Lengua

 LENGUA SIN NACIÓN, NACIÓN SIN LENGUA

 

Una vez arruinadas en los campos de exterminio nazis las aspiraciones de la raza a convertirse en el más importante elemento configurador y distintivo de las naciones en tiempo presente, la lengua ha ocupado su lugar, con una pátina de respetabilidad cultural más acorde con la escala de valores de nuestro tiempo.  Desde luego, juega un papel fundamental en el nacionalismo catalán, donde el 36,3% dice tener el catalán como lengua más habitual (frente a un 50,7% que tiende a usar el castellano[1]) y la mitad de los ciudadanos se definen como catalanohablantes, y también en el vasco, aunque el 70% de la población se sigue definiendo como monolingüe en castellano y, del 30% restante, dos quintas partes utilizan con mayor asiduidad esta lengua[2].

 

¿Pero por qué hemos de considerar que la existencia de una lengua propia va aparejada al concepto de nación?  Como apuntaba Eric Hobsbawn, habría que aclarar si las barreras lingüísticas “separan a entidades que pueden considerarse como nacionalidades o naciones en potencia y no sólo grupos que casualmente tienen dificultad para entenderse mutuamente”[3]. La primera objeción es puramente numérica: el número de lenguas que se hablan actualmente en el mundo es de entre 4.700[4] y 8.000 y apenas hay dos centenares de naciones jurídicamente reconocidas o emocionalmente sentidas.

 

En Europa, sin ir más lejos, existen 300 grupos lingüísticos diferentes y, para hacerlos corresponder con los estatales, habría que modificar las fronteras en 260 puntos y eliminar al menos 17 estados. La situación se ha vuelto aún más babélica con la llegada de nuevos inmigrantes a España en los años de la bonanza económica. Sólo en Cataluña, los recientes estudios de Carme Junyent, de la Universidad de Barcelona, han inventariado 300 lenguas con presencia en la comunidad, desde el castellano y el catalán hasta cinco variedades de chino aportadas por la inmigración. Y, por el contrario, hay lenguas romances, germánicas y eslavas que en realidad no se diferencian entre sí más de lo que lo hacen algunos dialectos dentro de lo que en otros lugares se consideran lenguajes unitarios [5] .

 

La existencia de una lengua común no ha unido a los cantones suizos con los países vecinos que comparten lengua oficial con cada uno de ellos, ni tampoco a los países escandinavos, que poseen lenguas muy similares entre sí y que en muchos momentos de la Historia hasta han compartido. Los países balcánicos, que hablaban una sola lengua, no se unieron hasta 1918, y ya conocemos cómo se ha desarrollado su historia desde la caída de la URSS. De los nuevos independentismos en auge, el escocés comparte lengua con el resto del Reino Unido y los flamencos, aunque una parte de ellos ahora pretenda escindirse de los valones, han convivido durante siglo y medio con ellos sin hacer ningún amago de separación, y varios en los que la religión y la orientación de su economía han pesado más que la lengua en su relación con los Países Bajos.

 

Salta a la vista que la inmensa mayoría de los idiomas que se hablan en el mundo corresponde a grupos humanos que ni se han planteado la posibilidad de ser naciones y que también sucede lo contrario: hay grupos nacionales que no poseen una lengua distinta de la que habla otro grupo nacional vecino. Es decir, que no sólo la lengua no va unida indisolublemente a la nación, sino que lo normal, en una proporción aplastante, es que cada una vaya por su lado. Caso proverbial es de la India, donde se hablan más de 300 lenguas, algunas con mayores diferencias entre sí que entre ciertas lenguas romances. Allí, curiosamente, el inglés es la lengua oficial aunque la mayoría de la población no lo conozca, por la triste razón de que muchos indios no están dispuestos a aceptar la prevalencia del hindi, hablado por el 40% de los habitantes del país[6].

 

La segunda es de carácter histórico. Antes de la aparición del nacionalismo, el mundo vivió la diversidad lingüística como un hecho natural que no había de dar lugar a ningún tipo de diferencias políticas, administrativas, identitarias o culturales; Dante, por ejemplo, habló por un lado de la lengua italiana y por otro lado de las formas de gobierno sin que se le ocurriera que tuviera que establecer o rechazar ninguna relación entre ambas esferas[7]. De hecho, las dos primeras naciones que se proclamaron como tales en el mundo, Estados Unidos y Francia, no pensaron que la lengua constituyera uno de sus argumentos a favor.

 

Ya hemos visto que la autoconcepción nacional de los franceses era estrictamente de comunidad de ciudadanos, y, además, en 1789 sólo el 50% de los habitantes del país, los de la región central, tenía alguna idea de francés, y apenas el 13% lo hablaba correctamente[8]. A su vez, las colonias norteamericanas, igual que ocurriría con las iberoamericanas cuatro décadas más tarde, compartían el idioma con sus respectivas metrópolis. Ni unas ni otras juzgaron la lengua común una razón suficiente para permanecer unidas a Gran Bretaña y España, y las colonias de ésta última, pese al sueño de Simón Bolívar, no estimaron que debiera llevar a constituir una única nación en todo el subcontinente.

 

En resumidas cuentas, la correlación entre nación y lengua no es tan natural y obligada como los nacionalistas quieren presentar. La asociación de ambos conceptos fue, como ya se ha indicado, obra de los primeros románticos alemanes, probablemente porque no tenían otro criterio en el que fundamentar la unidad de todos los germanos, repartidos por entonces entre los estados alemanes, Austria, Hungría, Dinamarca, Suiza, Alsacia y los países bálticos entonces bajo dominio ruso. Para complicar más sus aspiraciones, ninguna de las minorías germánicas que vivían fuera de la Confederación se sentían oprimidas ni su situación preocupaba gran cosa a los gobiernos de los estados alemanes[9]. Es decir, que, si por aquella época hubiera existido algún tipo de continuidad territorial entre todos los alemanes de Europa aunque se encontrasen bajo dominio extranjero, es probable que la lengua jamás hubiese visto su destino unido al concepto de nación en mayor medida que otras características y costumbres cotidianas como la forma de vestir o la gastronomía.

 

En cualquier caso, en el siglo XVIII en el que se educan Herder, Fichte, Hamann y compañía, en los estados alemanes protestantes el alemán era la lengua de la enseñanza primaria y la religiosa, pero la educación secundaria se impartía en latín y la lengua de la corte y de expresión cultural era el francés[10]. Algo que a Herder le repateaba: “Todos los gobernantes de la tierra, todos nosotros, pronto hablaremos francés. Y entonces, ¡felicidad!, la edad de oro vuelve a comenzar, toda la tierra hablará la misma lengua, habrá un solo rebaño y un solo pastor. ¿Caracteres nacionales, dónde estáis?”[11]. Por aquel entonces eran él y sus colegas los únicos nacionalistas que podían construirlos, así que ningún carácter nacional tomó la palabra para responderle.

 

Pese a la influencia casi inmediata que ejerció la doctrina de los prerrománticos alemanes sobre la Europa del siglo XIX atacada por Napoleón, hasta la segunda mitad de la centuria ninguno de los nacionalismos europeos apeló a la lengua como factor justificador de sus reivindicaciones, sino a la historia y, en concreto, a una supuesta unidad pretérita que había sido aniquilada por invasiones o intereses dinásticos. En Italia, pese a que Mazzini sí definió la nación en base a su lengua, entre otros parámetros, sólo el 2,5% de sus habitantes hablaba italiano estándar en 1860. Ni Victor Manuel II ni Cavour ni D’Azeglio estaban entre ellos, pues se manejaban en francés. Tampoco los 100.000 trentineses, un 10% de la población de la región, que hablaban alemán, y de los que el propio Mazzini confiaba que serían “fácilmente italianizados”[12]. Ese mismo año, John Stuart Mill constataba que los valones y flamencos de la recién independizada Bélgica tenían mucho más sentimiento de nacionalidad común que los primeros con Francia y los segundos con Holanda[13].

 

Sólo a partir de 1873, el Congreso Estadístico Internacional recomendó que en todos los censos se incluyera una pregunta sobre la lengua, y sólo tras la Primera Guerra Mundial el rediseño de fronteras atendiendo a las nacionalidades impulsado por Woodrow Wilson contempló la lengua como criterio principal, con las conocidas salvedades de castigo a los alemanes que luego denunciaría Hitler. Y siempre cuando convenía. Los italianos reivindicaron de nuevo el Tirol e Istria, donde la lengua principal no era el italiano, aunque en este caso Wilson se mantuvo fiel a sus convicciones. Y en 1919 un diplomático polaco reconoció que las reclamaciones territoriales de su país se basaban “en el principio histórico, corregido por el lingüístico siempre que opera en nuestro favor”[14].

 

En el siglo anterior, los pensadores liberales, que como hemos visto apoyaron las reivindicaciones nacionalistas, tampoco incluían las lenguas dentro de los elementos a defender; al contrario, imaginaban, dentro de su concepción lineal y evolutiva de la historia, que las lenguas y culturas menores serían absorbidas por las más importantes y que terminaría imponiéndose una sola lengua mundial (el socialista Kautsky suponía que lo sería, de hecho, una de las grandes lenguas estatales, como en efecto ha terminado ocurriendo con el inglés), en tanto que las demás quedarían para uso doméstico y privado. Les parecía lo más normal del mundo que unas lenguas pervivieran y otras se extinguieran.

 

En realidad, pese a lo que reivindicarán a posteriori los movimientos nacionalistas, las lenguas domésticas, las que hablaba en privado la mayor parte de la población, no tenían nada de nacionales. Primero, porque se diversificaban en dialectos muchas veces incomprensibles entre sí; segundo, porque durante mucho tiempo las masas populares, en la mayoría de las regiones de Europa y también en Cataluña y el País Vasco, no mostraron gran interés por las iniciativas lingüísticas de las élites intelectuales. Y, tercero, porque lo que hicieron éstas fue escoger una determinada forma dialectal de la lengua, la que se hablaba en la región más potente o la que se consideraba más conectada a la aureola de prestigio cultural de los antepasados, y reelaborarla con un nuevo vocabulario y una  gramática remozada. Fueron los nacionalistas quienes homogeneizaron y otorgaron un papel político a la lengua del pueblo.

 

Además, estos intelectuales tardaron décadas en hacerse con el poder necesario para que la gente del común asumiera sus novedades. Así que, como sintetiza el lingüista noruego Einar Haugen, “la lengua de un pueblo no es la base de la conciencia nacional sino un artefacto cultural”[15]. Y, como indica Anne-Marie Thiesse, de la formulación inicial de los románticos alemanes, que podría expresarse “la nación existe porque tiene una lengua”, se ha pasado a ésta otra: “La nación existe, así que hace falta dotarla de una lengua”[16]. Es la primera circularidad en la que incurre el soporte lingüístico del nacionalismo.

 

El último ejemplo de esta artificialidad de las lenguas promovida por las autoridades políticas sería el de Yugoslavia, donde antes nadie dudaba de que se hablaba una sola lengua, conocida convencionalmente como serbocroata, que los serbios escribían con caracteres cirílicos y los croatas con caracteres latinos. Pero desde la partición del país, los gobiernos de las repúblicas resultantes se han ocupado de decretar que lo que se habla en ellas son lenguas nacionales perfectamente diferenciadas. En realidad, puede decirse que todo el mundo eslavo hablaba prácticamente una sola lengua, con una sucesión continua de diferentes dialectos levemente distintos del contiguo entre Rusia y Bohemia y entre Polonia y los Balcanes. Los intelectuales que abanderaron los distintos movimientos nacionalistas se encargarían de diferenciarlos en lo posible y de otorgarles una dimensión ancestral.

 

Igualmente, en Escandinavia, el secular dominio danés  hizo que Suecia y Noruega hablaran variantes del idioma de la potencia dominante; algo que, desde que en Europa se impone la ecuación entre nación y lengua, los intelectuales nacionalistas de esos países comprendieron que no podían consentir. En Noruega, aún hoy conviven dos lenguas, el riksmaal o dano-noruego  extendido entre las élites y el nynorsk (antes landsmaal) elaborado por Ivar Aasen a partir de las lenguas de los fiordos occidentales, que eran las regiones más humildes y tradicionales del país y por tanto, se consideraban las más cercanas a los antepasados y en consecuencia las más auténticas; hoy, en un alarde de racionalidad, ambos idiomas tratan de acercarse de nuevo.

 

Siguiendo la misma dinámica, el búlgaro literario que se trató de estandarizar se construyó sobre el dialecto que se hablaba en el oeste del país, el ucraniano sobre los del sureste, el húngaro, el letón y el lituano sobre la combinación de varios. Por su parte, el rumano comenzó a escribirse a finales del siglo XVIII en caracteres latinos para pretender una continuidad directa con los dacios, de los que no quedaba ni rastro desde la época del Imperio Romano, pero con los que se quiso establecer una linealidad que no hubiera sido mancillada por las invasiones eslavas.

 

Otro caso singular es el de los judíos. La lengua que hablaban la mayoría de ellos cuando se constituyó el Estado de Israel no era el hebreo, aunque se declaró oficial desde su fundación y, con los años, la educación y los medios de comunicación, ha pasado a ser la única real en el país. Al principio lo era el yiddish, que hablaban casi todos los judíos de Europa y para más señas era una variante del alemán en que se había dictado el Holocausto; antes del genocidio, esa mayoría alcanzaba el 60%. El fundador del sionismo, Theodor Herzl, imaginó un estado de Israel en el que cada judío hablaría la lengua de la sociedad donde se había asimilado (principalmente el alemán, al que Engels, desconociendo las connotaciones trágicas que adquiriría su definición, llamaba “el idioma judío internacional”) y las clases bajas en yiddish; al hebreo, como lengua ritual y ancestral pero poco practicada, no le concedió la menor importancia[17]. Una prueba más de que la identificación que ahora se da por supuesta entre lengua y nación no es ni mucho menos natural y necesaria.

 

En Cataluña fue Pompeu Fabra quien reguló las relaciones del catalán con sus variantes dialectales, con sus estructuras medievales y con el castellano. Entre 1913 y 1934 ofreció al catalán una ortografía, una gramática y un léxico estandarizados y su propuesta fue unanimemente acogida por los escritores catalanohablantes y propagada con actividades paralelas como la constitución del Institut d´Estudis Catalans. En general, se caracteriza por la aceptación moderada de las aportaciones del catalán antiguo y los dialectos, pero también por el rechazo frontal a toda contaminación del castellano, que llevaba tantos siglos incidiendo sobre la vida cotidiana de sus hablantes y ya había llenado al idioma autóctono de préstamos lingüísticos y construcciones morfológicas y sintácticas estructuradas casi inconscientemente por correlación con los modos castellanos[18].

