientes y de todo compromiso leal que alberguen con su construcción. Y son (el resto de) los españoles quienes tienen que dejar de pensar que lo son y abjurar, por los mismos motivos, de cualquier temor o repugnancia que les provoque la idea de una España sin Cataluña o Euskadi y de todo deber que sientan de mantener a toda costa su unidad. Todos debemos comprender que, sea cual fuere el desenlace, no será un menoscabo para nuestra nación. Porque ni España, ni Cataluña ni Euskadi son nuestras, ni tampoco son una nación. Es la condición necesaria para que, si un día me vuelvo a encontrar con las familias catalanas del vaporetto, charlemos con la misma normalidad que aquel día de 2011, se haya “realizado” o no la “plenitud nacional” de Cataluña, estemos juntos en España o estemos juntos en el mundo.

 

EL INTERÉS

 

Ha quedado claro que la tabla rasa que es imprescindible realizar para afrontar el debate afecta de la misma forma a la nación que actualmente es Estado y a las que en este momento son comunidades autónomas y algún día podrían convertirse en otra cosa. Mi planteamiento iguala todos los nacionalismos. Y, naturalmente, de alguna manera tienen que organizarse la sociedad catalana y la vasca. O bien lo hacen como entidades jurídicamente independientes desvinculadas de España o bien se mantienen, con un rango u otro, dentro del Estado actual. Vamos, que hay que elegir.  Hay que elegir sabiendo que hacerlo entre un Estado español y un Estado catalán o vasco es como escoger entre Alá y Jehová, entre mantener el año dividido de acuerdo con los meses actuales y pasar a hacerlo en función de los signos astrales. Ninguna de las opciones es más natural o auténtica que la otra, ninguna es más fiel al carácter de la gente, a su identidad, a su cultura o a su Historia. Cualquier distribución política o territorial será siempre una convención artificial producto de una serie de accidentes históricos. Hay que elegir partiendo de que las naciones no existen y de que, por tanto, ni la construcción de Cataluña o Euskadi ni la unidad de España son un fin en sí mismos que merezcan orientar la solución que finalmente se adopte.

 

Una vez hecho el esfuerzo de borrar absolutamente de nuestra cosmovisión la falacia de las naciones, una vez liquidado el pernicioso componente sentimental que enturbia la toma de decisiones y encona los ánimos de los patriotas de distintas naciones como si fueran enemigos, queda abierta la posibilidad de que la población de un determinado territorio considere racionalmente que le interesa alcanzar un estatus distinto al que tenía hasta el momento. No sé hasta qué punto las meras expectativas de interés, desprovistas de la épica y la emotividad del patriotismo, serían un incentivo suficiente para movilizar a una sociedad hacia la reclamación de un estado propio, pero, desde que la Stamp Act sobre las colonias norteamericanas incendió los ánimos para la revolución que llevó a la independencia de Estados Unidos, la motivación egoísta ha sido decisiva en el éxito de casi todos los movimientos nacionalistas que han logrado materializar sus planes.

 

Esa motivación, demasiado cruda y prosaica para ser reconocida en el poético ideario nacional, es, curiosamente, la más legítima para sustentar una reivindicación, porque no es refutable; puede revelarse equivocada, pero si alguien quiere algo por interés sólo a posteriori se podrá demostrar que no le convenía. Artur Mas admitió durante la campaña electoral de 2012 que, junto a los catalanes que sienten la conversión de Cataluña en un Estado independiente como un deber patriótico, otros muchos se habían sumado a la causa al entenderlo como un instrumento para “vivir mejor”, comprando así su promesa de que fuera de España habría menos paro, menos impuestos y mejores pensiones.

 

El acuerdo entre CiU y ERC tras las elecciones, la Declaración de Soberanía del Pueblo Catalán pactada por ambas formaciones y aprobada en enero de 2013 en el Parlament y el programa de Junts pel Sí para las elecciones catalanas de 2015 insistían en la necesidad de unas estructuras de Estado para hacer frente a la crisis, aumentar la prosperidad y mejorar el bienestar colectivo. El argumento recurrente de los partidos soberanistas era que el tener estructuras de Estado, sobre todo en materia económica y fiscal, adonde no llegaban las competencias autonómicas, dotaría a la Generalitat de los instrumentos necesarios para desarrollar políticas en favor de los catalanes que no pudieran ser recurridas al Tribunal Constitucional, y así corregir lo que pretendían presentar como un constante olvido o incluso discriminación por parte del Gobierno español. Por ejemplo, decían calcular que con tales estructuras de Estado el paro bajaría 10 puntos. Artur Mas reiteraría este planteamiento el 4 de agosto de 2015, un día después de firmar el decreto de convocatoria de las elecciones del 27-S

 

Al margen de que se trate de una hábil estrategia para captar el apoyo de ciudadanos que no son nacionalistas por vocación y para vender el mensaje de que el independentismo no es de índole nacionalista (así lo hizo el propio Mas en una entrevista en Le Figaro,  días después del 9-N; pronto refutaremos esta especie), el motivo del interés es el único que, mientras no se compruebe si se correspondía con la realidad o no, no se puede desmentir racionalmente. Desde Madrid se contrarrestaba el argumento con mensajes como el del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, quien calculó en septiembre de 2013 que el PIB de una Cataluña independiente bajaría entre un 20 y un 25%. En cuanto al País Vasco, se ha calculado que si se independizara de España perdería un 13% de su PIB[1], aunque el Gobierno autonómico anunció que encargaría su propio estudio al respecto.

 

El interés juega un papel fundamental en el paso de la fase B a la fase C de las tres que distinguía Miroslav Hroch en la evolución de los nacionalismos: de la etapa en la que la reivindicación nacionalista se limita a círculos intelectuales que empiezan a moverse de las pretensiones meramente culturales a las políticas a ese tercer estadio en el que las masas se hacen eco de las reclamaciones de las élites. En la misma línea, John Breuilly describe el inicio habitual de un movimiento nacionalista indicando que es “seguido de forma minoritaria en contra de la indiferencia y, a menudo, incluso la hostilidad de la mayoría de los miembros de la ‘nación’ en cuyo nombre actúan los nacionalistas”. Cabe recordar a este respecto que, en una fecha tan cercana como 2003, el número de catalanes que consideraban una prioridad la redacción de un nuevo Estatuto de Autonomía era francamente ínfimo. Nueve años después, las encuestas sitúan el número de catalanes que vería con buenos ojos la independencia en un porcentaje que va entre el 40% y el 55%.

 

“Un rasgo fundamental de todos los movimientos nacionalistas”, certifica Seton-Watson, “es que las élites sólo pudieron movilizar el apoyo de campesinos, comerciantes, artesanos y trabajadores fabriles porque muchas personas de estas diferentes clases sociales estaban descontentas con las condiciones políticas y sociales. Sin embargo, las élites nacionalistas orientaron el descontento hacia los movimientos nacionalistas en lugar de hacia el cambio económico (…) Sin esos descontentos, no habría habido movimientos, pero sin las élites nacionalistas los movimientos no habrían sido nacionalistas”[2].

 

Traduciendo los grupos sociales a la realidad del siglo XXI, es difícil encontrar un mejor diagnóstico para explicar el hecho de que Artur Mas escogiera un momento de crisis económica y paro para lanzar su propuesta soberanista. También para las declaraciones del líder de la izquierda abertzale Arnaldo Otegi, quien afirmó públicamente antes de las elecciones vascas de 2012 que la actual coyuntura es la mejor oportunidad para conseguir la independencia del País Vasco. Si el nacionalismo suele ofrecer la estampa de “una clase media incansable y un liderazgo intelectual tratando de incorporar y canalizar las energías de la clase popular para apoyar los nuevos estados”, según escribe Tom Nairn, no hay mejor momento para conseguirlo que una crisis en la que la población se ve acosada y desilusionada por el paro y los recortes sociales. A ello se une que, como recalcaron sin ningún disimulo Mas y Otegi, el Estado español se encontraba débil y su imagen internacional deteriorada, con frecuentes reseñas en la prensa extranjera que destacaban sus problemas económicos, políticos y sociales.

 

En lo que resulta un precedente bien sugestivo, Nairn vincula el nacimiento de los nacionalismos catalán y vasco en el cambio de siglo del XIX al XX a la pérdida de Cuba y Puerto Rico y la consiguiente crisis política y de confianza colectiva española. Para Nairn, la pérdida de prestigio mundial de España y la visualización de ventajas económicas redujeron el compromiso de Cataluña y el País Vasco con el Gobierno de Madrid[3]. Aunque, por ejemplo, John Breuilly no cree que se pueda relacionar las fluctuaciones de los nacionalismos periféricos españoles con factores externos[4], es obvio que el desprestigio de un país desincentiva el permanecer unidos a él.

 

En el caso catalán, la perspectiva de ventajas económicas también tiene un ejemplo claro en la posibilidad de ahorrar los 15.000 millones anuales (8% del PIB) de déficit fiscal que dice tener la Generalitat respecto al Estado español[5], un argumento que ha calado en la población catalana y que explica en buena parte el reciente auge del soberanismo. Otros estudios han puesto en duda que ese déficit sea superior al que registran las regiones ricas de otros países europeos y que compute todos los retornos y beneficios que favorecen a Cataluña[6]. Pero, aun en el caso de que la Generalitat tenga razón y salga perdiendo en su relación económica con España, se trata de un argumento que merece que nos detengamos un momento.

 

La queja que ha logrado aunar más apoyos a la causa del independentismo se basta para ridiculizar las denuncias de muchos intelectuales nacionalistas españoles de que el Estado estaba pagando el proceso soberanista catalán con los más de 10.000 millones prestados por el Fondo de Liquidez Autonómica con el objeto de garantizar la solvencia de la Generalitat. Cataluña es, obviamente, contribuyente neto a la Hacienda estatal de la que salen esos préstamos, por lo que en buena parte es su propio dinero el que, aportado a la caja común a través de los impuestos, vuelve a la comunidad a través de los créditos del FLA. Sin embargo, ese argumento reiterado por los soberanistas adolece de la misma limitación que señalábamos en relación a la identidad, la cultura, la lengua y la Historia: que parte necesariamente de la consideración de Cataluña como un todo orgánico. Desde el punto de vista de la contribuciones y desde el punto de vista de las inversiones. Se parte de que Cataluña contribuye y de que Cataluña recibe.

 

Sin embargo, no es Cataluña propiamente dicha quien arrastra un déficit fiscal con respecto al resto de España: son los ciudadanos de rentas altas de Cataluña y de todas las demás comunidades autónomas quienes presentan un déficit fiscal con respecto de aquéllos de rentas más bajas. Los no catalanes pudientes también padecerían un déficit fiscal con respecto a los catalanes humildes si se calculase qué porcentaje de las inversiones del Estado revierte en sus respectivos barrios, en lugar de contabilizarse lo que se invierte en el conjunto de la comunidad autónoma. Lo que ocurre, sencillamente, es que hay más ricos en Madrid, Baleares y Cataluña que en otras regiones del Estado. Por eso, en el cómputo global, estas comunidades autónomas tienen un déficit fiscal.

 

No obstante, en una hipotética Cataluña independiente, Barcelona capital también sería fiscalmente expoliada por las comarcas rurales del interior (un estudio de la antinacionalista Convivencia Cívica Catalana, que disgregaba por provincias, atribuyó a la de Barcelona un déficit fiscal de casi el 17% en 2014 respecto al conjunto de Cataluña) , algo que los nacionalistas jamás denunciarían. Se deduce, por tanto, que éstos consideran que las regiones prósperas de Cataluña tienen más deber de solidaridad con las zonas humildes de su comunidad que con las del resto de España. Es decir, que Cataluña es una nación: las primeras son suyas pero las segundas son ajenas.

 

Supongo que los independentistas de izquierda no habrán reparado en que, por esa regla de tres, habría que suprimir los fondos estructurales de la UE, que los países ricos sufragan en beneficio de las zonas rurales de los países pobres, y también la ayuda oficial al desarrollo del Tercer Mundo, o al menos supeditarlos a que las necesidades de las regiones deprimidas de los estados ricos hayan quedado completamente satisfechas. Antes de destinar ayudas al exterior, habría que hacer una lista de regiones, municipios y barrios según su renta per cápita y asegurarse, como defienden los nacionalistas catalanes, de que ninguno de ellos pierde puestos en el ránking, de acuerdo con el llamado principio de ordinalidad que reclamaron los partidos nacionalistas durante la elaboración del Estatut de 2006 y la propia presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, en octubre de 2012. No se puede criticar el déficit fiscal de Cataluña y a la vez defender la cooperación internacional. Sencillamente, no se puede.

 

Pero pasemos ahora de los territorios a los individuos. Si, en vez de haberse publicado las balanzas fiscales autonómicas, se conocieran y divulgaran las balanzas fiscales individuales, comparando lo que cada uno aporta al erario a través de sus impuestos y lo que recibe en razón de servicios sanitarios e educativos, de las infraestructuras de las que uno se beneficia directamente (que no son nunca todas las de su región) o de cualquier otro parámetro que se quiera incluir como prestaciones sociales, resultaría que una serie de individuos de toda España son contribuyentes netos, y otro número de ciudadanos son beneficiarios netos.

 

Entre los nacionalistas catalanes que protestan furibundamente que España les roba y engrosaron las manifestaciones de las sucesivas Diadas, poco menos de la mitad serán beneficiarios netos; entre ellos casi todos los integrantes de las reivindicativas juventudes de CiU y ERC, que por su edad estarán en la Universidad o no cobrarán un salario especialmente elevado. Basta con que uno no tenga unos ingresos muy altos, o bien sea estudiante o tenga hijos estudiando en un centro público, o bien sea anciano o tenga padres en la tercera edad, o bien se haya sometido a una operación cara en la Sanidad pública, o bien le hayan construido una autovía o una parada de metro de las que se beneficie todos los días, para que a ése no le esté robando nadie. Todo lo contrario: su saldo con Hacienda es positivo. Si toda esa gente viviera en una Cataluña sin déficit fiscal, su saldo sería, claro, aún más positivo, porque los impuestos de los contribuyentes netos catalanes no irían a inversiones en el resto de España sino que se quedarían en la región. Pero ahora no se les está robando nada; si hubiera que plantear el tema en sus propios términos, son ellos los que roban al conjunto de contribuyentes.

 

¿Qué significa esto? Pues que todos esos catalanes que exigen la independencia porque es intolerable el déficit fiscal que sufre Cataluña con el Estado, aunque ellos reciben más de lo que aportan, lo que están afirmando es, ni más ni menos, que, sólo por el hecho de ser sus “compatriotas”, de pertenecer a su misma “nación”, tienen más derecho a quedarse con el dinero de los impuestos de los catalanes ricos que otros españoles a quienes quizá les va peor en la vida. Ya salen ganando dinero en sus cuentas con el Estado. Lo que pasa es que quieren ganar más.

 

No digo que lo pretendan conscientemente; supongo que, de haber reparado en esto, no denunciarían el déficit fiscal porque se les caería la cara de vergüenza. Lo que pasa es que dan por hecho que las naciones existen como sujetos y que lo único que hay que comparar es el saldo entre Cataluña y España. No se les ocurre que también podría calcularse el implacable latrocinio que practican los estudiantes o los enfermos sobre los trabajadores o las personas que no necesitan acudir al hospital, o, en general, los pobres sobre los ricos. Eso que llaman expolio es lo que, siempre que no se trata de contraponer a Cataluña con España, ellos mismos conocen con el nombre de redistribución de la renta o justicia social, y pretende aliviar un poco la desigualdad de oportunidades a que se ven abocados muchos individuos por los ciegos mandobles del azar. Si Cataluña llega a ser independiente, más les vale a sus dirigentes que su método deductivo no siente precedente y los contribuyentes netos a las arcas públicas del nuevo Estado no reclamen un mejor trato fiscal o declaren la secesión con respecto a los beneficiarios.

 

De acuerdo con el razonamiento que he venido siguiendo a lo largo de este libro, el argumento del déficit no me merece ningún respeto porque parte de la consideración de la nación como sujeto y actor en lugar del individuo. Ahora bien, el interés, como decíamos, no es susceptible de refutar. Si los líderes políticos de un determinado territorio consiguen convencer a sus electores con un argumento falaz, es un asunto que compete sólo a éstos últimos. Y, si una mayoría de los habitantes dice “Muy bien, sabemos que esto no es solidario, pero nos queremos independizar para quedarnos con el dinero de los impuestos de nuestros ricos”, tampoco habría ninguna incoherencia que rebatir. La pretensión perdería todo el atractivo épico que contiene la rebelión contra la injusticia, que es el argumento favorito de todos los nacionalismos irredentos, pero sería un razonamiento lógico.

 

Sin embargo, esto nos permite enlazar con un aspecto interesante que ya quedó de manifiesto en el capítulo dedicado a la Historia: lo que los nacionalistas pretenden vender como el interés de la nación no lo es nunca el de todos sus ciudadanos, y a veces ni siquiera de la mayoría. Hannah Arendt escribió que “la nación es ese reino curiosamente híbrido en el que los intereses privados adquieren significancia pública[1].

 

Lo fue desde el principio: como apunta maliciosamente Elie Kedourie, parte de la idealización que los jóvenes románticos hicieron del Estado proviene de que ponían en él su esperanza de realizarse profesionalmente en un mundo intelectual dominado por los académicos y burócratas, y pretendían ejercer de guías espirituales del progreso estatal hacia la perfección[2]. Y ya vimos en el capítulo 2 que Breuilly atestiguaba que los proyectos nacionalistas son “el producto de ciertas situaciones políticas antes que la expresión de unas necesidades nacionales”. Tanto unos como otros están en su derecho. Si los líderes nacionalistas de entonces y de ahora consiguen realizar sus ambiciones personales, mesiánicas o electorales a costa del interés de la mayoría de sus conciudadanos, no será culpa de los primeros sino de que los segundos se han dejado embaucar.

 

Para el liberal Lord Acton, veíamos también entonces, la voluntad colectiva “se impone a los derechos y voluntades de los habitantes, absorbiendo sus intereses divergentes en el seno de una unidad ficticia”, en tanto que, desde una perspectiva marxista, Rosa Luxemburg advertía de que “cuando se habla del derecho de las naciones a la autodeterminación, se usa el concepto de nación como un todo, como unidad social y política homogénea. Pero ese concepto de nación es precisamente una de las categorías de la ideología burguesa que la teoría marxista ha sometido a una revisión radical, demostrando que detrás (…) se oculta siempre un contenido histórico concreto. En la sociedad de clases no existe la nación como entidad sociopolítica homogénea, sino que en cada nación hay clases con intereses y derechos antagónicos”[3]. Es particularmente dramático que partidos como ERC, la CUP e incluso Podemos, que se dicen o demuestran ser de izquierdas, hayan asumido con tanto entusiasmo esta mentalidad “burguesa”.

 

Obviamente, todos aquellos catalanes que ejerzan un trabajo vinculado a la administración estatal no iban a “vivir mejor” en una Cataluña independiente; de hecho, tendrían que buscarse otro empleo. Por su parte, los grandes empresarios quizás pagarían menos impuestos y podrían beneficiarse indirectamente del dinero que se ahorrarían sus conciudadanos al contar la administración regional con más fondos para sufragar sus servicios públicos (los barceloneses ricos se beneficiarían doblemente de ambas circunstancias si luego Barcelona capital se independizara del resto de Cataluña), pero a cambio tendrían que hacer frente a los gastos propios de un Estado, entre ellos un ejército si el Govern quisiera tenerlo, y podrían perder parte de su mercado.

 

Un hipotético boicot de los ciudadanos españoles a los productos de las empresas de una Cataluña independiente no sería justificable porque obedecería a un criterio puramente nacionalista: dejamos de consumir productos catalanes, no porque no nos convengan, sino en venganza porque su nación ha ultrajado a la nuestra. Tampoco, naturalmente, es de recibo el boicot que pidieron los independentistas en las redes sociales a finales de 2014 contra la empresa de cava Freixenet, que otros años había sufrido el de los nacionalistas españoles, por haber rodado un anuncio navideño en el que se brindaba “por los próximos cien años juntos”. Pero aquí, de nuevo, las motivaciones e intereses privados no son susceptibles de refutar racionalmente.

 

Lo mismo ocurre con el eventual veto de España al ingreso de Cataluña en la UE, un tema que ha sobrevolado constantemente el proceso soberanista. La literalidad de los tratados obliga a cualquier nuevo estado a ponerse a la cola para solicitar la admisión en la Unión y a contar con la aprobación unánime de los socios. Sucesivos portavoces de la UE reiteraron esta posición oficial cada vez que el Gobierno español o los medios de comunicación les han preguntado qué pasaría en caso de que Cataluña se independizara.

 

Lo hicieron la comisaria de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía, Viviane Reding, tras una carta del secretario de Estado español para la UE, Íñigo Méndez de Vigo, que se conoció en octubre de 2012; el presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, varias veces; el comisario de Economía, Joaquín Almunia, después de la Diada de 2013, y el comisario de Mercado Interior y Servicios, Michel Barnier, quien, en una rueda de prensa conjunta con el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, ocho días después de la cadena humana, observó que “nadie puede decir no comprender o no entender esa regla” y que la UE debe respetar “los tratados” europeos y las “constituciones” de cada país; es decir, “debe respetar la soberanía de los ciudadanos”. El presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy, reiteró esta posición en una visita a Madrid en diciembre, nada más conocerse la fecha pactada por los partidos nacionalistas catalanes para la consulta.

 

Mas, que a finales de diciembre envió una carta a Durao Barroso y los jefes de Gobierno de los países europeos, tuvo que lamentar en el balance de su primer año de legislatura, el 7 de enero de 2014, la “resistencia al cambio” que estaba exhibiendo la UE. Un importante giro en el discurso oficial de la UE lo dio Viviane Reding en Barcelona el 25 de febrero de 2014, al instar a ambos gobiernos a negociar “sin líneas rojas” pero siempre con el objetivo de mantener a Cataluña “dentro de España y de una Unión Europea fuerte”, porque una ruptura “no sería beneficiosa para nadie”.  Mes y medio después, el 14 de abril, el Gobierno catalán divulgó un informe que le había presentado el Consejo Asesor para la Transición Nacional, según el cual lo más probable era que una Cataluña independiente siguiera dentro de la UE o bien reingresara en un breve plazo, pues no había precedentes al respecto y la Unión se acabaría guiando por criterios “flexibles” y “pragmáticos”, atendiendo a circunstancias políticas y económicas y no legales.