 

En el País Vasco, el propio Sabino Arana, aunque apenas aprendió euskera, introdujo en esta lengua numerosos neologismos a partir de raíces, prefijos y sufijos ya existentes, reglas ortográficas, antropónimos y acrónimos, que, con aportaciones de sus discípulos, se prodigaron en la literatura vasca del primer tercio del siglo XX, si bien la mayoría han sido abandonados. Sólo permanecen los sustantivos que inventó ligados al nacionalismo vasco, como aberri, abertzale, batzoki, gudari, ikurriña y, sobre todo, Euzkadi, que Juaristi califica de dislate etimológico al servirse del sufijo colectivador –di, que sólo se emplea con vegetales. Por tanto, incide, el término significaría literalmente “bosque de euzkos”. A partir de 1945, la Academia de la Lengua Vasca (Euskaltzaindia) inició el proceso de unificación de la lengua vasca basado principalmente en el dialecto literario labortano de los siglos XVII y XVIII[19]. El proceso culminó en la convalidación del batua durante la celebración del 50 aniversario de la Academia, en 1968.

 

En principio, no tiene nada de malo que las lenguas evolucionen e incorporen nuevas construcciones, palabras y acepciones, muchas veces importándolas de otras, o que un habla o dialecto determinados se impongan a otros y vayan incidiendo en la versión estándar del idioma. Così fan tutte. El problema es que los nacionalismos consideran que la lengua conecta directamente con la autenticidad de los antepasados, que ha permanecido incólume a través de los siglos llevando consigo el espíritu del pueblo y por eso es el reflejo de la nación en marcha. Esto, obviamente, no puede sostenerse si la lengua ha sido reelaborada o construida desde casi cero en la modernidad, o si se ha basado en una variante concreta de la misma, porque entonces todos los grupos humanos que en su día hablaron otro dialecto no formarían parte de la nación ni compartirían el mismo volksgeist. Y lo cierto es que, como acabamos de decir, ésta es la dinámica que experimentan todas las lenguas en su devenir secular.

 

Ernest Renan, Max Weber y Elie Kedourie coincidían en desdeñar el papel fundamental que se atribuye a las lenguas. Renan estima que la existencia de un idioma común “invita a la gente a unirse, pero no les obliga a hacerlo”. Además, recuerda que “la importancia política de las lenguas deriva de que se las considera signos de una raza”, y “nada podría haber más falso”, como demuestra citando los ejemplos de Prusia, que habló lenguas eslavas antes que el alemán; de Gales, donde se habla inglés; de España y Francia, que hablarían los dialectos primitivos de Alba Longa (una localidad del Lazio); y de Egipto, donde se habla el árabe. Weber, en la mísma línea, apuntaba que la solidaridad entre las personas que comparten una misma lengua puede aceptarse con la misma facilidad que puede rechazarse, y Kedourie, como también Eric Hobsbawm, negaba su trascendencia política porque el hablar una misma lengua no confiere el derecho a tener un gobierno propio.

 

Ernest Gellner, Hobsbawm y Benedict Anderson enlazan el factor lingüístico a otras condiciones para explicar su importancia en la evolución del nacionalismo. Gellner, recordamos, afirma que la uniformidad lingüística era una necesidad de la sociedad industrial, en la que todos los trabajadores deben compartir un sustrato de formación común para permitir la movilidad por el sistema económico y administrativo, y enlaza la diferencia de lengua entre dos colectivos a su distinta posición en las relaciones de trabajo. Si los trabajadores son inmigrantes, explica, las diferencias étnicas y lingüísticas se unirán a la dicotomía de clases y absorberán y personificarán los antagonismos y conflictos derivados de ésta: “El distanciamiento cultural y lingüístico y la capacidad de diferenciarse de otros (… ) posibilitan concebir y expresar su resentimiento y descontento en términos inteligibles” [20]. De manera similar, Hobsbawm atribuye la relevancia de la lengua a la necesidad que tiene la administración nacional de que exista uniformidad lingüística para una mejor gestión.

 

Por último, Anderson indica que las lenguas vernáculas adquieren fortaleza cuando la sociedad deja de pensar que otras, como el latín, suponen un acceso directo al conocimiento verdadero por ser las elegidas por Dios. La noción de que el signo lingüístico es puramente convencional se alía con la invención de la imprenta para que los editores, una vez satisfecha la demanda de las élites, quieran conquistar el mercado de las clases medias, que hablan las lenguas romances.

 

Dichas lenguas, continúa, terminarían convirtiéndose en las oficiales para la centralización administrativa de los estados, promoviendo así una serie de itinerarios de promoción y peregrinaje funcionarial que contribuiría a la imaginación de una entidad nacional. La interacción de estos circuitos, la lengua, la imprenta y los periódicos que se publican en ella fue, según Anderson, la que permitió el surgimiento de las conciencias nacionales. Adrian Hastings también puntualiza que lo decisivo no es la lengua en la que una comunidad habla, sino en la que escribe. “Las lenguas orales son propias de las etnias, las lenguas escritas son propias de las naciones”[21].

 

Por otra parte, Anderson reconoce que “nada nos conecta afectivamente con los muertos más que el lenguaje”, y llega a sugerir que el papel de la lengua en los nacionalismos europeos, que no desempeña en los americanos, explica que en Europa se planteara “el despertar de las naciones”, un enfoque absolutamente extraño en la emancipación de las colonias de ultramar, donde se sigue hablando el mismo idioma que se hablaba antes. No obstante, Anderson recuerda que esta filiación con los antepasados a veces incurre en olvidos interesados; por ejemplo, Guillermo el Conquistador y Jorge I no hablaban inglés, y varios Habsburgo no hablaban alemán. Tampoco hablaban inglés los barones que impusieron la Carta Magna a Juan Sin Tierra[22], pioneros de la supuesta esencia parlamentarista que caracteriza a la nación inglesa. La lengua, que no siempre tiene a bien coincidir con las fronteras territoriales, tampoco se marca con los nacionalistas el detalle de concordar con la Historia.

 

 

LA LENGUA DEL PUEBLO

 

En cualquier caso, volvamos a los primeros románticos alemanes, los padrinos y artífices de la mencionada ecuación entre nación y lengua. Debemos hacerlo porque, más allá de que esta identidad fuera la única a la que podían aferrarse para sostener la existencia de una nación alemana, su fundamentación teórica de esta identificación tiene bastante más enjundia que la que encarnaron agitadores como Friedrich Ludwig Jahn, promotor de una educación patriótica alemana, y Ernst Moritz Arndt. El primero sostenía que quien permita a su hija aprender francés la estaría entregando a la prostitución, y el segundo proclamó: “Odiemos con fuerza el francés, y odiemos nuestro propio francés que deshonra y destroza nuestra energía y nuestra inocencia”[23].

 

Al margen de estos desvaríos, el argumento herderiano de que “una nación no tiene idea de aquello para que su lengua no tiene una palabra”[24], que Fichte formularía como que “más son construidos los hombres por el lenguaje que el lenguaje por los hombres” y por eso una nación deja de existir en cuanto se mezcla con otro grupo lingüístico, prefigura algunas cuestiones de vital importancia epistemológica que, ya sin intereses nacionalistas, plantearía Nietzsche a finales del siglo XIX y retomaría la filosofía del lenguaje y la hermenéutica durante la segunda mitad del XX, hasta el postmodernismo y el llamado giro lingüístico. ¿Pensamos como hablamos? ¿El lenguaje determina el pensamiento y por tanto filtra el acceso del ser humano a la verdad? Eso podría justificar la tesis de que las naciones que hablan lenguas distintas poseen, efectivamente, formas de ser y de pensar diferentes entre sí. Es un dilema que, sin duda, merece una atención especial. La determinación lingüística del pensamiento es la única tesis interesante que ha surgido nunca de las doctrinas nacionalistas.

 

En realidad, desde que Heráclito posiblemente lo intuyera con su concepción del logos a la vez como lenguaje, devenir y razón que gobierna el mundo, otros pensadores han relacionado ambas esferas sin pretensiones nacionalistas. Xabier Zabaltza[25] recuerda que Aristóteles atribuyó al lenguaje en general (no a cada lengua en particular, puesto que los griegos no llegaron a plantearse temas filosóficos concernientes a extranjeros) las “impresiones mentales” que se hace el individuo; John Locke escribió que “las lenguas son el mejor espejo de la mente humana” y Gottfried Wilhelm Leibniz que lo son del “espíritu humano” y que “un análisis exacto de la significación de las palabras haría conocer mejor que cualquier otra cosa las operaciones del entendimiento”.

 

Entre los primeros románticos alemanes, el poeta Johann Georg Hammann, el llamado Mago del Norte y maestro de Herder, señaló que “la razón es lenguaje”, que “la capacidad de pensar en cuanto tal descansa en el lenguaje” y que “sin la palabra, ni razón ni mundo”; que el lenguaje, de origen divino, se plasma en el hombre a través de “la mentalidad natural” y, siguiendo al médico inglés del siglo XVII Thomas Willis, que cada lengua es distinta porque lo son los aparatos fonadores de las diferentes naciones. Herder contradijo a su maestro al sostener que el origen del lenguaje no es divino, sino exclusivamente humano, pues el hombre tiene capacidad innata de aprenderlo, si bien el filósofo alemán, pastor luterano, creía obviamente que el hombre con todas sus facultades era, a su vez, una criatura de Dios.

 

Será el célebre lingüista Wilhelm von Humboldt, que por lo demás no tenía en gran estima a Herder, quien proporcionará una pátina científica a la relación directa entre pensamiento y lenguaje al asegurar que “el hombre es mantenido siempre por el lenguaje encerrado en un círculo y no puede conseguir un punto de vista externo e independiente de él” y que “los distintos lenguajes son de hecho distintas perspectivas del mundo”. No obstante, Cristina Lafont, una de las grandes estudiosas españolas del tema, señala que “Humboldt no se decanta definitivamente por ninguna posición absoluta” acerca de esta cuestión y que “por ello, no pueden encontrarse argumentos de éste a favor de una perspectiva relativista”[26].

 

Sí se encontrarán en los lingüistas norteamericanos de la primera mitad del siglo XX Edward Sapir y Benjamin Lee Whorf, que han dado su nombre a la llamada hipótesis Sapir-Whorf. Esta hipótesis nunca ha sido verificada pero es un argumento recurrente entre los nacionalistas de todo el mundo, ya que sostiene, según se tome en su versión más drástica o más atenuada, que la lengua determina o condiciona el pensamiento al que se puede dar forma con ella. Es decir, que un castellanohablante no podría llegar a pensar nunca exactamente lo mismo que un catalán o un vasco monolingües.

 

Esta posibilidad queda seriamente cuesionada por los estudios que avalan la hipótesis de la gramática generativa de Noam Chomsky, según la cual el lenguaje es una capacidad humana innata previa a la adquisición de cualquier lengua. En palabras del psicólogo cognitivo Steven Pinker, lo que realmente hablamos todos es el “mentalés”, una estructura lingüística común a todas las lenguas que cada individuo va rellenando con  las formas gramaticales y léxicas del idioma nativo que le toca aprender. Esta teoría es la más aceptada actualmente sobre la naturaleza del lenguaje, y demostraría que cada lengua no determina la forma de pensar del individuo que la habla, si bien  hay estudios sobre lenguas que refutarían la hipotésis por no compartir, supuestamente, la estructura universal que Chomsky atribuye a todas las del mundo.

 

Sin embargo, aunque la teoría de Chomsky no fuera cierta, habría que puntualizar, en primer lugar, que una cosa es que el lenguaje, en tanto que capacidad humana, configure el pensamiento y otra que lo haga de manera distinta cada lengua particular. Aunque las lenguas dieran forma a nuestros pensamientos, porque no podemos pensar enunciados que no sean lingüísticos, ¿hay una diferencia tan grande en las flexiones o aglutinaciones de los diferentes idiomas, en sus construcciones sintácticas y en sus léxicos respectivos como para que ello pueda determinar mentes diferentes según se hable en uno u otro?

 

Desde luego, entre las lenguas de una sola familia, como la romance, los matices son mínimos. El castellano y el catalán, que comparten estructuras gramaticales y cuyos léxicos derivan de la misma raíz, son incapaces de dar lugar a dos cosmovisiones diferentes. En cuanto al euskera, el hecho de que los nombres se declinen y el verbo incluya información relacionada con el sujeto y el aspecto en una misma palabra en lugar de ofrecer la misma información en forma de construcción gramatical, ¿podemos realmente pensar que determina una forma de ver el mundo totalmente distinta y que conduce a sus hablantes a conclusiones y conocimientos diferentes de los que son dados a alcanzar en castellano?

 

El lingüista Franz von Kutschera objeta que, si Whorf tuviera razón, “no podríamos comprobar en absoluto que hay lenguajes con concepciones del mundo y esquemas de interpretación radicalmente diferentes”, pues en ese caso “estaríamos siempre encerrados en la visión del mundo de nuestro lenguaje y por ello no podríamos comprender y reconstruir un lenguaje radicalmente distinto”. Y Juan Aranzadi señala la contradicción de que compare dos lenguas distintas y traduzca la una a la otra precisamente para demostrar su incomparabilidad e intraducibilidad.  Finalmente, el propio Zabaltza apunta que Hamann, Herder, Humboldt, Sapir y Whorf, que eran políglotas, deberían haber reconocido que su mentalidad cambiaba cada vez que cambiaban de lengua”[27].

 

Aquí podríamos reiterar la puntualización que hacíamos en el capítulo anterior acerca de la identidad y la cultura: si la lengua determina la forma de pensar de la persona, los catalanes que hablan catalán o (todavía más, dado el origen extraindoeuropeo del euskera) los vascos que hablan euskera serían esencialmente diferentes de quienes hablan castellano y de quienes dominan ambas lenguas. Esto arrebataría a la nación vasca a la gran mayoría de los habitantes de Álava y el País Vasco francés y buena parte de los de los de las grandes ciudades de Vizcaya y Guipúzcoa. Lo mismo ocurriría con los españoles que hablen fluidamente inglés o francés: no podría comparárseles con quienes no lo hagan.

 

Es decir, que ni siquiera aceptando la hipótesis Sapir-Whorf podríamos concebir una identidad nacional homogénea para ninguna nación que, al mismo tiempo, coincidiera con sus fronteras territoriales. Porque, una vez más, sería cabalmente español, catalán o vasco aquél que cumpla con las características que definen la españolidad, la catalanidad o la vasquidad, en este caso el dominio de su lengua nacional; no todos los habitantes del territorio donde una parte de ellos satisfacen las condiciones. En suma, habría que desgajar a los catalanohablantes y vascohablantes de España, pero también del resto de conciudadanos catalanes y vascos que hablaran castellano.

 

Aquello que decía Fichte de que una nación deja de serlo si en ella cohabitan dos lenguas. Si la lengua determina la existencia de una nación, en España habría al menos cuatro naciones, pero dentro de Cataluña habría al menos dos (tres, si incluimos el aranés), y dentro del País Vasco otras dos. En el área metropolitana de Barcelona, sin ir más lejos, el 60% de los ciudadanos habla preferentemente el castellano y sólo un 27,8% el catalán[28], diez puntos por encima y nueve por debajo de la media en toda Cataluña. ¿Y a qué nación adscribimos, por ejemplo, a los integrantes de la asociación Súmate, de catalanes hispanohablantes partidarios del derecho a decidir, que surgió en 2013 para apoyar el proceso soberanista? Si la lengua fuera parte esencial de la nación, no podrían ser estrictamente catalanes. Y, si pueden serlo porque la nación se basa en la decisión voluntaria de los habitantes, ¿dónde situamos a los catalanohablantes que se sienten españoles?

 

Aún queda una última objeción, quizá la más importante, a la tesis de los románticos alemanes de que la lengua es el elemento definitorio del espíritu del pueblo y, por ende, de la nación. Ya hemos visto que era el único criterio al que podían aferrarse para defender sus reivindicaciones, dado que los alemanes estaban desperdigados por media Europa; que una lengua que se reelabora modernamente, aunque sea a partir de uno de sus dialectos, pierde la ligazón que le unía a los antepasados y la posibilidad de encarnar atemporalmente el volksgeist; y que la hipótesis Sapir-Whorf es improbable pero, si se aceptara que una lengua determina efectivamente una cosmovisión distinta en sus hablantes, habría que partir en dos o tres todas las supuestas naciones donde se hablen otros tantos idiomas.

 

Sin embargo, existe otro fundamento teórico que enmarca y sustenta la doctrina romántica sobre las lenguas y sin el cual ésta deja de ser explicable: el paradigma organicista en el que se inserta. En mi opinión, ahí radica la gran circularidad del argumento que sostiene que la lengua es un elemento constitutivo de la nación.

 

Michel Foucault, en su deslumbrante Las palabras y las cosas, ese libro que parece dar sentido a todo, detecta que a finales del siglo XVIII y principios del XIX cambia la episteme o paradigma que determina el pensamiento occidental; es decir, la serie de estructuras mentales vigentes en una época, que hacen posible el surgimiento de unas ideas y conocimientos y no de otros. En el momento en que escriben los primeros románticos alemanes, se ha dejado de percibir el mundo como un sistema taxonómicamente ordenado en el que cada ser individual ocupa un lugar perfectamente clasificado en la cuadrícula de toda la realidad; tal fue la episteme que permitió, por poner un ejemplo significativo, la división del reino animal y vegetal en géneros y especies que elaboró Linneo.

 

A partir del cambio de episteme, se concibe a cada ser vivo como un organismo independiente sometido a sus propias leyes y articulado por elementos que desempeñan cada uno una función dentro del conjunto. Esto permitiría empezar a pensar en las especies como entes en movimiento, dotados de una historia, y no como simples casillas en una cuadrícula estática. En este paradigma cobra sentido y puede brotar la consideración de las naciones como estructuras orgánicas que alumbran Herder y sus correligionarios, cada una de ellas dotada de diversos elementos: la lengua, las leyes, las instituciones, la cultura, las costumbres, etc., que desempeñan una función y mantienen vivo al organismo.

 

Es decir, a finales del siglo XVIII y principios del XIX, todo está intelectualmente dispuesto para que los románticos estimen que, igual que en un organismo vivo cada una de las partes desempeña una función en el conjunto, la lengua sea uno de los elementos inherentes y articuladores del ser orgánico llamado nación. Por tanto, este papel de la lengua sólo puede concebirse y sólo tiene sentido dentro de un esquema mental concreto, el vigente en esa época en que escribieron los románticos. No antes, ni después, y desde luego no ahora.

 

Si avanzáramos en el tiempo hasta la época actual, la del descubrimiento del genoma y la atención al papel de los microorganismos en las funciones vitales del cuerpo humano, es posible que hubiera que delimitar un nuevo paradigma del conocimiento. En nuestra episteme, los sujetos no serían ya los todos, el ser humano y las naciones, compuestos orgánicamente de tal forma que constan de diversos elementos, cada uno de ellos dotado de una función y sólo comprensibles desde la idea del conjunto. Sería lo contrario. Ahora las entidades reales son precisamente esos componentes: los genes, las proteínas y los microorganismos en el caso de las personas y los ciudadanos en el caso de las naciones. En biología y neurociencia, empieza a concebirse la individualidad como una mera ilusión. Lo coherente sería que empezáramos a pensar lo mismo de las naciones.

 

Eso por una parte. Por otra, y probablemente más decisiva, Foucault no habla de las naciones, pero sí de la lengua. Y escribe: “La constitución de la historicidad en el orden de la gramática se hizo de acuerdo con el mismo modelo que en la ciencia de lo vivo”. En la episteme clásica, de mediados del siglo XVI a este momento, las palabras eran concebidas como meros referentes a un objeto en la red de significados de la lengua escrita, la compuesta por todos los objetos pensables en la cuadrícula de la realidad. Ahora, en cambio, “todo el ser del lenguaje es sonoro” y su importancia fundamental está en la oralidad, en los sonidos que traducen la experiencia de la realidad que tiene un pueblo, que nunca son arbitrarios.

 

Según el nuevo paradigma, sólo la palabra que una lengua asigna para referirse a un objeto es la que traduce fielmente el grito original que le ha inspirado, la experiencia que ese pueblo que habla esa lengua tiene de ese objeto. No podría ser otra. “Así como el organismo vivo manifiesta por su coherencia las funciones que lo mantienen en vida”, escribe Foucault, “el lenguaje, y toda la arquitectura de su gramática, hace visible la voluntad fundamental que mantiene vivo a un pueblo y le da el poder de hablar un lenguaje que sólo le pertenece a él”[29]. Cada lengua ya no es un conjunto de referencias sin alma, es lo que es porque es expresión viva de un pueblo. Esto es, precisamente, lo que pensaban los románticos y la tesis que han heredado todos los nacionalistas desde entonces.

 

Cien años más tarde, Saussure vuelve a establecer que la relación entre un signo lingüístico y su significado es puramente convencional, arbitraria, una referencia a un significado. Daría igual que las palabras inventadas fueran otras, porque se les habría asignado un significado igual. La palabra ya no es el reflejo realista de la experiencia auténtica e intransferible que tiene un pueblo de la realidad, la experiencia que determinaba que la lengua de ese pueblo fuera la que era y no pudiera ser otra.

 

Es decir, en el paradigma que alumbró el nacimiento del nacionalismo, y sólo en él, la lengua, como componente del ser orgánico nacional, adquiere su sentido como parte de la existencia previa de una comunidad nacional. Considerar que la lengua de cada pueblo o nación es la que es porque revela la experiencia auténtica que un pueblo tiene colectivamente de la realidad presupone la existencia previa de esa nación, de una comunidad capaz de forjarse una experiencia colectiva del mundo.

 

Herder, de hecho, inventó las naciones porque creía que los naturales de cada una de ellas tenían una  “predisposición” innata a “recibir, conectar y expandir ciertas ideas e imágenes”[30], y eso es lo que se reflejaba en la especificidad de su lengua, tradición y costumbres. Exactamente lo que detectó Foucault en aquel paradigma. La lengua sólo tiene sentido como componente de una nación si se le considera “la expresión viva, orgánica, del espíritu de un pueblo, la suma de la acción eficiente de todas las almas que lo han dado forma con el paso de los siglos”[31].  O, como dijo Renan: “la importancia política de las lenguas deriva de que se las considera signos de una raza”.

 

Si no partiéramos de la existencia de ese espíritu del pueblo, de esa nación, de esa raza, la palabra sería sólo, a lo sumo, el reflejo directo de la experiencia del primer hablante que la pronuncia; los demás, simplemente, la habrían aprendido como una convención. Cualquier observador profano de la evolución de las lenguas podría darse cuenta de que así es como se incorporan nuevas palabras, giros y polisemias al idioma: un individuo los utiliza por primera vez y, si tiene éxito, se van extendiendo entre los hablantes hasta convertirse en convencionales. Incluso, un gran número de nuevas palabras y giros son extranjerismos: se han tomado o se han adaptado del árabe, del francés, en los últimos años y cada vez más, del inglés. ¿Esos préstamos serían también expresión auténtica de la experiencia que tiene un pueblo de la realidad? Todas las lenguas están plagadas de ellos.

 

Supongo que la mayoría de los nacionalistas serán conscientes de esta evidencia. Pero no se les ocurre que ello contradiga su concepción de que la lengua es un elemento propio de su nación. Y, sin embargo, la refuta por completo. La lengua, para ser la encarnación del volksgeist, para que pueda otorgársele un valor político, para que sea realmente un componente de la nación, tiene que ser una expresión colectiva. Si no, es un sistema de comunicación construido aleatoria, progresiva y convencionalmente, por individuos que no tienen nada que ver entre sí, que ha resultado ser como es pero podía haber sido de cualquier otra manera, porque no es intrínseco a ese pueblo ni a su experiencia de la realidad.

 

Interpretar la lengua como reflejo auténtico de una experiencia colectiva es una visión muy forzada, requiere tanta imaginación como pensar una comunidad nacional. Pero no sólo eso; si tal interpretación fuera cierta, sería de todos modos un argumento circular: la lengua propia es, según los nacionalistas, la que hace que exista la nación, pero sólo se puede considerar parte constitutiva de la nación si partimos de que la nación existe y tiene una experiencia colectiva del mundo, de que lo inventado por un individuo de esa nación puede entenderse como experiencia personal suya y también de todos sus compatriotas, porque son todos el mismo volksgeist. La lengua es la lengua de un pueblo si y sólo si damos por hecho que existe ese pueblo, esa nación, esa experiencia colectiva  y, retomando la primera consecuencia de la episteme vigente en 1800 según Foucault, si la nación es un ser orgánico compuesto de partes estructurales y funcionales que la articulan, una de las cuales es su lengua.

 

 

CASTELLANO Y CATALÁN

 

La mejor prueba de que Foucault tenía razón, de que sólo en el marco de una concepción organicista de la realidad se podía imaginar la lengua como manifestación de un pueblo, es que antes a nadie se le había ocurrido pensar las cosas así. Ni en Europa ni tampoco en España. La lengua no era expresión de un espíritu nacional en el siglo XVIII, aunque el ministro Patiño atisbara poco menos que premeditación en la comunicación natural de los catalanes, cuyo apego a sus peculiaridades provinciales “les hace trastornar el uso de la razón y solamente hablan en su lengua nativa”[32]. Los escritores y filólogos catalanes como Antonio Bastero (quien sostuvo la teoría de que la langue d’oc en que componían los trovadores medievales era en realidad catalán o procedía del catalán), Ignasi Ferreres y Agustí de Montiano podían lamentar la pérdida de vigor de su idioma, que relacionaban no sólo con los Decretos de Nueva Planta sino con la hegemonía mundial de Castilla durante los Austrias, y recordar que la falta de pujanza política no tenía por qué conllevar falta de calidad del catalán. Pero no lo sentían como parte de una identidad colectiva.

 

Para empezar, porque parte fundamental de ese colectivo, la nobleza, estaba fuertemente castellanizada en su intento de ganar puestos en la Administración y se puso decididamente del lado de Felipe de Anjou en la Guerra de Sucesión. “Por ser el idioma castellano el de la corte de España y de casi todo el reino; y por ser en Cataluña misma indispensable (…), se ven los catalanes con tanta frecuencia en la precisión de producirse en castellano”, justifica su publicación el diccionario trilingüe latín-castellano-catalán editado en 1803 por Juglà i Font, Esteve y Bellvitges. A la burguesía, en cambio, le costó, y se registran muchas quejas sobre la dificultad del aprendizaje. Con todo, las perspectivas indianas terminaron por pesar más, por “fascinar las imaginaciones”, y, a medida que el comercio se liberaliza y los lazos con las Indias se estrechan, la correspondencia y los documentos notariales atestiguan que la burguesía catalana empieza a castellanizarse. Por el contrario, el pueblo seguía hablando en catalán y la Iglesia reclamaba su derecho de educarle en esa lengua[33].

 

En cualquier caso, no había competencia con el castellano, que, siguiendo los criterios racionalistas, no nacionalistas, de uniformización importados de Francia, se va imponiendo desde el Gobierno como única lengua en la edición de libros, en la enseñanza y en la contabilidad pública. El Padre Josep Pau Ballot i Torres, autor de una gramática escolar castellana de amplia difusión y también de la primera gramática catalana, publicada ya en 1814, se preguntaba: “¿Para qué querer cultivar la lengua catalana, si la de toda la nación es la castellana, la cual debemos hablar todos los que nos preciamos de ser verdaderamente españoles?”. A ello añadía, sin que le pareciera una contradicción, que “es necesario también estudiar los principios de la lengua nativa, la que hemos aprendido de nuestras madres”[34]. Y Antonio Capmany, que, como vimos, ensalzaba el vigor y la pujanza económica de Cataluña y despreciaba la miseria y la decadencia de Castilla, en el aspecto cultural hace lo propio, pero invirtiendo los papeles. Para él, el catalán era “un idioma antiguo provincial, muerto hoy para la República de las Letras”[35], “un idioma anticuado, desconocido siempre de los extranjeros y en este siglo casi de los mismos hijos del país”[36].

 

La tarea de recuperación del catalán que Capmany daba por imposible es la que acomete el movimiento cultural de la Renaixença, el equivalente en Cataluña a la fase A del desarrollo de los nacionalismos según la clasificación de Miroslav Hroch: aquélla en la que su impulso se circunscribe al ámbito cultural. De hecho, los autores de este movimiento no emplearon jamás el término nacionalismo, y Prat de la Riba censuraría precisamente las apelaciones al pasado, a la lengua vernácula y a las glorias medievales que hacía la Renaixença como un prurito exótico que dificultaba la construcción de la Cataluña moderna. Poetas como B. C. Aribau y Joaquim Rubió i Ors se proponen desde los años 30 del siglo XIX escribir en catalán y en 1859 se restauran en Barcelona los Jocs Florals que se celebraban en la Edad Media. La única lengua oficial del certamen será el catalán, aun cuando se invite de vez en cuando a representantes tan conspicuos del poder central como la reina María Cristina en 1888. También en los años de la Restauración, Valentí Almirall fundará el Diari Català, primer periódico escrito en dicho idioma.

 

Inicialmente, los intelectuales castellanos de la Restauración recibieron bien el renacimiento del catalán como lengua literaria. Dice Amador de los Ríos: “Nada hay, pues, sustancialmente contrario y antagónico a las leyes fundamentales del genio y de la cultura españolas, en esa más o menos esplendorosa y vividora reaparición de la lengua catalana como lengua literaria; nada que pueda ahora infundir temores ni despertar antipatías”[37].

 

Juan Valera se enorgullece de haber sido el primero en promover a los poetas y estudiosos catalanes en Madrid y critica la escasa inquietud y la altanería de los lectores castellanos que habían impedido su más temprana difusión. No obstante, de esta injusta falta de consideración culpa en parte a la endogamia de los escritores catalanes, que persisten en escribir en catalán. Valera disiente de que estos escritores vayan a alcanzar cotas mayores de calidad literaria escribiendo en su lengua materna; además, la dispersión dialectal podía afectar a la unidad cultural española, dentro de la cuál incluye a las producciones catalanas.

 

Por su parte, Marcelino Menéndez Pelayo admitió la unidad orgánica de lengua y carácter nacional en su discurso como presidente de honor de los Jocs Florals de 1888. No se pueden disociar idea y forma, la lengua materna es “resplandor de la palabra divina” y“en las obras de puro ingenio, en las poéticas sobre todo, es imposible que la traducción mental deje de robar vida y espontaneidad al pensamiento color y nervio al estilo”[38].El filólogo cántabro no sólo tienen en alta estima a los literatos, pensadores y críticos de la Renaixença, sino que canta a sus glorias medievales como el más henchido de sus panegiristas: “En castellano hablaron, por primera vez, las matemáticas y la astronomía, por boca de Alfonso el Sabio. En catalán habló, por primera vez, la filosofía, por boca de Ramón Llull”[39].