 

Al día siguiente, preguntado al respecto, un portavoz de la Comisión, Alejandro Ullurzun, reiteró que los tratados de la Unión dejarían de aplicarse en Cataluña, pero el portavoz del Govern, Francesc Homs, le restó importancia al calificar sus palabras de mera declaración política, porque, insistió, no había ningún texto escrito que lo dejara así de claro, y la UE sólo lo emitiría una vez se hallara ante el hecho consumado de la independencia. Sin embargo, a comienzos de julio, el inminente nuevo presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, volvió a reafirmar, a pregunta de un eurodiputado de ERC, que la Unión no se inmiscuiría en un tema interno del Estado español y que el ingreso de Cataluña en ella no se lograría “mandando una carta”.

 

En julio y agosto de 2014, los máximos mandatarios francés y alemán, François Hollande en París y Angela Merkel en Madrid verbalizaron su defensa de la integridad territorial de los estados miembros de la UE. En el horizonte inmediato estaba el referéndum de independencia de Escocia del 18 de septiembre, que finalmente deparó la victoria de los partidarios de permanecer en el Reino Unido. Una vez pasado el 9-N, Hollande insistiría en diciembre en rueda de prensa con Rajoy en París en que el tema catalán competía sólo a la soberanía nacional de España, pero añadió que él quería una España “fuerte y aliada”. En enero de 2015 la Generalitat nombró a un representante ante la UE en la persona de Amadeu Altafaj, pero, cuando el eurodiputado español del PP  Santiago Fisas sacó el tema en pregunta al vicepresidente de la Comisión Frans Timermans, éste le negó toda representatividad: “Todo contacto oficial, nacional, regional o local con las autoridades de un Estado miembro debe hacerse a través de la representación permanente de dicho Estado miembro”.

 

A comienzos de abril, una vez firmado el acuerdo entre CDC y ERC para convertir en plebiscitarias las elecciones catalanas de septiembre, Rajoy volvió a insistir en que la Unión Europea no admitiría una Cataluña independiente, y Homs le volvió a contestar que la UE, y en general la política internacional, había terminado admitiendo cosas que dijo que nunca reconocería; sin ir más lejos, la aparición de nuevos estados soberanos en el Este de Europa que habían terminado adhiriéndose a la Unión.

 

A pocas semanas de iniciarse la campaña de las elecciones, de nuevo Merkel y Cameron terciaron para disuadir a los electores de votar a favor de la independencia. En sendas ruedas de prensa con Rajoy, la canciller alemana reiteró que los tratados de la Unión defienden la integridad territorial de los estados miembros y el primer ministro británico que, en caso de secesión, Cataluña saldría de la UE y tendría que ponerse “a la cola” de los países que solicitan ingresar para volver a entrar en ella. Y, ya en campaña, el día 15, el presidente de EEUU, Barack Obama, deseó durante la visita de Felipe VI “una España fuerte y unificada”, y, el 17, la Comisión Europea insistió: “Si una parte de un Estado miembro deja de ser parte de ese Estado porque se independiza, los Tratados ya no se aplicarían a este territorio” y esa región “se convertiría en un país tercero, que debería solicitar su entrada” y “estaría automáticamente fuera de la Unión”. El 9 de noviembre, cuando el Parlamento catalán aprobó la propuesta de resolución de inicio del proceso de secesión y la desconexión legal con España, Merkel exigió el cumplimiento de la legalidad vigente.

 

A comienzos de mayo de 2016, el nuevo presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no logró más receptividad que Mas entre las autoridades de la Unión Europea en un viaje que emprendió a Bruselas, y en el que el presidente de la Comisión, entonces ya Jean-Claude Juncker, no quiso reunirse con él. La Generalitat alegó que no se había producido propiamente una petición de encuentro, pero los medios de comunicación y la propia Comisión certificaron que sí. Puigdemont; su vicepresidente, Oriol Junqueras; y su consejero de Asuntos Exteriores, Raül Romeva, tampoco obtuvieron un apoyo oficial de las instituciones europeas en la conferencia que pronunciaron en Bruselas el 24 de enero de 2017. Por estas fechas, se conoció que Romeva sólo había logrado reunirse con un ministro camboyano en el año largo que llevaba en el cargo buscando apoyos para el proceso independentista.

 

Incrementando el tono admonitorio, el nuevo presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, afirmó en febrero en visita a España que la UE nunca podría reconocer una independencia unilateral porque la Carta Magna española también es parte del marco legal europeo y por tanto “ir contra la Constitución es contra la UE”. Y el presidente del grupo parlamentario del PP europeo, Manfred Weber, suscribió por aquellos mismos días que “Europa no puede aceptar acciones al margen de la Constitución”. Rajoy aprovechó estas declaraciones en su visita a Roma el 25 de marzo para celebrar el 60 aniversario del tratado que creó la UE para avisar de que “a nadie se le ocurre en Europa dar su apoyo a alguien que vaya a transgredir la ley”, pero lo cierto es que el ya exministro García-Margallo acababa de reconocer en una entrevista en 13TV que España debía “muchos favores” a otros gobiernos (no económicos, aclaró) por haberse pronunciado abiertamente contra el proceso independentista.

 

No se refirió a ninguno en concreto, pero Merkel hizo seis días más tarde, en la reunión del PP europeo, la declaración más rotunda de los últimos tiempos contra cualquier proceso de independencia. “No hay que tocar el principio de unidad territorial. Debemos decir alto y claro que los nacionalismos y separatismos que intentan debilitar la Unión Europea son lo contrario de un patriotismo moderno. Los que atentan a la unidad europea, amenazan también a sus propias comunidades, debilitando su propia soberanía estatal”, aseveró. “El principio de integridad territorial no debe ser puesto otra vez a prueba después de la Segunda Guerra Mundial”. Y el 12 de abril, tras una gira de Puigdemont por EEUU para recabar apoyos al referéndum, la Embajada norteamericana en Madrid difundió un comunicado en el que reiteró que Estados Unidos “está profundamente comprometido en mantener la relación con una España fuerte y unida”.

 

En estos años de proceso soberanista, el Gobierno, especialmente por boca del propio García-Margallo, ha recordado constantemente los perjuicios que ocasionaría a una Cataluña independiente salir de la UE, desde la pérdida de las ayudas comunitarias hasta la huida de las inversiones extranjeras, pasando por la falta de competitividad que tendrían las exportaciones catalanas si se vieran gravadas con aranceles, la dificultad para financiarse en los mercados de deuda y la pérdida de influencia en las decisiones económicas y monetarias, aunque el euro pudiera seguir siendo la moneda de curso oficial. Las encuestas reflejaban un lógico descenso de los deseos de independencia de los catalanes en caso de que ésta supusiera quedar fuera de la UE.

 

El que desde Madrid se recordara con tanta insistencia que una Cataluña independiente quedaría fuera de la UE y para retornar a ella necesitaría la unanimidad de todos sus miembros dejaba entrever que España estaría dispuesta a vetar su reingreso, pese a la irracionalidad que supondría que un Estado perjudique a sabiendas a sus exciudadanos por pura venganza que ofrecer en sacrificio a la diosa nación ofendida, y a lo mal que conjugaba esta disposición al veto con el énfasis que, a lo largo de estos años, muchos miembros del Gobierno y dirigentes del PP ponían en subrayar su cariño a Cataluña y los catalanes y que España también les pertenece y no puede concebirse sin ellos. Rajoy exhibió repetidas veces su preocupación por los catalanes afirmando que no les quería fuera de la UE y reprochando a Mas que pretendiera sacarles de ella, pero obviaba el hecho de que prolongar o acabar con esta exclusión, si Cataluña se independizaba, era algo que dependería de los estados miembros y muy especialmente de España.

 

Después del Consejo de Ministros del 2 de noviembre de 2012, Sáenz de Santamaría rehusó por dos veces aclarar si el Ejecutivo votaría en contra del reingreso catalán en la UE. Y, tras el pacto postelectoral entre CiU y ERC, García-Margallo trató de eludir la embarazosa evidencia pronosticando que el veto no vendría sólo de España, sino de todos los estados, partidarios de la tendencia a la unidad que constituye la esencia del proyecto europeo y poco amigos de los separatismos.

 

Sobre este particular, el caso de Cataluña y el de Escocia discurrieron en paralelo y sirvieron a los gobiernos de Madrid y Londres para lanzar mensajes indirectos a sus respectivos nacionalismos independentistas. Rajoy, a finales de noviembre de 2013, sin aclarar si vetaría su reingreso en la UE, avisó a los escoceses del peligro de quedar fuera de la Unión, en una referencia que todo el mundo entendió como extrapolable a Cataluña. El 18 de diciembre, el diputado de ERC Alfred Bosch preguntó a García-Margallo en una sesión de control si España vetaría a una Escocia independiente como resultado del referéndum pactado con el Gobierno de Londres, a lo que el ministro respondió que según lo que le transmitiera el Ejecutivo británico.

 

Exteriores volvió a ratificar esta posición en febrero de 2014, después de que unas declaraciones de Margallo al Financial Times diciendo que España no se inmiscuiría en el proceso escocés parecieran sugerir que Madrid no se opondría al ingreso de Escocia en la UE. A su vez, el Gobierno de David Cameron y el presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, advirtieron a Escocia de que España, con un problema análogo en su propio estado, podría vetar su entrada en la UE como país independiente. Cuando el no a la independencia triunfó en Escocia, Artur Mas reconoció que habría sido mejor que la UE tuviera ante sí otro caso además del hipotético catalán para flexibilizar su posición sobre el ingreso de estados desgajados de países miembros.

 

El tema escocés volvió a la palestra una vez que en junio de 2016 los británicos votaron mayoritariamente en referéndum por abandonar la Unión Europea, contra la voluntad de los escoceses, y la nueva primera ministra del Reino Unido, Theresa May, logró que las dos cámaras legislativas de Londres respaldaran su apuesta por una salida total, el llamado ‘Brexit duro’. En marzo de 2017, la ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, avanzó que, si se consumaba este tipo de salida, convocaría otro referéndum de independencia en 2018 o 2019, para que sus conciudadanos decidieran si querían permanecer en un Reino Unido fuera de la UE o no. Al rechazo de Londres se le unió el del nuevo ministro de Exteriores español, Alfonso Dastis, quien, sin duda consciente de los paralelismos con Cataluña, advirtió de que España “no alienta secesiones o divisiones” en ninguno de los estados miembros y de que si Escocia saliera del Reino Unido, aunque fuera precisamente por su deseo de permanecer en la UE, “tendría que ponerse a la cola” de los países candidatos a ingresar y negociar con los ya miembros para que ninguno vetara su eventual incorporación como nuevo estado independiente. Aseguró que España no bloquearía el intento de entrada de una Escocia independiente, pero dejó en el aire esa advertencia obviamente más dirigida a Cataluña que a otro destinatario. En mayo, fue Rajoy quien comparó el hipotético referéndum de independencia con el Brexit.

 

Como en el caso del boicot a los productos catalanes, el eventual veto de España a Cataluña a su ingreso en la UE como país independiente supondría una venganza (así lo calificó Mas en una entrevista a la agencia Reuters publicada en junio de 2014) nacionalista por una acción nacionalista de signo contrario, y la mera amenaza es una forma de disuasión que sumar a los pros y los contras que habrían de sopesar los electores catalanes en la balanza del interés. ¿Son lícitos estos sabotajes institucionalizados? Cuando dos partes litigan por motivaciones egoístas contrapuestas, no es posible llegar racionalmente a ninguna conclusión que desmienta la posición de unos u otros.

 

Dejo para los especialistas económicos y diplomáticos los cálculos de si, en conjunto, una Cataluña independiente ganaría o perdería respecto a una Cataluña integrada en España, de cuál es la cuota que ocupa el mercado español en las ventas de las empresas catalanas y a cuanto ascenderían las pérdidas en exportaciones si se les impusiera un arancel en la frontera. Pero llama la atención que esos cálculos resulten tan diversos en función de si se hacen desde Madrid o desde Barcelona. Parece que las matemáticas también dan resultados distintos según la nacionalidad de la calculadora. En cualquier caso, si las predicciones más atinadas fueran las españolas, eso tampoco refutaría el que los catalanes creyeran, aun equivocadamente, que su interés es independizarse. Aunque luego la realidad demostrara que se encontraban en un error.

 

Ahora bien, como decíamos antes, el interés no será nunca el de todos los sectores de la sociedad y, por ejemplo, en caso de un boicot español a los productos catalanes y de un menoscabo de la competitividad de sus exportaciones por la salida de la UE, los grandes empresarios saldrían perdiendo con la independencia. ERC presentó el 6 de julio de 2013 una ponencia sobre la independencia que aseguraba que el hipotético boicot costaría un 4% del PIB a Cataluña pero que se vería sobradamente compensado por el 8% que ganaría sin el déficit fiscal. Sin embargo, aunque diéramos por bueno este cálculo de parte, es obvio que la pérdida la sufrirían ante todo las empresas exportadoras, catalanas o multinacionales, que podrían decidir trasladar su sede fuera de la comunidad.

 

En realidad, los empresarios tienen preocupaciones más reales que los mitos patrióticos e históricamente nunca han visto con mucha ilusión los movimientos nacionalistas en ninguna parte del mundo. “Las políticas nacionalistas son típicamente políticas de crisis, y las crisis amenazan el statu quo”, explica Breuilly. “Los grupos empresariales se muestran indiferentes al nacionalismo y preocupados por el desorden que pueda ocasionar”[4].

 

En la historia del nacionalismo catalán, las élites económicas vieron con recelo los pronunciamientos urbanos casi independentistas  de las décadas de 1830 y 1840 desde revistas como El Nuevo Vapor, cuyos desórdenes les llevaron a echarse en brazos del Partido Moderado, y décadas después apoyaron la represión centralista en Cuba, que era el único mercado transatlántico que les quedaba. Sólo cuando el poder central se mostró incapaz de mantenerlo y la Lliga de Prat de la Riba incorporó una política conservadora y sólo regionalista para no asustar a la alta burguesía[5], ésta hizo suya la causa catalanista.

 

En consonancia con este conservadurismo, la Lliga y Prat de la Riba aplaudieron la represión central contra los anarquistas después de  la Semana Trágica, provocando la retirada de la militancia política de Joan Maragall y la ruptura de Solidaritat Catalana[6], y el partido volvió a hacerlo a comienzos de los años 20, causando la escisión de Acció Catalana y el fin de la hegemonía del catalanismo de derechas hasta Jordi Pujol. Durante la II República, la Lliga, tras declarar ilegal la suspensión del Estatuto y los centros catalanes decretada por el Gobierno de Alejandro Lerroux, colaboró con los consejos nombrados por los gobernadores. En el País Vasco, Ramón de la Sota fue el único industrial que se incorporó al PNV en el momento de su fundación. Los empresarios de ambas regiones prosperaron durante el franquismo.

 

El que el empresariado catalán haya sido siempre parte fundamental del electorado del nacionalismo de derechas explica en gran medida que la táctica de la Lliga Catalana durante la Restauración y la de CiU en la democracia haya sido la de ayudar a la gobernabilidad de España e intentar obtener a cambio concesiones en materia económica o de autogobierno, dentro de la tradición de negociación y contrato que hereda el carácter de las Cortes catalanas durante la Edad Media y Moderna. Esto hizo a Anthony Smith aventurar, con cierta perplejidad, que “algunos (nacionalismos), como el movimiento catalán en España, no parecen haber querido más que una autonomía parcial”[7].

 

Al anunciar Artur Mas sus pretensiones soberanistas en 2012, el presidente de la CEOE, el catalán Juan Rosell, auguró  que, si Cataluña consiguiera la independencia se reducirían los beneficios no sólo de los empresarios catalanes, sino “los de todos y cada uno” del conjunto de España, por lo que calificó de “barbaridad” que se quiera ir “por ese camino”. El presidente de la Confederación Empresarial Vasca (Confebask), Ángel Lujua, dijo ver “con expectación y preocupación” el debate sobre la independencia catalana y diagnosticó que “no viene muy bien” a Euskadi “en este momento”.  Por su parte, José Manuel Lara, presidente del Grupo Planeta, avisó de que, si Cataluña se independizara, su sede tendría que ubicarse en otro lugar, puesto que no tendría sentido mantenerla en un país distinto del de la lengua en que se escriben la mayoría de sus publicaciones editoriales.

 

En una entrevista en el periódico La Vanguardia publicada el 12 de octubre de 2012, Mas pareció asumir que el empresariado no iba a apoyar su iniciativa, al conminarle: “Cuando en un país hay un movimiento social muy potente, el mundo económico también ha de ver cómo se adapta al cambio”. Traducido a un lenguaje desprovisto de sofismas nacionales: que unos sectores privados con unos intereses concretos han de plegarse a otros sectores y sus intereses opuestos. Y trece días después, en otra entrevista en televisión, Mas proclamó que “esta gente”, los empresarios contrarios a la independencia, no le podían “frenar”.

 

Sin embargo, se da la circunstancia de que “esta gente” aporta buena parte del dinero que pierde Cataluña a través del déficit fiscal, por el cual un gran número de catalanes ha hecho suya la causa independentista. Con lo cual se plantea la curiosa paradoja de que muchos ciudadanos, cuyo saldo con la Hacienda estatal es positivo pero podría serlo más si los impuestos de los catalanes ricos se quedaran en Cataluña, pretenden imponer su voluntad a quienes pagan esos impuestos y quedarse indirectamente con su dinero, mientras los grandes empresarios tienen que permanecer callados ante el “movimiento social” de sus nuevos expoliadores.

 

Hablando en plata y nunca mejor dicho, aquéllos a los que España no roba proclaman su derecho a robar ellos mismos a quienes sí podrían denunciar tal déficit fiscal, que seguirán teniendo un saldo negativo con la Hacienda catalana y además podrían perder a su mercado español. Según Mas, los grandes empresarios no pueden frenar el cambio, pero, si el razonamiento es que Cataluña debe independizarse porque España se queda con su dinero y obstaculiza su bienestar, lo lógico sería que la decisión final de los catalanes se ponderara en función de la parte de ese montante que aporta cada individuo. Por ejemplo: los grandes capitales tres votos en el referéndum, los demás contribuyentes netos dos o uno, y, quien tenga un saldo positivo con Hacienda, ninguno. Un voto por persona implica que todos los catalanes tienen el mismo derecho a decidir el destino del dinero de una parte de los catalanes; es decir, que son catalanes antes que individuos y que es posible acotar la existencia de un colectivo real llamado “los catalanes” o “Cataluña”. Sin contar con tal prerrogativa de duplicar o triplicar su papeleta en las elecciones del 25 de noviembre, podemos suponer que parte de los 90.000 votantes tradicionales de CiU que abandonaron a su formación ante la apuesta soberanista de Mas serían empresarios.

 

El 17 de enero de 2013, una vez firmado el acuerdo postelectoral con ERC, la patronal catalana Foment del Treball reclamó llevar el proceso dentro de un “respeto escrupuloso” a la legalidad para evitar el famoso “choque de trenes” y cuestionó la conveniencia de llevar a cabo un proceso de autodeterminación en medio de la crisis económica. Recíprocamente, el 8 de febrero Mas pidió a los empresarios catalanes que trasladaran al Gobierno español su petición de diálogo entre ambas partes para llegar a una solución pactada. “Es fundamental”, les dijo, “que las instituciones del Estado vean que la sociedad catalana hace piña en torno a cuestiones básicas y fundamentales. La división es nuestra debilidad”.

 

El problema, como hemos venido repitiendo aquí, es que la sociedad catalana, como todas las del mundo, no es una piña, y que el estado natural de sus integrantes es la división. Porque los intereses y los sentimientos son diversos, y no se puede pedir a los individuos que renuncien a los suyos en beneficio de un colectivo que no existe. Porque Cataluña, igual que España y que cualquier comunidad de vecinos, no es una. El Consejo de Cámaras de Comercio de Cataluña lo demostró una vez más al insistir tras la primera reunión del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, el 26 de junio de 2013, que la solución tenía que pasar necesariamente por la permanencia en la UE, porque “la cuestión no es si una Cataluña con Estado propio sería o no viable económicamente, sino si las oportunidades derivadas del cambio de estatus compensarían las contingencias”.

 

Tras la Diada de ese año y la subsiguiente advertencia de Almunia de que una Cataluña independiente quedaría fuera de Europa, fueron los inversores del macroproyecto hostelero y de casinos Barcelona World quienes  avisaron de que no lo llevarían a cabo si no era dentro de la UE. Ya en octubre, el presidente de la Cámara de Comercio de EEUU en España, Jaume Malet, advirtió en una radio catalana que las empresas norteamericanas se marcharían de Cataluña en caso de que se independizara, porque su mercado pasaría de 47 a siete millones de personas y porque el dinero es cobarde y no permanecería en la región ante la situación de inestabilidad política y económica que sobrevendría.

 

La junta directiva de Foment del Treball, en vez de sumarse al Pacto por el Derecho a Decidir, aprobó por unanimidad en 2013 defender el diálogo con el Gobierno central “para encontrar las condiciones legales para el ejercicio de este derecho a decidir”. En similares términos de preocupación y petición de diálogo volvieron a pronunciarse el presidente de Foment, Joaquim Gay de Montellà, y el de la CEOE, Juan Rosell, en un acto conjunto en la sede de la patronal catalana el 17 de febrero de 2014, después de que Mas pidiera a los empresarios que se implicaran en el proceso soberanista.

 

El 29 de mayo el Círculo de Economía, donde estaban representadas algunas grandes empresas catalanas, insistió a Mas en la necesidad de que la consulta fuera “legal y bien informada” acerca de sus consecuencias. Rosell se sumó a la iniciativa llamando a “cambiar la legalidad lo que haga falta” para conseguir al acuerdo. El 19 de junio, el día de la proclamación de Felipe VI, Gay de Montellà le pidió que impulsara el reconocimiento de Cataluña como nación dentro del Estado español y la negociación de un pacto fiscal para saldar el conflicto sin necesidad de llegar a la consulta de noviembre. Y el 16 de septiembre, cinco días después de la Diada, insistió en que “nadie entendería un quebrantamiento de la ilegalidad” en el proceso.

 

A fin de cuentas, a los empresarios lo que les interesa ante todo es que no haya inestabilidad política que perjudique sus negocios. Entidades financieras tan representativas como Caixabank y el Banco Sabadell barajaban en otoño de 2014, poco antes de la consulta del 9-N, la posibilidad de trasladar sus sedes fuera de Cataluña en caso de independencia. Y el 11 de diciembre nació una nueva asociación de pymes llamada Empresaris de Catalunya, que defendía también la unidad de España y en febrero de 2015 publicó un informe según el cual la independencia haría perder a Cataluña un 11% de su PIB y sufrir una tasa de paro del 30%. Un mes antes, el Ministerio de Economía español y la Consellería de Empresa catalana polemizaron sobre si la inversión extranjera en Cataluña en 2014 había descendido un 45% o, por el contrario, había subido un 35%; es decir, si se había visto perjudicada o no por la desconfianza de los inversores hacia una eventual independencia.

 

En abril de 2015, recién firmado el acuerdo entre CDC y ERC para convertir en plebiscitarias las elecciones de septiembre, la revista Forbes publicó una pieza con motivo de la visita de Artur Mas a Nueva York en la que volvía a advertir de que en caso de independencia habría un “éxodo probable” de las empresas españolas e internacionales a otras regiones de España. Medios españoles publicaron que en 2014 el número de empresas ubicadas en Cataluña bajó en 385[8] , pero la Generalitat negó terminantemente estos datos.

 

El 7 de septiembre de 2015, pocos días antes de iniciarse la campaña de las elecciones catalanas, de nuevo Rosell y otro catalán, el presidente de la Cámara de Comercio de España, Josep Lluís Bonet, enviaron a los medios una carta abierta en la que volvían a alertar de las consecuencias de la independencia de Cataluña para las empresas de la región y sus trabajadores. Y el Cercle d’Economía, que aglutinaba a grandes empresas catalanas, subrayó que “cualquier cambio estructural -y la independencia sería su máxima expresión- requiere una mayoría cualificada que en ningún caso puede desprenderse de unas elecciones como éstas (las autonómicas), sino de la legitimidad de una consulta legal, acordada y bien informada”, añadiendo que no compartía “decisiones unilaterales que puedan poner en riesgo el principio de legalidad y la pertenencia a las instituciones europeas y al euro”.

 

El conseller de Empresa y Empleo de la Generalitat, Felip Puig, les acusó de intentar “inocular la semilla del miedo”, pero, ante la aprobación de la declaración del inicio del proceso de independencia, el Cercle d’Economía insistió en que no podía “apoyar declaraciones unilaterales ni el quietismo de estos años frente a una demanda real”, por lo que reclamaba “reformas políticas y reformas territoriales”.

 

En enero de 2017, fue el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliú, quien advirtió ya formalmente de que en caso de independencia de Cataluña, y por tanto salida de la Unión Europea, podría trasladar la sede del banco en dos días, sin necesidad de convocar a la junta de accionistas. Caixabank también había incorporado esta previsión de urgencia a sus estatutos. En las redes sociales, los independentistas trataron de promover un boicot a la segunda entidad bancaria de Cataluña.

 

En marzo, otra vez Gay de Montellá apostó por un referéndum catalán… pero sobre un estatuto de Autonomía que proclamara la palabra nación, sin pretender la independencia, y el Cercle d’Economía, de nuevo, expresó su preocupación por que “la alternativa de situarnos al margen de la legalidad emerge con fuerza”, cuando “nada es democrático si se vulnera el principio fundamental de cumplimiento de la legalidad”, por lo cual pidió diálogo a ambos gobiernos y “elaborar una propuesta de contenidos que, sin rupturas, pueda responder a la aspiración por un mayor y mejor autogobierno”.

 

El cambio de presidente en el Cercle d’ Economía no varió la posición de la entidad. Juan José Brugera instó una vez más al diálogo a Rajoy y Puigdemont en mayo de 2017, que pasaron, por separado, por su reunión anual en Sitges: al presidente catalán le concedieron que el conflicto es de “naturaleza política” y al español que Puigdemont debía acudir al Congreso de los Diputados, como le había sugerido la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Los grandes empresarios, definitivamente, nunca favorecerán una ruptura de la legalidad y el consiguiente desorden social y jurídico que espantaría a los inversores.

 

El interés de una parte de la sociedad catalana nunca coincidirá con el de otra parte de la misma, está claro. Ocurre en todas partes del mundo. Pero, desgraciadamente, la confrontación de conceptos que ha presidido el conflicto político entre el Gobierno español y el catalán durante estos años sí que da la sensación de situar a un lado a España como un todo y, al otro lado, a Cataluña también como un todo. Es la antinomia entre la legalidad española, que sanciona que sólo existe una nación soberana, España, y la supuesta legitimidad democrática de que una mayoría de la sociedad catalana reclame su derecho, también soberano, a decidir su relación con el Estado español. Es decir, el irresoluble dilema entre dos pretendidos sujetos políticos, que contribuye a perpetuar la lógica de las naciones.

 

 

LEGITIMIDAD CONSTITUCIONAL Y LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA

 

Desde que Artur Mas hizo pública en septiembre de 2012 su pretensión de convocar una consulta oficial sobre la independencia, convertida por su sucesor, Carles Puigdemont, en referéndum vinculante, el Gobierno español ha venido garantizando una y otra vez, a través de Rajoy, sus portavoces Soraya Sáenz de Santamaría e Íñigo Méndez de Vigo y diversos ministros, que “cumplirá y hará cumplir la ley” en Cataluña, puntualizando con frecuencia que no puede hacer otra cosa, porque estaría faltando a su deber. Esa defensa de la legalidad siempre se opuso, desde septiembre de 2012, a la defensa de la supuesta legitimidad democrática a la que apelan los independentistas.

 

Naturalmente, cuando dice en este contexto que protegerá la ley y la Constitución, el Gobierno se refiere exclusivamente a sus primeros dos artículos, que declaran la soberanía del pueblo español y que la unidad del Estado es “indisoluble”. Esa soberanía y esa indisolubilidad, en las que Rajoy ha dicho alguna vez que se fundamenta toda la Carta Magna, se basan a su vez en la supuesta existencia de una nación española, que ya hemos visto que filosóficamente es una premisa improcedente, pero que, a efectos jurídicos y por tanto prácticos, imposibilita la secesión de las regiones e incluso impide a sus respectivos gobiernos la convocatoria de un referéndum de autodeterminación, como decidieron las Cortes Constituyentes en 1978 al rechazar la famosa enmienda del diputado Francisco Letamendia, de Euzkadiko Ezkerra.

 

En aras de esa soberanía y esa indisolubilidad, el Gobierno fue recurriendo al Tribunal Constitucional todos y cada uno de los pasos que dieron el Govern y el Parlamento catalanes que a su juicio vulneraban la Carta Magna. Y el TC le dio siempre la razón. El primero, cuando desautorizó la Declaración de Soberanía de 2013 el 25 de marzo de 2014, en una sentencia que el presidente del tribunal, Francisco Pérez de los Cobos, calificaría como la más importante de su mandato al abandonarlo en marzo de 2017. Su argumentación sentaría la base de las esgrimidas ante todos los recursos posteriores del Gobierno central. Negaba el principio de que el pueblo de Cataluña es un sujeto político soberano, porque dicha condición no está “contemplada en nuestra Constitución para las nacionalidades y regiones que integran el Estado” y “resulta incompatible con el artículo 2 de la Constitución, pues supone conferir al sujeto parcial del que se predica dicha cualidad el poder de quebrar, por su sola voluntad, lo que la Constitución declara como su propio fundamento en el citado precepto constitucional: la indisoluble unidad de la nación española”.

 

Es decir, que Cataluña no puede ser sujeto político porque lo es España entera; que Cataluña no es una nación porque lo es España, y España engloba a Cataluña. Y así lo establece la legalidad vigente, remarcaba la resolución. Aunque “en tanto que realidad socio-histórica, Cataluña (y España toda) es anterior a la Constitución de 1978, desde el punto de vista jurídico-constitucional, el pueblo de Cataluña invocado por la Declaración integra, sin embargo, un sujeto que se constituye en el mundo jurídico en virtud del reconocimiento constitucional (al igual que sucede con el conjunto del pueblo español). Y, a efectos prácticos, “en el marco de la Constitución una comunidad autónoma no puede unilateralmente convocar un referéndum de autodeterminación para decidir sobre su integración en España”.

 

En cambio, el TC admitía las referencias al “derecho a decidir” contenidas en la Declaración, pues “cabe una interpretación constitucional” del mismo en tanto que aspiración política, pero siempre que “el intento de su consecución efectiva se realice en el marco de los procedimientos de reforma de la Constitución”.  Es decir, que era un tema susceptible de discusión política dentro del ordenamiento jurídico. Por eso, en el debate en el que representantes del Parlamento catalán solicitaron oficialmente la cesión de la competencia de convocar referendos, en abril de 2014, Rajoy contestó que esa competencia era indelegable e invitó a la Generalitat a que presentara una iniciativa para la reforma de la Carta Magna por los cauces establecidos. En otras ocasiones posteriores, repitió que él, mientras no se reformara la Constitución, ni quería ni podía liquidar la soberanía nacional española permitiendo un referéndum de autodeterminación. También al explicar el recurso al TC contra la consulta del 9 de noviembre, Rajoy recordó que “quien desee modificar esta situación tiene toda la libertad de plantear una reforma de la misma, proponerla en los términos democráticamente establecidos y conseguir los apoyos para sacarla adelante”. Era perfectamente consciente de que los soberanistas catalanes nunca podrán cosechar en el conjunto de España los suficientes para que se les autorice la secesión.

 

Suspendida cautelarmente la consulta por el TC (la declararía retrospectivamente inconstitucional el 25 de febrero de 2015), el Gobierno catalán la celebró transformada en proceso de participación ciudadana, sin censo ni convocatoria oficiales. El Constitucional también la suspendió el 4 de noviembre en este segundo formato, pero la Fiscalía no ordenó proceder activamente contra ella y el Gobierno presumió de haber conseguido salvaguardar la ley al haber reducido la consulta a un ritual simbólico. Sin embargo, la Fiscalía terminó llevando al banquillo a Mas, a su vicepresidenta Joana Ortega, a su consejero de Presidencia Francesc Homs y a su consejera de Educación Irene Rigau. En febrero y marzo de 2017, el Tribunal Superior de Justicia condenó a Mas a un año de inhabilitación y el Supremo a Homs, por ser entonces diputado en el Congreso, a un año y un mes. Homs declaró al ser imputado que el Gobierno central había llegado a un acuerdo con Mas de no proceder contra la consulta ni contra los dirigentes catalanes siempre y cuando el Govern no se dejara ver como responsable durante la jornada y ésta se pudiera presentar realmente como un proceso ciudadano. El presidente de la Generalitat lo incumplió al comparecer al término de la jornada para vanagloriarse de su supuesto éxito, pero este acuerdo, nunca confirmado por el Ejecutivo central, demostraría que en la lidia de los desafíos políticos queda margen para actuar en los márgenes de la estricta legalidad.

 

Tras el Consejo de Ministros del 17 de julio de 2015, cuando CDC, ERC y otras entidades y personalidades independentistas firmaron su acuerdo de coalición para las elecciones catalanas del 27-S, con la intención de hacerlas plebiscitarias como única forma “legal” de que los ciudadanos se pronunciaran sobre la independencia, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría advirtió de que se recurrirían al Tribunal Constitucional todos los pasos que diera el nuevo Gobierno catalán contrarios a la Constitución. “El Gobierno va a velar por la ley. No va a haber elecciones plebiscitarias porque lo prohíbe la ley”, zanjó Rajoy el 31 en su balance del curso político.

 

El 27 de octubre, nada más registrar Junts pel Sí y la CUP su resolución de inicio del proceso de independencia, con previsión de referéndum en 2017, el presidente del Gobierno reiteró una vez más en una declaración institucional que se enfrentaría a ella a la defensa “con firmeza, determinación y todos los instrumentos que nos da la ley y la responsabilidad de un presidente del Gobierno” y que “quienes quieran separar y dividir a Cataluña deben saber que no lo van a lograr”, porque “tienen enfrente la ley y a un Gobierno dispuesto a hacerla valer”.

 

En efecto, el Ejecutivo recurrió la resolución; el Tribunal Constitucional la suspendió cautelarmente, como es preceptivo ante un recurso del Gobierno, en diciembre de 2015, y la desautorizó definitivamente en febrero de 2016. Posteriormente recurrió también la admisión a trámite para debatir en el Pleno la primera de las tres llamadas leyes de desconexión: la de la Seguridad Social catalana, a la que habían de seguir la de la Agencia Tributaria propia y la de Transitoriedad Jurídica.  El TC, que no quiso suspender con carácter preventivo el pleno, advirtió sin embargo a la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, de que podría ser inhabilitada de su cargo por tolerar la tramitación de normas contrarias a la Constitución.

 

En julio de 2016, también tras el recurso del Gobierno central, el TC volvió a anular varios preceptos de la Ley de Medidas Fiscales, Financieras y Administrativas, aprobada para constituir una Agencia Tributaria catalana, qua había suspendido cautelarmente en septiembre anterior: los que establecían un plan director de la Administración Tributaria de Cataluña y otros para los  sectores de la energía, las telecomunicaciones y los sistemas de información y del transporte ferroviario, el que aprobaba  un catálogo de infraestructuras estratégicas de Cataluña, la creación de un Servicio Meteorológico de Cataluña; una limitación para el establecimiento de grandes establecimientos comerciales en puertos públicos, la elaboración de un inventario del patrimonio de las administraciones públicas de Cataluña y la creación de una Agencia Catalana de Protección Social. En general, todo lo que entraba en colusión con las competencias estatales y ponía “en entredicho la articulación de la distribución del poder público entre el Estado y las comunidades autónomas”, recordando que éstas no pueden asumir más competencias que las que recoge su Estatuto “si no es mediante modificaciones normativas que quedan extramuros de su capacidad de decisión”.

 

El 22 de marzo de 2017, el Parlamento catalán aprobó su ley de presupuestos, con los votos de Junts pel Sí y la CUP. La norma, que contenía una partida destinada a costear el referéndum, había sido puesta en duda por su ilegalidad por el Consell de Garantíes Estatutaries, el órgano autonómico equivalente al TC, y por los propios servicios jurídicos de la Cámara, que llegaron a repartir una nota entre los diputados advirtiéndoles de que votar esa partida suponía hacerlo sobre una eventualidad ya anulada por el Constitucional. El portavoz de Junts pel Sí, Jordi Turull, contestó que “el Parlament es una institución soberana”, que los diputados son “inviolables” y que, ante la duda legal, eligen defender sus “compromisos con los ciudadanos de Cataluña”. La de la CUP, Anna Gabriel, que ellos eran plenamente conscientes de lo que hacían.

 

El Consejo de Ministros del 31 de marzo aprobó presentar el correspondiente recurso al Constitucional, que, como es preceptivo, suspendió cautelarmente esas partidas de los presupuestos catalanes, y, siguiendo la petición del Ejecutivo, advirtió a los miembros del Gobierno catalán y a los altos cargos de la Consellería de Economía y Hacienda, como meses antes había hecho con los de la Mesa del Parlament, de que podrían incurrir en desobediencia si seguían adelante con la tramitación. El presidente del PP catalán y senador, Xavier García Albiol, dijo expresamente el 4 de abril en la Cámara Alta que Puigdemont y Junqueras tenían todas las cartas para acabar inhabilitados como Mas y Homs por la consulta del 9-N y que el Gobierno y el PP garantizarían la continuidad del Estado de Derecho y de la democracia en Cataluña. En mayo, el TC anuló de forma definitiva el Comisionado para la Transición Nacional creado por la Generalitat para pilotar el camino a la independencia.

 

Es curioso que tanto los defensores de la legalidad establecida por la Constitución como quienes le niegan autoridad suficiente para mantener el estado de las cosas apelan indefectiblemente a la democracia. Los nacionalistas vascos o catalanes oponen a ella el ordenamiento vigente, señalando que las leyes no pueden oponerse a la voluntad de una sociedad, en tanto que los españoles acusan a los primeros de dinamitarla si abrazan iniciativas contrarias a la Constitución. Para argumentar su voto en contra de la Declaración de Soberanía del Parlamento catalán aprobada en enero de 2013, el portavoz de Ciutadans, Albert Rivera, dijo que su partido defendía, entre otras cosas, “la democracia”. Pero, a principios de mayo, cuando el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso del Gobierno contra ella y por tanto la suspendió, el portavoz del Govern, Francesc Homs, denunció a su vez que “la democracia se tambalea” cuando un tribunal anula “la expresión democrática de la mayoría” expresada por sus representantes parlamentarios.

 

El 17 de enero de 2014, Sáenz de Santamaría se mostró en contra de la solicitud del Parlamento catalán de la cesión de la competencia para convocar referendos señalando que “la democracia es el respeto al marco de la ley”. Ocho días más tarde, Artur Mas insistió en que realizarlo era “el ejercicio de la democracia”. Pero ese mismo sábado 25, en la Convención del PP catalán en Barcelona, y luego el 8 de abril en el Congreso de los Diputados, en el debate tras el que se denegó la cesión de la citada competencia, Rajoy matizó: “Votar es democrático, sí; la democracia no se entiende sin las urnas, sí; pero no bastan las urnas para que un acto sea democrático. ¿Qué es lo que falta? El respeto a la Ley. La esencia de la democracia es el respeto a la Ley”. Cuando presentó el recurso de inconstitucionalidad contra la consulta, reiteró: “No es admisible, como hacen algunos, contraponer ley a democracia, porque sin ley no hay democracia”. Y Mas insistió por la tarde en que un Estado con plena conciencia democrática permitiría a Cataluña votar como el Reino Unido había hecho con Escocia.

 

En noviembre de 2015, el portavoz de Junts pel Sí, Raül Romeva, justificó la resolución de inicio del proceso de ruptura con España como una “demanda democrática”, y la de la CUP, Anna Gabriel, la describió como una “insubordinación democrática”, mientras los del PSC y Ciutadans, Miquel Iceta e Inés Arrimadas, la consideraban un ataque a la democracia y Rajoy advertía de que  la combatiría “sólo con la democracia, pero con toda la democracia”. Cuando el TC suspendió cautelarmente esa resolución, la vicepresidenta del Gobierno catalán, Neus Munté se aferró al “mandato democrático” del Parlamento emanado de las elecciones de septiembre, mientras Rajoy leyó en la resolución judicial la “fortaleza y solidez de nuestra democracia”. Y, cuando el Parlamento catalán aprobó en marzo de 2017 la partida presupuestaria para el referéndum, el diputado autonómico del PP Santi Rodríguez, recriminó a los independentistas: “En democracia las leyes se cumplen, o se cambian; los que fuerzan las leyes para saltárselas es que no son demócratas”.

 

Evidentemente, esta paradoja es un equívoco meramente nominal. Los nacionalistas vascos y catalanes utilizan la palabra democracia en su sentido etimológico, el poder del pueblo, en tanto que los españoles lo hacen en sentido metonímico, mencionando la parte por el todo: llamando democracia al sistema político establecido, cuya base teórica última es la voluntad del pueblo expresada en las urnas. Sin embargo, no todo el entramado institucional y territorial del Estado se somete al escrutinio de las mayorías. La unidad política de España, por ejemplo, no es un valor democrático ni se somete a la decisión de los ciudadanos.

 

En el mismo debate del 8 de abril de 2014, Rajoy realizó otra interpretación metonímica al defender la Constitución como la garantía de los derechos fundamentales de todos los españoles frente a cualquier Gobierno o cualquier mayoría democrática. Al recurrir la convocatoria de la consulta, en septiembre, justificó que el Gobierno estaba obligado a hacerlo “en defensa de la Constitución, que es tanto como recurrir en defensa de las libertades y los derechos de todos y cada uno de los españoles, incluidos los ciudadanos de Cataluña”. En su declaración institucional del 27 de octubre de 2015, proclamó: “Mientras yo sea presidente del Gobierno de una nación de ciudadanos libres e iguales, la justicia prevalecerá a la sinrazón”. Y, en un acto en Barcelona el 26 de marzo de 2017, rechazó el referéndum porque no lo contempla la Constitución y “liquida el Estado de Derecho”.

 

En efecto, la Constitución recoge una serie de derechos, entre ellos la igualdad de todos los españoles, que protegen a todos los ciudadanos del Estado, pero, como dijimos en la introducción, eso no quiere decir que la unidad de España sea condición necesaria para salvaguardar los derechos de los españoles ni que los catalanes no vayan a seguir viéndolos respetados bajo una soberanía propia.

 

En este sentido, no parece procedente la comparación que hizo Rajoy en el citado discurso  del 8 de abril de 2014 al preguntar qué les parecería a los nacionalistas catalanes que un Gobierno o coalición con mayoría absoluta en Madrid dispusiera “que los españoles no son iguales ante la ley, que se suprime el secreto de las comunicaciones o que nadie fuera libre para entrar o salir libremente de España”. La democracia y el Estado de Derecho son dos conceptos independientes del actual sistema democrático y el actual Estado de Derecho españoles. Por tanto, democracia es, estrictamente, dar la voz al “pueblo” y respetar la decisión de la mayoría. Claro, que, según avanzábamos en la introducción, el derecho a decidir tampoco es “la expresión colectiva de la libertad individual”, como arguyó el líder de ERC, Oriol Junqueras, en el Debate de Política General de 2014, básicamente porque ningún colectivo es proyección de ningún individuo.