 

Para Menéndez Pelayo, no ha lugar a la oposición entre castellano y catalán, ya que existe un “genio nacional” que unifica a todos los grupos humanos de España, que comparten raza y empresas comunes. La literatura española es el conjunto de al menos tres grandes literaturas diferenciadas: la castellana, la catalana y la portuguesa. Frente a Valera, para él la heterogeneidad lingüística no conllevaría la dispersión cultural española, porque, en el idioma en que fuere, siempre se manifestaría lo esencialmente español.

 

Los escritores castellanos, en definitiva, aplauden los logros culturales catalanes siempre que los puedan entender dentro de la gran España. Pero la cosa cambia cuando el movimiento catalanista comienza a presentar reivindicaciones políticas. Prat de la Riba, por supuesto, incluía el idioma como uno de los rasgos constituitivos del ser orgánico nacional que había que desarrollar. Ya en el mensaje de las fuerzas políticas catalanas a la reina María Cristina de 1888 y en las Bases de Manresa de cuatro años después, entre otras reivindicaciones de autogobierno se pide que la lengua catalana sea la única oficial en Cataluña y para las relaciones de esta región con el poder central.

 

Como las sociedades nunca son un sujeto único como pretenden los nacionalistas, no todos los catalanes siguieron la iniciativa de Prat: los anarquistas, muy numerosos en la región, escribían “consciente y deliberadamente” en castellano todas sus publicaciones, para oponerse al catalanismo político, que hasta 1923 fue sólo de derechas. Pero la imagen que llegaba al resto de España era la de un movimiento nacionalista uno de cuyas armas arrojadizas es la lengua. Entonces se acaban los parabienes y aflora el nacionalismo español.

 

Valera opina que “el regionalismo merece ser censurado cuando va más allá de ciertas aficiones literarias, y, aun sin ir más allá, no puede menos de inspirar recelos por lo que predispone los ánimos a ir más allá y a inclinarse a la desmembración de la patria”. Se asusta ante la idea de una “nación catalana” como la propugnada por Prat, a la que seguirían una vasca, una andaluza y una extremeña, y una confusión babélica. Ahora pone el grito en el cielo ante la sobrevaloración que exigen algunas obras catalanas por el mero hecho de ser catalanas, y ya no mantiene que su falta de reconocimiento en Madrid se debe achacar al poco interés de los círculos literarios de la capital. Lo que pasa, aduce, es que en ningún caso se podría comparar la aportación moderna catalana con la secular tradición castellana, y es precisamente la falta de referentes lo que lleva al ensalzamiento exagerado de algunos autores.

 

A su vez, Menéndez Pelayo escribe al propio Valera en 1887: “El catalanismo, aunque es una aberración puramente retórica, contra la cual está el buen sentido y el interés de todos los catalanes que trabajan, debe ser perseguido sin descanso, porque puede ser peligroso si se apoderan de él los federales como Almirall, que ya han comenzado a torcerle y a desvirtuar el carácter literario que al principio tuvo”. Por su parte, Gaspar Núñez de Arce, que había mantenido buenas relaciones con la Renaixença e incluso había tomado parte en los Jocs Florals de 1868, cambia radicalmente de postura ante el “fanatismo” de Almirall y compañía y les acusa de pretender “el aniquilamiento de nuestra gloriosa España”. Almirall replica acusándole de ser el prototipo del castellano colonialista, absorbente y retórico, falto de toda comprensión del problema y, para colmo, tan cínico como para presentarse como paladín de un regionalismo folklórico que deja al catalán como reliquia exótica del ámbito popular[40].

 

En el político zamorano Santiago Alba también podemos percibir el habitual aire de desencanto y recelo ante el creciente particularismo catalán, y a la vez un rescoldo vago de la típica suficiencia cultural castellana, cuando escribe: “Hablen, hablen catalán cuanto quieran. No soy yo de los ‘políticos castellanos’ que, a la inversa, quieren suprimirlo, extirparlo de Real Orden”. Pero de esto a que la obra grande, admirable (…) la obra de este español que nos pone en comunicación con todo el globo (…) que es el monumento que mejor recuerda en mundos distintos la historia de esta gran patria (…) que este español desaparezca y quede reducido, encerrado, confinado, como otra lengua regional, hay una gran distancia”[41].

 

Unamuno estaba perfectamente dispuesto a dejarse empapar de las fuerzas de renovación irradiadas desde la periferia, pero quería que lo hicieran en el idioma común, el que todos podían entender, el que tenía vocación de totalidad. “¿Quieren los catalanes dar su espíritu, difundirlo? Viértanlo en castellano”, les conminó en 1911. “No se puede vasconizar a España en vascuence (lengua, afortunadamente para nosotros, los vascos, en agonía),  ni se puede catalanizarla en catalán, lengua llamada también a morir antes, mucho antes que el castellano”.

 

Pese a los desencuentros de la Restauración, la dictadura de Miguel Primo de Rivera unió a los intelectuales castellanos y catalanes, que mantuvieron tres encuentros en los años 1924, 1927 y 1930, recién dimitido el general. El primer hito es el Manifiesto de los escritores castellanos en defensa de la lengua catalana”, firmado contra las medidas de represión lingüística de Primo. Lo rubrican más de cien autores, entre los cuales se encuentran Azorín, Madariaga, Menéndez Pidal, Ortega y Gasset, Azaña, García Lorca y Sánchez Albornoz. También dos hombres del futuro régimen de Franco, como Ernesto Giménez Caballero y Pedro Sainz Rodríguez[42]. Horst Hina hace notar la significativa ausencia de Unamuno.

 

Los firmantes quieren con su gesto “afirmar a los escritores de Cataluña la seguridad de nuestra admiración y de nuestro respeto por el idioma hermano”. En la línea de Menéndez Pelayo, se celebran como propias de España las glorias de Cataluña, su importante literatura y filosofía medieval y también su “literatura regional” del siglo XIX. La defensa de esta literatura catalana es considerada por los autores castellanos como “deber de patriotismo”[43].  A punto ya de proclamarse la República, Barcelona agradece en un radiante festejo público las muestras de solidaridad de los autores castellanos. Éstos acuden en dos trenes especiales, son agasajados en el Ritz y se reúnen con los anfitriones en todo tipo de actos, que incluyen una visita a Sitges, el viejo lugar de encuentro bajo el mecenazgo de Santiago Rusiñol.

 

Ya en la República, el anteproyecto de Estatuto de Autonomía elaborado en Núria quiso hacer del catalán la única lengua oficial de Cataluña, pero la Constitución, recién aprobada, había declarado el castellano lengua oficial de España, por lo que tuvo que conformarse con la cooficialidad. Las Cortes republicanas tampoco aprobaron otras disposiciones acordadas en Núria, como que todas las clases se dieran en catalán ni que los ciudadanos, asociaciones y administraciones pudieran dirigirse en dicha lengua al poder central. El Estatuto sí garantizó la cooficialidad de las dos lenguas, y un decreto de 1931 dictaminó el derecho de los niños a ser educados en su idioma natal hasta los ocho años, pero la construcción de centros en catalán correría a cuenta de la Generalitat. El Estatuto finalmente aprobado en Madrid tampoco exigía el conocimiento del catalán a los profesores que eran destinados a Cataluña, así que la Generalitat instituyó cátedras de catalán en los centros del Estado y además formó el Institut-Escola, como centro piloto de la formación de maestros. Para la Universidad, en cambio, sí que se estableció un patronato común.

 

En el debate en Cortes, fue célebre el rechazo del diputado Unamuno, quien se opuso a la cooficialidad de ambas lenguas. Allí identificó al castellano con un máuser (el moderno fusil de repetición) y al catalán con la vieja espingarda, con la que combatían sus antepasados y que ahora podía utilizarse para adornar el salón, pero que él jamas escogería para defenderse en un mundo moderno teniendo la posibilidad de optar por el máuser. Este desdén contrastaría con el acto heroico que Unamuno protagonizó el 12 de octubre de 1936, en los primeros actos académicos de la Universidad de Salamanca presididos por los militares sublevados. Al parecer, en algún momento uno de los conferenciantes insultó a los catalanes y vascos, defensores de la República, llamándoles “tumores pestilentes en el cuerpo de la nación”. El anciano Unamuno reivindicó valientemente la aportación de ambos pueblos a la cultura española, proclamando: “Ése sí que es imperio, el de la lengua española, y no…”. Entonces fue interrumpido por los gritos de Millán Astray, coreado por otros falangistas, y su mujer tuvo que sacarlo de la sala del brazo para evitar males mayores. Unamuno moriría en arresto domiciliario dos meses después.

 

En 1943, ya suprimido el catalán del sistema educativo y los medios de comunicación, Ramón Menéndez Pidal argumentaría que el catalán no habría sido nunca una lengua de cultura y que tratar de imponerla artificialmente como tal sería no sólo infringir el derecho natural de la comunidad nacional, sino también alterar la tradición del bilingüismo español. El uso de esta sofisticada terminología no debe llamar a engaño: Menéndez Pidal, como Juan Valera o Miguel de Unamuno, entiende el bilingüismo como la existencia simultánea de un “idioma nacional”, oficial y cultural, y otro “idioma local”, de ámbito familiar y privado[44].

 

Sin embargo, a medida que fueron pasando los años y en Cataluña se comenzó a reivindicar la enseñanza de su lengua en las escuelas, con el manifiesto firmado en 1962 por Josep Pla, Jaime Vicens Vives y otros 98 intelectuales y la campaña Català a l´escola en 1969, en pleno debate en Cortes de la Ley General de Educación, intelectuales demócratas castellanos como José Luis López Aranguren, Pedro Laín Entralgo, Dionisio Ridruejo y Julián Marías también hicieron suya la reivindicación.

 

Como en el siglo XIX en Europa y durante la dictadura de Primo de Rivera en España, se consideraba que la defensa de la vuelta de las libertades debía incluir también el reconocimiento de las nacionalidades y de sus lenguas. Los intelectuales castellanos coincidían con Menéndez Pelayo en que la cultura española incluía también la catalana. En cambio, desde el régimen se confiaba en la inmigración a Cataluña desde otras regiones de España en busca de trabajo para lograr la “castellanización por debajo, progresiva y constante”, según atestigua el Boletín de Orientación Bibliográfica del Ministerio de Información y Turismo emitido en enero de 1968[45]. Una encuesta de la Fundación FOESSA de 1970 refleja que el 97% de los catalanes quería que sus hijos supieran hablar catalán, aunque sólo un 56% de los encuestados la hablaba como primera lengua[46].

 

Esta asunción de la bandera del catalán por la oposición franquista se trasladó al programa de todos los partidos para las elecciones generales de 1977, e incluso Alianza Popular propugnó la cooficialidad de esta lengua y el castellano que había declarado la República. El Partido del Trabajo (PTE) defendió la oficialidad de las lenguas nacionales en cada nacionalidad y su cooficialidad en el Estado. Finalmente, la Constitución estableció la oficialidad del castellano en todo el Estado y la de las lenguas regionales en sus respectivas comunidades autónomas, pero sólo el deber de conocer el castellano.

 

Esta obligación, que incluirá también el Estatuto de Cataluña de 2006 en referencia al catalán, es un ejemplo singular de cómo una facultad del individuo como es su lengua experimenta un proceso de abstracción hasta convertirse en emanación de un pueblo y luego el poder político acaba convirtiéndolo en imperativo para todos los individuos, porque han de rendir lealtad a esa propiedad del pueblo. Cualquiera puede intuir que conocer la lengua oficial del territorio donde vive es muy recomendable para prosperar en él, pero eso no justifica convertirlo en una obligación. Afortunadamente, hasta el momento no se ha otorgado la misma trascendencia a otras actividades que también se consideran parte de la cultura de una nación y no se fuerza a los ciudadanos a aprender a torear, a desguazar troncos con hacha o a bailar sardanas.

 

En coherencia con la Constitución, el Estatuto de Autonomía de 1979 establece que “el idioma catalán es el oficial en Cataluña, así como también lo es el castellano, oficial en todo el Estado español”; una forma sintáctica bastante enrevesada de dar preeminencia simbólica al primero, del que se dice también que es “la lengua propia” de Cataluña. El adjetivo propio, que pactaron Adolfo Suárez y Carlos Garaicoetxea para el Estatuto vasco unos meses antes, está hábilmente escogido desde el punto de vista de los nacionalistas, porque su polisemia permite interpretarlo como perteneciente a, como característico o peculiar de, como natural y no impuesto desde fuera y como adecuado, y sugerir todas estas connotacciones a la vez. Vamos, que el catalán es la lengua real y orgánica de Cataluña, la que le pertenece, la que le caracteriza y la que debe hablar.

 

Si se piensa bien, ninguna de las acepciones es correcta: el catalán no es característico o peculiar de Cataluña, puesto que los propios nacionalistas proclaman la existencia de los Països Catalans. Y, en cuanto a las demás, si la lengua es el reflejo del espíritu del pueblo y éste habla en dos idiomas, tanto uno como el otro deberían ser igualmente pertenecientes, naturales y adecuados, puesto que ambos expresarían ese volksgeist, aunque uno de ellos llegara al lugar después de una unión dinástica y se impusiera tras una guerra. Pero claro, el nacionalismo, o es incoherente, o simplemente no es. Y ya decían los escolásticos que “de una contradicción puede deducirse cualquier cosa”. Como veremos más veces a lo largo de este ensayo, si se aplicaran sin excepción los propios criterios que esgrimen los nacionalistas, nunca se llegaría a la existencia de una nación homogénea que pueda reivindicar un Estado.

 

El Estatuto atribuye a los ciudadanos catalanes el “derecho” de conocer ambas lenguas y a la Generalitat la obligación de garantizar dicho conocimiento y su uso “normal y oficial”. En junio de 1978, al comienzo de las negociaciones, el Gobierno ya había aceptado hacer obligatoria la enseñanza del catalán, un avance respecto al Estatuto de la República. El presidente de la Generalitat, Josep Tarradellas, estaba dispuesto a aceptar que fuera optativa, pero los partidos catalanes no. Convergència Democrática de Catalunya y el Partido Socialista de Liberación Nacional (PSAN) del Padre Lluís María Xirinacs apoyaron una enmienda para convertir en deber el derecho de conocer el catalán, pero la propia Asamblea de Parlamentarios catalanes rechazó la obligación que llevaría a la práctica el Estatut de 2006.

 

Como no se llegó a un acuerdo sobre la competencia educativa, que los partidos catalanes reclamaban exclusiva pero el Estado no podía constitucionalmente abandonar, se la calificó como “plena”. Heribert Barrera, de ERC, auguró que ese matiz mantendría en Cataluña a dos comunidades distintas separadas por la lengua, pero sus compañeros de comisión rechazaron la objeción, incluidos los nacionalistas. Desde Convergencia, Miquel Roca aseguró que la solución permitiría a la Generalitat llevar a cabo su propia política educativa y Jordi Pujol se mostró satisfecho por “un buen Estatuto” que cubría muy bien los aspectos que consideraba “decisivos desde el punto de vista de la identidad colectiva catalana”: la lengua, la cultura, la educación y los grandes medios de difusión. Bien sabía que son los aspectos clave para crear dicha identidad.