 

En cualquier caso, proteger el ordenamiento constitucional recurriendo a la Constitución es otro razonamiento circular como los que hemos detectado en los argumentos de los nacionalismo. Y, si la legalidad vigente se opone abiertamente a la mayoría democrática de un determinado colectivo, la única posibilidad de solucionar la confrontación entre estas dos fuentes de legitimidad antitéticas es, o bien decantarse por una de ellas, o bien que ambas partes lleguen a un acuerdo. El propio Pérez de los Cobos, al abandonar la Presidencia del TC en marzo de 2017, reconoció que el conflicto “no puede ser resuelto” sólo por las sentencias del Constitucional y recordó que en la dictada sobre la Declaración de Soberanía de 2013 se avaló la reivindicación política del derecho a decidir invitando a los políticos a buscarle un acomodo dentro de los límites de la Carta Magna. Tres años después, pensaba que el diálogo político se había convertido en “una necesidad inexcusable y urgente”.

 

Sin embargo, ese diálogo se hace también irresoluble cuando ambos bloques en litigio se basan, uno en el derecho a decidir de Cataluña como nación y por tanto sujeto político soberano, y el otro en que la Constitución establece que la nación y sujeto soberano es España, con Cataluña incluida dentro. Así quedó demostrado en todos los deseos, sinceros o fingidos, de diálogo que manifestaron el Gobierno español y el catalán, éste tanto con Artur Mas como con Carles Puigdemont al frente. Desde el principio hasta el final, la dicotomía de legitimidades con la que titulamos este epígrafe presidió todos los jalones de la supuesta negociación o disposición a la misma que escenificaron los dos gobiernos.

 

El 12 de octubre de 2012, en  una entrevista en La Vanguardia, Mas anunció que la primera opción era someter su idea de celebrar una consulta soberanista a la legalidad española, si fuera posible negociar su inclusión en ella con el Gobierno central. Así quedó de hecho establecido en el pacto postelectoral entre CiU y ERC. En diciembre, pocos días después de tomar posesión el nuevo Govern, su portavoz, Francesc Homs, expresó la disposición de Mas a reunirse con Rajoy como “primer paso para reemprender el diálogo y plantearle formalmente su objetivo de una consulta sobre la independencia de Cataluña”. El presidente español contestó que le recibiría “con mucho gusto”, con la mano “tendida” y dispuesto a dialogar y a “acomodar mejor las demandas de diversidad”, pero aclarando que conocía y no se desviaría de las “lealtades” a las que se debe y el “papel” que le corresponde “en la defensa de la Constitución”.

 

Nada cambiarían las posiciones de fondo en los meses sucesivos. Ambas partes se mostraban dispuestas a dialogar, pero una marcaba como irrenunciable una premisa que la Constitución, a la que la otra parte apela como punto de partida, deniega expresamente. Si una parte antepone la legalidad constitucional a la autodeterminación y la otra hace lo contrario, es evidente que jamás podrán llegar a un acuerdo, porque parten de premisas absolutas y opuestas entre sí. Como ya dejé escrito en la primera redacción de este ensayo en octubre de 2012, no había ni siquiera posibilidad de un término medio.

 

Tras el Consejo de Ministros del 11 de enero de 2013, Sáenz de Santamaría aseguró que el Gobierno estaría dispuesto a dialogar lo que hiciera falta, pero aclarando que “no existe legitimidad sin respeto a la legalidad” y que “lo que no puede es negociar sobre la Constitución, que es propiedad de todos españoles” y no del Ejecutivo solo. Rajoy insistió en ello el 20 de febrero en el Debate sobre el Estado de la Nación: “Comencemos por respetar la Constitución y la Ley y luego hablaremos de lo que haga falta”, dijo, admitiendo todas las críticas y propuestas pero siempre “dentro del marco de la legalidad”. Por su parte, Artur Mas convocó el 16 de marzo a  una reunión extraordinaria a todos sus consellers en la que les pidió que abrieran todas las líneas de diálogo posibles con el Gobierno español, además de con los partidos y entidades sociales catalanas. No obstante, fijó como innegociable el derecho a decidir.

 

Cinco días más tarde, se reunió con Rajoy en un encuentro no anunciado de antemano que, al conocerse, se especuló que podría significar el abandono de las aspiraciones soberanistas por parte del presidente de la Generalitat a cambio de una mejor financiación para Cataluña. La división interna en CiU y las encuestas que revelaban que la iniciativa estaba beneficiando solamente a ERC, parecían alentar dicha posibilidad. Homs decepcionó esta esperanza el 2 de abril al afirmar que la prioridad del Govern seguía siendo la consulta. En julio, Mas escribió a Rajoy proponiéndole pactarla.

 

Ante el éxito de convocatoria de la “Vía Catalana” en la Diada de 2013, Mas se sintió autorizado para advertir al Gobierno español de que, si no era capaz de canalizar de alguna forma el sentimiento patriótico expresado por cientos de miles de catalanes, el Estado tenía un problema con Cataluña. Sáenz de Santamaría y el propio Margallo ofrecieron diálogo y éste último hasta modificaciones para el encaje de esta comunidad en España, pero siempre con la Constitución como marco. El lehendakari, Íñigo Urkullu, aprovechó para reclamar para Euskadi una consulta pactada con el Gobierno, y el día 19, en el Debate de Política General vasco, ratificó su “apuesta clara por el ejercicio del derecho a decidir de manera pactada”. El 15 de septiembre, EH Bildu también presentó un manifiesto proponiendo un proceso soberanista en el País Vasco y la “confrontación democrática” con España y Francia si éstas no lo toleraban.

 

Ese mismo mes, la Generalitat recibió la respuesta de Rajoy a la carta que le había enviado Mas en solicitándole negociar la consulta pactada. El presidente del Gobierno expresaba su disposición a dialogar “sin fecha de caducidad cuando se trata de atender al interés general de los españoles y, por ello, de todos los catalanes”, pero precisaba que “el diálogo adquiere su verdadero sentido desde la exigible lealtad institucional y desde el respeto al marco jurídico que a todos nos protege y que a todos nos vincula, en especial a quienes ejercemos responsabilidades de gobierno”.

 

Además, uniendo las dos legitimidades que contrasta este epígrafe, Rajoy añadía que “el mejor servicio a la legitimidad democrática que usted invoca es precisamente respetar ese marco jurídico en el que los gobiernos hallan su fundamento y legitimidad”. Posiblemente la legitimidad democrática se vea beneficiada si se encauza dentro de la legitimidad constitucional, pero es evidente que pueden ir en dirección contraria.

 

En el Debate de Política General de finales de mes, el presidente de la Generalitat reiteró que el proceso no tenía “marcha atrás” No obstante, el Parlamento catalán aprobó presentar la petición para convocar la consulta al Congreso de los Diputados y prolongar hasta fin de año el diálogo que el pacto postelectoral entre CiU y ERC preveía para el primer semestre. Eso sí, advirtiendo al Gobierno de que el diálogo “debe tener resultados” en ese plazo.

 

En diciembre, cuando, recién fijadas la fecha y las preguntas de la consulta, los periodistas preguntaron a Rajoy si sopesaba reunirse otra vez con Mas, el presidente español contestó preguntando a su vez: “¿Para qué? No sé de qué vamos a hablar”. Mas, en un encuentro con empresarios en febrero, aclaró que el diálogo entre ambos gobiernos tenía la misión de concretar de qué forma se consultaba al pueblo catalán para que decidiera su futuro. Y el presidente del Gobierno, en su discurso del 8 de abril de 2014, cuando el Congreso de los Diputados debatió y rechazó la solicitud catalana de cesión de la competencia de convocar referendos, zanjó la quimera del diálogo señalando que la Constitución impedía delegarla, y que podía hablar de ello tomándose un café con Mas “o quinientos”, pero que eso no iba a cambiar nada.

 

El Gobierno catalán dio ese día por cerrada la vía de la negociación con Madrid y pasó a desarrollar la segunda opción que contemplaba para amparar legalmente la consulta: una ley del Parlamento catalán que excluyera expresamente el carácter de referéndum para no ser inconstitucional desde el principio. Aun así, como la exhibición de voluntad de diálogo es gratis y siempre está bien vista por la sociedad, en abril Mas insistiría en invitar a Rajoy a que pusiera “día y hora” a una reunión para hablar, y el presidente del Gobierno español se mostró abierto a ella siempre que el de la Generalitat retirara la consulta. Sin embargo, éste le respondió el 10 de mayo en una tribuna informativa que, en caso de que desde Madrid se planteara “una oferta sólida, creíble y con garantías”, la decisión de aceptarla o rechazarla correspondería en todo caso al “pueblo de Cataluña” en las urnas.

 

El 30 de julio, Rajoy y Mas se reunieron en La Moncloa sin que cambiaran las posturas sobre la consulta, pero el presidente catalán llevó una serie de 23 propuestas sobre las que negociar independientemente de la misma.  El 19 de septiembre, día en que el Parlamento catalán aprobó la citada Ley de Consultas, el presidente de la Generalitat volvió a echar en cara a Rajoy que, a diferencia de Cameron con Escocia, no hiciera ninguna propuesta y se limitara a decir que no a todo, y aseguró que si hubiera visto una mínima posibilidad de cambio en la posición del Gobierno central habría llevado el proceso de otra manera. Cuando el Gobierno central recurrió la consulta al Constitucional sabiendo que al hacerlo ésta iba a quedar suspendida cautelamente, fue Rajoy quien declaró que él había estado “dispuesto a negociar desde el primer día, pero nunca ha existido una posibilidad real, porque primero se han tomado decisiones desde la Generalitat y luego se ha pretendido que el Gobierno de España no sólo las aceptase, sino que encontrase además las vías políticas y legales para llevarlas a cabo”. Ambos reafirmaron, eso sí, que seguían abiertos a ese diálogo sin nada de que dialogar.

 

Nada varió con el cambio de gobierno en Cataluña, aparte de que Puigdemont duplicó hasta 46 las 23 propuestas que había llevado Mas a Rajoy. El 20 de abril de 2016 se reunieron en La Moncloa y el nuevo president le entregó al presidente español en funciones 45 reivindicaciones concretas detrás de la situada en primer lugar: la titulada “respuesta a un mandato democrático”, el que supuestamente se derivó de las elecciones catalanas de 2015, con la mayoría parlamentaria de Junts pel Sí y la CUP. “Él ha mantenido su posición y yo la mía”, explicó Rajoy sobre el intercambio en relación al referéndum”.

 

El 10 de octubre, Puigdemont dio una conferencia en Madrid en la que ofreció negociar la fecha, la pregunta y los baremos para dar por válido el resultado. A Rajoy todavía le quedaban 19 días para ser investido de nuevo y dejar de estar en funciones. Cuando por fin pudo formar gobierno,   ordenó a sus ministros estudiar las 45 reclamaciones restantes de Puigdemont y trató de mostrar una actitud más flexible en relación a la Generalitat, en lo que mediáticamente se dio en llamar ‘operación diálogo’, pero insistió en que no se negociaría la del referéndum. El PDECat propuso en el Congreso abrir una comisión sobre la relación política entre España y Cataluña, pero también fue rechazada.

 

El 17 de enero de 2017, Puigdemont rehusó acudir a la Conferencia de Presidentes autonómicos, alegando que una nación requiere una relación de bilateralidad con el Estado. Una semana antes, la portavoz del Govern, Neus Munté, exigió en cambio al Ejecutivo central que “dé respuesta” a las 46 reivindicaciones de Puigdemont. Se refería a una reunión que esa tarde iban a celebrar los vicepresidentes de ambos gobiernos, Soraya Sáenz de Santamaría y Oriol Junqueras, pero probablemente supiera también que al día siguiente Rajoy y el presidente catalán se iban a reunir en secreto en La Moncloa, en una reunión que se conoció dos meses más tarde pero en la que, según ambas partes, tampoco hubo avances en el tema en el que, por otra parte, era imposible que los hubiera.

 

A finales de marzo, Rajoy anunció inversiones por valor de casi 4.000 millones en Cataluña en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, pero los principales dirigentes independentistas respondieron en seguida que ese dinero salía de los propios impuestos de los catalanes y que no les disuadiría de su intención de convocar el referéndum. Dos meses después, Puigdemont volvió a pedir por carta a Rajoy  mayo, tras hacerlo en una conferencia en el Palacio de Cibeles de Madrid el día 22, “buscar una solución acordada y pactada que dé respuesta a la ciudadanía de Cataluña a decidir sobre su futuro”, un deseo genérico que en realidad significaba negociar los “términos y condiciones” del referéndum, según el acuerdo aprobado por el Consejo Ejecutivo del Govern. Como era de esperar, Rajoy fijó “como único límite” del diálogo el respeto a la soberanía nacional y el Estado de Derecho, porque vulnerarlos “supondría hurtar de sus derechos” al conjunto del pueblo español, algo que “ningún legítimo gobernante” podría hacer. Rajoy insistió además en una propuesta que ya se había aprobado y verbalizado en el Consejo de Ministros del día 19, tres días antes de la conferencia de Puigdemont en Madrid: que llevara su iniciativa a debate en el Congreso de los Diputados, algo a lo que éste se negó mientras no hubiera un acuerdo entre gobiernos, para que su visita al Parlamento español no fuera tan testimonial como la que hizo el exlehendakari Juan José Ibarretxe en 2005, sólo para encontrar el previsible no de la mayoría de la cámara.

 

El PSOE y el PSC, buscando un nicho diferenciado entre el nacionalismo catalán y el español, hicieron bandera desde el principio de la apuesta por el diálogo y el acuerdo sin pronunciarse, al menos en Cataluña, en contra de la autodeterminación, siempre que la consulta fuera pactada con el Gobierno central. Como solución intermedia, proponían una reforma de la Constitución hacia el Estado federal, algo en lo que estaban de acuerdo los socialistas españoles y los catalanes. Pero ambos partidos hermanos estuvieron a punto de escindirse en la antinomia irresoluble entre la legalidad y el derecho a decidir.

 

El PSC ya concurrió a las elecciones del 25 de noviembre de 2012 con una propuesta, que luego plasmó en su propuesta de resolución para la Declaración de Soberanía del Pueblo Catalán, de reformar la Constitución hacia un Estado federal que a la vez reconociera el derecho a decidir de los territorios federados. De esa forma el referéndum sería legal. Pero, cuando en enero de 2013, en el marco del Debate sobre el Estado de la Nación, CiU y La Izquierda Plural presentaron en el Congreso dos propuestas de resolución que defendían el derecho a decidir e  instaban al Gobierno central a dialogar o negociar la celebración de un referéndum con la Generalitat, 14 diputados catalanes del PSOE (la exministra de Defensa Carme Chacón se ausentó del Hemiciclo) votaron a favor rompiendo la disciplina de grupo.

 

Durante unos días se especuló con que podría acabar la sociedad entre PSOE y PSC después de 35 años juntos, y el propio secretario general del primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunció que su partido revisaría la relación con los socialistas catalanes. Se ve que las guerras de religión son capaces de fracturar cualquier sociedad hasta entonces bien avenida. El 6 de mayo de 2013, el primer secretario del PSC, Pere Navarro, asistió a la llamada cumbre por el derecho a decidir que reunió a los partidos catalanes partidarios del mismo, pero anunció que sería la última vez, a la vista de que la Generalitat consideraba tal supuesto derecho “sólo un instrumento para avanzar hacia la independencia”, un objetivo que los socialistas catalanes no compartían.

 

Dos meses después, el Consejo Político Territorial del PSOE aprobó una Declaración de Granada que proponía abiertamente la reforma de la Constitución para construir una España federal, y reconocer los “hechos diferenciales”, pero no mencionaba la autodeterminación. El sucesor de Rubalcaba, Pedro Sánchez, mantuvo la apuesta por una reforma de la Constitución hacia el federalismo y su advertencia de que sólo con la aplicación de la ley, sin hacer política, no se resolvería el conflicto nacionalista en Cataluña.

 

Mientras, el sustituto de Navarro, Miquel Iceta, asumió que el conflicto nacionalista no podría resolverse sin preguntar a la ciudadanía catalana y el PSC aprobó la Ley de Consultas en el Parlamento catalán, pero, en su difícil equilibrio entre ambos nacionalismos, rechazó la del 9 de noviembre alegando que era ilegal y refrendaria aunque tratara de disimularlo. En su programa para los comicios de septiembre de 2015, el PSC de Iceta, del que ya se habían marchado todos los sectores prosoberanistas, eliminó cualquier referencia al derecho a decidir.

 

Tras la crisis interna del PSOE que provocó la dimisión de Sánchez el 1 de octubre de 2016, se convocó un Congreso Federal para junio de 2017, con primarias en mayo, y la ponencia marco defendía como solución para el conflicto en Cataluña volver al Estatuto de Autonomía aprobado en 2006, incluidos los artículos eliminados por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, el texto quedó en nada cuanto Sánchez ganó las primarias del 21 de mayo y recuperó la Secretaría General. Él  abogaba por reconocer en la Carta Magna la “plurinacionalidad” de España, y a Cataluña como nación, pero sin reconocer la autodeterminación. El congreso del PSC en noviembre de 2016, y el PSE en su pacto de gobierno con el PNV por las mismas fechas, dejaron por escrito también el término nación referido a Cataluña y el País Vasco, pero sin consecuencias de soberanía. De hecho, en su primera conversación telefónica con Rajoy tras recuperar la Secretaría General del PSOE, el 29 de mayo, Sánchez le garantizó que los socialistas estarían por la legalidad y contra la independencia de Cataluña.

 

Por su parte, Podemos y la candidatura de confluencia en la que participaba en Cataluña, En Comú Podem, reivindicaban una reforma de la Constitución que sancionara la plurinacionalidad de España y el derecho a la autodeterminación de Cataluña y el País Vasco, pero, también en una búsqueda complicada de marcar un perfil propio y diferenciado de los demás, no apoyaban la convocatoria de un referéndum unilateral en Cataluña, porque se convertiría en un nuevo 9-N sin ninguna consecuencia real ni reconocimiento internacional. Tenía que ser, alegaban, un referéndum acordado. Los estudios de opinión indicaban que aproximadamente dos tercios de los votantes de estas candidaturas en Cataluña eran contrarios a la independencia, pero el nuevo partido Catalunya en Comú, en el que iban a refundarse Podem, ICV, EUiA y la Barcelona en Comú de la alcaldes Ada Colau EUiA, definía en su ponencia fundacional a Cataluña como una “república social y democrática” que decide su relación “con el resto de pueblos de la Península”. Una definición entre federalista y confederalista, pero que eludía comentar qué ocurriría si, como sujeto autónomo que decide su relación con el resto de España, Cataluña optaba por independizarse. Era más fácil apostar por el diálogo para convocar un referéndum autorizado, o por una reforma de la Carta Magna que reconociera el derecho a decidir, sin tener ninguna seguridad de que uno u otra fueran posibles. Catalunya en Comú renunció a sumarse a la cumbre del 29 de mayo del Pacto Nacional por el Referéndum, cuando los independentistas reafirmaron su apuesta por la vía unilateral una vez negarse Rajoy a negociar las condiciones del plebiscito.

 

Sin duda, un acuerdo entre gobiernos para celebrar una referéndum legal entre los catalanes o un consenso para reformar la Constitución y sancionar un nuevo modelo territorial reconociendo un derecho a la autodeterminación desactivaría todos los problemas, pero no pasa de ser un desiderátum. Subrayemos en todo caso que el federalismo que propugnan los socialistas no es intrínsecamente superior al Estado de las Autonomías ni éste al Estado centralizado. Desde el momento en que, según expusimos hace ya bastantes páginas, no hay identidades ni singularidades colectivas que encajar en el conjunto, son tres formas de organización territorial igualmente convencionales y legítimas entre las cuales hay que elegir la que redunde en mayor eficiencia o bienestar para los ciudadanos. Pero el acuerdo sobre cualquiera de ellas pondría, obviamente, fin al problema y al debate entre legitimidades.

 

La cuestión es qué pasa en caso de que no haya tal acuerdo, de que Madrid ofrezca federalismo y Barcelona o Vitoria quieran confederalismo o independencia. Y es que, por más vueltas, enfoques o matices que se quieran imprimir a la retórica, la tesitura se reduce a un conflicto de legitimidades: legitimidad constitucional frente a legitimidad democrática. Pues bien, entre ambas, ¿cuál ha de prevalecer? Cuando se trata de decantarse por un axioma o por otro (se ha de cumplir la ley por encima de todo o hay que respetar la voluntad del pueblo antes que cualquier otra cosa), el razonamiento es imposible. No se puede llegar a una conclusión objetiva como que las naciones no existen; simplemente hay que escoger unilateralmente uno de los dos criterios.

 

En mi opinión, el Derecho es una convención humana, que en un momento determinado es como es pero que llegó a ser así por una coyuntura política concreta (si la Historia no legitima nada, tampoco tienen por qué hacerlo las leyes, que son el precipitado que aquélla deja). En el caso de España, la de 1978, con el condicionamiento de tener el franquismo tan reciente y todos los derivados de la relación de fuerzas y la mentalidad del momento. Es decir, que la Constitución podría perfectamente haber sido o llegar a ser de otra manera, y por tanto no debe considerarse un imperativo irrevocable. A mi modo de ver, un consenso de hace 35 años no puede ser más vinculante que una hipotética mayoría democrática de hoy. En realidad, si las leyes hubieran prevalecido siempre por encima de todo aún estaríamos rigiéndonos por el Código de Hammurabi.

 

Los nacionalistas españoles y los adalides de la legalidad argumentan que la Constitución es la norma suprema que nos hemos dado todos, con amplio consenso, de la que emanan incluso las instituciones y los cargos autonómicos que presiden independentistas como Mas, y que también obtuvo un apoyo muy mayoritario en Cataluña, aunque menos en el País Vasco por la abstención que propugnó el PNV. Bueno. En primer lugar, la Constitución no se votó artículo por artículo: los ponentes constitucionales redactaron un texto y a los españoles de entonces les correspondió únicamente decir sí o no a un todo que era difícil rechazar teniendo en cuenta que no había otra opción de norma máxima y que se venía de donde se venía, un franquismo cuya base social, política y militar aún seguía residiendo en el país.

 

En segundo lugar, los españoles, catalanes y vascos que refrendaron la Carta Magna en 1978 eran un cuerpo electoral distinto al de los españoles, catalanes (sólo el 16% de quienes la votaron están vivos, según la Generalitat) y vascos de ahora, y la situación política, social, económica y cultural de entonces nada tiene que ver con la actual. No se puede pretender que todas las generaciones compartan la mentalidad y el consenso que inspiró a las anteriores ni que hagan suyo el acervo normativo que éstas últimas quisieron o pudieron darse. Ni tampoco se puede desautorizar una iniciativa por el hecho de que pueda “dividir a los catalanes”, como criticaban frecuentemente el Gobierno y el PP a los independentistas.

 

En realidad, cualquier medida política satisface a parte de la ciudadanía y contraviene a los intereses o apetencias de otra parte. Presentar la Constitución de 1978 como la de “todos los españoles” es obviamente una excesiva licencia que se permiten los sectores de la población que aprueban el statu quo, entre los cuales, por ejemplo, no se encuentra el de los independentistas.  Por la misma razón, tampoco es cierto que la opción de la independencia sea “la única que excluye a unos”, como alegaba el documento Por la convivencia democrática enviado por el Ministerio de Exteriores a los embajadores en enero de 2014; todas las que no sean la independencia contravienen precisamente a los independentistas.

 

Ahora bien, si el texto constitucional es una convención, igualmente lo es el llamado Derecho Natural, al que los estatutos de la Asociación de Municipios por la Independencia de Cataluña aseguraban que pertenece el derecho a decidir de los pueblos, por ser “inherente a la condición humana”. Lo único que es inherente a la condición humana es de índole biológica: los derechos del individuo son los que le ha concedido la sociedad en la que ha nacido. Podrían ser más, podrían ser menos o podrían ser otros. Y desde luego serían otros si hubiera nacido en otra época u otro lugar. Así que el Derecho Natural tiene la misma naturaleza que el Derecho Civil o el Político. Es una convención que hasta ahora es como es pero podría igualmente ser de otra manera.

 

En cualquier caso, el quid de la cuestión no es si yo o cualquier otra persona opinamos que ha de prevalecer la legitimidad constitucional o la democrática, sino cuál de ellas prevalece en la práctica.  Este debate también está inventado. Lo protagonizaron en los años 20 los teóricos germánicos Hans Kelsen y Carl Schmitt, baluartes respectivos del normativismo y el decisionismo. Kelsen, jurista y adalid del Estado de Derecho, pretende fundamentar un orden jurídico que sea la autoridad suprema y suficiente de una sociedad. El Derecho debe funcionar de forma independiente a cualquier condicionante político, sociológico o de otro tipo. No le corresponde valorar situaciones sino poner en funcionamiento una mecánica de procedimientos que establezca una solución jurídica para cada situación y una condena para cada delito, trasladando la orden de jerarquía en jerarquía gracias al respeto a la norma superior: las disposiciones gubernativas han de ser conformes a los decretos, los decretos conformes a las leyes y las leyes conformes a la Constitución.

 

Sin embargo, Schmitt considera irrelevante el poder que se le atribuye al Derecho porque, en último término, todo es una decisión. También lo son las Constituciones, redactadas por unas manos concretas que trasladan sus propias premisas e intereses políticos a la norma suprema y universal. En esa línea, la verdadera autoridad la ostenta quien es capaz de ejercerla en un Estado de excepción, esto es, cuando no hay leyes; quien tiene el poder de imponer una nueva Constitución.

 

La política no tiene, por tanto, nada de estático; nada de obediencia mecánica a un Derecho que dispone de recursos para responder en todas las circunstancias, hacerse obedecer en todas las situaciones y determinar la manera en que se ha de ejercer la autoridad. El poder no nace de la norma, sino la norma del poder (algo ya anticipado por Hobbes en el Leviatán), y el parlamentarismo no sería sino una demora inútil de las cuestiones clave, pues llegará la hora de la crisis y entonces alguien se hallará investido de la autoridad necesaria para superponer una nueva Ley que anulará automáticamente la anterior.

 

Carl Schmitt, coherentemente, se decantó por un régimen presidencialista y militó en el Partido Nazi, pero eso no es óbice para que tengamos en cuenta su advertencia de lo ingenuo que es pensar que ciertas iniciativas no van a salir adelante simplemente por anticonstitucionales. En una crisis, puede imponerse la capacidad de movilización social o la aplicación de la ley por la fuerza, pero desde luego la última palabra no la tendrá la Constitución. Eso también estuvo claro desde la primera redacción final de este ensayo, allá por octubre de 2012, aunque durante estos cuatro años la mayor parte de los analistas de España hayan dado por sentado que los independentistas, especialmente estando en el Gobierno catalán, no se atreverían a transgredir la ley. A medida que se acercaba la fecha prevista para el referéndum de 2017, los secesionistas más convencidos tenían claro que su baza pasaba por obligar al Estado a impedirlo y seguidamente tomar la calle con movilizaciones masivas para, o bien declarar la independencia de forma unilateral o bien forzar al Gobierno a reconocer el derecho a decidir.

 

En esas circunstancias, no sería la Constitución, que a fin de cuentas es un inofensivo papel, el factor que puede disuadir a los independentistas de quebrantar la legalidad, sino el modo en que el Estado, como tenente del monopolio de la violencia, podría hacerla aplicar. Es decir, el miedo a la represión. Ernest Gellner explica que “la mayoría de los grupos que perduran se basan en una mezcla de lealtad e identificación (de adhesión voluntaria) e incentivos -positivos y negativos- ajenos (esperanzas y temores)” . Y Michael Hechter, que ha estudiado las secesiones nacionales como una cuestión de elección racional, incluye entre los condicionantes la percepción que tenga el movimiento secesionista de la fuerza del Estado del que pretende independizarse. Desde su punto de vista, habrá escalada de la violencia cuando un Estado débil se enfrente a un nacionalismo con fuertes vínculos de solidaridad interna.

 

Artur Mas, en los dos meses que mediaron entre la Diada 2012 y las elecciones catalanas, ya avisó de que lo que decidan los catalanes “no lo van a cambiar por una Constitución” y que a él no le iban a detener “ni constituciones ni tribunales”.  Pero por otra parte trataba de calmar ese temor a la represión: “No debe haber miedo porque hoy nadie puede utilizar las armas para ir contra la voluntad de un pueblo que decida pacíficamente y por grandes mayorías”.

 

Sin embargo, en España algunos no lo veían de esta manera. Un militar retirado, el coronel Francisco Alamán, ya había dicho en una entrevista a finales de agosto de 2012 que la independencia de Cataluña se declararía “por encima de mi cadáver y el de muchos”, puesto que los militares habían hecho “un juramento sagrado: cumplir el ordenamiento constitucional que consagra la unidad de España como principio irrenunciable”. Y el 24 de septiembre, la Asociación de Militares Españoles (AME), también compuesta sobre todo por personal retirado, insistió en que las Fuerzas Armadas podrían verse “en la  gravísima tesitura de cumplir” su misión de garantizar la soberanía e independencia de España, en cuyo caso los que “han permitido, participado o colaborado” en esta “de fractura de España” deberían ser conscientes de que “habrán de responder con todo el máximo rigor de tan grave acusación de alta traición ante los tribunales en el ámbito de la jurisdicción castrense”. La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), mayoritaria entre los soldados en activo, salió al paso inmediatamente para aclarar que el ejército no es “un poder autónomo” y que siempre tendría que estar a expensas de lo que ordenara el Gobierno.

 

El 10 de octubre, el ministro de Defensa, Pedro Morenés, incidió en esta línea al rechazar que se tratara a las Fuerzas Armadas como si fueran un colectivo diferenciado del resto de la sociedad española, y desautorizó a “quienes tratan de utilizarlas para lanzar mensajes que no se compadecen con la realidad”. Según aclaró, “el Gobierno tiene claro cómo se garantizan los derechos y libertades de todos los españoles y con qué medios, por lo que cualquier insinuación sobre ruidos de sables está fuera de lugar, de momento y de tono”.

 

Sin embargo, esta declaración no fue suficiente para un grupo de eurodiputados catalanes, que el día 22  escribieron una carta a la ya citada Viviane Reding, quien probablemente estaba a estas alturas más que harta de las trifulcas entre españoles. En la misiva denunciaban supuestas “amenazas sobre el uso de la violencia militar contra la población catalana”; citaban expresamente las palabras de Vidal-Quadras, Alamán y la AME, y pedían a la UE que interviniera “de forma preventiva” para evitarlo. El 29, Morenés zanjó la cuestión en una entrevista en la radio, al asegurar que “Cataluña no tiene que protegerse de España” y que “esas cosas se arreglan de otra manera. El 6 de enero de 2013, en la Pascua Militar, Morenés afirmó que los miembros de las Fuerzas Armadas “mantienen el ánimo firme y sereno, sin atender a absurdas provocaciones”, tanto las de quienes les acusaban de “amedrentar” como las de quienes pedían que actuaran al margen de la Constitución y las órdenes del Gobierno.

 

A finales de febrero, otro militar en la reserva, el general Juan Antonio Chicharro, saltó a la palestra al divulgarse una intervención suya en una mesa redonda en la que supuestamente dijo que “la patria es anterior y más importante que la democracia”, porque “el patriotismo es un sentimiento y la Constitución no es más que una ley”. Se interpretó que insinuaba que el ejército debería defender la integridad de España en caso de que el Gobierno no cumpliera con su deber, aunque él negó haber dicho eso. Los partidos nacionalistas catalanes pidieron de inmediato que se sancionara al general (Morenés se limitó a aceptar su dimisión de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, sin abrirle expediente), pero lo cierto es que este argumento es idéntico al que ellos utilizan para anteponer la presunta voluntad y sentimiento de un pueblo anterior a la Constitución a las disposiciones legales imperantes en un momento dado. Como hemos puesto de manifiesto en este trabajo, al final los nacionalismos son todos iguales.

 

Desde un intento de elucidar racionalmente el gran debate español, no se debe contemplar la posibilidad de resolverlo mediante un conflicto bélico. Por otra parte, los militares están en su derecho de pensar que tienen el deber mantener la unidad de España, pero si lo hicieran unilateralmente debería ser adquiriendo sus propias armas. Las que le facilitan los contribuyentes a través del presupuesto de Defensa sólo pueden emplearse, como es natural, para aquellos cometidos que les encargue explícitamente el Gobierno; lo que hagan fuera de ellos, además, sería constitutivo de delito.

 

Pero, sin llegar al Ejército, también cabía la posibilidad de que intervinieran los Cuerpos de Seguridad del Estado. El vicepresidente del Parlamento Europeo y expresidente del PP catalán, Alejo Vidal-Quadras, recomendó en un programa de televisión el 27 de septiembre a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, “ponerse en contacto con el señor Mas y decirle ‘esto que has hecho está en contra de la ley, rectifícalo o de lo contrario tendré que intervenir. Si se niega, el Senado se reúne, vota, el Parlamento [catalán] se disuelve, el Gobierno de la Generalidad se va a su casa y la Delegación del Gobierno toma el poder en Catalunya”. Además, le sugirió que “vaya preparando a un general de brigada de la Guardia Civil”, el cual “toma el poder de los Mossos [d’Esquadra]. Y ya está. Y si sacan la gente a la calle, que la saquen, pero no podrán estar más de un mes manifestándose, de manifestarse no se come. El Gobierno, si persisten en esa actitud de rebeldía, ha de intervenir a la autonomía rebelde. No hay vuelta de hoja”.

 

El conseller de Interior de la Generalitat, Felip Puig, contrarrestó la amenaza asegurando que la policía autonómica “estará al servicio de sus instituciones, al servicio del país y por lo tanto, al servicio de lo que el país determine, con pleno respeto a la legalidad y la legitimidad de las decisiones que tome como pueblo”. Sáenz de Santamaría, a su vez, le contestó que nadie podía utilizar “a su antojo” a los Mossos d’ Esquadra, pues están para cumplir la ley y la Constitución, no para defender posiciones políticas. Sindicatos policiales españoles recordaron que, en caso de que los agentes catalanes incumplieran la ley, tendrían que detenerlos.

 

En respuesta a la Declaración de Soberanía aprobada por el Parlamento catalán el 23 de enero de 2013, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz fue tajante: “No hace falta decirlo más alto ni repetirlo. Se tomarán las medidas necesarias para cumplir y hacer cumplir la ley”. En una entrevista publicada en El Punt Avui el 23 de abril de 2013,  Mas decía percibir “una secuencia de guerra, de juego sucio” del Estado español contra el proceso soberanista.

 

En otra, en TV3 el 16 de diciembre, una vez establecidas la fecha y las preguntas de la consulta del 9-N, aseguró que no temía la cárcel ni la suspensión de la autonomía de Cataluña. En abril de 2014, abundó dijo ser consciente de que liderar la iniciativa soberanista podía serle “personalmente peligroso”, pero se mostró dispuesto a arrostrar esos riesgos. Prometió también que no sacaría a los Mossos d’Esquadra para proteger las urnas de la consulta; tampoco tenía muy de su parte a los agentes, que días después le cantarían irónicamente el ‘Que viva España’ en protesta por un conflicto laboral, en un acto en el que Mas describió a la Policía autonómica como “una estructura de Estado”. La música patriótica sufre de vez en cuando estas discordancias que emanan de la realidad.

 

También en abril trascendió que se había creado en Cataluña un grupo llamado Nova Terra Lliure, en recuerdo de la antigua organización terrorista, que adoptó el lema de ‘Pueblo armado, pueblo respetado’ y preveía que, cuando el Gobierno español impidiera la consulta del 9 de noviembre, habría que responder también con violencia. Precisamente, ante los anunciados recursos del Gobierno central contra la Ley de Consultas y la propia consulta, el líder de ERC, Oriol Junqueras, abogó abiertamente en septiembre por la “desobediencia civil” y saltarse esa legalidad y construir la legalidad catalana, como ocurre en todos los procesos de independencia. “Que sean ellos los que tengan que retirar las urnas”, le sugerían a Mas desde ERC. García-Margallo, de hecho, dijo en un desayuno informativo que el Gobierno no descartaba adoptar ninguna medida legal para impedir la consulta. El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, se preguntó si eso significaba incluso “sacar a los tanques”, pero el ministro contestó el 22 de septiembre en una entrevista en El Mundo que decir eso era “una desmesura”.

 

En lo que parecía un ambiente preinsurreccional, la CUP llegó a presentar una moción de resolución en el Debate de Política General instando a Mas a celebrar la consulta independientemente de lo que dijera el TC, “la última amarra” que soltar hacia la libertad. El 29 de septiembre por la tarde, cuando el Tribunal Constitucional admitió a trámite los recursos y con ello suspendió de facto ley y consulta, varios centenares de independentistas salieron a la calle y ERC y la CUP abogaron explícitamente por la insumisión. Dos días después, el director general de los Mossos, Albert Batlle, envió una carta a los agentes pidiéndoles “neutralidad” e “imparcialidad política” en el ejercicio de su labor. Desde el Sindicato de Policías de Cataluña, mayoritario en el Cuerpo, garantizaron que el 9 de noviembre cumplirían la legalidad vigente. Finalmente, Artur Mas asumió la suspensión de la consulta, la buscó cierto acomodo legal rebajándola a proceso de participación, y, aunque el TC también suspendió éste, no hubo orden de intervenir en los colegios electorales y por tanto no se produjo ninguna ocasión de conflicto. El presidente de la Generalitat terminaría siendo condenado e inhabilitado por el 9-N, pero lo cierto es que no se atrevió a quebrantar abiertamente la legalidad.

 

Los independentistas son bien conscientes de que tienen mucho que ganar si presentan su proyecto como una lucha épica de David contra Goliat, recreando la sombra ominosa de un poderoso ejército enemigo, pueda resultar sugerente para la base social del bando supuestamente más débil. Pero, pese a esa retórica de connotaciones militares, cuando los partidos soberanistas acarician la idea de desobeder la legalidad española lo hacen contando con que hay escasas posibilidades de que el Estado español utilizara la fuerza para evitarlo o con que, si lo hiciera, la imagen que proyectaría al exterior sería beneficiosa para los intereses independentistas. Cuando el 25 de noviembre de 2014 expuso su propuesta de hoja de ruta hacia las elecciones plebiscitarias si Convergència y ERC presentaban una lista conjunta, reconoció expresamente que uno de los aspectos por los que se podía seguir adelante era que la democracia del siglo XXI “impide el uso de la violencia” por parte del Estado: “Se nos puede intimidar, presionar y perjudicar, pero sólo hasta cierto punto”, constató.

 

Sin embargo, la retórica de violencia no iba a cesar. El 25 de abril de 2015, en la precampaña de las elecciones municipales en Cataluña, Artur Mas dejó caer, en referencia a las catalanas de septiembre: “Si nos la tenemos que jugar, nos la jugaremos, y si tenemos que recibir bofetadas, pondremos la cara”. Prometió seguir “haciendo camino, aunque desde Madrid no nos lo pongan fácil, actuando con contundencia, dureza e, incluso, violencia”. Después,  cuando el 4 de agosto firmó el decreto de convocatoria de las elecciones que pretendía plebiscitarias, en un acto convocado por la Asamblea Nacional Catalana y Ómnium Cultural para ir calentando el ambiente el director teatral Joan Lluís Bozzo arengó a la concurrencia: “Ni el ejército, ni el político, ni los fachas nos podrán parar”. Y el cabeza de lista de la coalición Junts Pel Sí, Raül Romeva (el presidenciable sería en todo caso Mas), no tuvo mejor metáfora que emplear que “nos han dado palizas de arriba abajo” para referirse a las supuestas “leyes injustas y regresivas” aprobadas por el Estado contra el autogobierno catalán.

 

Una vez celebradas las elecciones y registrada la propuesta de resolución de inicio del proceso de independencia y desconexión legal de España, que se comprometía expresamente, ahora sí, a no supeditarse a las sentencias del Tribunal Constitucional, a Morenés se le volvió a preguntar, el 5 de noviembre, en una entrevista en la radio, por la posibilidad de una intervención militar en Cataluña. El ministro dijo que la veía “muy lejana”, puesto que, como había indicado el presidente Rajoy, la solución era “la aplicación del Estado de Derecho gradualmente” y con “proporcionalidad”, y ya en tiempos de Carlos III los cañones se consideraban “la última razón del Rey”. Dos días antes, el titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, también había descartado en la radio la intervención por la fuerza con una expresión enfática: “No vamos a hacer desfilar a la Guardia Civil por la Diagonal. Esto es lo que los independentistas querrían, pero no somos tan tontos”. Como su compañero de gabinete, abogó por “exigir el cumplimiento de la ley pero dar una respuesta proporcionada” y “sin aparatosidad”. Pese a todo, la portavoz de la CUP en el Parlamento catalán, Anna Gabriel, en el debate sobre la propuesta de inicio del proceso soberanista, quiso dirigirse al Estado, a los tribunales y al “ejército español”, para anunciarles que tendrían enfrente a “un pueblo animoso”.

 

Desde el otro bando, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, afirmó que el Estado utilizaría “todos los recursos” a su disposición para evitar la secesión. Y, aprovechando la nueva Ley del TC que capacitaba a éste para ejecutar sus sentencias e inhabilitar a cargos públicos (el Consejo de Europa mostraría en marzo de 2017 sus reparos hacia esta prerrogativa), Sáenz de Santamaría responsabilizó directamente a la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, de que se tramitara y aprobara en la cámara la propuesta de inicio del proceso de independencia; la aludida contestó que llegaría “hasta donde haya que llegar” para cumplir con el mandato democrático que entendía que había otorgado el resultado de las elecciones de septiembre.

 

De hecho, los independentistas sinceros sabían perfectamente que llegar hasta el final era la única manera posible de lograr su objetivo, aunque en principio les sea denegado. En septiembre de 2016, la nueva cabeza visible del Secretariado Nacional de la CUP, Quim Arrufet, afirmó sin ambages que el referéndum unilateral de independencia tenía que celebrarse para “hacer entrar en contradicción antidemocrática al Estado español y que tenga que recorrer a algún tipo de fuerza legal o incluso de fuerza bruta”. En febrero de 2017, cuando se iniciaron los juicios por el 9-N, uno de los encausados, Francesc Homs, lo interpretó como un aviso de cara a la pretensión de convocar el referéndum. Y preguntó: “¿Irán con los tanques a quitar las urnas? ¿Enviar matones? ¿Policías?”. Sólo en una situación de crisis puede librarse la lucha por la autoridad dejando al margen la legalidad que siempre les será adversa a los soberanistas.

 

Al mes siguiente, fue el propio Puigdemont quien, en un acto del PDECat,  recriminó a los responsables del Gobierno español, que están dispuestos a todo, todo, todo; incluso a saltarse su Constitución. A todo a lo confesable e inconfesable”. Se refería al hipotético caso de que hubiera referéndum y el no a la independencia fuera la opción ganadora: “El Estado no sólo está dispuesto a la amenaza sino a la venganza si perdemos”.

 

Precisamente ese mes de febrero, volvió a plantearse el papel de los Mossos en un eventual escenario de confrontación de autoridades, cuando diversos medios de comunicación publicaron que el Gobierno catalán, a instancias de la CUP, estaba sopesando relevar a Batlle de la dirección de la policía autonómica, habida cuenta de que éste había avisado repetidamente de que este cuerpo tendría que hacer cumplir la legalidad vigente en caso de que la Generalitat la conculcara con un referéndum. La mayoría de los sindicatos de los Mossos insistieron en que así tendría que ser, con Batlle o cualquier otro superior; sin embargo, la Asamblea Nacional Catalana y otras entidades independentistas aseguraban que muchos agentes estaban ya de su lado y que en el momento definitivo prevalecería su propia conciencia individual.