 

Pese a su satisfacción confesa, el Gobierno de Pujol aprobó en abril de 1983 la Ley de Normalización Lingüística. Una normalización que también tiene doble significado: por un lado la normalización del uso de una lengua que hablaban muchos catalanes pero a la que aún lastraba su largo destierro de las administraciones, la educación y los medios de comunicación, y, por otro, su establecimiento como norma en todos los ámbitos de la sociedad. Lo primero obedece a un concepto de las lenguas como facultad del individuo, que debe tener su correlato en la Administración; lo segundo a su consideración como elemento constitutivo de una nación que se ha de imponer a todos los nacionales, es decir, del sometimiento de los individuos reales a una categoría metafísica.

 

El preámbulo de la ley aseguraba que el catalán “ha sido siempre la lengua propia de Cataluña”, una atemporalidad que, como hemos visto, no se corresponde con lo que las clases dirigentes y muchos intelectuales, que también eran catalanes, sentían y practicaban en otras épocas. Por lo visto, los castellanizados no prestaron ese “testimonio de la fidelidad del pueblo catalán hacia su tierra y su cultura especifica” que es la interpretación que da la ley al hecho natural de hablar catalán. Patiño estaría revolviéndose en su tumba pensando: “¿Veis? Si tenía razón cuando decía que a los catalanes les pierde el patriotismo y se empeñan en hablar en su lengua”. Otra posibilidad es que, al decir “pueblo”, el texto se refiriera sólo a las clases populares, que sí lo habían hablado siempre; en ese caso serían ellas las que se revolverían de gusto en su tumba al ver reconocido como un testimonio de fidelidad el hecho de que no conocieran otra lengua.

 

El preámbulo subraya ahora que el Estatuto estableció una “distinción” entre el catalán y el castellano aunque reconociera a ambas lenguas como oficiales y marca como derecho y deber “irrenunciables” del “pueblo catalán” devolver a su lengua propia “el lugar que le corresponde”,  para lo cual se propone “extender su conocimiento, en el seno de la sociedad catalana, a todos sus ciudadanos”. Lo hace estableciendo el catalán como lengua “propia” de las administraciones, única lengua de la toponimia en la vía pública y la que se ha de utilizar “normalmente” en los medios de comunicación de titularidad autonómica.

 

Siendo la lengua el modo de expresión natural de las personas y teniendo las administraciones la obligación de servir a los ciudadanos, es lógico que la ley impusiera que los empleados públicos han de poseer el conocimiento del catalán necesario para atender el servicio en ese idioma  y que los profesores deben conocer las dos lenguas oficiales. Eso sí, habría debido exigirse la misma capacidad de los funcionarios para atender en castellano y aranés, lenguas maternas de otros muchos catalanes.

 

La exigencia del catalán, sin duda, contribuía a delimitar claramente un itinerario de peregrinaje profesional de los que ese mismo año Benedict Anderson glosaba su capacidad para crear una conciencia de comunidad nacional. En la práctica, suponía que sólo los catalanes podían ocupar los puestos de empleo público. En otras partes de España se ha protestado por el hecho de que los catalanes sí pueden concurrir a oposiciones en el resto del Estado, pero parece una desigualdad inapelable por la obligación que debe asumir cualquier Administración de atender al ciudadano en su lengua materna.

 

Sin embargo, otra cosa es cuando el catalán se declara lengua propia en la educación y en la práctica la única, al prohibirse la segregación de los alumnos por motivos de lengua. Y cuando se estipula que, aunque tanto el castellano como el catalán han de conocerse al final de los estudios, el catalán ha de ser “utilizada progresivamente a medida que todos los alumnos la vayan dominando”. Y, finalmente, cuando se subvenciona sólo la cultura, el arte o la publicidad en catalán. Eso ya es nacionalismo, porque supone la promoción de una lengua, no por servir al ciudadano, sino por considerársela atributo de una nación.

 

El propio Jordi Pujol lo reconoce en sus memorias, al defender la imposición del catalán a los inmigrantes sudamericanos: “Puede muy bien ocurrir que la inmigración opte por la lengua de más proyección, salvo que se practique una política lingüística firme (…). Por eso fue capital que Cataluña consiguiera implantar la inmersión lingüística en la escuela, y lo es que se mantenga. Sin la inmersión, y con el volumen, la heterogeneidad y el carácter repentino de la inmigración, la situación del catalán y finalmente de la identidad catalana sería muy crítica”[47]. Un razonamiento impecable. Lo que ocurre es que la decisión de un inmigrante de optar por la lengua de más proyección expresa el interés y el bienestar de un individuo real, que debe ser un fin en sí mismo a ojos de los poderes públicos. Y la identidad catalana y el futuro del catalán no deberían serlo si las naciones no existen.

 

La lucha contra la diglosia aplica el criterio contrario al que había justificado la defensa del catalán frente a la represión franquista: antes se defendía el derecho del individuo y ahora la conveniencia de uniformizar a la sociedad. Si no se querían crear dos comunidades lingüísticas, habría sido más rápido quedarse con el castellano como lengua única cuando el catalán estaba proscrito. En todo caso, si al cabo de los estudios los alumnos dominan ambas lenguas, algo de lo que la Generalitat ha presumido siempre, una separación de los niños según la que elijan para estudiar no crearía discriminaciones mayores que las que provoca la segregación en función de si estudian ciencias o letras. Lo que los nacionalistas querían evitar no es que se discriminara a una parte de los niños; es que se crearan dos naciones. La ley, ciertamente, aseguraba que “en ningún caso nadie puede ser discriminado por razón de la lengua oficial que utilice”, pero el artículo 4.1 precisaba que la reclamación de la protección del derecho a  utilizar una de las dos lenguas oficiales se cursaría ante los juzgados o los tribunales; una vía lenta e incómoda que confiere a la elección del castellano una excepcionalidad que no debería ser tal.

 

Cuando se gestaba la ley, en marzo de 1981, intelectuales españoles y catalanes publicaron el llamado Manifiesto de los 2.300, que denunciaba la preponderancia otorgada al catalán en razón del adjetivo estatutario de “propio”, que para este colectivo tenía un sentido histórico y no jurídico. El texto hablaba de “genocidio cultural” contra la comunidad hispanohablante porque eliminaba “toda una visión del mundo”; una tesis que, curiosamente, acepta tácitamente la hipótesis Sapir-Whorf a la que siempre han apelado los nacionalismos. La iniciativa sería contestada por la Crida a la solidaritat en defensa de la llengua, la cultura i la nació catalana”, que la tacha de querer imponer la hegemonía del castellano en Cataluña y daría origen a una plataforma que promovería actos simbólicos independentistas y presiones contra entidades y negocios privados que no usaban el catalán, hasta su disolución en 1993. Los argumentos del Manifiesto y de la Crida se repetirían básicamente en todas las polémicas suscitadas en España por las medidas lingüísticas adoptadas por la Generalitat desde entonces hasta hoy.

 

Precisamente en 1993, la pérdida de la mayoría absoluta por el PSOE que gobernaba en España abrió a Convergencia i Unió, que lo hacía en Cataluña, la posibilidad de influir en la política estatal a cambio de apoyar al Ejecutivo, una práctica que se extendió hasta la mayoría absoluta del PP en 2000 y de nuevo entre 2004 y 2011 con los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero. Ya en su encuentro del 24 de junio, 18 días después de las elecciones, Jordi Pujol le advirtió a Felipe González que para Cataluña era fundamental “el mantenimiento de su identidad, que en gran parte se manifiesta en la lengua”.

 

Con el cambio de gobierno en 1996, Pujol también se anotó como condición sine qua non para negociar el apoyo a José María Aznar que la Generalitat pudiera seguir adelante con su política lingüística en la escuela, “sin campañas ni interferencias” desde Madrid, y, “en general, todo lo que sea normalización lingüística”. “Somos los más interesados en llevarla a cabo con cuidado y respeto”, le aseguró. Unas condiciones a las que en principio las bases nacionalistas españolas del PP parecían reacias, a tenor del tristemente célebre “Pujol, enano, aprende castellano” que corearon al celebrar la victoria electoral, cuando todavía no sabían que la mayoría iba a ser exigua y haría imprescindible pactar con CiU.

 

“La lengua catalana les despertaba una gran agresividad”, constata Pujol en sus memorias[48]. Para oprobio de las bases populares, el president le planteó a Aznar que se olvidara de la política lingüística de la Generalitat, “en Cataluña y fuera de ella”, y le reclamó garantías sobre la “unidad lingüística” del catalán, es decir, una política no hostil al mismo en la Comunidad Valenciana, donde también gobernaba el PP y los nacionalistas catalanes siguen denunciando que hay niños a quienes no se permite estudiar en esa lengua. Naturalmente, todo lo dicho en este capítulo sobre que los intereses de los individuos han de defenderse per se, y los de las naciones no, debe aplicarse con igual rotundidad a estos casos.

 

La aritmética parlamentaria obligó a Aznar a hablar “catalán en la intimidad” y facilitó la aprobación en Cataluña de la Ley de Política Lingüística en 1998, que reiteraba que el catalán es “la lengua propia” de la comunidad y volvía a ampararse en los años de postergación para insistir en la discriminación positiva en su favor, como si los 15 anteriores no hubieran servido de mucho. La norma dispuso que las administraciones debían utilizar de forma general el catalán, aunque el ciudadano pudiera dirigirse a ellas en castellano, y sólo exigía la lengua propia como imprescindible en las notificaciones, formularios de registros y demás documentos administrativos. También la señalaba como lengua vehicular en todos los niveles educativos, salvo la primera enseñanza, que seguía garantizándose en la lengua materna de cada niño.

 

Focalizando en el catalán lo ya dispuesto en la Ley del Estatuto del Consumidor de 1993, que reconocía el derecho de los ciudadanos a ser atendidos en cualquiera de las dos lenguas oficiales, la Ley de Política Lingüística obligaba también a atender y rotular en catalán a todos los establecimientos privados que estuvieran abiertos al público, so pena de sanciones económicas que aplicaría aún con más denuedo el Gobierno tripartito formado por el PSC, Iniciativa per Catalunya y ERC a partir de 2003.

 

Las multas por estas infracciones, que en el fondo suponen la imposición a privados de rendir homenaje al mito nacional, reportaban a la Generalitat unos 200.000 euros anuales. En marzo de 2013, y aplicando una sentencia del Tribunal Constitucional de octubre anterior que cuestionaba la discrecionalidad que esta ley dejaba al sancionador a la hora de establecer la cuantía, un juzgado falló a favor de una víctima de estas multas y la Generalitat anuló todas las impuestas entre 1993 y 2010, fecha en la que un nuevo Código de Consumo sustituyó al anterior y sobre el cual todavía no se había pronunciado el Constitucional. La Ley de Garantía de la Unidad de Mercado aprobada por el Congreso de los Diputados en noviembre de 2013 eliminaría finalmente la posibilidad de multar por rotular en castellano a partir de marzo de 2014.

 

Además del citado Código de Consumo, el Gobierno tripartito, aprovechando la presencia del PSOE en el estatal, pudo sacar adelante el nuevo Estatuto de 2006. El texto recalcaba el “uso normal y preferente” del catalán en las administraciones y medios de comunicación públicos y vehicular en la educación. Los ciudadanos tenían, como hemos adelantado, el “deber” de conocerlo. Esta obligación fue uno de los aspectos que el Partido Popular señaló como motivos de inconstitucionalidad en el recurso contra el Estatuto que interpuso ante el TC el 31 de julio de 2006, aunque no por la sinrazón de imponer una mítica expresión del pueblo al individuo sino porque la Carta Magna sólo obligaba a conocer el castellano. La sentencia se dictó el 27 de junio de 2010 y anuló el carácter “preferente” del catalán en las administraciones públicas y los medios. Los artículos del Estatut relativos a la educación los declaró constitucionales “si no impiden el libre y eficaz ejercicio del derecho a recibir la enseñanza en castellano como lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza”.

 

Antes de esa sentencia, el Parlamento catalán aprobó en julio de 2009 la Ley Catalana de Enseñanza (LEC), primera de esta índole en la comunidad, que blindó la inmersión lingüística y la vehicularidad del catalán y dejaba sin efecto el decreto español de julio de 2006 que pretendía introducir una tercera hora en castellano en las escuelas, ya que la norma adjudicaba a la Generalitat el diseño de los horarios. Sin embargo, demandas de familias que exigían que sus hijos fueran educados con el castellano como lengua preferente depararon cinco sentencias del Tribunal Supremo entre diciembre de 2010 y mayo de 2011 que reconocieron este derecho y declararon también al castellano lengua vehicular en la enseñanza, junto al catalán.

 

En marzo de 2012, tras el recurso del Govern, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña obligó a escolarizar en castellano sólo a esos niños, sin cuestionar el modelo de inmersión. Pero, tras la apelación, el Tribunal Supremo dictaminó en junio que el castellano debía ofrecerse en igualdad de condiciones y ser vehicular como el catalán, sin necesidad de que las familias tuvieran que pedirlo expresamente. También rechazó que el catalán se impusiera como primera lengua a los inmigrantes.

 

El 4 de enero de 2013, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en cumplimiento de las sentencias del Supremo del junio anterior, dio a conocer seis resoluciones pidiendo al Govern que adoptara “cuantas medidas sean precisas” para garantizar a los alumnos cuyas familias que lo habían requerido una enseñanza con el castellano en la misma proporción que el catalán. Rigau replicó que esa atención personalizada ya estaba contemplada en la LEC, pero subrayó que sólo eran seis alumnos de más de un millón los que habían denunciado y anunció que el Govern recurriría las sentencias.

 

Al mes siguiente, se resolvió el recurso de una de las familias afectadas, que se dirigía contra la inmersión en conjunto. El Supremo la confirmó como modelo educativo pero hizo un matiz a la atención personalizada a los alumnos que reclamaran la enseñanza en castellano: no serían sólo estos alumnos, sino también “sus condiscípulos”, quienes utilizarían “en la proporción que la Generalitat estimase conveniente, el castellano como lengua vehicular en la enseñanza, pero referido ese sistema al seguido en el colegio y curso en que los hijos del recurrente siguieran en la enseñanza”. Es decir, que la elección del castellano por un alumno tendría consecuencias prácticas para toda su clase. Curiosamente, tanto el Ministerio de Educación y Cultura presidido por José Ignacio Wert como la Generalitat de Catalunya saludaron la sentencia aferrándose cada uno de ellos a la parte de la sentencia que le favorecía.

 

El Supremo desestimó finalmente en enero de 2014 el recurso presentado por la Generalitat. En marzo, se publicó en el BOE una sentencia del Constitucional que incidía en este asunto al negar a las comunidades autónomas la capacidad de decidir en qué porcentajes distribuía la enseñanza en las dos lenguas oficiales, obligando de hecho a impartir la citada tercera hora de lengua y literatura en castellano en la Educación Primaria. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña estableció en abril en al menos un 25% el porcentaje en que deberían impartirse las clases en castellano cuando un alumno del grupo lo solicitara.