 

Sin duda, en esa difícil tesitura se verán los Mossos, el resto de funcionarios estatales y autonómicos en Cataluña y, en general, los ciudadanos catalanes, cuando tengan que decidir a qué autoridad obedecen o a qué agencia tributaria entregan sus impuestos. Una “tensión” que la propia Santamaría calificó de injusta a comienzos de febrero en el Senado, pidiendo a los responsables de la Generalitat que “dejen de intranquilizar a los ciudadanos”, que “lo que quieren es pagar sus deudas tributarias y no tener ningún otro problema”.

 

La nueva ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, auguró en un acto del PP catalán el 25 de marzo que ese mismo año el independentismo y los intentos de división morirán en el rompeolas de la ley”. Es una posibilidad. Pero también podría darse la contraria. Puigdemont instó a primeros de junio al Estado a confesar si iba a emplear “la fuerza” para impedir el referéndum, y el día 10, horas después de ponerle fecha definitivamente, comenzó a instigar a la movilización en la calle desde la convicción de que “a un pueblo movilizado no pueden hacerle ni cosquillas”. El 11, las asociaciones independentistas, en un acto en Montjuic, observaron que “no hay suficientes cárceles para encerrar a todo un pueblo”.

 

La reafirmación de la legalidad vigente y el recuerdo de las consecuencias que supondría quebrantarla es, como el boicot económico o las amenazas de exclusión de la Unión Europea, un arma con el que cuentan los nacionalistas españoles para compensar los incentivos que pudiera tener la independencia catalana. Pero, aunque la ilegalidad puede desanimar la convocatoria de un referéndum, si no consigue hacerlo, la apelación a la voluntad democrática del pueblo siempre será un principio más atractivo y fácil de vender a la opinión pública de ese territorio que la siempre gris y aparentemente restrictiva legalidad constitucional. Desde los estándares democráticos de nuestro tiempo, es muy difícil oponerse al “derecho a decidir” con argumentos de la índole de “puedes decidir cualquier otra cosa, pero esto no” o “ya decides en las elecciones legales quién te va a gobernar, pero tampoco podrá decidir independizarte”.

 

Tan difícil que, como acabamos de ver, el PSC estuvo a punto de romper con el PSOE y el primer partido de hecho sufrió varias escisiones en 2014; y que, antes de las elecciones catalanas de noviembre de 2012, hasta una concejala y exdiputada del PP, María Ángeles Olano, abandonó su partido por oponerse a “atender lo que pide la calle” y apoyó públicamente a Mas. En junio de 2014, el ya mencionado presidente de la patronal catalana, Gay de Montellá, pese a las reticencias del empresariado a la independencia, le dijo al rey Juan Carlos, poco antes de que cediera el trono a su hijo Felipe, que en algún momento habría que hacer una consulta a los catalanes. Al PSC, como hemos visto, le ha costado mucho negar a los ciudadanos a los que luego ha de pedir el voto su derecho a pronunciarse sobre el estatus de la comunidad a la que pertenecen. Hasta los presos de la banda terrorista ETA en diciembre de 2013, y la propia ETA a través de un comunicado el 27 de septiembre de 2014, día de la convocatoria de la consulta de Mas, se apuntaron al derecho a decidir como fórmula que estaba concitando mayor consenso para la independencia de las autodenominadas naciones.

 

No parece que el espejo del referéndum de Escocia pueda disiparse diciendo simplemente que el Reino Unido no tiene Carta Magna y España sí, por lo cual la regulación legal de ésta es más rígida y hay que aguantarse. En la retórica y en la práctica, en caso de colisión entre legalidad constitucional y legitimidad democrática, ésta tiene todas las de ganar. También desde la perspectiva internacional, siempre y cuando la causa de la nación irredenta llegue a calar en la opinión pública de otros países y éstos no tengan amenazas similares en su seno. La sociedad española simpatizó instintivamente con los deseos de emancipación de las poblaciones de los países bálticos y balcánicos, y tiende a hacerlo con los de palestinos y saharauis, sin conceder gran importancia a la legalidad imperante en la antigua URSS, la antigua Yugoslavia o los actuales estados de Israel y Marruecos. Sólo en el caso de la independencia de Crimea en marzo de 2014, y por el peligro de que Rusia siguiera adelante con su anexionismo por el este de Ucrania, la comunidad internacional se puso del lado de este país y no reconoció el referéndum.

 

Por lo general ocurre lo contrario. El primer ministro letón, Valdis Dombrovskis, desató las iras del Gobierno español, que llamó a consultas al embajador, cuando el 13 de septiembre de 2013 contestó instintivamente en una entrevista en la que se le preguntó si reconocería a un Estado catalán: “Si hay legitimidad en el proceso diría, teóricamente hablando, ¿por qué no?”. Al día siguiente, el primer ministro lituano, Algirdas Butkevicius, probablemente avisado del desliz de su colega, matizó que, aunque “todo país tiene derecho a la autodeterminación”, el camino a la independencia “ha de hacerse de acuerdo a bases legales, a la ley internacional y a las previsiones de la Constitución del país”. Sus palabras tampoco sentaron bien al Ministerio de Asuntos Exteriores, que convocó al embajador de Lituania, cuyo gobierno aclaró al día siguiente que no se podía comparar la situación de la Unión Soviética, de la que se desgajaron sus países, con la de España, un país democrático. No obstante, los independentistas quisieron buscar la complicidad de los países bálticos con la Vía Catalana de la Diada de 2013, que remedaba a la “Vía Báltica”, la cadena humana que en 1989 unió Lituania, Letonia y Estonia para reclamar su independencia de la URSS. De esta emulación sí que mantuvieron los dos dirigentes bálticos que se sentían muy honrados.

 

Todas las sociedades, al contemplar los conflictos nacionalistas desde la distancia, se ponen siempre del lado de la supuesta nación que lucha por independizarse. El documento Estrechar lazos en libertad, con el que el Departamento de Presidencia de la Generalitat contestó en febrero de 2014 al citado Por la convivencia democrática de Exteriores, aventuraba que, aunque las objeciones legales del Gobierno español puedan parecer plausibles al mundo en un principio, “más adelante podrían llegar a convertirse en  una mera excusa legalista, en una coartada sin credibilidad”.

 

Desde la formación del gobierno de Carles Puigdemont, sustentado por la mayoría parlamentaria de Junts pel Sí más la CUP, todas las resoluciones del Tribunal Constitucional desautorizando los sucesivos pasos hacia la desconexión legal con España han recibido la misma respuesta de los independentistas: que seguirán adelante con el referéndum apelando a lo que quieren interpretar como el mandato democrático de las elecciones de septiembre de 2015: seguir adelante con la intención de convocar el referéndum. El 21 de abril de 2017, todos los miembros del Gobierno catalán firmaron en un acto solemne un Compromiso por el Referéndum, en el que se hacían conjuntamente responsables de convocarlo, llevarlo a cabo y aplicar sus resultados”, amparándose en un supuesto “derecho inalienable” avalado por la “legitimidad” de la “voluntad mayoritaria de la ciudadanía de Cataluña”.

 

Por eso, en la dicotomía entre legalidad constitucional y legitimidad democrática, si no hay acuerdo entre el Gobierno español y el catalán para convenir  una reforma de la Constitución pactada o una consulta acordada, y los independentistas no se arredran ante la eventual represión, lo convocaran y consiguieran celebrarlo en algún momento, la última palabra la tendría, en la práctica, la autodeterminación.

 

 

LA AUTODETERMINACIÓN

 

En principio, nada de lo que hemos dicho en los capítulos anteriores contra el concepto de nación afectaría al de autodeterminación, o al de “derecho a decidir” según el persuasivo neologismo acuñado por los nacionalistas catalanes. Para que un grupo humano sea una nación no basta con el mero hecho de que se lo crea, pero, si la voluntad popular prevalece en teoría o en la práctica sobre la legalidad vigente, sí parece lógico que se organice políticamente como le parezca (“No es de recibo que hoy se continúe negando el derecho de la ciudadanía e Cataluña a decidir cómo quiere articularse políticamente”, argumentaba la mencionada propuesta de resolución de La Izquierda Plural en el Debate sobre el Estado de la Nación de 2013, que dividió a los diputados del PSOE y el PSC) y que una de las posibilidades abiertas a la decisión de los ciudadanos sea declararse independiente de cualquier otro grupo.

 

La nación y la independencia son dos cosas totalmente distintas. De hecho, los fundadores de los nacionalismos políticos catalán y vasco, Enric Prat de la Riba y Sabino Arana, consideraban que Cataluña y el País Vasco eran naciones eternas al margen de la voluntad de los ciudadanos. Simétricamente, basar la existencia de una nación política en lo que decidan sus habitantes, que por definición es un elemento voluble, supone contradecir por completo que la nación posea una serie de elementos constitutivos objetivos y constantes que justifican sus aspiraciones de independencia.

 

En realidad, como veíamos en el capítulo dedicado a la historia del concepto nación, Herder no prefiguró consecuencias políticas para el organismo nacional que alumbró, y sólo la combinación de las diferentes acepciones de nación (la de Estado sin más anterior a 1789, la de conjunto de los habitantes del mismo con derecho al autogobierno pero igualmente sin connotaciones identitarias acuñada por la Revolución Francesa y, finalmente, la herderiana) permitió a los nacionalistas, seleccionando la parte oportuna de cada una de ellas, reivindicar que los habitantes de un territorio que comparten una serie de rasgos culturales e históricos comunes deben conformar un Estado propio. En el siglo XX, la generalización de la democracia incorpora el factor de la voluntad de sus habitantes.

 

Pero, aparte de por esta amalgama de definiciones convencionales, los nacionalistas, ya lo decía John Breuilly, nunca han sabido argumentar de manera convincente por qué una supuesta nación cultural debe sustanciarse en un Estado político. No hay ninguna razón por la que los individuos que presuntamente tienen una identidad, una cultura, una lengua y una Historia comunes deban  constituirse en una entidad política propia e independiente. Como hemos visto en capítulos anteriores, no es verdad que “todas las naciones tienen un Estado que las protege”, como adujo Mas al presentar su programa electoral. Según los criterios convencionales de lo que es una nación y obviando todas sus circularidades y contradicciones, en el mundo habría muchas más naciones culturales que naciones políticas. Lo que ocurre es que sólo las que tienen una entidad política estable, estatal o cuasiestatal, poseen los instrumentos y competencias necesarios para convencer a sus habitantes de que son una nación. Y que, como constata Seton-Watson y ejemplifican el PDECat y ERC, ampliando el alcance del sofisma a los instrumentos para el progreso económico, un tema especialmente sensible en tiempos de crisis, “los nacionalistas han hecho un dogma de que la nación no puede ser libre ni puede desarrollar libremente su cultura a menos que esté en poder del aparato de un Estado propio”[9].

 

Una nación, si existiera, no tiene por qué tener un Estado. En cambio, nada se podría objetar, al menos en principio, a que un grupo humano se dotara de tal entidad si sus integrantes así lo deciden. Decíamos en la introducción que los sentimientos no merecen formar parte de la agenda pública ni legitimar iniciativas políticas. Y así es. Pero, obviamente, los sentimientos, junto a los intereses y cualquier otra motivación personal, son factores perfectamente legítimos para conformar la decisión privada de un individuo. De hecho, en todas nuestras decisiones influyen los intereses y los sentimientos, y la mayoría de las veces es imposible deslindar dónde comienzan los unos y donde terminan los otros. A la decisión de un individuo sobre qué destino u organización política desea para el grupo humano del que forma parte no se le puede objetar nada, ya se base en intereses o en sentimientos personales.

 

Como ya vimos, Ernest Renan, tras desdeñar todos los criterios objetivos que se manejaban y se siguen manejando para definir la nación, concluía que ésta es, ante todo, un “plebiscito cotidiano”, un “deseo claramente expresado de continuar una vida en común”. Desde la convicción de que “una provincia son sus habitantes”, deniega a un Estado el derecho a exigir un dominio sobre ella y le insta a que, “si surgen las dudas en relación a las fronteras, consulte a las poblaciones de las zonas en disputa”. No obstante, el filósofo francés recomendaba no llevar “demasiado lejos” este principio y dejar a las viejas naciones “al albur de voluntades que no suelen ser demasiado ilustradas”. Por lo visto, no tenía demasiada confianza en la madurez política de la gente, siempre susceptible de ilusionar y enardecer por dirigentes políticos elocuentes o carismáticos dispuestos a revolver las estructuras de una sociedad.

 

Es evidente que ese plebiscito no tiene lugar todos los días; es, como el contrato social de Hobbes, Locke y Rousseau, una ficción que trata de justificar a posteriori una situación de facto. Nacemos ya enmarcados en una entidad política y jurídica y se supone que la queremos porque no la quebrantamos, pero lo cierto es que no se nos da la oportunidad de votarla más que cuando los dirigentes políticos nos convocan a ello. Sin embargo, la iniciativa de los independentistas catalanes, y las propuestas del PNV y Podemos de incluir el derecho a decidir en el ordenamiento jurídico, pretenden hacer realidad una posibilidad, la autodeterminación, que el PSOE y el PCE contemplaron en los años de la Transición, aunque descartaron desde las elecciones de 1977, y que los Parlamentos vasco y catalán aprobaron en abstracto ya en 1989. El Estatuto de Núria también recogía el “derecho de autodeterminación que compete al pueblo catalán”, un enunciado que por supuesto fue suprimido por las Cortes republicanas.

 

El principio de autodeterminación, como vimos en el capítulo 2, aterrizó en la escena diplomática cuando el presidente Wilson lo incluyó entre los 14 puntos con que se propuso gestionar las relaciones internacionales después de la I Guerra Mundial. No obstante, Wilson, que prefería hablar de autogobierno, matizó que, si las minorías nacionales participaban en la elección del gobierno central, como entonces ocurría en Irlanda y Estados Unidos y ahora en Cataluña y el País Vasco, no tenía sentido habilitar el derecho de autodeterminación[10].

 

La Carta de las Naciones Unidas, en sus artículos 1, 2 y 55, mantiene la inercia wilsoniana, suspendida por su derrota electoral y luego la II Guerra Mundial, de que las relaciones entre las naciones han de estar basadas en el principio de la libre autodeterminación de los pueblos. Sin embargo, la URSS aprovechó durante un par de años su vigencia para reclamarlo constantemente para los países colonizados por las potencias occidentales, lo cual motivó que éstas acordaran no retomarlo en una fecha tan temprana como 1948.

 

En 1960, la Declaración 1.514 de la ONU garantiza el derecho a la independencia de los países colonizados, en una votación en la que se abstienen EEUU, el Reino Unido, Francia, España, Bélgica, Australia, la Unión Sudafricana, Portugal y la República Dominicana. Se constituye, además, un Comité de 17 estados que estará encargado de vigilar el cumplimiento de esta resolución; eso sí, insiste en entender el derecho de autodeterminación dentro del contexto de la cuestión colonial.

 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 19 de diciembre de 1966 afirma en su artículo 1 que “todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación” y “establecen libremente su condición política”, y que todos los estados firmantes “promoverán” y “respetarán” ese derecho.  Sin embargo, el 27 restringe implícitamente su aplicación a los territorios coloniales, porque no hace referencia a él cuando trata de las minorías nacionales no coloniales. Desde entonces, estos problemas han venido siendo considerados con neutralidad por la ONU, que los cataloga como asuntos internos de un Estado soberano.

 

El último documento importante promulgado por la ONU en este ámbito es la Declaración sobre Principios de Derecho Internacional, concerniente a las relaciones de amistad y cooperación entre los estados (1970). Allí explicaba que “el establecimiento de un Estado soberano e independiente, la libre asociación o integración con un Estado independiente o la adquisición de cualquier otra condición política libremente decidida por un pueblo constituyen formas  de ejercicio del derecho a la libre determinación”.

 

Sin embargo, tras este enunciado que parece dar luz verde a cualquier secesión de un territorio dentro de un país ya formado, aclara: “Ninguna de las disposiciones de los párrafos precedentes se entenderá en el sentido de que autoriza o fomenta acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial de los Estados soberanos e independientes que se conduzcan de conformidad con el principio de igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos antes descrito y estén, por tanto, dotados de un gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción por motivos de raza, credo o color”. Es decir, que la ONU no avala la autodeterminación de las supuestas naciones sin Estado cuando existe un Gobierno representativo del que participan. Es la principal razón de que los soberanistas catalanes acuñaran el más disimulado y convincente término de “derecho a decidir”.

 

Esta precisión excluiría en principio a Cataluña y el País Vasco del derecho a la autodeterminación, como subrayaba el documento Por la convivencia democrática, pero también a Kosovo. Y, sin embargo, en julio de 2010, el Tribunal Internacional de La Haya avaló la declaración unilateral de independencia de Kosovo, el territorio de mayoría albanesa que se desgajó voluntariamente de Serbia en el epílogo de la guerras de los Balcanes. Según la sentencia, que respondía a la consulta que le trasladó la Asamblea General de la ONU a instancias de Serbia, y que no vincula a los Gobiernos estatales pero sin duda constituye un precedente para casos futuros, la declaración del Parlamento kosovar “no violó ninguna ley vigente a nivel internacional”, puesto que “la legislación internacional no contiene ninguna prohibición aplicable de la declaración de independencia”.

 

España, sin duda condicionada por el debate nacionalista dentro de sus fronteras, es uno de los cinco únicos países de la UE (junto a Chipre, Grecia, Eslovaquia y Rumanía) que todavía no han reconocido a Kosovo como Estado independiente. García-Margallo mantuvo la política de su predecesora socialista, Trinidad Jiménez, alegando que dar pábulo a una declaración unilateral de independencia, no acordada con el estado contra la que se emitía, obligaría a reconocer cualquier reivindicación análoga de cualquier otro grupo humano.

 

Diga lo que diga la legalidad estatal o internacional, si la consideramos un criterio menos pertinente o eficaz que la voluntad de la gente, la autodeterminación no es rebatible con argumentos racionales. Ahora bien, todavía falta por dilucidar cuál ha de ser el sujeto de decisión, que a mi juicio es la clave de todo. Cómo se delimita el grupo humano que tiene derecho a organizarse políticamente como le convenga. A este respecto, cabe señalar, en primer lugar, que para reivindicar la autodeterminación cualquier nacionalismo tiene que desprenderse por completo de toda asociación con la territorialidad, pues son dos conceptos que se dan de patadas entre sí.  ERC y la CUP defienden los dos a la vez. Esto no puede hacerse sin caer en el absoluto ridículo intelectual.

 

La autodeterminación niega la legitimidad de las fronteras vigentes porque concede prioridad a la voluntad democrática de los ciudadanos, mientras que la territorialidad impone la supuesta realidad sustantiva de los territorios por encima de los deseos de las poblaciones que los habitan. Si consideramos que la autodeterminación impera sobre la territorialidad, Valencia, Baleares y Navarra son sin lugar a dudas parte de España, pues así lo evidencia votación tras votación la voluntad democrática de sus habitantes; si, por el contrario, es la territorialidad el criterio supremo para trazar las fronteras, esas regiones podrían, quizás, pertenecer a Cataluña y el País Vasco si aceptamos las demarcaciones culturales que proponen los nacionalistas, pero éstas dos pertenecerían indiscutiblemente a España.

 

Sin embargo, la cosa no queda ahí. La incompatibilidad entre territorialidad y autodeterminación conlleva más consecuencias, que desmienten la pretensión de los soberanistas de presentar su iniciativa como una cuestión cívica y democrática. El debate sobre quién ha de ser el sujeto de decisión en un referéndum de autodeterminación de Cataluña o el País Vasco oscila siempre entre si han de votar en él sólo los catalanes y los vascos o bien todos los españoles. Esto último lo ha venido defendiendo el Gobierno cada vez con más insistencia, argumentando que el referéndum sobre la independencia de Cataluña afectaría al conjunto del pueblo español y que la soberanía recae en todos los españoles, bien para convalidar la reforma de la Constitución que la consintiera o bien para autorizar específicamente la secesión.

 

Así lo corroboró el Tribunal Constitucional en su sentencia sobre la Declaración de Soberanía catalana, recordando que el  artículo 1.2 de la Constitución establece que la titularidad de la soberanía nacional reside en el pueblo español, en todo el pueblo español. Rajoy lo reiteró en sus discursos de enero de 2014 en la Convención del PP catalán y el debate en el que el Congreso rechazó ceder a la Generalitat la potestad de convocar referendos, que hemos citado ya varias veces: “El futuro de España no se puede determinar en una comunidad autónoma mediante un referéndum particular. Si España permanece íntegra o se fragmenta, no puede decidirse en una votación parcial’. Según apuntó, “cada catalán, como cada gallego o como cada andaluz, es copropietario de toda España, que es un bien indiviso”, “el derecho a decidir sobre su futuro político lo tiene el conjunto del país y no sólo una parte del mismo” y no se puede “privar al resto de españoles de su derecho a decidir lo que quieren que sea su país”.  La misma tesis esgrimió al recurrir al Constitucional la consulta catalana, el 29 de septiembre: “La soberanía reside en el pueblo español en su conjunto y una parte de él no puede tomar decisiones sobre lo que afecta a todos (…) No hay nada ni nadie que pueda privar a todos los españoles del derecho a decidir lo que es su país”.

 

Al margen de lo que diga la Carta Magna, el que la independencia de Cataluña afecte a todos los españoles y lo que vaya a ser en el futuro su país sólo tiene sentido si damos por supuesto, por un lado,  que los españoles forman una comunidad y que les concierne el destino de la misma, algo que ya rechazamos en el capítulo 3. Y, por otro, que España es una nación a la que pertenece Cataluña. Dejando al margen esa premisa, si los catalanes o los vascos decidieran salir de España, no estarían privando al resto de los españoles de nada referente a su país; sólo que Cataluña o Euskadi ya no formarían parte de él.