 

En junio, la Generalitat dio órdenes a los cinco centros educativos afectados de que salvaran la papeleta encargando a sus alumnos un trabajo sobre un tema no estrictamente lingüístico, y advirtió de que haría lo propio el curso siguiente, cuando debía entrar en vigor la polémica Ley de Mejora de la Calidad de la Enseñanza (LOMCE) apadrinada por el ministro Wert. Con posterioridad, en enero de 2015, el TSC de Cataluña condenaría a la Generalitat a indemnizar con 3.000 euros a una familia a cuya hija se le rehusó la enseñanza en castellano que había solicitado y que había llevado a juicio a la Administración catalana por este motivo. Y, en abril, el Supremo ratificó el 25% de horas que la educación catalana debía impartir en castellano, señalando el “incumplimiento” de la Generalitat en esta materia, pero el Gobierno catalán se reafirmó en la inmersión y el “consenso” social en torno a ella, negando a los tribunales más autoridad que la de resolver recursos concretos de familias. La consejera de Educación, Irene Rigau, aseguró que se defenderían de la LOMCE.

 

El anteproyecto de la LOMCE, que se presentó a comienzos de diciembre de 2012, apenas unos días después de las elecciones catalanas, otorgaba al castellano carácter de asignatura troncal en todo el Estado, en tanto que relegaba al catalán a materia de especialidad. Además, apelando a las citadas sentencias del Tribunal Supremo y el Constitucional en este sentido, imponía a los gobiernos de las comunidades con lengua cooficial la obligación de garantizar que el castellano se impartiera en “proporción razonable” con aquélla, y, en caso contrario, a sufragar la matrícula en un colegio privado a los alumnos cuya familia lo requiriera.

 

El Consejo de Estado se pronunciaría en abril de 2013 contra esta última posibilidad, por entender que son las comunidades autónomas las que, según las competencias educativas que les han reconocido la Constitución y el Tribunal Constitucional, han de decidir cómo garantizar esa “proporción razonable”; añadía que tanto el modelo de integración de los alumnos en una lengua vehicular (el catalán y el gallego, por ejemplo) como el de separación en aulas según la lengua elegida (el vasco y el valenciano) eran igualmente constitucionales, y que la legislación básica del Estado no podía ser tan densa como para impedir a las comunidades implantar uno u otro.

 

Pese a esta reconvención, el Consejo de Ministros del 17 de mayo de 2013 aprobó el proyecto de ley, que preveía que el Gobierno central pagara de antemano la matrícula en centros privados de los alumnos que eligieran estudiar en castellano y luego descontaría la cuantía total de las transferencias que hiciera a la comunidad autónoma correspondiente. El 11 de julio de 2014, un decreto sancionó esta previsión incluida en la disposición adicional 38 de la ley. Al final, según el Ministerio, se recibieron 362 solicitudes de escolarización en castellano, pero el Gobierno catalán las redujo a 19 y desestimó el resto de peticiones por entender que los padres habían inscrito voluntariamente a sus hijos en escuelas privadas, no impelidos por la razón lingüística.

 

La Generalitat de Catalunya y los partidos catalanes salvo el PP y Ciutadans reaccionaron enérgicamente contra la LOMCE en sus sucesivas fases de elaboración. Rigau, afirmó al divulgarse el anteproyecto que la ley tumbaba el modelo de inmersión característico de la comunidad y consagrado por el Estatuto de Autonomía, y que era la mayor ofensiva contra el catalán desde 1978; cuando en julio de 2014 se aprobó el decreto que desarrollaba la disposición adicional 38, tachó de “multa lingüística” que retrotraía a las peores etapas de persecución del catalán que el Gobierno central fuera a descontar de la financiación autonómica el dinero de la matrícula que había adelantado para pagar la escolarización de las familias que reclamaran el castellano.

 

Mas calificó el proyecto de “OPA hostil” que combatiría por vías democráticas “hasta sus últimas consecuencias” y convocó a los partidos a un frente común. Aunque fue probablemente su predecesor Jordi Pujol quien, al conocerse el anteproyecto, hizo un diagnóstico más agudo al señalar que la reforma agredía al elemento básico de la identidad catalana. El duradero tópico romántico de considerar la lengua como una propiedad colectiva emanada de un pueblo.

 

El Gobierno mantuvo en todo momento que la LOMCE no pretendía atacar al catalán sino  garantizar el derecho de los ciudadanos a estudiar en castellano, reconocido por los tribunales a los que todos los poderes públicos están sometidos. Al margen de la apelación a una legalidad que los nacionalistas no reconocen y a la que oponen su Estatuto de Autonomía y su propia ley de educación, cabe señalar en su defensa que el catalán seguiría siendo lengua vehicular y en él se impartiría el mismo número de horas que hasta el momento.

 

Por tanto, homologar a su estatus el del castellano, sin que ello le menoscabe para nada, sólo puede considerarse un ataque al catalán en el mismo sentido en que los adversarios de las bodas homosexuales han considerado que su equiparación a las uniones tradicionales lo son a la institución del matrimonio. Y descalificar el ascenso a vehicular del castellano como algo “anterior a la democracia”, según denunció en septiembre de 2014 el portavoz del Govern, Francesc Homs, al aceptar el PP una enmienda de UPyD a la LOMCE que estipulaba la obligatoriedad de la lengua común en toda España, no tiene más valor que constatar que quienes han gobernado Cataluña desde 1979 se han negado sistemáticamente a hacerla efectiva.

 

En cualquier caso, en mayo de 2016 se publicó la propuesta de Constitución de una hipotética Cataluña independiente que lanzó el grupo de expertos autodenominado Constituïm. En materia lingüística, proponía que la única lengua oficial de ese nuevo estado tendría que ser el catalán; cooficial sería el aranés, mientras que al castellano sólo se le reconocería un “estatus especial”. Únicamente los nacidos antes de 1977 tendrían la oportunidad de dirigirse a la Administración en castellano, tanto oralmente como por escrito. El resto de ciudadanos tendrían que hacerlo en catalán.

 

Dirigientes como el presidente de ERC y ahora vicepresidente económico de la Generalitat, Oriol Junqueras, eran partidarios de la cooficialidad de catalán y castellano incluso en una Cataluña independiente. Pero hay que reconocer que desde el planteamiento nacionalista de que una lengua propia es síntoma de la existencia de una nación, lo coherente es combatir la terca realidad del plurilingüísmo en su territorio con el mismo denuedo con el que en otras épocas en que el componente central era la raza se persiguió a las minorías étnicas.

 

Así lo hizo, precisamente, el manifiesto ‘Per un veritable procés de normalització lingüística a la Catalunya independent’, que publicó en marzo de 2016 el llamado Grup Koiné, que propugnaba que sólo el catalán fuera lengua oficial en el hipotético nuevo Estado independiente, alegando que el castellano había sido un idioma impuesto desde 1714 y por la inmigración en tiempos de Franco y que “el mecanismo para conseguir la implantación del castellano en Catalunya fue y continúa siendo la bilingüización forzosa de la población”. Un polémico ejemplo concreto fue el que se conoció un año más tarde: el de la aplicación para móvil CataAPP, creada por la Plataforma per la Llengua subvencionada por la Generalitat, que permitía a los usuarios señalar a los comercios que no usaran o rotularan convenientemente el catalán.

 

De esta forma se culminaba el giro de reclamar el bilingüismo durante el franquismo a deplorarlo por igualmente obligatorio. Pero era obvio que nadie impone a nadie hablar dos lenguas. “Es catalán quien, nacido o no en Cataluña, quiera serlo. Y querer serlo pasa por querer hablar catalán”, alegó uno de sus promotores en la presentación, admitiendo que se trata de una cuestión de voluntad individual, en clara contradicción  con el propio manifiesto. Voluntad o imposición, nada se decía de reducir en consecuencia y como es debido el censo demográfico de la nación.

 

 

 

CASTELLANO Y EUSKERA

 

El nacionalismo político vasco, como hemos visto, se ha sustentado mucho menos en el postulado de la lengua que en los de la raza, la religión o la Historia. Tal vez porque el número de vascohablantes es mucho menor que el de catalanohablantes o por la propia idiosincrasia del fundador, Sabino Arana, que, pese a sus pinitos de normativizador lingüístico, tuvo que aprender euskera a marchas forzadas, nunca escribió en esa lengua y de hecho cambió el término tradicional de Euskalerria o tierra de los que hablan euskera, que no tenía connotaciones políticas, por su neologismo Euzkadi, que engloba a los vascos étnicos.

 

En los artículos que escribe en sus propias revistas, Bizkaitarra y Baseritarra, Arana tiene muy clara la relación y la prioridad que le inspiran la lengua y la raza: “Si nos dieran a elegir entre una Bizkaya poblada de maketos que sólo hablasen euzkera y una Bizkaya poblada de bizkainos que sólo hablasen el castellano, escogeríamos sin dubitar esta segunda, porque es preferible la sustancia bizkaina con accidentes exóticos que pudieran eliminarse y sustituirse por los naturales, a una sustancia exótica con propiedades bizkainas que nunca podrán cambiarla…”. A su juicio (llamémosle juicio), “gran daño hacen a la patria cien maketos que no saben euzkera”, pero “mayor es el que hace un solo maketo que lo sepa”. A diferencia de Cataluña, donde “les place a sus naturales que hasta los municipales aragoneses y castellanos de Barcelona hablen en catalán; aquí padecemos muy mucho cuando vemos la firma de un Pérez al pie de unos versos eusquéricos, u oímos hablar nuestra lengua a un cochero riojano, a un liencero pasiego o a un gitano”.

 

Para Arana, la lengua, “accidente exótico”, no es un elemento constitutivo de la nación, sino “el gran medio de preservarnos del contacto de los españoles y evitar el cruzamiento de las dos razas. Si nuestros invasores aprendieran el euzkera, tendríamos que abandonar éste, archivando cuidadosamente su gramática y su diccionario, y dedicándonos a hablar el ruso, el noruego o cualquier otro idioma desconocido para ellos”. Por eso, “tanto están obligados los bizkainos a hablar su lengua nacional, como a no enseñársela a los maketos o españoles”[49]. Si el fundador del PNV levantara la testuz, habría embestido contra sus sucesores a nada que les hubiera visto promover la inmersión lingüística de un solo alumno invasor en el País Vasco. Todos los maketos deberían ser obligados a escoger el modelo A, íntegramente en castellano, y aun a éste habría que extirparle la asignatura en euskera.

 

Le importaba tan poco a Arana la excepcionalidad lingüística del euskera que incluso renunció a ella para abrazar las tesis de Joseph-Augustine Chaho, prefiriendo al indoeuropeo Aitor que al judío Túbal como patriarca totémico con tal de no fuera el mismo que el de los españoles. Pero es que la lengua tampoco fue un elemento nacional para los escritores fueristas, que cultivaron la literatura en euskera pero también en castellano. Jon Juaristi constata que hasta la generacion nacida en 1863-73, es decir, la de Unamuno, Pío Baroja y Sabino Arana, no hubo divorcio entre los que escribían en una lengua y quienes lo hacían en la otra.

 

Juaristi explica que lo que sí fue el euskera en el siglo XIX es un instrumento en manos de la Iglesia vasca para preservar a sus feligreses del contacto de las perniciosas ideas que venían de Europa y habían encontrado acomodo en España. Desde otro punto de vista, para los turistas franceses, este idioma extraño era lo que proporcionaba a los vascos su “aura”, y “lo que transustanciaba en misterios insondables sus costumbres folclóricas”. Pese a que el estereotipo orientalista se creó para consumo turístico, “pronto llegó a ser un imperativo patriótico para cualquier vasco ajustarse en lo posible a esa imagen de diseño”. No obstante, el euskera no se concebía como la esencia vasca, e incluso los intelectuales euskalerriacos que terminarían uniéndose al PNV de Arana hablaban a veces una jerga bilbaína para distinguirse expresamente del pueblo llano.

 

Por aquel entonces, Unamuno, muchos años antes de comparar al castellano con el máuser y al catalán con la espingarda, ya decía que, aunque hablaba euskera, no intentaba propagarlo, porque lo consideraba una “propaganda infructuosa” y porque lo que a él le preocupaba era que “nos entendamos”. En los Juegos Florales de 1901, sugeriría directamente a sus convecinos que abandonaran el euskera, lengua aglutinante incapaz de competir con las flexivas. No parece que lo hiciera por nacionalismo español. En realidad, tanto él como Sabino Arana celebraban que el euskera fuera una lengua oral y por tanto más cercana a la intrahistoria o la autenticidad primitiva. Sólo que no debía emplearse para la literatura.

 

Tal vez por ello, la hostilidad de los intelectuales castellanos hacia el euskera no fue comparable a la que comenzó a inspirarles el catalán en cuanto lo vieron acompañado de connotaciones políticas. Las élites nacionalistas vascas, además de ser mucho menos potentes que las catalanas, en su inmensa mayoría no hablaban euskera. Esto era así desde la Edad Media, en la que nunca hubo fueros o cartas de población en vascuence, pues se redactaron primero en latín y luego en castellano.

 

El euskera se limitó siempre a lengua oral de las zonas rurales, y que la hablara el pueblo resultaba inofensivo y, como decimos, hasta exótico y auténtico. Un vestigio del pasado que, además,  conectaba con el origen mismo de España. Menéndez Pidal pensaba que el euskera era, precisamente, el origen remoto del castellano, retomando una creencia recogida por Enrique de Villena, Pedro de Medina y Juan de Valdés que estaba bastante difundida en los siglos XV y XVI. El culpable de esta creencia sería supuestamente Esteban de Garibay, un cronista de no demasiado rigor que en 1571 quiso constatar que muchos topónimos de todas partes de España eran de etimología euskera . De ahí el mito habría pasado a Humboldt y luego a otros, entre ellos Manuel de Larramendi y Pablo de Astarloa, y de ahí a Menéndez Pidal.

 

Por estas razones, no cabe sorprenderse de que en 1918 el rey Alfonso XIII creara la Academia de la Lengua Vasca, bajo la presidencia del lingüista Resurrección María de Azkue, que ganó en su día a Unamuno y Arana las oposiciones a la cátedra de euskera del Instituto Vizcaíno. Pese a esta creación, la lengua no incrementó su alcance nacionalista en el primer tercio de siglo, y ni siquiera los radicales de Jagi-Jagi, en su mayoría de Bilbao, se manejaban en euskera. Pero, como el espíritu nacional late en la lengua independientemente de quién la hable, el Estatuto de Autonomía aprobado en octubre de 1936, que permanecería en vigor hasta la entrada de las tropas franquistas, señalaba que “el vascuence será, como el castellano, lengua oficial en el País Vasco, y, en consecuencia, las disposiciones oficiales de carácter general que emanen de los poderes autónomos serán redactadas en ambos idiomas”. En las relaciones con el Estado, el idioma oficial sería el castellano.