 

Los dirigentes independentistas sostienen, con razón, que, cuando un socio de un club decide marcharse del mismo no tiene por qué preguntar al resto de los socios. Así, el  documento Estrechar lazos en libertad se preguntaba si para que un país de la UE pudiera abandonar la Unión tendrían que admitírselo todos los demás estados miembros. Sin embargo, los independentistas apelan en todo momento a la voluntad democrática de Cataluña o el pueblo catalán. Y, obviamente, el razonamiento del club y los socios, o el de la UE y los estados miembros, también podrían aplicarse a los múltiples socios que componen el club llamado Cataluña o pueblo catalán.

 

Los nacionalistas catalanes defienden el derecho de autodeterminación porque internacionalmente se tiene asumida la convención de que es un derecho que asiste a las naciones, o los pueblos. Así hacían los estatutos de la Asociación de Municipios por la Independencia de Catalunya, que declaran que el contenido de la Carta de la ONU es “válido para todos los pueblos”, y el preámbulo del acuerdo postelectoral de CiU y ERC, que reclamaba: “Al igual que cualquier otra nación, Cataluña tiene derecho al ejercicio de la autodeterminación”. La Declaración de Soberanía que ambos partidos llevaron al Parlamento catalán declaraba “la soberanía democrática del pueblo de Cataluña como sujeto político y jurídico” e iniciaba “el proceso para hacer efectivo el ejercicio del derecho a decidir como plasmación del derecho a la autodeterminación de los pueblos”. Como veíamos en el primer párrafo del ensayo, Artur Mas aseveró en su mensaje de fin de año 2013 y al firmar el decreto de convocatoria de la consulta que “las naciones tienen el derecho a decidir su futuro”. El texto Estrechar lazos en libertad del Departamento de Presidencia de la Generalitat afirmaba que “ser una nación significa, por razones obvias, asumirse colectivamente como un sujeto político”. Su titular, Francesc Homs, lo presentó como realidad incontestable el 6 de marzo de 2014 en un desayuno informativo en Sevilla, al afirmar que Cataluña es una nación y, como tal, “se siente sujeto político para decidir su futuro”. Y, cuando el 29 de septiembre por la tarde , Mas contestó a la objeción de Rajoy de que una parte de España no puede tomar decisiones sobre el conjunto de ella, le recriminó que esa parte “no es una entidad”, en el sentido de algo abstracto, sino “una nación”. Para los nacionalistas, a lo que se ve, este vocablo resulta incomprensiblemente más tangible.

 

En el País Vasco, la candidata de EH Bildu a las elecciones vascas del 21 de octubre de 2012, Laura Mintegi, también afirmó al día siguiente de los comicios que en España hay dos naciones, Cataluña y Euskadi, que “reivindican sus derechos internacionalmente reconocidos”.  Ante la renuncia del PSE a discutir nada relativo a la autodeterminación en su congreso de febrero de 2013, Maribi Ugarteburu, de la izquierda abertzale, criticó que “la negación de la propia existencia de Euskal Herria como nación sujeto de derecho, y de su derecho a decidir, constituye el principal nudo del conflicto político que durante décadas enfrenta al Estado español con nuestro país”. Y, el 8 de octubre, los grupos parlamentarios de ERC, Amaiur (constituido por la izquierda abertzale) y el BNG defendieron en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley, por supuesto rechazada por la mayoría de la cámara, en la que emplazaban al Gobierno a respetar el derecho de autodeterminación de las “naciones” catalana, vasca y gallega.

 

Sin embargo, lo cierto es que la ONU en ningún momento ha definido qué es un pueblo o qué es una nación. Ya no digo sometiéndolo a un análisis teórico riguroso, sino ni siquiera recogiendo acríticamente las convenciones establecidas, como suele hacer el Derecho en todas sus vertientes, incluido el Internacional. Es algo bastante lógico, ya que, precisamente por su indefinición y falta de univocidad, no se trata de términos jurídicos sino meramente simbólicos. Pero, si se aferran a él los nacionalistas catalanes y vascos, habrá que recordarles que jurídicamente Cataluña y el País Vasco no están reconocidos como naciones.

 

Si seguimos transitando por los a menudo improductivos senderos de la literalidad legal, sólo España está catalogada como nación, en el artículo 2 de la Constitución. En el Estatuto vasco de 1979 Euskadi no aparece definida como tal, y ya sabemos cómo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se negó a toda costa a hacerlo con Cataluña en el Estatuto de 2006, que sólo constata que el Parlamento catalán la definió como nación, en sentido descriptivo y no ontológico, y además en el preámbulo, que no tiene validez jurídica, como cuatro años más tarde se encargó de remachar la sentencia del Tribunal Constitucional. Es decir, que, si acudimos a los documentos legales, sólo España tendría derecho a la autodeterminación. Y, si sacamos las consecuencias que se derivan racionalmente del análisis que venimos realizando en estas páginas, no lo tendrían ni España, ni Cataluña ni Euskadi.

 

Los nacionalistas catalanes y vascos (y los españoles, al postular que tendrían que votar todos los ciudadanos del Estado) reclaman el derecho a convocar a referéndum a toda la población que vive en sus respectivos territorios, porque se supone que los vascos, por un lado, y los catalanes, por otro (o los españoles todos, incluyendo a vascos y catalanes), forman un sujeto natural y objetivo, un conjunto de personas que comparten una identidad, una cultura, una lengua y una historia; un cuerpo electoral homogéneo que, por tanto, puede decidir su futuro según lo que dictamine una mayoría más o menos representativa de sus poblaciones.

 

El que el Govern ponga por encima de todo el derecho del pueblo catalán a decidir su futuro, aunque la eventual salida de la UE le aconseje finalmente desestimar la independencia (así lo dejó entrever Homs tras el Consejo Ejecutivo del 15 de abril de 2014, horas después de que la Comisión Europea contradijera las conclusiones del informe del Consejo Asesor para la Transición Nacional sobre la permanencia de Cataluña en la UE), se explica porque ese derecho es la expresión última de la soberanía que se supone corresponde a una nación. “¿Es Cataluña menos nación que Escocia?”, preguntó Mas al día siguiente del referéndum de independencia escocés, mientras afirmaba que su compromiso no era llevar a Cataluña a la independencia, sino que votara en la consulta.

 

Por el contrario, el que el Gobierno español le niegue esa consulta alegando que la soberanía corresponde al conjunto del pueblo español se debe a que piensa que la única nación es España, aunque lo disfrace alegando que compete a todos los ciudadanos decidir lo que será su país. El presidente de Ciutadans, Albert Rivera, lo dejó bien claro en una entrevista en el diario digital vozpópuli el 12 de julio de 2014: “No se puede trocear la soberanía nacional porque ésa es la base de la nación”.

 

Es decir, que la soberanía y la autodeterminación, como la identidad, la cultura, la lengua, la Historia y la queja por el déficit fiscal, también parten de la idea de nación. Siempre, aunque Mas pretendiera convencer a los lectores de Le Figaro en un artículo publicado el 15 de noviembre de 2015 de que “la voluntad de los catalanes de poder decidir su futuro no tiene nada que ver con el nacionalismo”. Claro que tiene que ver. Lo hemos comprobado cada vez que hemos citado al propio presidente de la Generalitat reivindicando que Cataluña, “como todas las naciones del mundo”, tiene derecho a decidir su futuro. Por eso la nación es, como avanzábamos en la introducción, el fundamento básico de todo el debate, el que, si nos molestamos en demostrar su inconsistencia, obliga necesariamente a enfocar el litigio y sus posibles salidas de otra manera. Bajo la muy respetable y popular coartada de la democracia y el derecho a decidir, el nacionalismo separatista cuela de tapadillo la lógica infundada de la nación en el proceso que ha de guiar la resolución del debate territorial. Y, claro, si las naciones existieran como entes objetivos, como realidades sustantivas, y lógica, jurídica o convencionalmente concluyéramos que por ello han de ser sujetos políticos con derecho a autodeterminarse, tendríamos que asumirlo y permitirlo. Pero es que no es así.

 

La Declaración de Soberanía del 23 de enero de 2013 justificaba la definición del “pueblo catalán” como “sujeto político y jurídico soberano” en “razones democráticas”, pero la democracia no precede a la designación del sujeto, sino todo lo contrario. Primero se define al sujeto colectivo y luego se argumenta que la mayoría democrática de los individuos que lo componen defiende el derecho del conjunto a autodeterminarse. Si el sujeto incluyera a más, menos u otros individuos, tal vez su mayoría democrática reivindicaría lo contrario.

 

¿Por qué el sujeto político y jurídico soberano ha de ser “el pueblo catalán”? Un grupo humano, decíamos, tiene derecho a organizarse políticamente como quiera, en lo que sería una decisión estrictamente cívica, alejada de cualquier connotación identitaria o pasional. Pero es que la nación o, en este caso, el “pueblo catalán”, no es un grupo humano, sino una abstracción, una entelequia. No puede ser un grupo humano aquél en el que, como decíamos en el capítulo tercero, la inmensa mayoría de sus integrantes ni siquiera se conocen entre sí. Y no puede ser un grupo humano aquél cuyo contorno se traza apelando a unos elementos constitutivos que, como hemos visto a lo largo de este libro, no comparten todos sus integrantes. La nación no existe, y, por lo tanto, no puede ser el sujeto de decisión de un referéndum. Es decir, que, a la cuestión que el propio documento Estrechar lazos en libertad que la Generalitat señala como la fundamental (“¿El pueblo de Catalunya es un sujeto político legitimado para tomar una decisión colectiva como tal sujeto?”, autorrespondiéndose páginas después que negarlo “no tiene hoy justificación alguna”), habría que contestar radicalmente que no.

 

Quien defienda honestamente el derecho de autodeterminación tiene que hacerlo, no para la nación, sino para cada uno de los municipios pequeños que se encuentran en su territorio, y, en el caso de los medianos o grandes, para cada uno de los barrios y casi para cada una de las comunidades de vecinos que los componen. Todos ellos son grupos humanos más definidos y con unos rasgos comunes objetivamente mucho más reales que los del colectivo más amplio y por tanto más difuso que se  denomina nación. ¿Alguien duda de que existe una identidad, una cultura y una lengua más compactos en el barrio de Las Arenas de Bilbao o en el cinturón obrero de Barcelona que en el conjunto del País Vasco y de Cataluña? Cuanto más pequeño sea el grupo, más posibilidades hay de que sus miembros conformen una  unidad homogénea.

 

Esto no imposibilita que Cataluña o el País Vasco lleguen a ser independientes, pero la autodeterminación, para ser realmente democrática y no un reflejo de la idea mítica de nación, tiene que ejercerse en sentido inverso. Primero los barrios, luego los municipios, y, en el caso de que varios de ellos con cierta contigüidad se decantaran por la misma opción, entonces podrían unirse en una comarca propia. Después, las comarcas podrían hacer lo propio unificando estructuras y administraciones, hasta conformar un Estado que coincidiera, o no, con la integridad del territorio de lo que actualmente es Cataluña o el País Vasco.

 

En las elecciones catalanas de septiembre de 2015, en las que las formaciones independentistas Junts pel Sí y la CUP obtuvieron casi el 48% de los votos, este porcentaje se redujo al 41% en el Barcelonés, la comarca de la ciudad condal;  al 40,8% en el Vallés Occidental; al 32,5% en el Baix Llobregat. Las tres comarcas más pobladas de Cataluña, donde viven dos millones de personas. En el Tarragonés, que rodea a la capital tarraconense, sacaron el 37%. Por municipios, en el segundo más habitado de Cataluña, L’ Hospitalet de Llobregat, se quedaron en el 25%, y en el tercero, Badalona, en el 32,5%.

 

En el País Vasco, donde  hubo elecciones autonómicas en octubre de 2012, es difícil hacer la misma extrapolación de los resultados porque el PNV no se presentó haciendo bandera de la secesión. Pero, aun sumando todos sus votos a los de EH Bildu, se verían superados por los acumulados por PP, PSOE y UPyD en municipios alaveses como Vitoria, Oyón, Iruña de Oca, Labastida, Ribera Baja y Elciego, y el vizcaíno de Ermua, y habría un virtual empate, plausiblemente deshecho por los electores no independentistas del PNV, en el de Irún en Guipúzcoa y los de Barakaldo y Portugalete en Vizcaya, entre otros. Un análisis por distritos en las grandes ciudades arrojaría la misma heterogeneidad de opciones que en Cataluña.

 

Con el principio democrático de respeto a la voluntad popular por bandera, como defienden los nacionalistas vascos y catalanes, todos los grupos humanos deben tener derecho a decidir, en un hipotético referéndum de independencia de Cataluña o el País Vasco, si siguen perteneciendo a España o se pasan al nuevo Estado. Porque cabe la posibilidad de que municipios fronterizos o núcleos o barrios con población mayoritariamente inmigrante de otras regiones españolas, como ocurre en el área metropolitana de Barcelona, prefieran por interés o por sentimiento permanecer en España. O que comarcas como la que rodea a la Academia de Suboficiales de Talarn (Pajars Jussà, Lérida) no quieran perder la fuente de ingresos que les supone la ubicación de esta instalación del Ejército español, cuyo rumoreado cierre solivianta paradójicamente a los nacionalistas catalanes. O que un determinado distrito concentre un buen número de filiales de empresas europeas y su población no pueda permitirse quedar eventualmente excluida de la UE. La casuística podría ser infinita. Imponer a cada uno de estos municipios la voluntad de la mayoría de los ciudadanos catalanes o vascos sería lo mismo que deploran los nacionalistas catalanes o vascos cuando desde Madrid se les dice que su destino debe someterse a lo que decida en referéndum el conjunto de los españoles.

 

Si hiciéramos depender la independencia de Cataluña o Euskadi de lo que decidan, simplemente, la mayoría de los catalanes o vascos, estaríamos, fijémonos bien, repitiendo el drama que se produjo en el Imperio austrohúngaro o al final de la I Guerra Mundial en los nuevos estados que se formaron: habría nuevas minorías nacionales irredentas que reclamarían sus derechos apelando a los mismos argumentos que habían invocado los nacionalistas del nuevo estado antes de serlo.  Aunque Cataluña o Euskadi aprobaran su secesión en un referéndum o unas elecciones plebiscitarias por una mayoría del 60 o el 80%, de inmediato se estarían creando en su seno grupos de ciudadanos mayoritariamente partidarios de pertenecer a España, posiblemente castellanohablantes, que exhibirían unos rasgos identitarios y lingüísticos propios y un sentimiento español. Y Rajoy, a cuyo discurso en la convención del PP catalán de enero de 2014 acabamos de replicar que someter la independencia de Cataluña a la decisión de todos los españoles implicaría asumir la realidad de una comunidad española, sí estaría en cambio obligado a proteger el derecho de todo español que viva en Cataluña a seguir siéndolo, como también justificó en su intervención.  En agosto de 2015, una vez convocadas las elecciones plebiscitarias, incidió en este argumento al avisar de que no permitiría que muchos catalanes se sintieran “extranjeros en su tierra”. Sería su deber evitarlo; siempre y cuando esos españoles quieran mantenerlo, no por el hecho de ser jurídicamente ciudadanos del actual Estado español, como la mente constitucionalista del presidente dejaba entrever.

 

Lo que ocurre es que sí hay residentes en Cataluña que quieren seguir siendo españoles. Aunque no incluyéramos en ellos a todos los que se abstuvieron de votar el 9-N o lo hicieron contra la secesión, los 12 de octubre y 6 de diciembre de 2012, 2013 y 2014, miles de personas se manifestaron en Barcelona reclamando la permanencia en España, y otros muchos celebraron la Diada de 2014 en Tarragona con Societat Civil Catalana, organización contraria a la independencia que también sacó a la calle a miles de personas el 19 de marzo de 2017 bajo el lema de parar el “golpe” de los indepedentistas. Cierto, eran muchos menos que quienes reclamaron la independencia en los 11 de septiembre. Pero ello no implica que su voluntad valga menos que la de sus vecinos. En enero de 2015, el Parlamento catalán, con una encomiable coherencia aunque desde mi punto de vista la misma falta de rigor conceptual, reconoció al valle de Arán como “realidad nacional occitana” (¡emparentada así con la Provenza francesa!) con derecho a decidir su futuro político. Pero, ¿acaso se permitiría a estos grupos de “españoles” realizar otro referéndum vinculante para independizarse de Cataluña o el País Vasco y constituir estados nuevos, cada uno por separado o uniéndose entre sí, o bien para pasar de nuevo a España? Incluso en el dudoso caso de que se les permitiera, su decisión ya se vería constreñida, influida o arrollada por el resultado global del referéndum. De modo que el procedimiento, para ser realmente cívico y democrático, debe escuchar y aplicar su voluntad libremente expresada al mismo tiempo que la de los demás barrios y municipios.

 

Por esa razón, las elecciones plebiscitarias o el eventual referéndum tendrían que leerse exactamente al revés de como la plantean los nacionalistas vascos y catalanes. De las partes al todo, y admitiendo desde el principio que muy probablemente a ese todo no se llegaría nunca.

 

En la campaña de las elecciones municipales de 2015, Artur Mas, en un acto en Badalona, reclamó el voto, no para CiU, sino para partidos soberanistas, de forma que, cuando llegara la hora de poner en práctica el proceso, los municipios del área metropolitana de Barcelona “no se puedan poner en contra de que el pueblo catalán decida su futuro”. Aun concediendo a Mas toda la indulgencia que hay que cabe aplicar en este tipo de actos electorales en los que los políticos mendigan el voto con los argumentos que crean que pueden serle más útiles; aun admitiendo que, obviamente, el presidente catalán no estaba sugiriendo que se pasara por encima de la voluntad de los vecinos de estas localidades sino tratando de atraerla, no deja de ser curiosa esta distinción.

 

En ningún momento se planteó la posibilidad de que “el pueblo metropolitano” decidiera su propio futuro; para él, sólo existe “el pueblo catalán”, y obviamente que una parte demográficamente importantísima de él se oponga al proceso dificultaría mucho su realización. Pero, desde un enfoque realmente democrático, con la mente libre de prejuicios y moldes nacionales, cualquiera habría puesto en igualdad de condiciones a ese “pueblo metropolitano” con el resto de núcleos de población más o menos identificables que puedan distinguirse en Cataluña y les habría invitado a cada uno de ellos a pronunciarse y, en su caso, a unirse posteriormente. No habría partido de ese todo previo para acto seguido lamentar que su componente más poblado quizá contravenga la tendencia supuestamente mayoritaria en el resto.

 

No se trata de respetar como personas a los catalanes que deseen seguir siendo españoles, como concedió el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol en una entrevista radiofónica el 5 de noviembre de 2012, añadiendo que tendrán que “adaptarse”. Empleando el mismo razonamiento paternalista, se puede seguir respetando a los independentistas catalanes o vascos dentro del Estado común. A mí no me cabe duda de que los patriotas españoles podrían vivir tranquilamente en una Cataluña independiente, igual que los separatistas no se ven fatalmente disociados de su yo en la España unida, ni padecerían un trastorno de personalidad si continuaran dentro de ella. Sentirse de una determinada nacionalidad no es una necesidad imperiosa ni vital del ser humano. Puede que uno prefiera pertenecer a otra bandera, pero la identidad nacional no existe y nadie corre el peligro de verse aquejado de esquizofrenia si no la ve realizada en un Estado propio. Nadie deja de ser lo que es por no ver hecho realidad su ideal de organización política de la sociedad en que vive. Pero claro, quien esté dispuesto a someterla a la autodeterminación, debe hacerlo con todas las consecuencias.

 

Nada lo imposibilita que no sea el imperativo nacionalista de mantener la integridad territorial de la nación. Si estos núcleos contrarios a la independencia de Cataluña o el País Vasco fueran geográficamente continuos o fronterizos con España, bastaría con modificar las fronteras entre los estados de acuerdo con la voluntad de los pueblos, como siempre han reivindicado los nacionalistas de todo el mundo, sólo que en este caso entendiendo “pueblos” por su menos metafísica acepción de “municipios pequeños”. Pero, incluso si no hubiera continuidad territorial con España, ¿sería eso más importante que la decisión soberana de los ciudadanos? Ya fuera dentro del mercado común europeo o estableciendo aduanas mientras los núcleos independizados de España estuvieran fuera de la UE, nada impediría que estos islotes españoles rodeados por territorio catalán o vasco se abastecieran con toda normalidad, sin necesidad de que la aviación española se encargara del suministro como en el bloqueo de Berlín.

 

Pero claro, si el referéndum de autodeterminación respetara la voluntad de estos grupos proespañoles, ¿no ocasionaría ello de nuevo la aparición de subgrupos de patriotas catalanes y vascos, que habrían votado en contra de la independencia de estos grupos porque, por motivos funcionales o sentimentales, habrían preferido quedarse en Cataluña y Euskadi? Y así sucesivamente. Como decíamos al hablar de la primera posguerra mundial, el nacionalismo no es nunca la solución a los conflictos territoriales, porque cualquier nación satisfecha deja siempre dentro de sí otra nación oprimida.

 

Como vimos en el segundo capítulo, ya Lord Acton atisbó, a la luz de la opresión de las minorías en la Hungría autónoma del Imperio Dual, que el principio de nacionalidades es, en el fondo, “el mayor adversario de los derechos de la nacionalidad”, porque “reduce en la práctica a una condición sometida a todas las otras nacionalidades que pueda haber dentro de los límites” de la nacionalidad que se aferra a ese principio. Y a comienzos de los años 80 Jürgen Habermas incidió en que el nacionalismo, cuando culmina en un Estado que nunca es homogéneo, genera en su seno nuevos movimientos nacionalistas y “se pone a sí mismo en contradicción con las premisas de autodeterminación a las que él mismo apela”.

 

Sólo en el caso de comunidades pequeñas donde la ciudadanía apoye una determinada opción al 100% o casi (dos de ellas, serían, por ejemplo, el Condado de Treviño y Gibraltar, a las que Castilla y León y España deberían renunciar cuanto antes) sería posible someter el estatus político a la decisión de los ciudadanos sin dejar subnacionalismos descontentos en su interior. Porque ante los subnacionalismos descontentos sólo caben dos posibilidades: o bien dejar de repente de respetar el criterio de la voluntad del pueblo, justo en el punto donde le convino al último nacionalismo satisfecho, o bien aplicar el criterio indefinidamente hasta el caos y la disgregación totales.

 

Esto último sería, de hecho, lo más coherente. Como creo haber demostrado, una nación no se sostiene más que sobre los intereses y los sentimientos o, englobando unos y otros, sobre la voluntad de sus ciudadanos. Mas y Puigdemont, recordamos, han justificado la existencia de la nación catalana por el hecho de que una buena parte de los catalanes lo siente así. Pero sucede que, por definición, ni el interés, ni el sentimiento ni la voluntad son vivencias colectivas sino intrínsecamente individuales. No pueden atribuirse a los individuos que no los tienen sólo por el hecho de que los albergue la mayoría de sus convecinos, sea ésta un 51%, un 70% o un 90%. No pueden imponerse a un empresario catalán que exporta al resto de España aunque lo pretendan cinco que venden sólo en Cataluña, ni a un descendiente de andaluces cuyos vecinos sean de familias catalanas de toda la vida . Por mucho que Mas lo proclame repetidamente, Cataluña como tal no tiene objetivos ni aspira a nada como pueblo, ni se siente nación. Los pueblos y las naciones carecen de voluntad.

 

Si los intereses, los sentimientos y las voluntades son estrictamente individuales, también ha de serlo la pertenencia a una nación u otra. Una vez cada municipio y cada barrio hayan decidido democráticamente a qué organización política superior quiere vincularse administrativa y jurídicamente para la gestión de bienes y servicios, cada individuo ha de tener el derecho de elegir su propia nacionalidad independientemente de cuál haya sido la resolución de la localidad donde se encuentre empadronado. Incluidos los deportistas de élite, que deberán decidir si les conviene o no mantener el pasaporte comunitario y con qué selección nacional desean disputar las competiciones internacionales. Por sentimiento patriótico o por el interés de formar parte del equipo con el que puedan ganar más títulos, ambos estrictamente individuales e igualmente legítimos.

 

Ése y sólo ése sería un ejercicio democrático de autodeterminación. Por un lado, el de los grupos humanos reales y no abstractos, y, por otro, el de los individuos; el derecho a decidir de las naciones no es democracia, es nacionalismo. No es ningún descubrimiento mío. Ya en 1899, el socialista austríaco Karl Renner, que luego sería canciller en la República de Weimar, propuso deslindar la nacionalidad tanto del Estado como de la nación, y someterla a la voluntad personal de cada uno de los ciudadanos: “Debe ser el principio de personalidad, y no el principio territorial, el que ha de servir de base a la reglamentación, y las naciones deben constituirse, no como corporaciones territoriales, sino como asociaciones de personas”.

 

Así, resume Renner distinguiendo la administración política de la cultura y la identidad, el principio territorial quedaría en vigor como principio de organización[11] , en tanto que la pertenencia a una nación, que compara expresamente con la profesión de una religión determinada, como hemos hecho en este libro, será una condición “libremente elegida, de iure, por el individuo que ha alcanzado la mayoría de edad, y en nombre de los menores de edad, por sus representantes legales”[12]. Algo muy similar a lo que propugnó Patxi López, candidato a las primarias del PSOE de mayo de 2017, en su libro La izquierda necesaria, publicado ese mes de abril: el derecho a la libre identidad nacional. No conozco de cerca la situación en Flandes, Escocia, Venecia o Quebec, pero estoy seguro de que en estos territorios, como en cualquiera de las entidades políticas de cierto tamaño, no todos los municipios tendrán interés en independizarse o en no independizarse, y en cada uno de ellos habrá personas cuyo interés o sentimiento les vinculen a una opción y otras a quienes les ocurra lo contrario.

 

Para Renner, a diferencia de para los nacionalistas, un pueblo es una asociación de personas que expresan su voluntad individual “libremente elegida”, no un conjunto de habitantes donde el conjunto se impone a los habitantes y extiende el magma de la mayoría hasta el último rincón del territorio. Porque, efectivamente, la nacionalidad se parece mucho a una profesión de fe religiosa; uno se siente español, catalán o vasco, y cree en España, Cataluña y Euskadi o Euskal Herria, de una forma idéntica a la que se siente cristiano, musulmán o judío y cree en sus respectivos dioses. Y el que se sienta de esa manera y tenga libertad de verla reconocida por la sociedad en que vive no afecta en absoluto al sentimiento y la libertad de su vecino de decantarse por una nacionalidad diferente.

 

Obligar a un catalán o un vasco que se sienta español a ser catalán o vasco (y, en su caso, a dejar de ser europeo) por el mero hecho de que quiera serlo una mayoría de sus conciudadanos sería lo mismo que imponer una religión oficial de Estado a los habitantes que no la profesan o que impedir a los homosexuales contraer matrimonio apelando a la evidencia de que la mayoría de sus vecinos son heterosexuales. En septiembre de 2013, el líder de ERC, Oriol Junqueras, abrió la posibilidad a que los catalanes que lo desearan pudieran acogerse a una doble nacionalidad, en un obvio intento de asegurar la permanencia de Cataluña en la UE. La verdad es que, en el Estado actual, los catalanes que quieran ser catalanes y españoles ya lo son, luego para ese viaje no hacían falta tantas zarandajas. Pero al menos Junqueras admitió esta opción reconociendo que muchos ciudadanos guardaban un fuerte vínculo sentimental con España, que es, en mi opinión, el único fundamento al que puede vincularse la cuestión de la nacionalidad.

 

En este ensayo, hemos desautorizado el sentimiento privado como criterio válido para concluir la existencia de una nación y para promover iniciativas de trascendencia pública política o social. Luego, hemos reconocido que el sentimiento sí es un componente lícito e inherente en la conformación de la voluntad del individuo en un hipotético referéndum de autodeterminación. La última característica que le corresponde es su carácter intransferible. Como la nacionalidad lo es, la elección de cada individuo no puede someterse a la decisión de la mayoría.

 

Es, exactamente, la triple consideración que, muy apropiadamente, nuestra sociedad laica atribuye a la religión. Se da por sentado que la religión, por tratarse de un sentimiento privado, no tiene entidad suficiente para deducir la existencia de Dios ni para justificar medidas de carácter político. Pero se asume como algo lógico e inevitable que, si un ciudadano es religioso, sus creencias puedan orientar su voto hacia los partidos políticos que parecen compartir más sus valores y sensibilidades. Y, finalmente, a nadie se le ocurre obligar a ninguna persona a abjurar de su religión por el hecho de que la mayoría de sus conciudadanos tengan otra distinta. Pues bien, lo mismo ha de ocurrir, respectivamente, con el nacionalismo como doctrina política, con el sentimiento nacional y la nacionalidad efectiva de los individuos. No en vano tantos autores han dicho que la nación es el Dios moderno y el nacionalismo su religión.

 

Algún nacionalista de un lado u otro me objetará que un Estado es inviable si se permite que cada núcleo de población y cada individuo que tiene en su suelo decida si quiere o no quiere formar parte de él, mucho más si de la elección de cada uno depende su pertenencia o no a la Unión Europea. Pero eso no es culpa mía. Por recoger la terminología de Mas, el suelo no es patrimonio del club privado que se ha instalado allí, y uno, por nacer en un determinado lugar, no debería tener la obligación de acatar las normas privadas de ese club. Eso, en términos de filosofía griega clásica, es confundir interesadamente la physis con el nomos, la ley natural con la ley convencional que se han dado a sí mismos los miembros de una sociedad. El hecho casual, físico y no elegido de haber nacido en España, Cataluña o Euskadi no tiene por qué obligar a nadie a ser o querer ser español, catalán o vasco.

 

En cualquier caso, un Estado viable ya tenemos. No hay necesidad de construir uno nuevo. Lo que intentan los nacionalistas catalanes y vascos es crear uno que coincida territorialmente con lo que ellos consideran su nación. Ajustarlo al “molde” nacional que Lord Acton ya denunciaba que trata de imponerse a la voluntad de los ciudadanos, y, al mismo tiempo, ampararse en ésta última de acuerdo con los parámetros democráticos vigentes en los siglos XX y XXI. Pues bien, la nación no sirve como criterio para delimitar un Estado porque es un puro mito, y el respeto a la voluntad de los ciudadanos exige organizar el ejercicio de la autodeterminación de una manera muy distinta a la que propugnan los nacionalistas.

 

Desde luego, el Estado español actual no es ni mucho menos obligatorio ni definitivo, y por tanto se puede tratar de construir uno distinto. Pero no para que coincida con y lleve a su “plenitud” a una supuesta nación que no existe y que por lo tanto no tenemos ninguna obligación de realizar, sino, precisamente, por que así lo decidan libremente sus ciudadanos. Ahora bien, si se hace de acuerdo con el criterio de respetar la voluntad de los individuos, hay que llevar ese criterio hasta el final. Y, si un Estado ha de conculcar voluntades individuales para ser viable, entonces lo que es inviable es apoyar su existencia en un territorio y sus supuestos rasgos identitarios, y a la vez en la decisión de sus habitantes.

 

El problema, por lo tanto, no es que yo exija a las naciones quimeras para realizarse, sino que los nacionalistas pretenden justificarse apelando a una quimera. Son las bases teóricas de los nacionalistas las que no se sostienen, porque la aplicación de su propia lógica democrática conduce exactamente a las aplicaciones prácticas opuestas a la homogeneidad política y cultural que pretenden para sus supuestas naciones.

 

El nacionalismo se quita la careta cuando, ante la evidente heterogeneidad de sus criterios, da prioridad a la integridad del territorio. La Declaración de Soberanía catalana no deja lugar a dudas: “Se garantizará la cohesión social y territorial del país y la voluntad expresada en múltiples ocasiones por la sociedad catalana de mantener Cataluña como un solo pueblo”. ¿Y qué hay de los individuos o grupos que expresen su voluntad de que Cataluña no sea un solo pueblo? Al final, el territorio, esa anacrónica propiedad comunal que los nacionalistas sienten personalmente como suya aunque hace al menos siglo y medio que todas las propiedades se consideran privadas, liberalizadas y enajenadas de cualquier derecho o patrimonio histórico, demuestra ser la verdadera razón de ser de los nacionalismos. Es decir, el polo radicalmente opuesto a la autodeterminación democrática.

 

Si en los capítulos anteriores criticábamos el abuso de extender la supuesta identidad, cultura, lengua e Historia comunes, no sólo a quienes realmente acrediten que las poseen, sino a todos los habitantes del territorio nacional y ni un paso más allá, con la voluntad y el sentimiento ocurre lo mismo. Eso ya no es respetar la libertad de los ciudadanos, sino conculcarla. Un acto de fuerza equivalente a que desde Madrid se impusiera la unión del Estado por medio de la Constitución o de la intervención militar. Es decir, ninguna de las soluciones que se barajan por los diversos nacionalismos que compiten en España es compatible con la democracia ni con los derechos del individuo.

 

En definitiva, después de todo lo expuesto, tenemos únicamente dos opciones. Podemos concebirnos a nosotros mismos como miembros de una determinada entidad jurídica y política sin darle mayor trascendencia, aceptando el statu quo como admitimos la configuración de nuestro municipio o nuestra comunidad de vecinos, y tratar de arreglar y mejorar juntos las cuestiones prácticas que nos afectan a todos. Sin duda, será una organización contingente, convencional e impuesta, porque se ha conformado así por el azar de que una serie de individuos hayamos dado en vivir juntos y podríamos dejar de hacerlo; porque podríamos organizar juntas vecinales distintas por pisos, por letras, en zigzag o uniéndonos al municipio o la manzana de al lado; y porque, desde luego, ni uno ni otra los hemos elegido.

 

Sin embargo, podemos aceptarlo porque ello no nos afecta ni nos solivianta, y, a fin de cuentas, no tiene mayor importancia. Y porque lo único que no nos sería impuesto es que se nos permitiera conformar una entidad política con nuestros propios amigos, elegir uno a uno a quienes queremos que sean nuestros conciudadanos. Una asociación de compatriotas que tampoco hemos escogido, a la mayoría de los cuales ni siquiera conocemos, con quienes no nos une ni más ni menos que lo que nos asocia con los del país que queremos abandonar, que se basa exactamente en las mismas falacias que éste con la única diferencia de que hasta ahora no se ha constituido en Estado, no es en ningún caso más natural, más deseable ni más nuestra. Ni su autogobierno nos contiene o involucra más que el de la anterior.

 

Podemos, incluso, alegrarnos de los éxitos deportivos, económicos, sociales o culturales de nuestros compatriotas, como lo hacemos cuando les va bien a los vecinos que nos caen simpáticos. No porque conformemos una unidad identitaria ni porque sus triunfos sean los nuestros, sino por pura empatía con los que tenemos cerca. Los seres humanos no estamos en situación de despreciar ningún motivo de alegría o ilusión, aunque sepamos que disfrutar de algo que nos ha sido impuesto es, como decía Werther del amor de Carlota, pintar de colores los barrotes de nuestra celda. Al fin y al cabo, es lo que hacemos cada vez que intentamos ser lo más felices posible en la vida que nos ha tocado vivir y tampoco hemos elegido.

 

En mi opinión (pero esto es, de nuevo, una opinión y no un razonamiento), ésta sería la forma idónea, sensata y tranquila, de vivir nuestra pertenencia a una sociedad que de alguna manera tiene que organizarse para prestar servicios públicos, construir infraestructuras, estructurarse administrativamente y garantizar el orden público. Siendo conscientes de que la entidad donde nos encontramos es, sencillamente, un Estado; no una nación a la que pertenezcamos ni que nos pertenezca, no un ser orgánico al que debamos nuestra idiosincrasia ni nuestra lealtad. Montar un cisco de espanto sólo para cambiar una ordenación territorial por otra, sin que la nueva sea más verdadera ni mejor que la anterior; mutar falacia por falacia dejándonos guiar como un rebaño por ideólogos que no se toman la molestia de demostrar sus premisas ni razonar sus argumentos, para mí es una tontería. Ahora bien, soy consciente de que no es responsabilidad ni competencia mía evitar que un grupo humano al que no pertenezco quiera llevar a cabo una tontería.

 

Así que siempre tenemos abierta la otra opción: la de pensar, con toda legitimidad, que no tenemos por qué aceptar la situación que nos ha sido impuesta y proclamar que tenemos derecho a cambiarla atendiendo a la voluntad de los individuos, que sin duda es más actual, más pertinente y concita más entusiasmo que la legalidad que hemos heredado. Pero, si lo hacemos, hay que hacerlo respetando de verdad dicha voluntad. Y eso significa, y no puede ser de otra manera, hacerlo como decía Karl Renner: escogiendo cada individuo su nacionalidad y cada municipio o barrio a qué entidad superior desea pertenecer. No se me ocurre otra manera de organizarnos políticamente que no sea incoherente con el principio de respeto a la voluntad de la gente.

 

Todo lo que sea partir de un grupo nacional que se pretende que ha de ser el sujeto de decisión porque comparte una serie de elementos absolutamente falaces será improcedente, y todo lo que sea pretender que los sentimientos y las voluntades de los individuos han de coincidir con o someterse a los de la mayoría de sus conciudadanos será quebrantarlos. En la posición que adopten los respectivos nacionalistas ante esta solución que propongo, un tanto a regañadientes porque esta polémica me parece una chorrada, se verá, como en el juicio de Salomón, cuáles de ellos son sinceros al proclamar que se fundamentan en la libertad y en la voluntad de los ciudadanos reales y quiénes imponen sobre ellos el mito de la nación, que espero haber demostrado a lo largo de estas páginas que no puede pretender autodeterminarse como si fuera un todo. Porque ese todo no existe. Porque la nación es, simplemente, mentira.

 

 

 

 

[1]   Hannah Arendt: The Human Condition; Chicago, Chicago University Press, 1958; págs. 33-35

[2]   Elie Kedourie: Nacionalismo; Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1988; págs. 23-32.

[3]   Rosa Luxemburg: Textos sobre la cuestión nacional; Madrid, Ediciones de la Torre, 1977; pág. 116.

[4]   John Breuilly: Nacionalismo y Estado; Barcelona, Ediciones Pomares-Corredor, 1990; págs. 324, 332.

[5]   Albert Balcells: El nacionalismo catalán; Madrid, Historia 16, 1991; pág. 43.

[6]   Horst Hina: Castilla y Cataluña en el debate cultural 1714-1939; Barcelona, Península, 1986;  pág. 267

[7]   Anthony D. Smith: Nacionalismo; Madrid, Alianza Editorial, 2004; pág. 42.

[8]    Expansión, 5 de mayo de 2015.

[9]   Hugh Seton-Watson: Nations and States; Boulder, Westview Press, 1977; pág. 469.

[10] Andrés de Blas Guerrero: Nacionalismos y naciones en Europa; Madrid, Alianza Editorial, 1994, pág. 133.

[11] Andrés de Blas Guerrero: Nacionalismos y naciones en Europa; Madrid, Alianza Editorial, 1994;, págs. 78-79.

[12]    Karl Renner: Estado y nación, cit. en Eric Hobsbawm: Naciones y nacionalismo desde 1780; Barcelona, Crítica, 2000; nota pág. 15.

 

 

 

[1]    Joseba Arregui (coord.) : La secesión de España. Bases para un debate desde el País Vasco (Tecnos, 2014)

[2]   Hugh Seton-Watson: Nations and States; Londres, Methuen, 1977, págs. 9-12.

[3]   Tom Nairn: The Break-up of Britain; Londres, New Left Review, 1977.

[4]      John Breuilly: Nacionalismo y Estado; Barcelona, Ediciones Pomares-Corredor, 1990; pág. 312

[5]    Generalitat de Catalunya: Crònica d’ una ofensiva premeditada. Les conseqüències sobre les persones de Catalunya, 2015

[6]   Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES): El mito fiscal. Razones para un debate; noviembre de 2012. Antoni Zabalza: “La imaginación al poder”, El País, 4 de junio de 2013, pág. 4

[7]   Hannah Arendt: The Human Condition; Chicago, Chicago University Press, 1958; págs. 33-35

[8]   Elie Kedourie: Nacionalismo; Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1988; págs. 23-32.

[9]   Rosa Luxemburg: Textos sobre la cuestión nacional; Madrid, Ediciones de la Torre, 1977; pág. 116.

[10] John Breuilly: Nacionalismo y Estado; Barcelona, Ediciones Pomares-Corredor, 1990; págs. 324, 332.

[11] Albert Balcells: El nacionalismo catalán; Madrid, Historia 16, 1991; pág. 43.

[12] Horst Hina: Castilla y Cataluña en el debate cultural 1714-1939; Barcelona, Península, 1986;  pág. 267

[13] Anthony D. Smith: Nacionalismo; Madrid, Alianza Editorial, 2004; pág. 42.

[14]  Expansión, 5 de mayo de 2015.

[15] Hugh Seton-Watson: Nations and States; Boulder, Westview Press, 1977; pág. 469.

[16] Andrés de Blas Guerrero: Nacionalismos y naciones en Europa; Madrid, Alianza Editorial, 1994, pág. 133.

[17] Andrés de Blas Guerrero: Nacionalismos y naciones en Europa; Madrid, Alianza Editorial, 1994;, págs. 78-79.

[18]    Karl Renner: Estado y nación, cit. en Eric Hobsbawm: Naciones y nacionalismo desde 1780; Barcelona, Crítica, 2000; nota pág. 15.

[1]   John Breuilly: Nacionalismo y Estado; Barcelona, Ediciones Pomares-Corredor, 1990; pág. 18.

[2]    Joseba Arregui (coord.) : La secesión de España. Bases para un debate desde el País Vasco (Tecnos, 2014)

[3]   Hugh Seton-Watson: Nations and States; Londres, Methuen, 1977, págs. 9-12.

[4]   Tom Nairn: The Break-up of Britain; Londres, New Left Review, 1977.

[5]      John Breuilly: Nacionalismo y Estado; Barcelona, Ediciones Pomares-Corredor, 1990; pág. 312

[6]    Generalitat de Catalunya: Crònica d’ una ofensiva premeditada. Les conseqüències sobre les persones de Catalunya, 2015

[7]   Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES): El mito fiscal. Razones para un debate; noviembre de 2012. Antoni Zabalza: “La imaginación al poder”, El País, 4 de junio de 2013, pág. 4

[8]   Hannah Arendt: The Human Condition; Chicago, Chicago University Press, 1958; págs. 33-35

[9]   Elie Kedourie: Nacionalismo; Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1988; págs. 23-32.

[10] Rosa Luxemburg: Textos sobre la cuestión nacional; Madrid, Ediciones de la Torre, 1977; pág. 116.

[11] John Breuilly: Nacionalismo y Estado; Barcelona, Ediciones Pomares-Corredor, 1990; págs. 324, 332.

[12] Albert Balcells: El nacionalismo catalán; Madrid, Historia 16, 1991; pág. 43.

[13] Horst Hina: Castilla y Cataluña en el debate cultural 1714-1939; Barcelona, Península, 1986;  pág. 267

[14] Anthony D. Smith: Nacionalismo; Madrid, Alianza Editorial, 2004; pág. 42.

[15]  Expansión, 5 de mayo de 2015.

[16] Hugh Seton-Watson: Nations and States; Boulder, Westview Press, 1977; pág. 469.

[17] Andrés de Blas Guerrero: Nacionalismos y naciones en Europa; Madrid, Alianza Editorial, 1994, pág. 133.

[18] Andrés de Blas Guerrero: Nacionalismos y naciones en Europa; Madrid, Alianza Editorial, 1994;, págs. 78-79.

[19]    Karl Renner: Estado y nación, cit. en Eric Hobsbawm: Naciones y nacionalismo desde 1780; Barcelona, Crítica, 2000; nota pág. 15.

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