 

Desde 1940, en el anteproyecto para una Constitución vasca elaborado por el Gobierno del exilio, el euskera se define ya como la “lengua nacional” de Euskadi, cooficial con el castellano. La I Asamblea de ETA, celebrada en 1962, declara el euskera única lengua nacional, que “debe volver a ser la lengua de todos los vascos” con “primacía” y oficialidad “totales”, sin perjuicio de que se instaure “un régimen provisional trilingüe habida cuanta de las realidades lingüísticas del presente”.  En el entorno que vio nacer a la banda alcanzó gran predicamento el ya mencionado Federico Krutwig, el filólogo que pilotó desde la Academia de la Lengua Vasca la unificación del euskera y que en 1952 predicó con el ejemplo al pronunciar en ese idioma un discurso en el que reclamaba a la jerarquía católica que evangelizase al pueblo en su lengua materna. Por semejante atrevimiento se le acusó de incitación a la rebelión y ultrajes al Estado y se exilió en Francia.

 

Como avanzamos en el capítulo anterior, Krutwig considera que la lengua es el elemento más importante y definitorio de la nación vasca y considera traidores a la patria y dignos de fusilar a los dirigentes nacionalistas que no enseñan euskera a sus hijos, como el entonces lehendakari José María Leizaola. “Un movimiento nacionalista no debería admitir jamás en sus filas a quien no supiese la lengua”, pontifica, “y solamente podría dárseles la categoría de catecúmenos a quienes la estén estudiando, como personas que están a la espera de ser admitidas en la comunidad nacional”. Jon Juaristi apunta maliciosamente que, puesto que el euskera oficial era el labortano clásico que Krutwig había impuesto como base desde Euskaltzaindia y sólo el mismo lo conocía bien, se estaba autoproclamando el único vasco auténtico.

 

Krutwig pensaba, como Menéndez Pidal, que el castellano provenía del País Vasco, igual que el gascón y el aragonés. Pero, aunque le parecía legítimo que un patriota vasco se expresara en gascón, no debía hacerlo en castellano, por ser la lengua del Estado español que impide que los vascos tengan el suyo propio. A su modo de ver, “un verdadero renacimiento del pueblo vasco tiene que comenzar necesariamente por la célula más íntima de nuestra nación, reavivando la lengua nacional, dándola prestigio” y utilizándola tanto para las tareas cotidianas como para las intelectuales y culturales.

 

También Txillardegi, uno de los fundadores de ETA, dio prioridad total a la lengua vasca, y de hecho escribió en ella, convencido de que, como sostiene la hipótesis Sapir-Whorf, la lengua determina la visión que cada uno tiene del mundo[50]. En la democracia, la izquierda abertzale ha recuperado el término Euskal Herria para significar que su concepción de nación trasciende la comunidad autónoma vasca española y para oponerse al vocablo Euskadi inventado por Arana y adoptado, no ya sólo por el PNV, con quien compiten por el electorado nacionalista, sino por el conjunto de partidos españoles y por la propia Constitución. Lo que ocurre es que Euskal Herria, aunque ya desde los fueristas abarcaba los siete territorios vascos, nunca tuvo ningún significado  político, y Euskadi sí. Con ese propósito lo acuñó Sabino Arana.

 

Para el Estatuto de 1979, la Asamblea de Parlamentarios Vascos propuso, en la línea de lo contemplado por el Gobierno en el exilio, que el euskera fuera definido como la “lengua nacional” de Euskadi, compartiendo oficialidad con el castellano. El Gobierno autonómico garantizaría el derecho de los vascos a conocer ambas lenguas, pero poniendo los medios para “superar la actual situación diglósica”. Es decir, que, como en Cataluña, la defensa del derecho de los vascos a hablar el idioma proscrito por el franquismo se convertía en vocación de volver a un monolingüismo, pero esta vez del euskera, para evitar la formación de dos comunidades, como las que había impedido separar, precisamente, el régimen de Franco. Al acercarse la discusión en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, el Partido Socialista Andaluz, luego Partido Andalucista,  advertía ya de que, con la excusa de superar la diglosia, podría llegarse a que los niños no fueran escolarizados en su lengua materna, cuando ésta era el castellano.

 

Al igual que CiU, el PNV estableció desde el principio que la educación, la lengua y los  medios de comunicación eran los pilares del Estatuto y que renunciar a ellos sería tanto como desnaturalizarlo, y amenazó con pedir la abstención en el referéndum, como ya hizo con el de la Constitución, en caso de que fueran vulnerados. Como avanzamos antes, la solución a la que llegaron Adolfo Suárez y Carlos Garaikoetxea y que se trasladó, casi con carácter vinculante, a las negociaciones entre los partidos, fue calificar al euskera como “lengua propia” del pueblo vasco, en lugar de “nacional”. Como en el Estatuto catalán, la redacción era voluntariamente enrevesada para no dar la impresión de que la cooficialidad era de igual a igual: “El euskera, lengua propia del Pueblo Vasco, tendrá, como el castellano, carácter de lengua oficial en Euskadi, y todos sus habitantes tienen el derecho a conocer y usar ambas lenguas”. El Gobierno vasco garantizaría el uso de las dos lenguas y la no discriminación por el empleo de una u otra.

 

La Ley de Normalización del Uso del Euskera, de 1982, insistió en  el derecho de los ciudadanos a recibir la enseñanza y comunicarse con la Administración en ambas lenguas y se propuso promover su conocimiento tanto por alumnos  como por profesores. Además, se marcó como objetivo el llamado “uso ambiental” del euskera, fuera de las aulas. Por el contrario, a los alumnos que hubieran iniciado la Educación General Básica fuera del País Vasco se les eximía razonablemente del aprendizaje del euskera. La norma también dispuso que la señalización en la vía y los transportes públicos sería bilingüe y que el conocimiento de los dos idiomas sería un mérito para la adjudicación de plazas públicas, algunas de las cuales se reservarían para quienes dominaran ambos. Finalmente, se propuso el fomento preferente del euskera en los medios de comunicación públicos y en la publicidad, aunque, por ejemplo, la segunda cadena de EiTB emitía en castellano y era, de acuerdo con la capacitación lingüística de los vascos, más vista que la primera.

 

La propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi conocida como Plan Ibarretxe y que no fue admitida a trámite por el Congreso de los Diputados en 2005, mantenía la definición del euskera como “lengua propia” del País Vasco, con carácter de lengua oficial como el castellano. Los ciudadanos tendrían el derecho, no el deber, de conocer ambas lenguas, sin que nadie pudiera ser discriminado por utilizar una o la otra. Desde este punto de vista, el texto suponía una ambición muy modesta en comparación con lo que pretendían el Gobierno vasco en el exilio y la Asamblea de Parlamentarios Vascos de cara al Estatuto de 1979.

 

Los conflictos por la política lingüística del nacionalismo vasco no han alcanzado nunca la magnitud de los derivados de las medidas del catalán. Sin embargo, la intención del Gobierno de Juan José Ibarretxe de declarar al euskera lengua vehicular de la enseñanza y la retirada del modelo A por algunos centros públicos alegando falta de demanda estimuló la creación, en enero de 2008, de la Plataforma por la Libertad de Elección Lingüística, a la que llegaron a sumarse 2.000 familias.

 

La formación de un gobierno no nacionalista del PSE apoyado por el PP durante casi toda la legislatura, que arrancó de las elecciones de mayo de 2009, conjuró la amenaza de que el PNV reformara en el sentido temido su política lingüística en la escuela. La nueva consejera de Educación, Isabel Celaá, se propuso situar el castellano y el euskera a igualdad de condiciones como lenguas vehiculares y redujo a 11 el número mínimo de alumnos que obligaban a un centro a ofrecer un modelo A en Infantil y Primaria y a 17 en Secundaria. Además, habilitó un sistema de matriculación on-line para evitar posibles presiones de los centros educativos en favor del modelo D, íntegramente en euskera y con el castellano como asignatura.

 

Sin embargo, ésta última siguió siendo la opción más demandada, demostrando que la diglosia no tiene por qué generar dos comunidades. Una preferencia que también revela que la lengua teóricamente más débil puede convertirse en la más solicitada si los padres deciden serena y racionalmente que sus hijos tendrán más posibilidades de promoción profesional en su comunidad si saben euskera, sin que ello impida otra elección a las familias que piensen lo contrario, con vistas, quizás, a un futuro fuera de Euskadi. No obstante, la Plataforma por la Libertad Lingüística volvió a recurrir en 2011 ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco el currículo aprobado por el Gobierno vasco, por considerar que los centros seguían sin permitir una verdadera libertad de elección.

 

A las elecciones del 21 de octubre de 2012 EH Bildu se presentaba, según expuso su candidata a lehendakari Laura Mintegi dos semanas antes, con la intención de “marginar los modelos lingüísticos que sean discriminatorios respecto a la lengua”; es decir, de seguir el ejemplo de Cataluña y asegurar el uso del euskera sin hacer grupos de alumnos diferenciados, lo que daba a entender que la lengua vehicular sería este idioma. Urkullu la criticó tácitamente al afirmar que el euskera no necesita “salvadores” y apostar en su lugar por convertirlo en una lengua atractiva, para que los alumnos se decantaran por ella manteniendo una convivencia lingüística “sin imposiciones”.

 

Ante el borrador de la LOMCE presentado en diciembre por el ministro Wert, la todavía consejera de Educación en funciones Isabel Celáa objetó la invasión por el Estado de competencias educativas autonómicas, pero el PNV lo consideró además “un ataque al euskera y al resto de lenguas cooficiales del Estado”. Las manifestaciones contra esta ley en el País Vasco incluyeron, como en Cataluña y a diferencia de otras comunidades, críticas contra su presunto afán recentralizador. Cuando el Gobierno aprobó el proyecto de ley en mayo de 2013, tanto Celáa como el portavoz del PNV en el Parlamento vasco, Joseba Egibar, anunciaron que lo recurrirían ante el Tribunal Constitucional para defender las competencias educativas autonómicas.

 

EH Bildu abogó por una “respuesta de país” más allá del propio recurso y, a finales de 2014, aprobó en la Diputación de Guipúzcoa, que gobernaba, un plan de normalización del euskera que otorgaba a esta lengua prioridad como lengua de trabajo en la institución y en las relaciones entre ésta y los ciudadanos y empresas concesionarias de contratos. Por las mismas fechas, un informe del Consejo Escolar de Euskadi referido a 2012-2013 reveló que los alumnos que tenían el castellano como lengua materna sufrían un considerable perjuicio en sus calificaciones por su empeño en decantarse por los modelos curriculares dominados o monopolizados por el euskera. Ni siquiera un sistema en el que se respeta la libertad de elección de los padres tiene asegurado anteponer la utilidad práctica para los individuos al mito de la lengua nacional.

 

 

 

En todas las polémicas políticas y mediáticas que se han generado en España en torno a la política lingüística de la Generalitat y el Gobierno vasco, las discusiones sobre el derecho de los padres a elegir la lengua en que se eduque a sus hijos se han visto enturbiadas por debates colaterales como si en estas comunidades el castellano o  la unidad española estaban en peligro. Esto ha enconado los ánimos y ha convertido la polémica en una lucha sentimental de nacionalistas contra nacionalistas.

 

Las encuestas apuntan a que la mayoría de la población catalana es favorable al sistema de inmersión lingüística, porque, por lo general, los alumnos catalanes acaban dominando tanto el catalán como el castellano, que sigue hablándose en la calle y en los medios de comunicación españoles. Sin embargo, se hace difícil creer que una mayoría de catalanes muestren tan poca sensibilidad hacia las familias que prefieren educar a sus hijos en castellano, sin que ello afecte en nada a su propia elección, si no fuera por el tinte nacionalista con que se presenta el problema también desde Madrid.

 

Cuando se defiende que cualquier ciudadano español debe tener derecho a estudiar la lengua oficial del Estado en cualquier lugar del mismo, lo que se recalca muchas veces es que Cataluña pertenece a España. A la vez, es lógico suponer que a un gran número de catalanes les interesaría que sus hijos aprendan castellano de una forma más precisa y rigurosa que la que les permite la escuela de la calle o de los medios de comunicación. Ya sea por sentimiento, por vínculos personales o por la posibilidad de hacer carrera profesional en el resto de España o en Hispanoamérica. Sus autoridades, que han de velar por ellos, les están frustrando objetivamente unas aspiraciones legítimas con una inflexibilidad que revela que al nacionalismo catalán le va la vida en ello.

 

Finalmente, barrunto que el fondo último de esta controversia se halla un sustrato fundamental: que casi todos tenemos interiorizada la idea de que las identidades colectivas existen y sus lenguas han de ser protegidas. Proclamamos que a los individuos y a las empresas no se les puede obligar a hacer patria cuando se trata de la patria ajena, pero cuando se refiere a la nuestra aplaudimos cualquier sacrificio en el altar de la defensa de la lengua y la nación. Por eso éste es un asunto más donde convendría hacer tabla rasa de las creencias infundadas que relacionan ambos ídolos.

 

 

 

 

LAS LENGUAS COMO FIN EN SÍ MISMO

 

La otra vertiente de la protección de las lenguas cooficiales en España sería su implantación en las instituciones estatales o europeas. Introducirlas en la UE depende sólo de ésta última, que ya tiene suficientes problemas de plurilingüismo como para prestarse a acrecentarlos con idiomas que no son los oficiales de los estados miembros. Pero, si se las considera españolas, como suelen hacer los intelectuales desde Menéndez Pelayo y proclaman los partidos de ámbito estatal para desactivar su potencialidad de arma de los nacionalismos periféricos, ciertamente este ascenso en su estatus podría estar justificado.

 

Impulsar las lenguas cooficiales por el hecho de ser patrimonio español es, en el fondo, una reverberación del mito romántico de que son expresión del pueblo que las habla y una forma sibilina de extender los tentáculos pluralistas del español sobre individuos que abjuran de pertenecer a él. Pero, en cambio, tendría sentido que se ofrecieran como asignaturas optativas en el conjunto de España, algo que sólo fomentó la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Igual que muchas familias catalanas o vascas, por vinculación o expectativas laborales en otros territorios del Estado, pueden preferir para sus hijos un mejor conocimiento del castellano, también puede haber familias que, por las mismas razones, quieran dejar abierta para sus hijos la puerta de un futuro en Cataluña o el País Vasco. Esta sería una medida pensada desde el interés de los individuos y no desde la consideración de las lenguas como un fin nacional en sí mismo.

 

Naturalmente, la mentalidad española, presa de la ilusión de que las naciones existen, ha avanzado, aunque poco, por el camino contrario. Así, se han introducido las lenguas cooficiales en los plenos del Senado en tanto que cámara territorial del Estado, gracias a una iniciativa apoyada por todos los grupos parlamentarios menos el PP y UPN en enero de 2011. Para llevarla a cabo, se emplean traductores de cada una de las cuatro lenguas y se proporcionan pinganillos a los parlamentarios para que reciban la correspondiente versión en castellano.

 

Los populares, para justificar su voto en contra, llamaron la atención sobre el hecho de que los senadores vascos y catalanes hablaran con total naturalidad en castellano en los pasillos y los despachos y sin embargo hubiera que traducirlos en el hemiciclo. También el exvicepresidente del Gobierno socialista Alfonso Guerra juzgó “innecesario” introducir las lenguas cooficiales cuando “todo el mundo entiende castellano”. “Cualquier persona sensata lo sabe”, remató. Pero, repicando todos los tópicos habituales, el entonces presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, proclamó que el Senado debía reflejar por definición “la pluralidad territorial” del país y que todas las lenguas eran españolas, y la vicepresidenta Elena Salgado que no importaba el gasto de 12.000 euros por sesión porque las lenguas eran “riqueza de todos”. La que sería su sucesora, Soraya Sáenz de Santamaría, pensaba que “hay otras formas mejores de gastarse el dinero” y añadió que “el sentido común fija que en instituciones comunes se hable la lengua común”.

 

Sobre este particular, cabe apuntar que, si cualquier orador parlamentario sin prejuicios y un poco celoso de su autoría se revolvería en su escaño al ver su discurso interpretado e inevitablemente modificado en su léxico, giros, ritmo, sonoridad y expresividad por el mejor traduttore-traditore que pudiéramos imaginar, la gravedad de la tergiversación es mucho más notoria al tratarse de parlamentarios nacionalistas. Al margen de que con su reivindicación histórica hayan puesto de manifiesto que, para ellos, el medio es el mensaje, que diría Marshall McLuhan, hay que recordar que la hipótesis Sapir-Whorf, en la que se basa la consideración de la lengua como elemento diferenciador de una nación, establece que es imposible traducir un idioma a otro y que los pensamientos que nacen de una mente que piensa en un idioma no pueden ser los mismos que los expresados en otra.

 

Incoherente o no con sus premisas fundamentales, en cierto modo es lógico que los nacionalistas, para quienes la promoción de sus lenguas es un fin en sí mismo, quieran ponerlas en la escena pública aun a costa de que su mensaje llegue refractado a los oídos del resto de senadores y de los telespectadores. Lo curioso es que el PSOE, IU y los sindicatos también defendieran ardientemente la introducción de las lenguas en el Senado. Como ocurre con su defensa de la descentralización, una parte de esta actitud bebe del canto al pluralismo porque sí y de la inercia de la oposición al franquismo, un régimen que era centralista y uniformizador y persiguió a las lenguas cooficiales.

 

Pero hay otra parte que tiene que ver con uno de los lugares comunes más acríticamente asumidos por nuestro tiempo: que las lenguas son cultura y un bien en sí mismo que hay que proteger a toda costa. Al igual que su defensa del multiculturalismo, esta mentalidad ha llevado a la izquierda moderna a avanzar exactamente en sentido contrario al que guió el pensamiento de los pioneros del socialismo. De hecho, el entorno donde mejor acogida recibió el esperanto fue precisamente en la izquierda política y sindical[51],  cuando era internacionalista y no neorromántica.

 

Una lengua no es un bien cultural más que desde un concepto tradicionalista y patrimonial de la cultura, el que entiende ésta como un inventario de viejos monumentos, un acervo folklórico de un grupo humano que, como insinuó un día el presidente del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial, Francisco José Hernando, comprendería por igual el catalán y las sevillanas. Los nacionalistas (también la izquierda) la emprendieron contra el magistrado por neofranquista y uniformizador, pero Prat de la Riba, desde un enfoque casi idéntico, criticó el celo folklórico con que la Renaixença adoraba el catalán.

 

El idioma es una característica cultural como otra cualquiera de un grupo humano, pero su valor no es intrínseco: no está en su expresividad, en su dulzura, en su concisión, en su riqueza léxica ni en su musicalidad, que eran los elementos que los filólogos europeos de los siglos XVIII y XIX tenían en cuenta para concluir indefectiblemente que su lengua nacional era la más primorosa de todas. Un idioma es un instrumento con el que se pueden escribir poemas y también insultar al árbitro en un campo de fútbol. Su riqueza radica en su capacidad de servir de vehículo para elaborar bienes culturales, obras maestras de la literatura o el pensamiento, que transformen nuestra manera de sentir o entender las cosas y hagan que el mundo no gire igual a como giraba antes de ser publicadas. Eso es entender la cultura como algo vivo, activo y renovador, y no como un mero muestrario de antigüedades que nos unen a los antepasados y nos facilitan la invención de la nación.

 

Por eso, y aunque suene a sacrilegio, no es ningún drama que unas lenguas desaparezcan, porque el idioma en el que se manejen de forma natural los hablantes cuando el anterior se extinga seguirá produciendo bienes culturales. Los españoles habríamos ganado bastante si nos hubieran educado a todos a la vez en inglés, o a lo sumo en bilingüe para entendernos también con nuestros abuelos. Los más dotados de nosotros habrían producido tesoros culturales en esa lengua, sin echar de menos el castellano, y los menos nos habríamos tenido que conformar con utilizarlo para hablar con los amigos, pero nos sería muy fácil movernos por el mundo y disfrutar del idioma que más obras interesantes produce o traduce en la actualidad, en vez de consolarnos cantando con fervor patriótico a las glorias de nuestro Siglo de Oro y contando cuántos millones de habitantes lo hablan o estudian en el mundo. Gracias, por otra parte, al peso de los países iberoamericanos, cuyo español se irá separando poco a poco del nuestro, haciéndose cada vez más spanglish y desarrollando giros y vocablos propios hasta que en unas centurias se haya convertido en una lengua completamente distinta.

 

Dejémonos de tópicos. Las lenguas son una catástrofe para la adquisición de conocimientos y cultura, además de para el intercambio y para la comodidad de la comunicación meramente funcional. Aprender una, dedicando a ello una ingente cantidad de tiempo que se podría dedicar a aprender otras cosas (porque el saber no ocupa lugar, pero ocupa mucho tiempo), no reporta a quien la llega a dominar más riqueza cultural que la que le ha sustraído la propia existencia de esa lengua, y su conocimiento sólo supone acceder al umbral de otros muchos conocimientos y placeres que nos resultarían más asequibles si hubiera un único idioma mundial. Hay que aprender lenguas porque existen. Lo que no tiene sentido es dedicar esfuerzos ingentes a que sigan existiendo y encima justificarlo como si estuviéramos haciendo un favor a la cultura.

 

Para coger perspectiva y no dejarnos llevar por el marchamo romántico de las lenguas, pensemos por un momento qué pasaría si cada lengua tuviera su propia escritura pictográfica, donde todos los  símbolos representan un objeto o un concepto y se ha de crear y aprender uno nuevo para cada realidad recién descubierta, inventada o nombrada, en lugar de haberse impuesto la escritura alfabética. Gracias a ésta, escribe Foucault, “los mismos signos gráficos pueden descomponer todas las palabras nuevas y transmitir, sin temor a olvido, cada descubrimiento, desde que se haga; un mismo alfabeto servirá para transcribir diferentes lenguas y hacer pasar así las ideas de un pueblo a otro. El aprendizaje de este alfabeto resulta muy fácil a causa del pequeño número de sus elementos y así cada uno podrá consagrar a la reflexión y al análisis de las ideas el tiempo que los otros pueblos despilfarran en aprender las letras”. Ahí “nace la posibilidad primera, aunque indefinida, del progreso”[52].

 

¿Habríamos preferido renunciar a ese progreso y a la capacidad de comunicarnos internacionalmente? ¿Diríamos que un mundo en el que cada lengua tuviera su propio código sería culturalmente más rico que el que tenemos con el alfabeto latino estandarizado, al cual se han tenido que adaptar también las grafías cirílicas o los ideogramas chinos? Si convenimos en que no, podremos llegar a una conclusión que ya vislumbró un escritor de hace casi 3.000 años, que no era antinacionalista ni uniformizador, que no hablaba de lenguas ni tenía ninguna intención de criticarlas. Muchos siglos antes de que se inventaran el romanticismo, el multiculturalismo y la corrección política, los autores del relato bíblico de la torre de Babel concibieron el plurilingüismo, no como una riqueza, sino como un castigo divino.

 

 

 

 

[1]     Departamento de Cultura de la Generalitat e Institut d’Estadística de Cataluya: Enquesta d’Usos Lingüistics de la població 2013

[2]       Sistema de Indicadores Lingüísticos de Euskal Herria y del estudio del Eustat de 2006, del Gobierno Vasco

[3]   Eric Hobsbawm: Naciones y nacionalismos desde 1780; Barcelona, Crítica, 2000; pág. 60.

[4]       Merritt Ruhlen: A Guide to the  World’s Language. With a Postscript on Recent Developments; Londres y Melbourne, Edward Arnold y Aucklan; 1991 y 1987.

[5]   Ernest Gellner: Naciones y nacionalismo; Madrid, Alianza, 1988, pág. 65, y Xabier Zabaltza Pérez-Nievas: Historia de las lenguas y los nacionalismos; Barcelona, Gedisa, 2006; pág. 65.

[6]   Eric Hobsbawm: Naciones y nacionalismos desde 1780; Barcelona, Crítica, 2000; pág. 146.

[7]   John Breuilly : Nacionalismo y Estado; Barcelona, Pomares-Corredor, 1990, págs. 14-15.

[8]   Eric Hobsbawm: íbid., pág. 69.

[9]     Hugh Seton-Watson: Nations and States; Londres, Methuen, 1977, pág. 93.

[10] Anne-Marie Thiesse: La création des identités nationales. Europe XVIIIe-XXe siécle; París, Editions du Seuil, 2001; pág. 68.

[11]     Virginia López-Domínguez (ed.): Johann Gottfried Herder. Antropología e Historia; Madrid, Universidad Complutense, 2002; pág. 16.

[12] Xabier Zabaltza Pérez-Nievas: Historia de las lenguas y los nacionalismos; Barcelona, Gedisa, 2006; págs. 34, 74.

[13]   John Stuart Mill: Representative Government;  World’s Greatest Classic Books (CD), World Library Inc, 1991; pág. 300.

[14] Elie Kedourie:  Nacionalismo; Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1988; pág. 95.

[15] Einar Haugen: Language conflicts and language planning: the case of modern Norwegian; La Haya, 1966

[16] Anne-Marie Thiesse: La création des identités nationales. Europe XVIIIe-XXe siécle; París, Editions du Seuil, 2001; pág. 70.

[17] Xabier Zabaltza Pérez-Nievas: Historia de las lenguas y los nacionalismos; Barcelona, Gedisa, 2006; págs.86- 95.

[18] Horst Hina: Castilla y Cataluña en el debate cultural 1714-1939; Barcelona, Península, 1986, págs. 372-373.

[19] Jon Juaristi: El bucle melancólico. Historias de nacionalistas vascos; Madrid, Espasa Calpe, 2000; págs. 221-225, 300.

[20] Ernest Gellner: Naciones y nacionalismo; Madrid, Alianza, 1988, págs.87,  92 y ss.

[21] Adrian Hastings: La construcción de las nacionalidades: etnicidad, religión y nacionalismo; Cambridge, Cambridge University Press, 2000; pág. 21.

[22] Benedict Anderson: Imagined Communities; Londres, Verso, 1983;, págs. 26, 36, 38-40, 84, 109, 118, 145, 195-96.

[23] Elie Kedourie:  Nacionalismo; Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1988; pág. 45.

[24] Johann Gottfried Herder: Outlines of a philosophy of the history of man, libro IX, cap. 2.

[25] Xabier Zabaltza Pérez-Nievas: Historia de las lenguas y los nacionalismos; Barcelona, Gedisa, 2006; págs. 169-175

[26] Cristina Lafont: La razón como lenguaje. Una revisión del “Giro lingüístico” en la filosofía del lenguaje alemana; Madrid, Visor Dis, 1993; págs. 32, 45, 51 nota 17.

[27] Xabier Zabaltza Pérez-Nievas: Historia de las lenguas y los nacionalismos; Barcelona, Gedisa, 2006; pág. 185.

[28]    Departamento de Cultura de la Generalitat e Institut d’Estadística de Cataluya: Enquesta d’Usos Lingüistics de la població 2013.

[29] Michel Foucault: Las palabras  y las cosas; Madrid, Siglo XXI, 2006; págs. 274-284.

[30] Johannn Gottfried Herder: Outlines of a Philosophy of the History of Man; Londres, Luc Hansard, 1803; libro VIII, cap. 2, pág. 360.

[31]    Anne-Marie Thiesse: La création des identités nationales. Europe XVIIIe-XXe siécle; París, Editions du Seuil, 2001; pág. 38.

[32] José Luis de la Granja, Justo Beramendi, Pere Anguera: La España de los nacionalismos y las autonomías; Madrid, Síntesis, 2001; pág. 14.

[33] Horst Hina: Castilla y Cataluña en el debate cultural 1714-1939; Barcelona, Península, 1986; págs. 56-63; y Pierre Vilar, Cataluña en la España moderna; Barcelona, Crítica, 1979; pág. 95

[34] Josep Pau Ballot i Torres: Gramatica i apologia de la llengua catalana, Barcelona, 1814, pág. XXV.

[35]    Antonio de Capmany: Memorias históricas sobre la marina, comercio y artes de la antigua Ciudad de Barcelona, publicadas por disposición y a expensas de la Real Junta y Consulado de Comercio de la misma ciudad, vol. II, Barcelona, 1779; pág. 5.

[36]    Antonio de Capmany :, Código de costumbres marítimas de Barcelona, hasta aquí vulgarmente llamado Libro del Consulado, Madrid, 1791, pág. XXIV.

[37] Víctor Balaguer: De la literatura catalana. Discursos leídos ante la Real Academia de la Historia, Madrid, 1875, pág. 66.

[38] Marcelino Ménendez Pelayo: Obras completas, vol. X; Santander, 1942, pág. 236.

[39]    Marcelino Menéndez Pelayo: Ramón Llull. Discurso leído el día primero de mayo del año actual en el Instituto de las Baleares, Palma de Mallorca, 1884, págs. 13-14.

[40]          Horst Hina: Castilla y Cataluña en el debate cultural 1714-1939; Barcelona, Península, 1986;  págs . 149, 208-231.

[41] Santiago Alba, Castilla ante el problema de la vida local, Valladolid, 1908, pág. 49.

[42] Albert Balcells, El nacionalismo catalán, Madrid, Historia 16, 1991; pág. 88.

[43] Joaquim Ventalló: Los intelectuales castellanos y Cataluña. Tres fechas históricas: 1924, 1927 y 1930;Barcelona, Galba, 1976; págs. 22-23.

[44] Horst Hina: Castilla y Cataluña en el debate cultural 1714-1939; Barcelona, Península, 1986, págs. 297-301, 321-323.

[45] José Luis de la Granja, Justo Beramendi, Pere Anguera: La España de los nacionalismos y las autonomías; Madrid, Síntesis, 2001; pág. 177.

[46] Albert Balcells: El nacionalismo catalán, Madrid, Historia 16, 1991, pág. 163.

[47] Jordi Pujol: Años decisivos. Memorias (1993-2011); Barcelona, Destino, 2012; pág. 223.

[48] Jordi Pujol: Años decisivos. Memorias (1993-2011); Barcelona, Destino, 2012; págs. 18, 25, 42-43, 50.

[49] Sabino Arana: Bizkaitarra, 27; Baseritarra, 4 y 11.

[50]          Jon Juaristi: El bucle melancólico. Historias de nacionalistas vascos; Madrid, Espasa Calpe, 2000., págs . 62-63, 99-100, 120, 203-209, 279, 301, 311-313, 347.

[51] Anne-Marie Thiesse: La création des identités nationales. Europe XVIIIe-XXe siécle; París, Editions du Seuil, 2001; pág. 80.

[52] Michel Foucault: Las palabras y las cosas; Madrid, Siglo XXI, 2006; pág. 118.

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